En el marco de los diez años de la declaración de la guerra contra el narcotráfico, aseguraron que hoy México es un país más inseguro y con instituciones “más débiles”, pero que además, la dependencia del ejército y las fuerzas armadas para realizar funciones de seguridad pública, que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, también es mayor.
“Dotar de marco jurídico a las fuerzas armadas es, sin duda, importante”, expresaron. “Las fuerzas armadas han realizado un trabajo que las autoridades civiles no han podido o querido hacer, tareas que constitucionalmente no les corresponden y que no están entrenados para realizar”, agregaron.
Indicaron que a pesar de esto, no puede plantearse que ese marco jurídico se normalice y se haga permanente, tal como propusieron algunos partidos políticos. “Tampoco se debe abogar por suspender las garantías individuales para que el ejército pueda realizar sin controles y sin transparencia la tarea que corresponde a la autoridad civil”, señalaron.
La Ley Reglamentaria del artículo 29 estipula que, en situaciones de emergencia, el Estado puede actuar rápidamente y ello implica en ocasiones la necesidad de limitar ciertos derechos y dotar al Ejecutivo poderes extraordinarios, explicaron. “Pero los estados de emergencia, por definición, atentan contra la médula constitucional, contra los derechos fundamentales y contra la división de poderes, por ello deben preverse con cuidado las reglas que aseguren que esas restricciones sean acotadas y fáciles de revertir”.
Además, la ley no establece un tiempo máximo de duración para la suspensión y permite su prórroga, así como la modificación de los alcances, incluso antes de concluir el periodo original, lo que calificaron de “riesgoso”.
La experiencia internacional alerta que las excepciones tienden a prolongarse, por lo que se normaliza lo que pretendía ser excepcional. Las medidas que normalizan la presencia militar y el estado de excepción “no son un buen camino para lograr la paz, para lograr la profesionalización de las policías o para fortalecer el estado de derecho”, por lo que recomendaron legislar e invertir recursos para revertir la violencia e impunidad en un esquema de seguridad y administración eficaz, concluyeron.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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