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Petroil contradice a la Secretaría de Seguridad y Paz: combustible que se le incautó no era ilegal

En las instalaciones de Petroil, ubicadas en la carretera Silao a San Felipe, fueron asegurados 1.6 millones de litros de diésel y combustóleo, según informó esa dependencia, que lo anunció como “un decomiso histórico” y un golpe rotundo al robo de combustible.

La empresa Petroil reconoció la propiedad del inmueble e instalaciones de almacenamiento y transportación de combustible que fue asegurado el sábado 18 en un operativo encabezado por la FGR, fuerzas federales y del estado, pero aseguró que tanto sus actividades en dicho lugar como el combustible incautado son legales y negó que se trate de huachicol. 

En dichas instalaciones, ubicadas en la carretera Silao a San Felipe, fueron asegurados 1.6 millones de litros de diésel y combustóleo, según informó la Secretaría de Seguridad y Paz del estado, que lo anunció como “un decomiso histórico” y un golpe rotundo al robo de combustible.

En un comunicado enviado a medios, el director de la empresa asociada de Pemex, Roberto Francisco Campillo, aseguró que “todo el producto que distribuye proviene de canales oficiales nacionales establecidos de forma legal y transparente, lo que garantiza la trazabilidad y origen del combustible”.  

Agregó que Petroil conoció del operativo y colaboró con las autoridades en todo momento, y que ha presentado la documentación que acredita que el combustible fue adquirido en México “a través de canales oficiales, cumpliendo con todas las normas y regulaciones”.  

“Estamos en contacto permanente con las autoridades para aclarar esta situación y retornar lo más pronto posible a la operación normal en Guanajuato”, indicó la empresa a través de su director Roberto Campillo. 

En el comunicado, se resalta que Petroil, fundada hace 25 años por el empresario sinaloense Amado Sabás Guzmán, “es reconocida como uno de los principales distribuidores de combustible del país”; comienza señalando que la incautación del combustible se realizó “en las inmediaciones de las instalaciones de Petroil en la ciudad de Silao”. 

La empresa dice creer que las denuncias anónimas que derivaron en las investigaciones oficiales pudieron surgir de una confusión debida “a la sensibilidad de la gente al tema de contrabando de combustible, ampliamente difundido en medios”. 

El director Roberto Campillo precisó que Petroil tiene operaciones en esta entidad desde 2016, con la distribución de combustible a empresas de la región, y que la planta en Silao fue inaugurada en 2022. 

Actualmente, en ella laboran alrededor de 90 personas con empleos directos.  

Finalmente, Campillo dijo confiar en que las autoridades actuarán con responsabilidad y permitirán a la empresa reanudar sus operaciones en su sede de Silao.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.

Petroil y Asamaz, empresas asociadas de Pemex, aparecen en inmueble con huachicol

En las fotografías proporcionadas por la Secretaría de Seguridad y Paz del estado a medios de comunicación, los logos de estas empresas fueron borrados, pero aparecen tanto en los tanques de almacenamiento como en los vehículos de carga que se encontraron dentro de la bodega incautada.

Las marcas Petroil y Asamaz, empresas afiliadas que se dedican a la venta, almacenamiento y transportación de hidrocarburos y que prestan servicios a Pemex, aparecen en las instalaciones y camiones que autoridades incautaron junto con más de 1.6 millones de litros de diésel y combustóleo ilegal en un predio en Silao el fin de semana, en un operativo sin personas detenidas.  

En las fotografías proporcionadas por la Secretaría de Seguridad y Paz del estado a medios de comunicación, los logos de estas empresas fueron borrados.

Pero en realidad, los nombres de Petroil y Asamaz aparecen tanto en los tanques de almacenamiento como en los vehículos de carga que se encontraron dentro de la bodega que operaba al menos desde 2022, en el operativo efectuado por fuerzas federales y estatales encabezadas por la FGR el sábado 19 de octubre. 

Presuntamente, el inmueble pertenece a Petroil, del empresario Amado Sabás Guzmán, originario de Mazatlán y fundador de ésta y otras empresas afiliadas, dedicadas a la venta al mayoreo, almacenamiento y distribución de hidrocarburos. 

El periódico “Correo” publicó este martes que el predio perteneció al menos hasta 2022 a un empresario local del ramo del transporte; ese año habría sido adquirido por Petroil, mismo que comenzó a contratar personal como encargados de depósitos de combustible, operadores y otros, desde entonces. 

El nombre de esta empresa salió a relucir recientemente, a fines de septiembre pasado, en otro aseguramiento en Yucatán, en un almacén propiedad del exalcalde panista de Puerto Progreso, Julián Zacarías. 

En declaraciones a medios locales tras este aseguramiento, el exalcalde declaró haberlo rentado a Petroil, como aparece en una nota de “El Sol de Yucatán” del 22 de septiembre.   

En esa ocasión, otro operativo encabezado por la FGR, con Marina, Defensa y Seguridad estatal, intervino en el inmueble propiedad del exalcalde panista ubicado en la comunidad de Flamboyanes, donde aseguró unos 180 mil litros de combustible, contenedores y vehículos de carga.  

Mientras que Transportes y Equipos Asamaz es una empresa filial de Petroil, según información de su página web, donde se anuncia como “distribuidores plus y asociados de Pemex”.  

Asamaz es una de las empresas que cuenta con permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para transporte por medios distintos a ductos de petrolíferos; su capacidad es similar a la de Pemex, según datos de la paraestatal.  

El lunes, el secretario de Seguridad y Paz, Mauro González Martínez, se negó a precisar quién es el dueño del predio asegurado en Silao; dijo que se conocerá “en el momento en el que la investigación lo permita”. 

Y afirmó que en el lugar había empleados, pero que no podía señalar en qué calidad fueron presentados ante el Ministerio Público Federal, si como testigos o como imputados.  

Sin embargo, fuentes allegadas a la FGR informaron a Proceso que en el lugar sólo encontraron los contenedores y los camiones con el combustible. “Ninguna persona”, aseguró la fuente.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.

Silao registra el mayor aseguramiento de hidrocarburos en el estado

Autoridades federales y estatales, llevaron a cabo el mayor aseguramiento de hidrocarburos registrado en el estado de Guanajuato.

A través de un comunicado informaron que el aseguramiento, fue derivado de una orden judicial de cateo ejecutada en un predio ubicado sobre la carretera Silao–San Felipe.
“La operación fue resultado de un proceso de investigación desarrollado por la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado, a través de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública (FSPE), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal y Pemex (Petróleos Mexicanos) Seguridad Física”.
Al parecer, “el caso se originó a partir de denuncias ciudadanas y trabajos de inteligencia policial que permitieron identificar una red dedicada al almacenamiento y distribución irregular de combustibles”.

Se apuntó que en los informes policiales presentados, “el Ministerio Público Federal integró los indicios suficientes y solicitó a la autoridad judicial la emisión de una orden de cateo. Dicha orden fue ejecutada con estricto apego a la ley, respeto al debido proceso y observancia de los derechos humanos”.

Durante la diligencia se aseguro: un millón 675 mil litros de hidrocarburos, cuyo valor estimado supera los 30 millones de pesos conforme a los precios de referencia actuales. El total suma 735 mil litros de diésel y 940 mil litros de combustóleo.

Se detalló que el combustible se encontraba almacenado en nueve tanques verticales tipo cisterna (de entre 10 mil y un millón de litros), así como en una flota de vehículos que incluía cinco pipas, cuatro vehículos tipo full, tres tractocamiones y tres tanques de transporte.

