Sobre información del BNDF, apuntó que sólo 25 estados de la República han entregado la información que les corresponde, y que una vez que se complete, sumándose otras seis bases, se tendrán 158 millones de datos, y que está a la espera de que se integren “datos fotográficos, huellas dactilares y domicilios” que tienen en su poder el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Registro Nacional de Población (RNP), así como información de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Salud.
“Una vez que todas las partes hayan cumplido con sus respectivas obligaciones de ley, se emitirán los lineamientos correspondientes de aplicación total” del BNDF, sostuvo la FGR.
Para la organización civil, la respuesta “evade responsabilidad, atribuye incumplimiento a otras instituciones, evidencia nulo liderazgo y falsea la realidad”, toda vez que en su sentencia Óscar Macías Guerrero, juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región con sede en Zacateas, identificó claramente la responsabilidad de la FGR en la falta de cumplimiento de la legislación en materia de desapariciones.
El Centro Prodh lamentó que a más de un año de litigio, la respuesta revela “un nuevo desdén de la @FGRMexico frente a la crisis de desapariciones”, por lo que la organización refrendó su respaldo “en las acciones legales” en favor de Olimpia Montoya, promotora del amparo y hermana de Marco Antonio Montoya, desaparecido el 18 de marzo de 2017, en Guanajuato.