El Instituto de la Defensoría Pública informó que un juez federal aceptó liberar a Brenda Quevedo, procesada por supuestamente estar vinculada con el secuestro de Hugo Alberto Wallace.

La mujer continuará bajo proceso penal, pero con el beneficio del arraigo domiciliario con vigilancia policial.

En la recomendación VG127/2023,  la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció que Brenda Quevedo Cruz, quien enfrentó acusaciones en relación al secuestro del hijo de Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto, fue víctima de tortura a manos de servidores públicos de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estudiará el caso de Brenda Quevedo Cruz, detenida arbitrariamente en 2007 por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, informó el día de hoy en un texto el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).

Brenda Quevedo Cruz lleva más de 11 de años de cautiverio y tortura. Las irregularidades del proceso en su contra sólo pueden explicarse como parte de una suerte de “razón de Estado” con que el gobierno de Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, trataron el caso Wallace.

Está presa sin sentencia. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante su opinión 45/2020, instó a las autoridades mexicanas a liberarla de inmediato e investigar “a profundidad” las violaciones a sus derechos humanos. Y es que expertos del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU encontraron “graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas”.

El caso de Brenda Quevedo Cruz, detenida de manera arbitraria en 2007 por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, podría dar un giro de 180 grados en los próximos días si el juez resuelve a favor de una petición que primero hizo el Grupo de Trabajo de la ONU y ahora retoma el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP): su liberación inmediata.

Desde que Brenda Quevedo Cruz fue detenida en 2007 por el secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda fue víctima de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, por lo que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA) de la ONU pidió el jueves su liberación inmediata.

Este organismo internacional solicitó que Quevedo Cruz sea puesta en libertad en un plazo no mayor a seis meses, a partir del 28 de septiembre, fecha en la que lanzó la recomendación.

La presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, aseguró que no es obligatorio el cumplimiento de larecomendación del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU al Estado mexicano, para liberar a Brenda Quevedo Cruz, acusada del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda.

“Es importante que todas las personas y los medios de comunicación se enteren que esta opinión no es vinculante; es decir, no es obligatoria para el Estado ni para el Sistema Judicial, ya que como su nombre lo indica se trata únicamente de una opinión, la cual no puede ir en contra de nuestra Ley Suprema que es la Constitución”, sostuvo la activista.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Gobierno atenderá las recomendaciones que el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU hizo para liberar a Brenda Quevedo Cruz, detenida desde 2005 por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda.

El Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU pidió al gobierno mexicano la liberación inmediata de Brenda Quevedo Cruz -involucrada en el caso Wallace y con 15 años sin sentencia-, porque su aprehensión fue “arbitraria” y existen denuncias de que fue torturada.

“El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de México que tome las medidas necesarias para remediar sin demora la situación de la Sra. Quevedo Cruz y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, se indica en un documento de dicho grupo.