Además, se aseguró: maquinaria y equipo que incluyó diez bombas de trasvase, diez despachadores con contador de litros y mangueras industriales de alta presión; el inmueble, los combustibles, los vehículos y los demás indicios localizados, “fueron asegurados y sellados conforme a los protocolos judiciales, quedando bajo resguardo del Ministerio Público Federal para la continuidad de las investigaciones ministeriales y periciales correspondientes”.

Se dijo que las investigaciones continuarán para determinar las posibles redes logísticas, financieras y operativas involucradas en el acopio y comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita.

FUENTE: ZONA FRANCA.
AUTOR: ZONA FRANCA.

Omisiones ante denuncias de huachicol en Tabasco alcanzan a Adán Augusto: periodista

Actualmente, las investigaciones han avanzado gracias a la figura del testigo protegido, lo que ha permitido rastrear redes de robo de combustible de alto nivel.

Varias denuncias ciudadanas sobre contrabando de combustible en Tabasco durante la administración de Adán Augusto López Hernández permanecieron sin respuesta, reveló el periodista especializado en seguridad José Luis Montenegro, en entrevista para Aristegui en Vivo.

El primer caso documentado fue el 24 de abril de 2019, cuando un ciudadano denunció que líneas de transporte cargaban huachicol en Comalcalco, cerca de la terminal de Pemex, en operaciones vinculadas con empresas contratistas del gobierno federal y con líderes huachicoleros identificados en informes de inteligencia.

Otro caso ocurrió el 30 de julio de 2020, cuando un denunciante anónimo documentó cómo una camioneta distribuía combustible robado en botellas de tres litros.

El combustible se ofrecía en 3.50 pesos por litro, sin factura y con presunta protección de policías estatales y federales.

Montenegro explicó que el ciudadano realizó pruebas de densidad y comprobó que se trataba de hidrocarburo de Pemex.

“Este quejoso asegura que sabe perfectamente que es hidrocarburo de Pemex robado”, señaló.


Según Montenegro, varias de estas denuncias fueron dirigidas al propio Adán Augusto López cuando era gobernador de Tabasco, sin que aparentemente hubiera acción por parte de las autoridades locales.

Las empresas implicadas, como FJ Comercializadora y Arrendadora SADCB, habían sido contratistas del gobierno estatal y ofrecían el combustible a bajo precio, sin facturación, y con presunta protección de policías estatales y federales.

Montenegro indicó que la operación incluía la venta de pipas de 60 mil litros y transporte del combustible a otros estados, incluyendo Veracruz, Oaxaca y la península de Yucatán.

Otro caso involucró a Maquiladora de Lubricantes SADSB, que según los denunciantes vendía aceites quemados como combustible alterno; además, Montenegro señaló que varios empleados renunciaron al descubrir que participaban en redes de robo de hidrocarburos en la terminal de Dos Bocas.


Estos empleados renunciaron porque era parte de la red que operaba en el robo de diésel y crudo de Pemex.
El periodista subrayó que este modus operandi no es aislado, sino recurrente en la región, donde se compran pipas o se preparan huachibuques para vender combustible a comunidades locales y contratistas.

También detalló que las empresas señaladas operaban clandestinamente, sin permisos adecuados en Tabasco, y que algunas de sus autorizaciones solo les permitían funcionar como centros de acopio, según documentos proporcionados por los denunciantes.

Sobre la falta de actuación estatal, Montenegro cuestionó que “si los ciudadanos tabasqueños tenían conocimiento de estos hechos, ¿por qué las autoridades locales no actuaron para investigar estos casos?”

Recordó que algunas denuncias datan de años atrás y estaban vinculadas con transportistas y líderes huachicoleros ya identificados por la Sedena y la inteligencia federal.

Actualmente, las investigaciones han avanzado gracias a la figura del testigo protegido, lo que ha permitido rastrear redes de robo de combustible de alto nivel.

Montenegro mencionó a Alejandro Torres Joaquín, director de la aduana de Tampico, y a Carlos Tomás Díaz Rodríguez, exlíder de “la Barredora”, como fuentes clave en el seguimiento de estas redes.

El periodista concluyó que, pese a la evidencia y las denuncias, “ya tienen bastantes años en el limbo y no hubo una operación quirúrgica por parte del gobierno estatal para desmantelar esta red criminal”, lo que evidencia una presunta inacción institucional ante un delito que afectó el patrimonio y la seguridad energética del país.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ecocarburante, acusada de huachicol fiscal, obtuvo permiso de comercialización a cinco días del inicio del gobierno de AMLO

Constituida en 2017, Ecocarburante obtuvo un permiso de la CRE para comercializar hidrocarburos cinco días después del arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Un año más tarde firmó contratos con la Sedena para proveer combustible al AIFA

Ecocarburante, S. A. de C. V., una de las empresas involucradas en la red de huachicol fiscal, y presunta lavadora de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), recibió autorización para comercializar hidrocarburos cinco días después de que iniciara el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque la empresa fue constituida el 14 de septiembre de 2017, necesitaba el permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para poder importar y vender combustibles legalmente. Lo consiguió sólo hasta el inicio del gobierno de AMLO, el 6 de diciembre de 2018, según consta en el permiso H/21910/COM/2018.

Dicho trámite requería 10 días para que la CRE admitiera la solicitud y 90 días más para analizarla, de acuerdo con el Reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de la Ley de Hidrocarburos.

La empresa consiguió la autorización 15 meses después de su creación. Mientras que en diciembre de 2019 consiguió contratos con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para proveer combustible en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Además, la Sedena le entregó 11 millones de pesos sin que existiera contrato que justificara la entrega de recursos públicos, lo que fue señalado en junio de 2022 como una irregularidad en la revisión de los gastos del AIFA, una de las obras prioritarias del expresidente López Obrador.

Siete meses después de la creación de Ecocarburante, en julio de 2019, fue nombrado como apoderado legal Miguel Castellanos Cruz, quien también fue representante de Petro Almacenes de Occidente, Mefre Fletes, Dalcrise; esta última también aparece como accionista de Impulsora de Productos Sustentables.

Dicha empresa es investigada por huachicol y tiene como socio a José Isabel Murguía Santiago, hermano de José Ascención Murguía Santiago, exalcalde de Teuchitlán, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción.

Mientras que Eric Daniel Zamora Delgadillo, representante de Ecocarburante y apoderado de Impulsora de Productos Sustentables, fue acusado en Estados Unidos de lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó el pasado 20 de mayo que el expresidente municipal de Teuchitlán –quien ya está procesado y en la cárcel–, sus dos hermanos y su familia son los propietarios de todos los camiones que se utilizaron, tanto en Tamaulipas como en Ensenada, y todo esto está vinculado finalmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ecocarburante forma parte de una red de empresas implicadas en el huachicol fiscal, es decir, la importación de diésel haciéndolo pasar por otro aditamento para no pagar impuestos, delito que ha sido investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Una de las carpetas de investigación derivó en la detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna —excomandante de la 12 Zona Naval en Puerto Vallarta, Jalisco, y sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda— por su presunta participación en la red de huachicol fiscal operada en puertos y aduanas, como reveló el periódico Reforma el 6 de septiembre.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Así operó el robo de combustible en tiempos del gobernador Adán Augusto

Con base en más de 450 informes que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste elaboró entre el verano de 2020 y mediados de 2021, cuando Adán Augusto gobernaba Tabasco y Hernán Bermúdez era secretario de Seguridad estatal, Proceso dibuja la mecánica de operación del huachicol.

Durante los tiempos de Adán Augusto López Hernández en el gobierno de Tabasco, el huachicol enriqueció a líderes de grupos armados, autoridades municipales, estatales y federales, empresarios y trabajadores de Pemex, y aunque estuvieron bajo la mirada atenta del Ejército, muchos siguen operando con impunidad, y algunos incluso están a cargo de la seguridad del estado en la administración del gobernador Javier May Rodríguez.

