Al emitir su mensaje semanal, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) emplazó a Peña: “¡Ya basta!: los derechos y la seguridad física y patrimonial de ciudadanos y empresas no pueden ser moneda de cambio de ningún proceso de diálogo o negociación entre un grupo en particular y las instituciones del Estado”.
La iniciativa privada aseguró que se ha llegado a un punto inaceptable por la disrupción, en varias zonas del país, de la legalidad, el orden y la paz pública por parte de la CNTE y otros grupos afines que no son representativos de la mayoría de los maestros y que en muchos casos persiguen “intereses particulares”.
Este conflicto, acusó el CCE, se suma al hartazgo social y riesgos de ingobernabilidad, “por la impunidad con que se da, los costos económicos para la población ajena al conflicto y porque no se ve voluntad para resolver el problema pronto y de forma perdurable. Como nación no podemos permitir que se siga trastornando así nuestra vida económica, social y política”, reviró.
El organismo presidido por Juan Pablo Castañón también lanzó una advertencia para los maestros:
“El reclamo a la CNTE es puntual: que deponga sus acciones y métodos irresponsables, violentos y delictivos que recurren a la violación sistemática de derechos a terceros como forma de extorsión para sus demandas y preservar sus propios intereses, más allá de si hay o no legitimidad en éstas”.
Mientras que al gobierno de Peña demandó honre su razón de ser y mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley. Nadie pide que se reprima la protesta, sino que se respeten los derechos de todos por igual y se proteja a la población, instigó.
Para el sector empresarial el conflicto está generando afectaciones muy serias y cuantificables en una muy diversa gama de actividades y en el mismo ánimo de la población y la sociedad.
Juan Pablo Castañón detalló que a los problemas de desabasto de productos básicos en las zonas donde se concentran las movilizaciones se agregan los que padecen varias ramas industriales, comerciales y de servicios en regiones amplias e incluso con repercusiones nacionales, debido a bloqueos de carreteras, puertos y ferrocarriles.
No sólo eso, también acusó que existe una disrupción aguda, con efectos en cadena, de ciclos de negocio y procesos productivos que son esenciales para las comunidades y para la subsistencia no sólo de las empresas, sino de sus propios empleados y trabajadores: miles de personas que dependen de su trabajo cotidiano.
Según el CCE, se están realizando “paros técnicos” en centros de trabajo, junto con la acumulación de pérdidas millonarias, “con el riesgo, totalmente real, de que estos paros se multipliquen”.
En términos monetarios, las pérdidas son las siguientes: En el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se estima una disminución en la llegada de contenedores de cerca de 17%, paralelamente a la suspensión intermitente del servicio ferroviario, en ocasiones con más de 150 trenes detenidos, con un costo promedio diario de 20 millones de pesos.
Además, la cúpula empresarial denunció filas de camiones varados de hasta 15 kilómetros que se han registrado en algunas carreteras o, en casos como el sector siderúrgico, que denuncia pérdidas por alrededor de 700 millones de pesos por falta de materiales.
En el sector turismo más de una tercera parte de los turistas que iban a asistir a las fiestas de la Guelaguetza han cancelado su viaje. Y a ello se suman las pérdidas de hoteleros en las costas de Oaxaca o en Chiapas, que son enormes; el daño a la imagen como destinos es incalculable, y por tanto “es un daño a México, a nuestra imagen como país.
“Pero no solamente se afecta a las grandes industrias y cadenas. Muy señaladamente están sufriendo también los daños las pequeñas empresas, que además tienen mucho menor margen de maniobra para hacer frente a las pérdidas. En el sector empresarial, el reclamo viene tanto de microempresarios locales y Pymes regionales como de corporativos nacionales e internacionales y sus organismos representativos”, fustigó Castañón.
Y luego sentenció: “En el diálogo entre el CNTE y el gobierno federal se requiere apertura de ambas partes, pero también, y con urgencia, de plazos y límites precisos en la negociación. No involucrar los derechos de terceros, que no se negocie la ley y que haya transparencia ante la sociedad. No debe haber, de espaldas a la sociedad, concesiones ilegítimas o inviables en el tiempo”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449456/ya-basta-dicen-empresarios-a-pena-bloqueos-la-cnte
