“Se niega la suspensión definitiva que solicitó, de los actos y autoridades precisados en el considerando Segundo, por lo motivos expuestos en el considerando Tercero de esta interlocutoria”, dijo Patricio Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito en Amparo Penal en la Ciudad de México, en su resolución.
Ayer, Robles Berlanga efectúo el pago de la garantía para mantener la suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión en su contra, por los delitos de desvío de recursos públicos.
La defensa de la ex colaboradora del priista presentó el cheque de pago por 69 mil 500 pesos ante el Juzgado Décimo de Distrito en Amparo de Material Penal de la Ciudad de México.
A Robles se le señala por presuntos desvíos de recursos durante su paso por la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Con el pago de la garantía, evitaría ser detenida por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), aunque hasta el momento no exista una orden de aprehensión en su contra.
Les informo de esta carta que le hice llegar al Ministro Presidente de la Corte @ArturoZaldivarL hace unos minutos pic.twitter.com/miun1286Og— Rosario Robles (@Rosario_Robles_) August 5, 2019
PIDE A SCJN NO DEJARSE INFLUENCIAR
Rosario Robles Berlanga pidió a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que no se deje influenciar por el “linchamiento mediático”que ha sufrido desde que se dio a conocer el caso de la “Estafa Maestra”, el cual involucra desvíos por cinco mil 875 millones de pesos.
“Por todas estas razones y porque en este caso ha habido filtraciones indebidas y violaciones a mis derechos, le pido con todo respeto que en el proceso al que seré sometida se consideren todos estos hechos para que no influyan en el ánimo juzgador”, dijo en una carta el pasado 5 de agosto.A través de su cuenta de Twitter, la ex funcionaria compartió el documento, donde acusa que desde 2006, Animal Político publicó una investigación periodística en la que se mencionaban a varias dependencias federales y a una decena de universidades públicas por su presunta participación en la triangulación de recursos.
Sin embargo, defendió que en ningún momento se consideró que la firma de convenios mediante el Artículo Primero de la Ley de Adquisiciones es legal, ni el hecho de que hubiera concluido el procedimiento que se establece para solventar observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“A dicha investigación por razones editoriales se decidió poner le mi nombre y mi apellido. Desde entonces he sido objeto de una campaña sistemática de linchamiento y difamación por algunos medios a pesar de que en la entrevista que tuve por más de tres horas con los autores del artículo les presenté documentos oficiales del Órgano Interno de Control donde se acreditaba que no había irregularidad alguna en el proceder de los funcionarios mencionados por la ASF, de la cual por supuesto ni siquiera tomaron una coma”, escribió Robles Berlanga.
“Desde el momento en que se decidió poner mi rostro a esta información periodística la única que tuvo que dar la cara ante los medios de comunicación, ante el Poder Legislativo y ante cualquier instancia, fui yo, a pesar de que la investigación era más amplia”, precisó.Asimismo, la ex colaboradora de la administración federal pasada recordó que en 2018 volvió a ser objeto de “calumnias” por parte de el periódico Reforma, que supuestamente colocaba su nombre en los titulares aunque no se refería a auditorías practicadas a dependencias que ella dirigía, o a empresas que jamás se contrataron por Sedesol o Sedatu.
“Durante este tiempo acudí por voluntad propia a la PGR y le pedí públicamente, así como a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y de Hacienda que proporcionaran información de mi persona. De hecho, solicité que se omitiera el secreto bancario porque no tengo nada que ocultar”, afirmó Rosario Robles.Ante dicha situación, explicó que la SFP le respondió que después de hacer la investigación que la ley mandata encontró que la evolución de su patrimonio era coherente con sus ingresos, mientras que la entonces Procuraduría General de la República le notificó que no había ninguna denuncia o carpeta de investigación abierta en su contra.
“Todo este linchamiento mediático ha influido a mi parecer en los órganos encargados de procuración de justicia y ha puesto en riesgo mi integridad personal, mi derecho a la honra y el debido proceso. No sólo ha expuesto a lo más importante para mí que es mi hija, la que ha tenido que vivir toda clase de insultos y vejaciones, colocándola además en una situación de peligro frente a la delincuencia que se dedica al secuestro”, destacó.FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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