Una revisión realizada por Proceso a más de 450 informes elaborados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste (Cerfi), con base en la intervención de comunicaciones de actores de la delincuencia organizada en Tabasco entre el verano de 2020 y mitad de 2021, exhibe la mecánica de operación diaria del negocio del hidrocarburo ilícito, desde el conductor de pipa hasta el empresario millonario.

Ese periodo marcó la caída de Andrés Rodríguez Vasconcelos, apodado Kalimba, el líder criminal que controlaba los negocios ilegales en la región de Cárdenas y Huimanguillo hasta que cruzó la línea roja en junio de 2020 (mandó asesinar a cuatro policías) y fue asesinado por Benjamín Mollinedo Montiel, Pantera. Durante los meses siguientes, Pantera se fue apoderando de la zona, hasta que...

Fragmento del reportaje publicado en la edición 27 de la revista Proceso, correspondiente a septiembre de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU ROURLIERE.

Hidalgo rompe récord en homicidios dolosos entre las disputas por huachicoleo y narcomenudeo

El mes pasado está el de la noche del 20 julio en la colonia Iturbe, en Tula, cuando un enfrentamiento entre un grupo armado y elementos de la Procuraduría dejó un agente de investigación muerto y dos más lesionados.

En medio de una disputa entre organizaciones criminales por el control de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para robar combustibles, y por el narcomenudeo, en julio de 2025 Hidalgo registró la mayor cantidad de homicidios dolosos con arma de fuego cometidos en un solo mes, en toda la última década. 

Las 25 carpetas de investigación iniciadas en julio por homicidio doloso con arma de fuego (cada una puede incluir a más de una víctima) representan la cifra más alta desde 2015, de acuerdo con los datos proporcionados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Entre los asesinatos que rompieron el récord histórico el mes pasado está el de la noche del 20 julio en la colonia Iturbe, en Tula, cuando un enfrentamiento entre un grupo armado y elementos de la Procuraduría dejó un agente de investigación muerto y dos más lesionados. Los agentes llevaban a cabo indagatorias relacionadas con un secuestro. 

Cuatro días después, el Gabinete de Seguridad estatal informó sobre la detención de cinco personas que, afirmó, eran presuntos integrantes de una célula del grupo delictivo de Los H. El secretario de Seguridad Pública, Salvador Cruz Neri, dijo en conferencia de prensa que además de pelear por el control total de la organización, eran posibles responsables del asesinato del agente la noche del 20 de julio. Asimismo, atribuyó la violencia reciente a la pugna por el control criminal entre ésta y otras facciones criminales. 

Para situar el segundo mes más violento por asesinatos con dolo en los que se usaron armas de fuego en Hidalgo, hay que remontarse a julio de 2020, donde hubo 22 carpetas. 

Aquel 2020 fue el cuarto año de gobierno de Omar Fayad Meneses, hoy embajador de México en Noruega. Fue en el sexenio del entonces priista que Hidalgo se ubicó en el primer lugar nacional en robo de hidrocarburo a través de perforaciones a ductos (2018). Asimismo, 2020 también representó una pelea territorial entre cárteles por las válvulas, igualmente con formas de violencia y saña contra los cuerpos que las organizaciones criminales han mantenido. 

El tercer registro más alto data de junio de 2019, con 21 asesinatos violentos en los que los agresores usaron armas de fuego. Fue el año de la exposición de una “ordeña” a un ducto de Pemex en los límites entre Tlahuelilpan y Tlaxcoapan, que dejó un saldo de 137 muertes: personas que recolectaban combustible regado en una canaleta tras días de sequía en las gasolineras estatales, después de que el gobierno federal determinara cerrar parcialmente ductos y cambiar rutas de traslado con la intensión de disminuir el huachicol. 

A partir de ese suceso se registró una serie de homicidios de presuntos líderes de organizaciones criminales. Las entonces autoridades locales lo denominaron un “ajuste de cuentas” entre huachicoleros. Comenzó con el asesinato de El Parka?–Julio César Zúñiga Cruz para inteligencia del estado y/o Héctor Baltazar Osorio Delgado para la Policía Federal–, el 20 de enero, dos días después del estallido en la parcela del ejido de San Primitivo, a la que se conoció como la exposición de Tlahuelilpan. 

Entre personas ultimadas dejadas en parajes, calles, con el tiro de gracia, impactos en más partes del cuerpo e incluso con algún tipo de desmembramiento, le siguió el ataque contra el?Talachas,?acaecido el 18 de mayo de 2019 en Santa Ana Ahuehuepan, Tula. Con base en los reportes de la policía, entraron a su casa en la calle Cuitláhuac y lo tirotearon cuando llegaba del rosario de su hijo, el?Puerco, que fue asesinado seis días antes. Ellos eran identificados como los jefes de la banda de Los Poblanos o Los Talachas. 

Aunque no fueron las únicas, esas dos muertes reconfiguraron los liderazgos del huachicol en Hidalgo, que cerró 2019 con 4 mil 71 tomas clandestinas mediante las cuales los grupos criminales robaron hidrocarburos, una cifra que representaba un crecimiento de 92 por ciento respecto a 2018, cuando hubo 2 mil 121 y fue el año a partir del cual la entidad, en ese momento bajo el mando de Omar Fayad, se convirtió en la más “ordeñada” del país. 

Este julio de 2021 enmarca otra disputa criminal, mientras la?Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) sitúa a tres cárteles en la geografía hidalguense (Jalisco Nueva Generación (CJNG) –con mayor dominio territorial–, el Cártel de Sinaloa (CDS) y el del Noreste (CDN)), e informes de la propia DEA, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), entre otras instancias estadunidenses, detectaron una operación en la que el combustible que es extraído en Hidalgo a través de tomas clandestinas, y robado de cargamentos que salen de la refinería de Tula, es traficado a Texas mediante intermediarios corruptos en ambos lados de la frontera, así como una red de empresas fachada. 

Las autoridades hidalguenses afirman que tras la detención el 15 de marzo pasado de Hugo Alberto M. M., “El H”, y el asesinato de su hermano José David tres días después, el grupo que lleva su mote se dividió en células que luchan por el control total, lo cual ha generado disputas armadas, asesinatos y violencia en la región de Tula, una de las más vulnerables al huachicol en el país. 

Aunque para el gobierno de la entidad la pelea es entre grupos locales, a nivel federal ven no sólo la presencia de cárteles, sino su alianza, precisamente, con agrupaciones más pequeñas que controlan giros delictivos específicos en sus territorios. 

Los H son una organización criminal que se dedica al robo de combustibles, al sicariato y al narcomenudeo. El gobierno federal sugiere, con la detención de dos personas en el Estado de México justo en julio pasado, el vínculo entre este grupo delictivo y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); ambas agrupaciones se dedican al robo de gasolinas en el Valle de México. 

Durante agosto, los asesinatos violentos con armas han continuado: el 18, la policía municipal de Tula encontró dos cuerpos masculinos con impactos en la calle Felipe Ángeles de la localidad de Nantzha. Constató que ambos presentaban signos de tortura y que fueron asesinados con armas de uso exclusivo militar calibre .223.? 

Además, en otros incidentes de impacto social, el 11 de agosto, en las aguas negras del canal Requena en Tezontepec de Aldama fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre. El mismo día, en Tlahuelilpan, otro cadáver masculino fue hallado en el canal de aguas negras del paraje Las Cadenas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁXEL CHÁVEZ.

El detenido Carlos Treviño, de director de Pemex a rostro del huachicol con Peña Nieto

Vinculado al caso Odebrecht y al exdiputado del Verde Luis Alberto Martínez Bravo, conocido como "Lord Huachicol", en la gestión de Carlos Alberto Treviño Medina como director de Pemex se disparó el robo de combustible: en sólo dos años este delito ascendió a 62 mil 384 millones de pesos.

