Más de tres meses después de la tragedia, en la que fallecieron 40 personas, la CNDH determinó que hubo "violaciones graves a los derechos humanos, al trato digno, a la vida y a la integridad y seguridad personal" de los reclusos.
En la noche del 27 de marzo estalló una protesta al interior del centro de detención para quejarse de las condiciones de reclusión; unas personas apilaron colchonetas y les prendieron fuego, lo que provocó un incendio. Los videos de las cámaras de seguridad muestran que los custodios abandonaron el recinto, dejando a los detenidos en la celda colectiva del área varonil, a merced de las llamas.
En la recomendación 111VG/2023, la CNDH señaló que el INM no garantizó una "estancia digna" a los migrantes encerrados ni tomó acciones para "salvaguardar la vida e integridad"; exigió a Francisco Graduño Yáñez, el titular del INM, a colaborar en las investigaciones de carácter penal que buscan fincar responsabilidades en la muerte de los 40 fallecidos.
También urgió la Segob a tomar medidas para que no se repita una tragedia como la de Ciudad Juárez, incluyendo la supervisión de los centros de detención.
El organismo dirigido por Rosario Piedra Ibarra también pidió a la Cancillería implementar una nueva política migratoria que "garantice la seguridad y el respeto pleno a los derechos humanos".
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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