Diana actualmente vive en Bolívar 26, un edificio de arquitectura colonial y grandes portones de madera ubicado en el corazón del Centro Histórico, que cuenta con terrazas con vistas hacia la Torre Latinoamericana. Su departamento, en la planta más alta, tiene acceso privado a una de ellas, lo que considera el motivo por el que ese espacio se ha vuelto tan codiciado.
“Este espacio cuesta alrededor de 15 mil 500 al mes. Cuando llegué aquí, tenía un trabajo como funcionaria pública y valía la pena hacer todos los esfuerzos por pagarlo. Como ves, tengo la comodidad de la terraza, de estar aquí con mi gato, y eso para mí es muy importante porque es donde paso todo el tiempo”, cuenta en entrevista.
Con la pandemia, su situación económica se vio afectada porque perdió su trabajo en la Secretaría de Cultura y, hasta ahora, solo ha conseguido empleos freelance. Para mediados de 2020, ella era la única vecina que quedaba en Bolívar 26: todos los demás se fueron a pasar la pandemia a otro lado o dejaron de tener dinero para pagar la renta. En su caso, consiguió que le bajaran la cuota a 10 mil 500 pesos y se quedó, incluso cuando en este año le informaron que nuevamente subiría la mensualidad.
Sin embargo, hace tres semanas recibió el aviso de los administradores del edificio de que al terminar el año, cuando se vence su contrato, debe irse, porque los dueños decidieron convertir el inmueble en un espacio de alojamiento para turistas.
Es la segunda vez que Diana pasa por la misma situación. A finales de 2019, vivía cruzando la calle, hasta que una mañana fue notificada por un despacho de abogados de que tenía que irse porque los dueños convertirían el edificio en un hotel.
Airbnb ha crecido más del 200% en CDMX
De acuerdo con el Proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, elaborado por el gobierno capitalino, del 2000 al 2020 el número de alojamientos tipo Airbnb pasó de 22 mil 122 a 71 mil 780 inmuebles registrados, lo que equivale a un crecimiento de 224%.
La mayoría de estos alojamientos fueron ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc (10 mil 017), Tlalpan (7 mil 021), Miguel Hidalgo (6 mil 851), Iztapalapa (6 mil 216) y Benito Juárez (5 mil 615).
El documento reconoce que en los últimos 20 años “el porcentaje de viviendas deshabitadas se ha mantenido constante, mientras que la vivienda de uso temporal se triplicó; la reducción del número de ocupantes por vivienda se traduce en la disminución de los hogares, altos precios en la vivienda en venta y renta”.
En el proyecto, el gobierno capitalino identifica como una problemática que “la población de los deciles más bajos destina más del 30% de su ingreso mensual al arrendamiento de su vivienda”, y que “la falta de vivienda asequible y bien localizada provoca la expulsión hacia el Estado de México y la ocupación de suelo de conservación y zonas de alto riesgo”.
Pese a ello, y sin regulación de por medio, el pasado 26 de octubre el gobierno local anunció un convenio con Airbnb y la Unesco para promover a la capital como destino para “nómadas digitales”, un acuerdo que, a decir de especialistas, tendrá como consecuencia la expulsión de inquilinos que habitan en zonas que se consideran de valor turístico, así como el encarecimiento de las rentas para sus habitantes.
El proyecto contempla la promoción del alojamiento turístico en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Benito Juárez, que actualmente cuentan con el mayor número de espacios en Airbnb de la CDMX. Sin embargo, también comprende el impulso de la llegada de la plataforma a otras con menor cantidad, como Xochimilco y Milpa Alta, identificadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) como aquellas con mayor número de personas en condición de pobreza.
Diana está por sumarse a los vecinos expulsados que tendrán que pagar más por rentar un departamento en una zona céntrica. De hecho, dice que todavía no encuentra un espacio bien ubicado que pueda pagar con sus ingresos actuales, aunque todos los días revisa páginas de bienes raíces y está suscrita a los boletines de varios ofertantes. Tiene un mes para decidir a dónde mudarse.
“Vamos a pagar como 35% más”
Después de 14 años viviendo en el Edificio Victoria, ubicado a unas cuadras del Palacio de Bellas Artes, en la calle de López, Lorena —quien omite dar su verdadero nombre por miedo a represalias— está preparando una mudanza de emergencia. Hace unos días, personas tocaron a su puerta y le entregaron una notificación que dice que debe desalojar el inmueble antes de que comience diciembre y la amenazaron con agredirla en caso de que se niegue.
“Cuando llegamos, el edificio tenía una fachada descuidada y era casi completo destinado a bodegas. Mi novio y yo vivíamos al sur de la ciudad, por Santo Domingo, y nos mudamos para quedar más cerca de nuestros trabajos. Estando acá fuimos partícipes de las movilizaciones para que el Presupuesto Participativo de la ciudad nos permitiera dignificar este espacio de vivienda”, narra.
