La comisionada Norma Julieta del Río señaló que el proceso debe ser transparente para evitar un posible subregistro de datos o una revictimización.
Asimismo, deberá informar sobre el programa con el cual se capacitó a los funcionarios involucrados en el levantamiento del censo, así como los avances del mismo.
“Más allá de cuestiones políticas, cualquier iniciativa que pretenda modificar la manera en la cual se contabiliza y registra a las personas desaparecidas en nuestro país debe estar sujeta a la transparencia y a la rendición de cuentas”, afirmó la comisionada Norma Julieta del Río Venegas.
“Debido a su relevancia en el país, se debe informar su metodología, la manera en la cual capacitó a los funcionarios involucrados, así como sus avances, para evitar un posible subregistro de datos o la revictimización de las personas desaparecidas”, enfatizó.
El censo, que realiza el Gobierno Federal a través de la Secretaría del Bienestar, ha sido objeto de polémica desde que fue dado a conocer por López Obrador el pasado 31 de julio, debido a que organizaciones han advertido sobre la posibilidad de que se “rasuren” las cifras con fines electorales y sea revictimizante.
Ante esto, una persona solicitó en versión pública, a través de una solicitud de información, las grabaciones, minutas, versiones estenográficas, oficios, informes y cualquier documento que dé cuenta de las sesiones de capacitación para la implementación del censo.
Además, requirió conocer la metodología y los funcionarios públicos encargados llevar a cabo las sesiones de capacitación.
Sin embargo, la CNB respondió que no contaba con los documentos requeridos y aseguró que no está obligada a generarlos. No obstante, reconoció haber capacitado, vía remota, a personal de Comisiones y Fiscalías estatales.
Ante esto, el INAI concluyó que la comisión incurrió en contradicciones, debido a que reconoció la realización de capacitaciones, a la vez que afirmó que no cuenta con información al respecto.
Por lo tanto, el instituto de transparencia determinó que la CNB debe dar a conocer la metodología utilizada, así como los programas de capacitación.
El censo ordenado por le presidente López Obrador ha sido objeto de polémica, debido a que organizaciones han expresado preocupaciones por la posibilidad de que se maquillen las cifras con fines electorales. Asimismo, han advertido que el procedimiento por el que se lleva a cabo podría ser revictimizante.
Incluso, el pasado 13 de noviembre, la ex comisionada de Búsqueda, Karla Quintana, denunció durante un seminario del Colmex que el ejercicio tiene como fin reducir la cifra de personas ausentes en el actual sexenio y así como en los gobiernos estatales morenistas.
Quintana denunció que el censo que es “revictimizante” y señaló que lo lleva a cabo una autoridad que no está reconocida por la ley como buscadora ni está capacitada para realizar este tipo de trabajo.
La renuncia de la funcionaria a la CNB se dio por la oposición que presentó contra dicho censo. Desde entonces, Quintana ha sido criticada por el presidente López Obrador, quien la acuso de presuntamente haber alterado las cifras con el fin de “afectar” a su gobierno.
AMLO ha argumentado que existen menos personas desaparecidas de las que señala el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, con lo que ha justificado la realización del censo a un año de que termine su sexenio.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), actualmente se tienen contabilizadas en México 113 mil personas en dicha calidad.
El pasado 17 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que desde 2019, los reportes de desapariciones que se han presentado a la Guardia Nacional han incrementado 350.52 %.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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