Durante la gestión de Carlos Alberto Treviño Medina como director de Petróleos Mexicanos (Pemex), ya detenido en Estados Unidos por el caso Odebrecht (de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum), el huachicol alcanzó niveles que no se habían visto en años previos, así los confirman reportes enviados  entre 2017 y 2018 por la petrolera a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

“En los últimos años hemos experimentado un incremento en el robo y el comercio ilegal de los combustibles que producimos”, reconoce Pemex en el documento de 2018.

Los datos muestran que, en los dos años bajo el mando de Treviño, el robo de combustibles no solamente creció, e incluso se empezó a contabilizar la pérdida en barriles. 

En 2018 el promedio diario fue de 55.9 mil barriles, muy por encima de los 32 mil barriles registrados en 2017. 

Las pérdidas no operativas derivadas del robo de combustible ascendieron a 22 mil 945.4 millones de pesos en 2017 y 39 mil 439.1 millones de pesos en 2018.

El huachicol también se reflejó en las tomas clandestinas. Antes de su gestión, el máximo histórico era de alrededor de seis mil casos anuales; en 2016 se detectaron y sellaron seis mil 873.

Un año después, ya con Treviño al frente, la cifra se disparó a 10 mil 316, y en 2018 alcanzó las 14 mil 910. 

“Lo que representa un aumento de 50.1%”, documentó la petrolera.

Pemex atribuyó el repunte tanto al aumento de la vigilancia como al incremento de los intentos criminales por desviar combustibles.

Sin embargo, fuentes cercanas a Proceso señalaron que, en esos años, uno de los hombres cercanos a Treviño, era Luis Alberto Martínez Bravo, exdiputado federal del Partido Verde, conocido como Lord Huachicol, quien se desempeñaba como gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social.

Estrategia

Ante el incremento de robos en Pemex, se implementó una estrategia que incluyó medidas internas. 

En 2017 la empresa del Estado canceló contratos de franquicia a siete gasolineras en Puebla, bajo sospecha de irregularidades en la comercialización y con inconsistencias fiscales. 

Un año después las sanciones llegaron a ocho empleados de la terminal de almacenamiento y distribución de Pemex Logística en Chihuahua, con la acusación de operar dispositivos tecnológicos para alterar las mediciones de llenado en autotanques y desviarse de las rutas establecidas.

“Tres de estos empleados fueron despedidos e inhabilitados por un año para ocupar cargos en el sector público, y cinco fueron suspendidos. Tres de los ocho presentaron recursos para impugnar las resoluciones; una fue declarada nula, y los fallos definitivos sobre las otras dos impugnaciones estaban pendientes”, reconoció la empresa.

El dedo de Emilio Lozoya

Carlos Treviño fue el último director de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en una etapa marcada por la implementación de la reforma energética. 

Su nombre reapareció tras ser señalado por su antecesor en la petrolera, Emilio Lozoya Austin, en una denuncia presentada el 11 de agosto de 2020 ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En su declaración, Lozoya acusó a más de una docena de exfuncionarios y legisladores de recibir sobornos para aprobar la reforma energética y favorecer a la constructora brasileña Odebrecht. 

Entre los señalados figuraron el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso; los exsenadores panistas y gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés; y el propio expresidente Peña Nieto.

Treviño no fue el único que quedó vinculado a las acusaciones por corrupción y por el crecimiento del llamado huachicol durante el sexenio peñista.

También fue implicado Eduardo León Trauwitz, general responsable de combatir este delito desde la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex. 

León Trauwitz, hoy radicado en Canadá y bajo proceso legal para su extradición, presentó durante su gestión documentos internos que buscaban posicionar a la petrolera como víctima de la expansión de la delincuencia organizada. 

Incluso, en el libro blanco sobre la “Estrategia de salvaguardia” de Pemex 2012-2018, la oficina a su cargo sostuvo que el incremento del huachicol entre 2016 y 2017 “estaba proyectado” y que posteriormente comenzaría a disminuir.

Carrera marcada por la alta administración

Treviño encabezó Pemex de 2017 a 2018, tras ocupar en 2016 la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de la empresa, donde tuvo bajo su mando la gestión de bienes, áreas técnicas, supervisión y manejo de recursos humanos. 

Antes de su regreso a la petrolera, fue director de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre 2014 y 2016, y director general de Financiera Rural de 2012 a 2014.

En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fungió como subsecretario de Egresos en 2012 y, anteriormente, como director general de Programación y Presupuesto de 2006 a 2010. 

Su paso por la administración pública también incluyó la Oficialía Mayor en la Secretaría de Economía (2005-2006) y en la Secretaría de Energía (2005), así como cargos en la Presidencia de la República, donde coordinó proyectos de planeación estratégica y competitividad en el sexenio de Vicente Fox.

En el sector privado trabajó en Estrategia Consulting Group (2003-2004) y en el sector académico colaboró durante siete años con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey como profesor investigador y coordinador de proyectos.

Opacidad patrimonial

En su declaración patrimonial como servidor público, Treviño se negó a hacer públicos sus datos de bienes y posibles conflictos de interés. 

No obstante, el Registro Público de Comercio muestra que en 2002 constituyó en Nuevo León la empresa Visión y Lectura Digital, dedicada a servicios de asistencia técnica, ingeniería, supervisión, consultoría y desarrollo.

En 2019, ya fuera de Pemex, creó en Naucalpan la sociedad anónima de capital variable Capellia, cuyo objeto social es amplio, desde la compra, venta, importación y exportación de todo tipo de productos, hasta la adquisición de patentes, marcas y derechos de propiedad industrial; la participación en otras empresas, la emisión y suscripción de títulos de crédito, y la posesión y explotación de bienes muebles e inmuebles.

La compañía también está facultada para otorgar avales, obligarse solidariamente por cuenta propia o de terceros, y celebrar todo tipo de actos y contratos, tanto civiles como mercantiles.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

FGR asegura 3.8 millones de litros de hidrocarburos en Coahuila

El fiscal general del estado también dio a conocer que el rancho "Paola", del empresario conocido como "El Mono" Muñoz, fue puesto a disposición de las autoridades federales para las investigaciones en torno al almacenamiento de combustible presuntamente robado.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó en un comunicado que en el mes de julio se logró el aseguramiento de 3.8 millones de litros de hidrocarburos en el estado. 

Por su parte, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, dio a conocer que el rancho “Paola” del empresario Juan Manuel Muñoz Luévano, alias “El Mono”, fue puesto a disposición de las autoridades federales para las investigaciones en torno al almacenamiento de combustible presuntamente robado.

Los operativos contra el tráfico de hidrocarburos se han reforzado en la entidad a través de operativos coordinados con dependencias de los diferentes niveles de gobierno. 

En el comunicado sobre las acciones emprendidas en el mes de julio, la FGR dio a conocer que se judicializaron 15 carpetas, de las 129 abiertas por diversos delitos y se recibieron 116 denuncias. En estas acciones se vinculó a procesos a 17 personas. 

La FGR destacó que se llevaron a cabo siete cateos en los que se aseguraron armas de fuego, cartuchos vehículos, inmuebles, narcóticos e hidrocarburos. También se llevó a cabo la incineración de más de 556 kilos de droga y otros artículos relacionados con diversos delitos. 

Además del hidrocarburo, la dependencia informó que se aseguraron más de 30 kilos de metanfetamina, 227 pastillas psicotrópicas y 64 vehículos. 

Es tema federal

Por su parte el fiscal general de Coahuila señaló que, aunque fueron instancias estatales quienes llevaron a cabo el cateo en el rancho de Muñoz Luévano, el caso quedó en manos de las instancias federales. 