Para ella, siempre fue claro que el departamento no era suyo, pero reclama la forma en la que le notificaron. Las amenazas le provocaron crisis emocionales que la llevaron nuevamente a terapia, y desde ese día dice que vive con incertidumbre: “Regreso del trabajo cansada y temerosa porque sé que ese espacio ya no es seguro”.
Cuando llegó a vivir al Edificio Victoria, la renta oscilaba en 7 mil pesos mensuales y consiguió un acuerdo para pagar un incremento del 10% anual, que se mantuvo vigente hasta la actualidad. Sin embargo, ahora que debe mudarse, señala que las mensualidades serán aproximadamente 35% más altas. Consiguió un departamento en la colonia Santa María la Ribera y este fue el cobro más razonable que encontró.
“Tengo mucho enojo y mucho miedo, porque de un día para otro somos desechables quienes vivimos acá, porque a cambio de un supuesto beneficio económico están tomando la decisión de sacarnos. No imaginas lo doloroso que es estar hablando desde el departamento y estar pensando que no importa lo que haga, me tengo que ir y dejar atrás este proyecto de vida”, agrega Lorena.
“Y ni modo, a destinar más dinero a la renta, aunque eso obviamente va a representar afectaciones a otros gastos como los destinados a salud, o simplemente para la vida de todos los días”.
Cada año, 20 mil personas dejan la CDMX por encarecimiento de rentas
María Silvia Emanuelli, de Habitat International Coalition (HIC-AL), indica que el Proyecto de Programa de Ordenamiento Territorial que actualmente discuten las autoridades de la CDMX advierte que cada año se expulsa de la capital a 20 mil personas por imposibilidad de pago de la vivienda, quienes continúan acudiendo a la urbe para distintas actividades.
La especialista en temas de vivienda agrega que otras 7 mil personas cada año se ven en la necesidad de ubicarse en lugares peligrosos o asentamientos precarios para poder seguir siendo habitantes de la CDMX, debido a que son las únicas zonas que pueden costear.
Según análisis de HIC-AL, en la capital los inquilinos destinan entre 48% y 51% de sus ingresos mensuales para pagar alquiler, lo que, de acuerdo con la ONU, se encuentra por arriba del límite máximo de pago para una vivienda, “lo que vuelve difícil satisfacer otras necesidades básicas como alimentación, vestido o transporte”.
“Entonces, si metemos a esta ecuación la aparición de Airbnb sin límites ni reglamentaciones, se deja a la ciudad en un estado de vulnerabilidad ante el posible incremento de los precios de la renta, sobre todo en los barrios que resulten interesantes para el turismo”, detalla.
Un informe de HIC-AL señala que a nivel nacional hay 5.2 millones de hogares que pagan alquiler mes con mes, de los cuales 680 mil se encuentran en la CDMX, donde cuatro de cada 10 hogares son rentados, principalmente en Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo.
En este informe, la asociación advierte que la pandemia de COVID-19 afectó la economía de las personas, lo que generó dificultades para cubrir el pago de alquileres, situación que no ha sido atendida por las autoridades, que a la fecha no emitieron medidas para garantizar el acceso a vivienda de la ciudadanía.
Ante este contexto y el anuncio del convenio del gobierno local con Airbnb, HIC-AL promovió la firma de un posicionamiento para exigir que se haga público el diagnóstico realizado por las autoridades de los impactos que esto tendrá en el tema de vivienda, y promover medidas que mitiguen el encarecimiento de las rentas.
El documento, respaldado por 51 organizaciones y 832 personas, alerta que con la entrada sin regulación de Airbnb “la realidad para los habitantes de buena parte de la CDMX es el encarecimiento de las rentas para distintos sectores de la sociedad: una generación entera de jóvenes que crecen sin derechos laborales y no son sujetos de créditos, poblaciones indígenas que siguen luchando para que se reconozca su arraigo en la capital, personas de la tercera edad a quienes se les desaloja con violencia mediante juicios fraudulentos”.
“Y es precisamente Airbnb uno de los actores que más agudizan estos problemas. En el Centro Histórico hemos visto los efectos nocivos de la plataforma. Hoy tenemos conocimiento de al menos ocho edificios habitacionales que viven o vivieron expulsión de habitantes”, afirma el posicionamiento.
📢| La alianza entre #Airbnb y el @GobCDMX sin una regulación de esta plataforma, ni un control contra la especulación, llega para incrementar la crisis habitacional y los desplazamientos forzosos en la capital del país.
— Habitat International Coalition AL (@HIC_AL) October 27, 2022
Conoce y firma el posicionamiento: https://t.co/LlArbtavif
María Silvia Emanuelli dice que la firma del posicionamiento es solo el inicio de la batalla que como vecinos de la CDMX y activistas piensan dar contra la turistificación promovida por las autoridades y Airbnb. A partir de ahora, con la articulación de las distintas organizaciones y ciudadanos firmantes, promoverán jornadas de protesta para exigir la regulación de la plataforma y de los costos de renta, para que ningún otro habitante de la capital tenga que dejar de vivir en ella.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERÉNDIRA AQUINO.
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