La demanda de derechos promovida por el exlegislador bajacaliforniano fue radicada en el Juzgado Octavo de Distrito con residencia en Ensenada.
Novelo Osuna señala como actos reclamados: una orden comparecencia y/o aprehensión en su contra librada por algún juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal federal en el Estado de Baja California, en Ensenada.
También señala como autoridades responsables a jueces de control adscritos a los diversos centros de justicia federales con residencia en los reclusorios de la Ciudad de México y jueces de distrito de Procesos Penales Federales en la misma capital.
En su escrito, reclama además una eventual orden presentación y/o detención en su contra de parte de agentes del Ministerio Público de la Federación, tanto de Ensenada como de la CDMX y los especializados en delincuencia organizada y en Materia de Hidrocarburos, así como del titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
“Toda vez que, no he cometido ningún delito que amerite las órdenes antes descritas, ni algún otro ilícito que amerite sea presentado o detenido por las autoridades ordenadoras o diversas”, relata el escrito del quejoso.
La demanda fue admitida desde el 29 de abril y al exsenador le fue concedida la suspensión provisional del acto reclamado a cambio de la exhibición de una garantía de 6 mil pesos.
Los hechos por los que Gerardo Novelo pretende la protección de la Justicia de Unión están relacionados con el operativo realizado el 26 de marzo último por autoridades federales dentro de un terreno baldío en el kilómetro 100 de la carretera Ensenada-Tijuana, Delegación El Sauzal.
En el sitio que abarca varias hectáreas, propiedad del quejoso, la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró alrededor de 8 millones de litros de hidrocarburo (diésel).
También fueron asegurados tractocamiones y remolques-tanque para el transporte de hidrocarburo, en lo que denominaron las autoridades como un centro clandestino de almacenamiento y distribución de combustible.
Ese mismo día, Gerardo Novelo Osuna informó a través de un comunicado que publicó en redes sociales que el predio se encuentra arrendado a quien identificó con el nombre de Luis Francisco Rodríguez Orozco, conocido como El Gussy.
El juez de amparo señaló como fecha para el desahogo de la audiencia constitucional el próximo 10 de junio.
El quejoso sigue aportando pruebas de que el acto reclamado podría existir, entre ellas una copia simple relativa a la determinación ministerial de aseguramiento del terreno por parte de la FGR.
Por su parte, el juez ha solicitado los informes correspondientes a las autoridades responsables, entre ellas al Agente del Ministerio de la Federación Titular de la Célula A-I-5, de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, Derechos de Autor, Asalto y Robo de Vehículos.
AUTOR: LUIS CARLOS SÁINZ.
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