El empresario lagunero fue detenido en el 2016 en España, desde donde hacía operaciones para la agrupación criminal de los Zetas, según las investigaciones que trascendieron, y entregado a Estados Unidos, país que lo investigaba por diversos delitos como lavado de dinero y distribución de cocaína. El año pasado obtuvo su libertad tras un acuerdo de cooperación con autoridades de dicho país. 

“Es una carpeta que está en manos de la FGR y habría qué verificar el estatus de ese predio allá. Se puso a disposición y se le dio vista en la FGR; así que está de aquel lado”, afirmó. Márquez Montañez. 

En las investigaciones en España también se relacionó al hijo del empresario gasolinero, quien tenía entre sus socios, en uno de los negocios de venta de combustible, al exfuncionario de Rubén Moreira Valdez, Gerardo Garza Melo, pero el fiscal de Coahuila afirmó que no existen indagatorias. 

“En el fuero común no existe nada”, señaló.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMELIA MUÑOZ.

Plantas huachicoleras en Veracruz: el elefante se ocultaba a la vista de todos

Los recientes megadecomisos de hidrocarburos en dos miniplantas de Veracruz son el ejemplo perfecto de la connivencia de autoridades, empresas y pobladores que hacen posible el saqueo a Pemex. Proceso investigó quiénes están detrás de esas instalaciones en los poblados de Moloacán y Las Vigas.

Las dos plantas “clandestinas” en las que autoridades federales aseguraron más de un millón y medio de litros de hidrocarburos en el último mes, ubicadas en Moloacán, sur de Veracruz, y Las Vigas, a una hora de Xalapa, en realidad operaban desde hace años a la vista de todos. Acceder a ambas no tiene ninguna dificultad. 

Los sitios funcionaban bajo la fachada de ser centros de acopio y procesamiento de residuos peligrosos y contaban con permisos ambientales vigentes. Incluso presentaron Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) y habían sido inspeccionados por autoridades como la Procuraduría de Protección al Ambiente federal (Profepa), de Protección Civil y hasta por el Ejército, todo esto antes de ser asegurados por ser inmuebles utilizados para el tráfico de hidrocarburos.

Cuentan con instalaciones eléctricas, de agua y gas, plenamente operativas. Las empresas utilizadas como fachada para su operación, Petrosoluciones del Sureste y Energía Ecorenovable, están formalizadas legalmente en el Registro Público de Comercio, según corroboró Proceso. Sus socios tienen otras compañías del mismo giro que operan en entidades como Nuevo León, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. 

Es el caso de la planta asegurada por la Marina y la Guardia Nacional en Las Vigas, donde el 8 de julio último fueron decomisados 933 mil litros de hidrocarburo ilegal y 64 carrotanques. Su ubicación es estratégica: se encuentra a escasos metros de la carretera federal Veracruz–Puebla, a 50 metros de la vía del ferrocarril, a tan sólo 10 minutos del Palacio Municipal y a tres minutos de una gasolinera.

Pese a ello no hubo detenidos durante los aseguramientos. 

El robo de combustible en México no es obra de huachicoleros con cubetas, sino un sistema industrializado que opera durante años con complicidad institucional. Así lo sostiene el general...

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0026 de la revista Proceso, correspondiente a agosto de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.

“Le di a Rocío Nahle pruebas del huachicol y no hizo nada”: general León Trauwitz

El general en retiro Eduardo León Trauwitz, exfuncionario de Pemex, denuncia que Rocío Nahle ignoró un informe con pruebas del robo de hidrocarburos en 2018. En entrevista, también expone la colusión de autoridades con el crimen organizado.

Eduardo León Trauwitz, exsubdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex, asegura que entregó a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, cuando era secretaria de Energía con López Obrador, una carpeta con más de 300 hojas, gráficas, ubicaciones y nombres sobre el robo de hidrocarburo. Pese a ello, el saqueo de combustibles aumentó. 

En entrevista, el general (actualmente en Canadá enfrentando un proceso judicial) responde a los señalamientos de la mandataria estatal, quien calificó como irrelevante la información que él le entregó en 2018.

“Yo no la busqué. Me ofrecieron una reunión para entregarle una carpeta de al menos 300 hojas con gráficas, ubicaciones y nombres. Era información estratégica sobre robo en refinerías, en ductos, todo…”, afirma. 

Detalla que la reunión con Nahle duró menos de 30 minutos y que fue facilitada por empresarios vinculados a proveedores tecnológicos de Pemex.

De acuerdo con León Trauwitz, los datos provenían de sistemas de monitoreo operados por el Ejército y Fuerza Aérea, en los que se evidenciaban la infiltración del crimen organizado en diversas instalaciones. 

Agrega que el objetivo era crear una estructura de seguridad integral, pero la propuesta fue desechada. 
Le dimos información valiosa a Rocío Nahle, pero no se usó para combatir el huachicol. Al contrario, el robo se maximizó. 
El general niega haber afirmado que el robo de combustible aumentó directamente por acción de Rocío Nahle. “Tal vez se malinterpretó. Yo no dije que ella lo haya utilizado para robar; dije que le entregué información con la que pudieron haber solucionado muchas cosas, pero no lo hicieron. Al contrario, mencioné que el robo se maximizó. Ahí fue cuando se tergiversó lo que dije. Eso sí lo quiero aclarar”.

Saqueo institucionalizado

El general en retiro denuncia que el robo de combustible operó durante años bajo esquemas institucionales, con la participación de funcionarios públicos y protección de autoridades.

Expone que en 2013, tras una explosión en instalaciones de Pemex, comenzó una investigación interna que arrojó evidencia de que el crimen organizado ya operaba dentro de refinerías y terminales. A partir de tecnología operada por el Ejército y Fuerza Aérea identificaron puntos críticos en ductos y detectaron fallas deliberadas en los sistemas de medición.

“Las cámaras estaban rotas, los flujómetros no servían y el registro era manual. Así se justificaba el robo masivo de hidrocarburos”, relata.

También denuncia que varios trabajadores de Pemex fueron asesinados tras denunciar el robo de combustible en estados como Guanajuato, Michoacán y Veracruz.

“Mataron a un gerente en Salamanca, a otro en Veracruz. Nadie quiere denunciar. Hay miedo, hay colusión”, lamenta.

También acusó que algunas tomas clandestinas eran protegidas por agentes infiltrados. Para identificarlos, se les asignó desactivar esas mismas válvulas, y quienes se negaron fueron reubicados. Posteriormente, esos mismos agentes testificaron en su contra.

El exfuncionario explicó que muchas gasolineras operaban como receptoras del combustible robado. Afirma que un análisis de Pemex mostró que estaciones de servicio que no compraban gasolina oficialmente seguían reportando ventas altas, lo que confirmaba el desvío de hidrocarburos
El robo ­–expone el general– dejó de ser de cubetas: se volvió industrial. Con ductos, barcos y trenes operados con cobertura institucional.
Señalamientos sin pruebas

Trauwitz enfrenta un juicio en Canadá tras la solicitud de extradición del gobierno mexicano. Asegura que la acusación original por delincuencia organizada en su contra no se sustentó y que la jueza en ese país sólo autorizó una posible extradición por “pérdida de confianza”, relacionada con un protocolo para desactivar tomas clandestinas.

“Estoy acusado por romper válvulas ilegales para evitar el robo. Esa estrategia funcionó, pero fue usada en mi contra. Tengo pruebas y testigos que demostrarán que no hubo delito”. Dice que el proceso legal se ha usado como represalia política; y recordó que fue señalado directamente por el presidente López Obrador en 2019.

