Un juez federal condenó a tres años de prisión a Roberto Cabrera Alfaro, excomisionado nacional de Búsqueda en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, tras encontrarlo culpable de haber entregado ilegalmente más de 49 mil perfiles genéticos de familiares de víctimas de personas desaparecidas a una empresa privada. Sin embargo, pese al fallo, los hechos no han sido esclarecidos completamente.
Además, el monto de la condena permite a Cabera Alfaro no pisar la cárcel, pues puede conmutar la pena por trabajo comunitario y el pago de una fianza de 25 mil pesos.
Funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Fiscalía General de la República (FGR) consultados por Animal Político reconocieron que las investigaciones se han quedado cortas, toda vez que no se ha procedido contra los funcionarios federales que indebidamente entregaron a Cabrera los bancos de ADN, ni se ha esclarecido cuál fue el beneficio y, por ende, las responsabilidades en que habrían incurrido los socios de la empresa implicada.
De hecho, el juez del caso ordenó a la FGR que continúe con las investigaciones para determinar qué uso final y posible comercialización se dio a los datos genéticos obtenidos indebidamente.
En el juicio, que concluyó ayer tras una semana de audiencias, el juez Jesús Delgadillo Padierna concluyó que las pruebas presentadas por los fiscales confirmaron “más allá de toda duda razonable” que Cabrera tuvo en su poder un banco de perfiles genéticos recabados y procesados por autoridades ministeriales, entre 2016 y 2018.
Sin autorización de las víctimas, dicho exfuncionario —que desde el inicio carecía de facultades para poseer esos datos— transmitió la información genética hacia una compañía con razón social Central ADN, SA de CV (comercialmente conocida como ADN México), con lo que dicha información considerada como confidencial terminó en manos de particulares. Esta situación, de acuerdo con el juez, vulneró los derechos de las víctimas, que en ningún momento accedieron a que las muestras que aportaron terminaran en manos ajenas a las de las autoridades.
En enero pasado, una investigación periodística independiente titulada “Traficantes de ADN”, publicada en el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, entre otros sitios, reveló paso por paso cómo a través de convenios irregulares funcionarios de la entonces PGR habían entregado la información a Cabrera y, posteriormente, cómo la empresa utilizó esa información para prometer a víctimas en diversos estados que podía ayudarles a identificar a sus familiares desaparecidos.
La indagatoria a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), y asentada en la carpeta de investigación FED/FECC/UNAI-CDMX/0000391/2019, concluyó que Cabrera era probable responsable del delito de ejercicio ilícito del servicio público y presentó las pruebas, que el juez consideró suficientes.
No obstante, los fiscales no lograron convencer al juez de imponer la sentencia de cinco años nueve meses de prisión que habían solicitado en su contra, y que de haber sido concedida no habría permitido al exfuncionario salir en libertad. En cambio, el juzgador solo impuso al excomisionado una pena de tres años de cárcel, que pueden ser canjeados por trabajo comunitario, el pago de los 25 mil pesos de fianza y que ofrezca una disculpa pública. Esto, ya que consideró que no se probó que el exfuncionario hubiera obtenido algún beneficio económico de lo que hizo, y que el único hecho irregular probado es que entregó los datos indebidamente.
Al salir de la audiencia en compañía de su representado, el abogado defensor, Javier Cruz Angulo, dijo que no están de acuerdo con la determinación del juez. “Creemos que el fallo es una representación jurídica equívoca. Vamos a apelar la decisión porque tenemos una teoría del caso y demostraremos la absoluta inocencia de nuestro defendido”, señaló.
Los fiscales que participaron en la audiencia comentaron al salir que estaban satisfechos con el fallo del juez, el cual acreditó que las pruebas eran sólidas. Sin embargo, indicaron a este medio que analizarán apelar la resolución de la pena, pues consideran que la condena sí debió ascender a más de cinco años de cárcel.
Los cabos sueltos
La indagatoria de la FGR inició a partir de una denuncia que presentó directamente la actual comisionada nacional de Búsqueda, Karla Quintana, en 2019. Ello, luego de que representantes de la propia empresa Central ADN hicieron contacto con ella para comentarle que tenían dicha información y que querían explorar un mecanismo de colaboración.
De acuerdo con la investigación periodística publicada en enero, fue la propia representante comercial de la empresa, Mariana García Sosa, la que informó a Quintana que tenían en su poder los datos y que era su antecesor quien se los había proporcionado. También se lo comunicó al subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas.
