En un comunicado, la representación señala que, a partir de información que recabó con los pobladores y con autoridades de la entidad, una hipótesis “fundamental” para la investigación de estas “ejecuciones extrajudiciales” y la criminalización de las personas de Coyomeapan, es la disputa por el control de recursos naturales de la zona y el conflicto postelectoral que se vive en esa comunidad desde junio de 2021.
Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México, advierte que esa oficina está preocupada por el uso excesivo de la fuerza por parte de integrantes de la policía estatal de Puebla y alienta a la Fiscalía General de Puebla a realizar una investigación “pronta, exhaustiva, independiente e imparcial” en la que se esclarezcan los hechos y se sancione a los autores materiales e intelectuales.
“Todo hecho en el que un agente estatal haya ocasionado la muerte a una persona debe investigarse de oficio de manera completa, exhaustiva e independiente, en un plazo razonable, siendo responsabilidad del Estado aportar toda la información necesaria que permita acreditar fehacientemente que se cumplió con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego”, expresa.
En su edición 2378, que circula esta semana, Proceso da cuenta de los testimonios de sobrevivientes de estos hechos que aseguran haber sido emboscados por al menos 40 elementos de la policía estatal, entre los cuales, aseguran, había infiltrados guardias blancas de la familia Celestino Rosas que llevaban la orden de matar a los líderes del movimiento de resistencia indígena “Unidad por Coyomeapan”.
La representación ONU-DH explica que, en seguimiento al caso, llevó a cabo una misión en Puebla el 26 y 27 de mayo, y sostuvo reuniones con las víctimas sobrevivientes de los hechos y sus familiares, y tuvo encuentros con diversas autoridades.
Además, indica que la representación se entrevistó con Basiliza Montaño Gutiérrez, defensora indígena de derechos humanos de Coyomeapan, privada de la libertad en el Cereso de Tehuacán junto con otros tres activistas indígenas comunitarios.
“A partir de la información recibida, una hipótesis fundamental de investigación es la relación entre las ejecuciones extrajudiciales y la criminalización de las personas de Coyomeapan con la disputa por el control de los recursos naturales de la zona y el conflicto post electoral que se vive en la Comunidad Nahua de Coyomeapan desde el verano de 2021”, advierte.
La Oficina del Alto Comisionado pide a las autoridades implementar medidas de protección y atención necesarias para las personas afectadas y sus familias, así como para los defensores de derechos humanos de la comunidad de Coyomeapan.
“Además, la ONU DH invita al Estado mexicano a respetar y garantizar el derecho al territorio y a la libre determinación de la Comunidad Nahua de Coyomeapan”, expresa.
“La ONU-DH reitera su compromiso para seguir brindando su asesoría y cooperación al Estado mexicano para la efectiva incorporación a los procesos de investigación de los estándares internacionales relevantes en la materia, así como para la inclusión del enfoque de derechos humanos en las acciones para garantizar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas”, indica el comunicado.
Finalmente, la Oficina expresa sus condolencias a la familia y amistades de las tres personas fallecidas.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
No hay comentarios:
Publicar un comentario