El recurso del órgano constitucional autónomo impugna el decreto publicado los primeros minutos del 2 de marzo de 2023, por el titular del Poder Ejecutivo Federal, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El INE informó en un comunicado, que a través de dicha impugnación defendía no sólo su autonomía, sino el Estado democrático establecido en la Carga Magna, ante el cúmulo de “violaciones constitucionales” detectadas en aproximadamente 200 artículos del llamado “plan B” que, según señaló, vulneraba 25 disposiciones constitucionales.
El nuevo recurso interpuesto por el órgano constitucional autónomo se sumó a la controversia constitucional presentada por el INE, el 1 de febrero de 2023, en contra del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el DOF, el 27 de diciembre de 2022.
“En la demanda presentada hoy se solicita al máximo tribunal del país que otorgue una suspensión y, en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, se interrumpa la aplicación de la reforma y, por lo tanto, de sus efectos, de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el INE y a los derechos políticos de la ciudadanía”, explicó el Instituto.
El INE detalló que la controversia estaba articulada en cuatro ejes, de los cuales el primero señalaba la violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión, que “en franco fraude a la ley, impactaron en la calidad democrática de la reforma, pues dio trámite urgente a una iniciativa que por disposición legal no podía ser sometida al mismo, no respetó el principio de publicidad, ni mucho menos el deliberativo que rige al órgano legislativo, impidiendo la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria”.
Asimismo, el Instituto señaló como segundo eje, la vulneración a la autonomía e independencia del INE por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo. “El INE demanda la invalidez de gran parte de la reforma, derivado de las violaciones constitucionales que afectan su autonomía, independencia, así como la invasión a su esfera competencial”, detalló.
El tercer eje que indicó el INE, fue que la controversia vulnera las condiciones de equidad, debido a que el llamado “plan B” contenía cambios que afectaban la certeza en los procedimientos que conformaban el proceso electoral en sus diversas etapas. Mientras que el cuarto elemento, era la afectación inconstitucional de los derechos laborales del personal del órgano constitucional autónomo, que provocaba dicha reforma.
“En este recurso, se hacen valer una serie de agravios por el desmantelamiento de la estructura orgánica y la afectación a los derechos laborales de todo el personal del Instituto, así como la eliminación de aproximadamente el 85 por ciento de las plazas del Servicio Profesional Electoral”, indicó el INE, que también enfatizó que tenía plena confianza en que con el análisis constitucional que realizaría la SCJN se restauraría el orden constitucional, al determinar la invalidez del denominado “plan B”.
“Hace unos minutos, el INE presentó en la @SCJN, la segunda Controversia Constitucional en contra del segundo paquete de reformas legales conocido como Plan B. Es la hora de los tribunales. Confiamos en que el orden democrático y constitucional sea restaurado. #YoDefiendoAlINE”, escribió Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Consejo General del Instituto, en su cuenta de la red social Twitter.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
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