Señaló que no ha tenido acceso a su carpeta de investigación completa y que los cargos en su contra no se sostienen con evidencia. “Aquí la jueza preguntó: ¿dónde está el dinero?, ¿a quién se vendió?, ¿cómo lo transportaban? No hay respuestas”.

En la entrevista con Proceso, el general solicitó públicamente a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, que atraiga el caso de sus excompañeros militares detenidos, quienes –afirma– también enfrentan procesos sin pruebas sólidas.

“Fueron sentenciados injustamente. El testigo principal no se presentó. Esto ya es un tema humanitario”, dice.

Semanas antes, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada  (FEMDO) obtuvo sentencias condenatorias que van de los 12 a más de 31 años de prisión contra cinco exfuncionarios de la Dirección de Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex) y colaboradores León Trauwitz.

La jueza advierte que se incumplieron los protocolos para inhabilitar tomas clandestinas en los poliductos Minatitlán-México y Madero-Cadereyta entre 2015 y 2016, lo que generó el robo masivo. 

Los sentenciados son el general en retiro Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, el coronel de infantería en retiro Emilio Cosgaya Rodríguez, el teniente en retiro Oziel Aldana Portugal y los sargentos en retiro Ramón Márquez Ledezma y José Carlos Sánchez Echavarría.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FLAVIA MORALES.

La FGR asegura más de un millón 800 mil litros de combustible robado en Tamaulipas

Además de decomisar más de un millón 800 mil litros de combustible en Tamaulipas, la FGR aseguró equipo para extracción y almacenamiento de combustible.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que logró el aseguramiento de más de un millón 800 mil litros de combustible robado, así como equipo para extracción y transporte de hidrocarburo, durante un cateo realizado en Tamaulipas.

Mediante un comunicado, la dependencia detalló que dicha acción se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la colonia La Escondida de la ciudad de Reynosa.

En la operación participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Protección Civil, bomberos, personal de Pemex y peritos de la Fiscalía estatal.
En el domicilio cateado, autoridades localizaron un millón 802 mil 650 litros de hidrocarburo, así como nueve tractocamiones, 12 motobombas, 39 frac tanks, tres vehículos, dos generadores de energía y una barredora industrial.

Tanto el inmueble como el equipo asegurado por autoridades fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, el cual llevará a cabo la investigación por delitos cometidos en materia de hidrocarburo en contra de quien o quienes resulten responsables.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum reclama a “huachicoleros fiscales” y les exige que paguen impuestos

En lugar de anunciar detenciones de personas relacionadas con el robo de combustible, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió, el 24 de julio de 2025, a los denominados “huachicoleros fiscales”, que pagaran los impuestos establecidos en la ley, por el ingreso de hidrocarburos a México.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal advirtió que las pesquisas de su Gobierno, en contra de los importadores que incurrían en contrabando de combustibles, llegaría hasta sus últimas consecuencias.

La mandataria nacional abordó el tema al ser cuestionada respecto al mensaje de la Embajada de Estados Unidos en México, a través de un video en el cual admitió que parte del petróleo robado en territorio mexicano, era procesado en refinerías ubicadas en EE. UU., para después regresar, ya refinado, también de manera ilegal, a través de aduanas.

“Nada más, sobre el huachicol, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, las investigaciones están dando mucha información y nuestro objetivo es que todo sea legal, igual que en otros casos, que todo sea legal, que si hay combustible importado que paguen los impuestos que tienen que pagar y que sepamos a qué gasolinera va a ir”, dijo la presidenta, alzando el tono de voz y agitando la mano.

“Entonces, toda esa parte que he platicado de todo lo administrativo que se está haciendo y todo lo penal, vamos a poner en orden esa parte del llamado huachicol fiscal”, expresó Sheinbaum Pardo, quien también subrayó que había una colaboración con el Gobierno de Estados Unidos, respecto al combustible que se procesaba allá y entraba de manera ilegal a México.

“Ayer, la Embajada de Estados Unidos lo que publicó, fue todavía algo mayor, que es petróleo crudo que sale de México, se va a refinar a una refinería de Estados Unidos y entra de manera ilegal a México. Entonces en esa parte, en ese posible delito, probable delito, se hace una colaboración”, sostuvo la titular del Poder Ejecutivo Federal.

“De todas maneras, si el combustible viene de Estados Unidos, pues hay que ver si el delito viene desde la refinería de donde salió o el centro de almacenamiento de donde salió la compra del combustible hasta México, o sencillamente hay una falsificación de documentos del importador”, insistió la mandataria nacional.

“Todas estas confiscaciones que se dice así, todo este producto confiscado que se ha estado haciendo de combustible, pues lleva más investigaciones, ya más investigaciones, se detiene a alguien y ahí se ve cómo fue que se quería importar y ahí se da seguimiento para poder, pues saber quién es y cuál es y hasta donde llega esta involucramiento”, expresó la presidenta.

Un día antes, la Embajada de Estados Unidos en México publicó un video en su cuenta de la red social X, en el que reveló que que grupos criminales, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), trasladaron petróleo crudo robado desde territorio mexicano, hacia el estado de Texas, en Estados Unidos, donde dicho hidrocarburo fue refinado y posteriormente reintroducido a México por las aduanas, mecanismo identificado como “huachicol fiscal”.

Según el video de la representación diplomática, este proceso implicó el robo de petróleo crudo en México, su transporte hacia Texas -principalmente en camiones o a través de ductos-, y su regularización por intermediarios que lo colocaron en refinerías estadounidenses.

El combustible refinado fue después exportado de regreso a territorio mexicano, en ocasiones oculto o mal etiquetado, utilizando documentos falsificados y empresas fachada. Finalmente, el producto ilícito llegó a ciertas estaciones de servicio de México y se vendió como si fuera legal, sin que los consumidores identificaran su origen ilegal .

La Embajada de EE. UU. en México puntualizó respecto a las consecuencias de este ciclo. “Detrás de cada litro ilegal hay evasión fiscal, corrupción y violencia financiada”, dijo, para luego señalar que la comercialización ilegal de combustibles representaba una fuente multimillonaria de ingresos para el crimen organizado.

El video de la representación diplomática de Estados Unidos, describía que el ciclo del huachicol fiscal incluía los siguientes pasos:

1. Robo y traslado: Grupos criminales transportan petróleo mexicano hacia Texas.
2. Lavado y legalización: Intermediarios lo insertaron en el mercado estadounidense por medio de documentos y maniobras legales.
3. Refinado y retorno: El combustible refinado fue exportado de vuelta a México, disfrazado como producto legítimo.
4. Fraude aduanal: Falsificación de papeles y uso de empresas fachada para ingresar el combustible.
5. Venta en gasolineras: Distribución al consumidor final en puntos de venta mexicanos, sin advertencia sobre su procedencia ilícita.

La Embajada de EE. UU. en México también informó que muchos consumidores mexicanos adquirieron, sin saberlo, este combustible de procedencia ilícita. Añadió que el “huachicol fiscal” se diferenció del robo de combustible tradicional, ya que involucró operaciones transfronterizas y evasión de impuestos en ambos países.

La representación diplomático estadounidense detalló que este esquema benefició principalmente a organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyos miembros presuntamente generaban cientos de millones de dólares al año, mediante tráfico de hidrocarburos y otras actividades ilícitas.

El Gobierno de Estados Unidos, según el video, aplicó sanciones contra ciudadanos mexicanos y empresas que participarán en la red de tráfico de hidrocarburos. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y la Red para la Represión de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de EE. UU. (USDT, por sus siglas en inglés), emitieron alertas respecto a esquemas de contrabando de combustibles, relacionados con organizaciones delictivas.

