Lozoya Austin fue detenido en España en 2020 y extraditado a México en julio de ese año, desde entonces ha buscado un acuerdo reparatorio con autoridades federales para obtener su libertad.
El fallo de los integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México no dictamina la inmediata libertad de Lozoya Austin, pero sí pide que se analice el caso porque se vulneraron los principios de congruencia y exhaustividad, pues se omitió contestar los agravios que la defensa del quejoso presentó en apelación para tratar de evitar que su cliente no ingresara a prisión y que declaró infundados e inoperantes los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR).
La decisión de aceptar a trámite y dar amparo al exdirector de Pemex se basa en que la prisión preventiva justificada se rige por las reglas comunes de la imposición de cualquier medida cautelar sumado a diversos requisitos adicionales que la legislación contempla.
Ante la protección federal, la FGR impugnó el fallo de la Magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, quien era titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, misma que concedió la protección de la justicia al exfuncionario para que se analice de nueva cuenta el asunto y se emita un nuevo pronunciamiento.
El pasado 17 de enero, la audiencia intermedia de Emilio Lozoya fue aplazada para el 10 de marzo con la intención de tener más tiempo para firmar un acuerdo reparatorio que lo obligue a pagar un monto millonario para compensar el daño que causó como funcionario público al participar en la trama de corrupción de la constructora brasileña.
Desde el año pasado, el funcionario del Gobierno de Enrique Peña Nieto había pedido posponer la audiencia intermedia ya que espera concretar un acuerdo reparatorio con autoridades federales y así evitar un juicio.
Lozoya Austin fue detenido en España en 2020 y extraditado a México en julio de ese año, desde entonces ha buscado un acuerdo reparatorio con autoridades federales para obtener su libertad a cambio de pagar el daño al erario que causaron los actos de corrupción bajo su gestión en Pemex y de brindar información que sirva para inculpar a otros políticos en la trama de corrupción.
La FGR le imputa los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, la dependencia busca sancionarlo con la pena máxima de cada uno de ellos, por lo que de ir a juicio y ser encontrado culpable podría pasar hasta 46 años y seis meses privado de la libertad y tendría que pagar una multa de 87 millones de pesos.
El director de Pemex entre 2012 y 2016 ha sido acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la trama Odebrecht. De acuerdo con la FGR, Lozoya obtuvo ese dinero cuando formaba parte del equipo de campaña de Peña Nieto y lo utilizó para la contienda electoral así como para obras públicas ya en el Gobierno.
AUTOR: REDACCIÓN.
No hay comentarios:
Publicar un comentario