El hecho sorprendió a los funcionarios, quienes no se explicaron cómo era posible que la información de ADN entregada por decenas de miles de víctimas y familias hubiera terminado en manos de una compañía privada. Datos que, además, formaban parte de carpetas de investigación en curso.
Lo que el reportaje documenta es que los datos genéticos que terminaron en manos de esta empresa fueron recolectados, previamente, por ocho fiscalías y por la propia PGR, con la finalidad de sistematizarlos y analizarlos a través de un sistema denominado Sistema Índice Combinado de ADN (CODIS), donado por Estados Unidos a México desde 2009.
A través de un mecanismo que la indagatoria oficial no ha esclarecido completamente, pero que se habría basado en la aparente firma de un convenio, la PGR le entregó a Cabrera la información genética recolectada, posiblemente desde que este se desempeñaba como funcionario de la desaparecida Comisión Nacional de Seguridad (CNS), previo a que fuera designado como el primer titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Luego, el 31 de mayo de 2017, en las oficinas de la CNS, Cabrera envió a través de una memoria USB los primeros datos de los perfiles genéticos a García Sosa, un hecho que se habría repetido por lo menos una vez más cuando el referido exfuncionario ya era comisionado de Búsqueda. El supuesto argumento para hacer la entrega era la firma de otro convenio para el desarrollo de un programa piloto con la compañía para la trazabilidad e identificación de restos, un argumento que, de acuerdo con los funcionarios actuales, es ilógico dado que la PGR ya tenía una tecnología similar y laboratorios para ello.
En el reportaje “Traficantes de ADN”, los periodistas documentaron que la representante comercial de Central ADN aprovechó la información privilegiada a la que tuvo acceso para comenzarse a acercar a víctimas específicas de casos de desapariciones, con la promesa de que su empresa tenía acceso a miles de registros genéticos oficiales que les podrían ayudar a identificar a sus familiares. Esto, siempre con un mismo modus operandi.
García Sosa no les pedía dinero a las víctimas a cambio de esto, sino que lo ofrecía como un trabajo de buena voluntad o pro bono. Lo que sí se pedía a los familiares es que estos, a su vez, hablaran ante las autoridades del apoyo que les había dado la empresa. Se presume que se trataba prácticamente de una labor de “relaciones públicas”, con la cual la compañía buscaba a la larga obtener contratos con distintas autoridades locales para que contrataran sus servicios.
De hecho, los periodistas identificaron que Central ADN ya tenía contratos firmados con al menos dos entidades, pero podrían ser más. Además, en la denuncia presentada ante la FGR, se documentó la existencia de una propuesta en la que dicha compañía ofrecía sus servicios de identificación de ADN a Gobernación por un monto de 70 millones de pesos, aunque no hay evidencia de que dicho pago se haya realizado.
En el reportaje, también se documenta que la empresa fue constituida en 2013 en Michoacán; que en poco más de cinco años su capital se multiplicó, al pasar de 100 mil a 9 millones y medio de pesos, y que el secretario de la sociedad mercantil, Hugo Pablo Carlos Scherer Castillo, es familiar de Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de Presidencia.
Lo que la indagatoria oficial de la fiscalía no ha esclarecido es el origen de la filtración de los datos de ADN, ni tampoco el aprovechamiento concreto que la empresa hizo de esa información. Autoridades federales ligadas directamente al caso confirmaron que, si bien la sentencia es un paso importante, hay múltiples preguntas que continúan sin esclarecerse.
De hecho, aunque la FGR acreditó que no hay justificación legal para que Cabrera contara con la información de los perfiles genéticos, no se ha indagado y deslindado las responsabilidades de los funcionarios ministeriales que tenían el deber legal de resguardar los datos genéticos, que corresponden a información inmersa en carpetas de investigación. En específico, no se ha esclarecido qué funcionarios o exfuncionarios de la entonces PGR permitieron o facilitaron el acceso del excomisionado a los bancos de datos de las víctimas.
La indagatoria, confirmaron autoridades judiciales, tampoco profundizó en esclarecer las actividades de la compañía involucrada en esta trama ilícita, ni los alcances del uso y destino que le dio a la información privilegiada que indebidamente tiene en su poder desde hace varios años.
Ayer, al concluir la audiencia, el juez Delgadillo Padierna ordenó a los fiscales continuar con las investigaciones para esclarecer la posible comercialización ilegal o lucro económico indebido que pudiera existir detrás de esta trama de irregularidades. La FGR confirmó que la carpeta de investigación seguirá abierta.