Respecto a la respuesta binacional, la Embajada de Estados Unidos en México destacó que los gobiernos de ambos países implementaron operativos conjuntos en puertos y aduanas, aplicaron sanciones a empresas y bancos vinculados con el huachicol fiscal, y desarrollaron mecanismos de control y trazabilidad del combustible importado y exportado. “Estados Unidos y México están trabajando de manera coordinada para detener este tipo de actividades”, subrayó.

“El Tesoro, como parte del esfuerzo de toda la administración (Trump), continuará utilizando todas las herramientas disponibles para perseguir implacablemente a los cárteles de la droga ya las organizaciones terroristas extranjeras para hacer América segura de nuevo” .Scott Bessent, titular del USDT.

El video de la Embajada de Estados Unidos en México concluyó destacando que la importación y venta ilícita de hidrocarburos, a través del esquema de “huachicol fiscal”, continuaría siendo atendida por ambos Gobiernos, en el marco de estrategias conjuntas contra la delincuencia organizada y la evasión fiscal.

“Seguramente has escuchado sobre el #Huachicol, pero ¿sabes qué es el huachicol fiscal? Aquí te lo explicamos y te platicamos las acciones que 🇺🇸 y 🇲🇽 tomamos para frenarlo. ¡Entérate!”, escribió la representación diplomática de EE. UU., en un texto que acompañó el video adjunto.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

No hay pruebas de colusión de instituciones con red de “huachicoleo”, afirma Harfuch

Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó, el 18 de julio de 2025, que no había pruebas que Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias “Don Checo”, presunto líder de una organización dedicada al robo de hidrocarburos o “huachicol” en el centro del país, recibiera protección desde la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Coordinación de Inteligencia de Petróleos Mexicanos (PEMEX), tal como lo informó, el mismo día, el diario Reforma.

“Con relación a la nota del Periódico Reforma donde refiere que había protección de @SEMAR_mx y de @FGRMexico a una célula criminal dedicada al robo de hidrocarburo preciso lo siguiente: Después de seis meses de trabajos de investigación realizado por personal de @SSPCMexico en coordinación con las áreas de inteligencia de @SEMAR_mx, la @FGRMexico obtuvo 12 órdenes de cateo y 7 órdenes de aprehensión”, escribió el funcionario federal, en su cuenta de la red social X.

“Como resultado, se desmanteló una de las principales organizaciones criminales dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburo en la zona centro del país. Fueron detenidas 32 personas, se aseguraron 16 millones de pesos, 21 tractocamiones, 8 pipas, diversos contenedores y un tanque estacionario, además de animales exóticos. Este es un hecho sin precedentes que muestra el compromiso de este gobierno para combatir estas operaciones delictivas. Las investigaciones continúan y no hay un sólo indicio o prueba sobre una colusión de las dos instituciones referidas, fueron precisamente estas instituciones, las que desarticularon esta red criminal”, recordó García Harfuch.

Según la investigación citada por el rotativo, misma que llevó a la cárcel a “Don Checo”, la FGR intervino legalmente su teléfono semanas antes de que fuera aprehendido en el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, y en sus conversaciones supuestamente se constató que era protegido y que pagaba a servidores públicos de los tres niveles de Gobierno.

Reforma detalló que los cerca de dos mil audios grabados presuntamente revelaron que “Don Checo” ordenaba a sus lugartenientes reunirse con marinos, que pagaba 25 mil pesos semanales a funcionarios de Inteligencia de PEMEX y que la FGR le avisó con anticipación que iba a catearle uno de los inmuebles donde presumiblemente guardaba “huachicol”.

Según el mismo diario, en una de las llamadas, registrada por la Fiscalía General de la República como “evento 800”, uno de los lugartenientes le comentó a “Don Checo”, que una de las tareas que tenía pendiente era cubrir la nómina de los funcionarios de la petrolera paraestatal.

“Le tengo que dar 25 mil pesos cada ocho días al de Inteligencia, al nuevo, al Pérez, al director, que es un nuevo acuerdo, se darían 25 mil hoy de entrada y el lunes cada semana 25”, dijo el interlocutor del presunto líder delictivo. En otra escucha telefónica con número 1146, uno de sus subordinados le reportó a Rebollo Mendoza que tenía los sobres amarillos listos para entregarlos a funcionarios de la petrolera paraestatal mexicana.

“Ya tengo que dejar algo de dinero, ayer no les di, ayer le entregué al chilango, ya traigo tres sobres, uno de Inteligencia de PEMEX, uno de 74 que dice Municipal y otro de Investigación de PEMEX, son 55 mil pesos, que se los iban a dar a la licenciada Isela porque se los iba a dar al ‘Puma’, pero necesito que me traigan dinero porque no sé si puedo agarrar eso”, comentó el mismo supuesto lugarteniente de “Don Checho”.

Según Reforma, la conversación número 1079, una mujer le anunció a Rebollo Mendoza que le acababan de avisar que la FGR iba a catear un inmueble de la organización “huachicolera”, ubicado en el kilómetro 136 de la Autopista México-Querétaro, en el que guardaban combustible robado.

“Me acaba de hablar ‘El Güero Mantecas’, que les hablaron los de la Fiscalía General de la República para una presentación… le dijeron que se va a proceder con la orden de cateo en el 136”, indicó la mujer, citada por el rotativo.

En otra de las llamadas intervenidas, con número 1153, Israel Molina Núñez, alias “El Mil Millones”, mando medio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Jilotepec, en el Estado de México, y también detenido en la misma causa, le pidió a “Don Checo” 5 mil pesos para gratificar a un Ministerio Público de la FGR y a un policía, por liberar a un cómplice de la organización detenido con un arma de fuego.

“Ya no agarré los sobres porque ya se los di a la licenciada Isela, ya me están pidiendo el recurso, son los 200 que tengo que dejar, 205 mil pesos. Los 200 que usted ayer me ofreció yo se lo di por todo, pero tengo que dejarle 5 mil a un policía, entre un policía y un MP que nos atendió, patrón”, expresó “El Mil Millones”.

“Claro, ¿pero ya los van a dejar? ¿Chivo dado, chivo brincado, su rancho pagado?”, respondió Rebollo Mendoza. “Sí”, contestó Molina Núñez. Según el rotativo, la FGR también hizo un reporte de la grabación registrada como el número 909, de la línea telefónica con terminación 8478, en la que “Don Checho” habló con un sujeto no identificado y dejó constancia de la supuesta complicidad de los marinos.

“El hombre refiere: ‘No, ya no me dio tiempo. Vaya con los amigos los marinos’. El hombre dos refiere: ‘Hay que ir con ellos pegados con el jefe, pero hoy a las 11 se va a chingar a su madre, y ya me dijo el amigo que ya yéndose me avisa y le damos para adelante’. ‘El amigo éste sí jala, pero él anda ahí como con los de la Marina y la estatal'”, reveló el reporte, citado por el diario Reforma.

El 9 de julio de 2025, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculó a proceso a “Don Checo” y a cinco de sus supuestos operadores, por delincuencia organizada, con la finalidad para cometer delitos en materia de hidrocarburos. También, por los delitos de posesión y almacenamiento ilícito de petrolífero y sustracción ilícita de combustibles.

Los coprocesados fueron Luis Miguel Ortega Maldonado, “El Flaco de Oro”; Diego Rebollo González, Aurelio Hernández Lozano, “El Gepeto”, Israel Molina Núñez, “El Mil Millones”, y Eréndira Jacala García Hernández, “La Yeyé”.

El impartidor de justicia les fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, tiempo previsto para que la defensa y la Fiscalía General de la República reunieran los datos de prueba necesarios para un eventual juicio.

Al mismo tiempo, el juez les ratificó la imposición de la prisión preventiva de oficio, medida cautelar por la que los hombres permanecerían internados en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, EDOMEX, y García Hernández en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil Número 16, en Coatlán del Río, Morelos.

