La Fiscalía General de la República (FGR) no avanzó con la denuncia contra la red de desvío en Zacatecas pese a que el caso fue comunicado al entonces Secretario de Gobernación Adán Augusto López, después de mencionarse en una conferencai matutina del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Pero la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero le pide al exrector Salvador Lara resarcir el daño con 500 millones de pesos. Además se le inhabilitó de la función pública estatal por 20 años, aunque él asegura no haber participado en el fraude y enriquecimiento ilícito.
"Se me hace injusto pagar un dinero que no tengo y que yo no me robé. El chivo expiatorio fui yo. Se me hicieron las pruebas de las firmas (en los convenios) y no son, pero no les importa eso. No estuve ni un año como rector de la UPSZ, esos proyectos ya venían desde antes", aseguró Salvador Lara Martínez.
Los protegidos
El Ingeniero Román Márquez, técnico en proyectos de la Universidad Autónoma de Zacatecas (2013-2017), presentó la denuncia ante la FGR –con un disco duro con pruebas– para advertir el presunto desvío de 4oo millones de pesos de recursos federales a través de las dos universidades de Zacatecas y empresas fachada. Denunció en 2021 como testigo al haber sido trabajador de uno de los denunciados, el contador Nicolás Castañeda Tejeda.
Cuatro años después, Román Márquez comenta que la Fiscalía General de la República no ha investigado los delitos por fraude y enriquecimiento ilícito denunciados con la presentación de indicios. Pero aún mantiene el proceso judicial (115/2018 y 445/2019) por supuesta contratación indebida contra el otro exrector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, Salvador Lara, a quien le falsificaron las firmas en los convenios.
Para el exrector Salvador Lara los denunciados son protegidos por sus relaciones políticas. Por ejemplo, el exdirector de la SAGARPA en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, el priista Ricardo Aguilar Castillo, fue Secretario de Organización del PRI (2011-2012) e intentó la candidatura para el Gobierno del Edomex, de donde es oriundo. Denunciado en 2021 por liderar la Estafa Maestra en Zacatecas, Aguilar Castillo fue Diputado federal plurinominal de 2018 a 2021.
En tanto, Guadalupe Estrada Rodríguez fue rector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (2002-2011) y luego notario público 46 en Fresnillo; y Nicolás Castañeda Tejeda era hasta octubre de 2024 presidente del Partido Encuentro Social (PES) en Zacatecas, un partido que perdió el registro a nivel nacional y en ese estado, pero que busca recuperarlo con el nombre Construyendo Solidaridad y Paz (CSP).
"Esas relaciones que tienen los han protegido mucho, pero esas personas fueron las que realmente operaron junto con ese subsecretario de la SAGARPA. Ellos tenían los despachos que les asignaban los proyectos en oficinas de Zacatecas (capital). A pesar de que fueron denunciadas nunca se les investigó, a pesar de que me falsificaron las firmas y que ellos hicieron las transacciones, a mí se me vinculó por ser el titular de la UPSZ, pero yo me entero a partir de las auditorías forenses (de la Auditoría Superior de la Federación)", dijo en entrevista el exrector de la UPSZ Salvador Lara (2016-enero 2017).
Auditoría de 2017
El esquema de desvío en Zacatecas consistió en que la Secretaría de Agricultura y la Conapesca dieron recursos federales para supuestos proyectos a la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas y la Universidad Autónoma de Zacatecas entre 2014 y 2018, las cuales subcontrataron servicios no académicos a empresas fachada, de acuerdo con la denuncia ante la FGR.
Jorge Isaac López Estrada, entonces subdirector de Esquemas de Financiamiento de la SAGARPA, aprobaba los proyectos con los que participaban las universidades para –a través de licitaciones o invitaciones restringidas amañadas– desviarlos con subcontratación de empresas fachada como Imobitech o Ferrezac, menciona el Ing. Román Márquez en la denuncia.
Claudia Elena León Ibarra, subordinada de López Estrada, vinculó al subdirector de la SAGARPA, Ricardo Aguilar Castillo (2012-2018), con José Guadalupe Estrada, exrector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas y notario público, y con el contador Nicolás Castañeda Tejeda, presidente del Partido Encuentro Social en Zacatecas hasta octubre de 2024.
Estos dos últimos, José Guadalupe Estrada y Nicolás Castañeda Tejeda, son denunciados por operar los proyectos en oficinas alternas a ambas universidades y de manejar los millones de pesos desviados.
Solo en 2016 la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas recibió 154 millones 796 mil pesos como resultado de dos convenios de colaboración suscritos con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y de dos contratos de prestación de suscritos con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), de los cuales hubo irregularidades entorno a más de 58 millones de pesos, observó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su cuenta pública 2017.
El órgano fiscalizador observó: "La universidad (UPSZ) para hacer frente a las obligaciones contraídas con la CONAPESCA y la SAGARPA informó que contrató a 802 prestadores de servicios a los que les pagó un total de 113 millones 315 mil pesos, sobre lo que se constató que 78 prestadores de servicio no se vinculan con ninguno de estos convenios y/o contratos".
Sobre ello detalló: "Se identificó un importe irregular por un total de 46 millones 144 mil pesos, integrados por los 37 millones 452 mil pesos de un sobrecosto y 8 millones 692 mil pesos de prestadores de servicios no vinculados con ninguno de los convenio y contratos, y se presume que se utilizaron para realizar pagos por otros costos incurridos a personas morales, toda vez que se constató que la UPSZ pagó a cinco de esas personas morales que supuestamente prestaron servicios vinculados con los Convenios y Contratos celebrados con la CONAPESCA y la SAGARPA".
También identificó un probable daño al erario por otros 2 millones 552 mil pesos porque la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas no acreditó el pago mediante transferencia bancaria a 68 prestadores de servicio. Así como un perjuicio al erario por 9 millones 900 mil pesos toda vez que la Universidad no proporcionó evidencia que justifique y compruebe los pagos efectuados a los prestadores de servicios que contrató para desarrollar los trabajos pactados en el contrato DGRMIS-023/2016 de fecha 2 de febrero de 2016, suscrito con la SAGARPA.
El exrector inhabilitado al que le falsificaron firmas, Salvador Lara, está en espera del juicio por la imputación de la FGR y el resto no es solicitado por las autoridades judiciales.