El 28 y 29 de junio de 2025, elementos de Seguridad federales capturaron a 32 presuntos miembros de la organización que presuntamente lideraba “Don Checo” y que desde el 2015 operaba el robo de combustible a gran escala en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Querétaro. Rebollo Mendoza y sus presuntos operadores fueron detenidos con base en una orden de aprehensión.

En el operativo, las autoridades de Seguridad federales aseguraron 12 inmuebles que funcionaban como centros de operaciones, 21 tractocamiones, 14 semirremolques, 5 remolques, 14 contenedores tipo tanque y autotanques, 8 pipas, 5 cajas secas, un tanque estacionario y fueron clausuradas 2 tomas clandestinas.

Además, incautaron animales exóticos, 48 vehículos -algunos blindados y de lujo-, un autobús, 12 motocicletas y 36 armas de fuego, una bodega de almacenamiento, dosis de droga y cajas de medicamentos controlados, y casi 16 millones de pesos en efectivo.

El Gobierno Federal identificó a “Don Checo” como el líder del grupo delictivo, mientras que a Ortega Maldonado lo catalogó como el principal operador y socio de la organización, en tanto que el ingeniero Hernández Lozano fue señalado como el encargado de elaborar estructuras de tanques y de ser el intermediario en la venta de los hidrocarburos robados.

Por su parte, a García Hernández le atribuyeron ser la responsable de establecer convenios con autoridades policiales y ministeriales, así como del transporte, y a Molina Núñez de mantener los contactos con autoridades y “fabricar” documentos apócrifos para acreditar la procedencia de los combustibles.

Previo a este operativo, se libraron siete órdenes de aprehensión contra los mandos de este supuesto grupo delincuencial, de los cuales fueron detenidos seis, entre ellos “Don Checo” y sus presuntos cómplices ahora procesados. Los otros 26 fueron capturados en flagrancia durante la redada.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Los convenios de Tabasco: Bermúdez Requena recibía millones de litros de combustible

El combustible para el parque vehicular de la Secretaría de Seguridad en Tabasco debía entregarse "en especie" directamente a Bermúdez Requena, quien después sería señalado por vínculos con un grupo relacionado con el huachicol. Esta trama implicó el manejo de millones de litros de combustible por parte del secretario designado por Adán Augusto López.

Una revisión exhaustiva de los convenios suscritos por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSYPC) de Tabasco cuando estaba bajo la dirección de Hernán Bermúdez Requena, actualmente prófugo, revela un mecanismo poco convencional y altamente cuestionable para la administración de recursos. 

Contrario a las prácticas habituales en corporaciones de seguridad, los contratos establecen que el combustible para el parque vehicular de la Secretaría debía entregarse “en especie” directamente a Bermúdez Requena, dejando a la SSPC la logística del abastecimiento.

Esta trama implicó el manejo de millones de litros de combustible y, de forma aún más alarmante, la “donación” de considerables sumas de dinero –en valor de combustible– por parte de la Secretaría para el Desarrollo Energético (SEDENER) de Tabasco al exsecretario de Seguridad, ahora evadido de la ley.

Hernán Bermúdez Requena, quien fuera designado en 2019 secretario de Seguridad Pública por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, se encuentra actualmente prófugo de la justicia, con una ficha de búsqueda emitida por la Interpol. 

Las acusaciones que pesan sobre él son graves: supuestamente brindó protección a un grupo delictivo conocido como “La Barredora”, dedicado al robo de combustible, una práctica conocida popularmente como “huachicol”.

Reportes de inteligencia militar, señalan directamente a Bermúdez Requena como cómplice de una organización criminal especializada en la sustracción ilícita de hidrocarburos en el estratégico puerto de Dos Bocas.

En 2022, Mexicanos contra la Corrupción publicó informes de inteligencia militar en los que se menciona al entonces secretario de Seguridad de Tabasco y a dos de sus colaboradores como cómplices del grupo criminal “La Barredora” dedicado al huachicol.

No fue sino hasta que la situación de inseguridad en el estado se volvió insostenible que Bermúdez Requena renunció al cargo en enero de 2024.

Actualmente tiene orden de aprehensión vigente desde febrero pero que fue confirmada apenas este 16 de julio por el gabinete de seguridad federal y la presidenta Sheinbaum, sin embargo, hasta el momento Adán Augusto López está fuera de cualquier carpeta de investigación de la Fiscalía local o FGR, de acuerdo con la propia presidenta. 

Habría salido del país el 26 de enero de este año.

CONVENIOS BAJO SOSPECHA: LOS DOCUMENTOS CLAVE

La evidencia documental es contundente. El Convenio de Coordinación SEDENER-3235-020-SSYPC-2022 es un ejemplo paradigmático. Este acuerdo, celebrado entre la SEDENER, representada por su titular Lic. Sheila Guadalupe Cadena Nieto, y la SSPC, a cargo de Hernán Bermúdez Requena, estipulaba la aportación de recursos en especie por hasta 1,800,000 (un millón ochocientos mil) litros de gasolina magna y 150,000 (ciento cincuenta mil) litros de diésel.

El convenio hace referencia a una “autorización de donación” de Petróleos Mexicanos (PEMEX), con fechas y fichas específicas (DCAS/3118/2020, DCAS/3235/2021, GRS/MR/007/2021 del 18 de diciembre de 2021), y un contrato de donación inicial del 18 de diciembre de 2020, con un convenio modificatorio un año después.

Otro apartado relevante del mismo convenio establece que la SEDENER aportaría a la SSYPC hasta 1,567,000 (un millón quinientos sesenta y siete mil) litros de gasolina Magna y 58,000 (cincuenta y ocho mil) litros de diésel. Se especifica que este combustible se usaría para “llevar a cabo la cobertura total de los cuadrantes que comprenden los operativos de seguridad planteados para este año”, y que el recurso sería entregado en vales de combustible y/o tarjetas magnéticas, sin posibilidad de canje por efectivo.

La investigación sugiere que, a pesar de estas especificaciones, el control sobre el destino final de esos millones de litros de combustible se diluía en un esquema que, en la práctica, podría facilitar el desvío y el beneficio indebido.

Esto coincide con los reportes de inteligencia militar sobre la supuesta protección oficial a grupos huachicoleros. La fuga de Bermúdez Requena añade un capítulo más a este complejo entramado de presunta corrupción y crimen organizado desde las oficinas del poder en Tabasco.

Otro apartado relevante del mismo convenio establece que la SEDENER aportaría a la SSYPC hasta 1,567,000 (un millón quinientos sesenta y siete mil) litros de gasolina Magna y 58,000 (cincuenta y ocho mil) litros de diésel. Se especifica que este combustible se usaría para “llevar a cabo la cobertura total de los cuadrantes que comprenden los operativos de seguridad planteados para este año”, y que el recurso sería entregado en vales de combustible y/o tarjetas magnéticas, sin posibilidad de canje por efectivo.

En una parte del documento se establece que Bermúdez Requena estaba facultado para firmar los acuerdos porque fue designado por Adán Augusto López:

“El 11 de diciembre del 2019, el Lic. Hernán Bermúdez Requena, fue designado por el Lic. Adán Augusto López Hernández, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado; por tanto, cuenta con las facultades legales necesarias para suscribir el presente instrumento”.

Adán Augusto López Hernández fue gobernador de Tabasco desde el 1 de enero de 2019 hasta el 26 de agosto de 2021, cuando solicitó licencia para asumir el cargo de secretario de Gobernación. Sin embargo, su secretario de Seguridad siguió al frente hasta enero de 2024.





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FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: JORGE GARCÍA OROZCO.