AUTOR: ÓSCAR BALDERAS.
Desde el 1 de octubre de 2013, el Congreso ha mantenido en la “congeladora” un proyecto legal del diputado federal por Movimiento Ciudadano José Francisco Coronato, que haría realidad una ley general para dicha base de datos a lo largo del país.
En su exposición de motivos, el legislador da cuenta del incremento de niños inlocalizables en el país ya sea por rapto de alguno de sus padres o por integrantes del crimen organizado que venden a los menores para ser explotados laboral o sexualmente: sólo entre 2005 y 2006, antes del inicio formal de la guerra contra el narcotráfico, la Procuraduría General de la República (PGR) reportó 32 mil niños robados o desaparecidos.
Para 2009, la misma PGR calculó anualmente que las víctimas menores de 18 años de desapariciones forzadas ascendían a 45 mil anuales y el fenómeno lo encabezaban el Distrito Federal, Estado de México y Jalisco.
Sólo en la capital del país, de acuerdo con un reportaje publicado por el diario El Universal, desaparecieron mil 872 niños entre el 1 de enero de 2011 y el 13 de febrero de 2012.
Otras cifras dan cuenta del incremento de niños buscados por sus familiares: según el Senado de la República, entre 2007 y 2011 150 mil menores salieron de sus casas y no regresaron. Esta cifra equivale a un menor extraviado cada tres o cuatro horas en el país.
“Mientras que algunas organizaciones civiles establecen que en México han desaparecido alrededor de 500 mil niños en los últimos 6 años, lo cual representa un promedio de entre 9 y 10 niños desaparecidos cada hora. De éstos, el 58 por ciento tiene entre 4 y 12 años de edad, y casi dos terceras partes son del sexo femenino.
“A la fecha, en el portal de la PGR sólo se documentan los casos de 1 mil 385 niños robados o desaparecidos, afirmando categóricamente la falta de voluntad por parte del Gobierno para resolver un problema, el cual ya rebasó, y por mucho, a las instituciones encargadas de brindar seguridad al país”, establece el documento que “duerme” en las comisiones de San Lázaro.
Otras citas en el texto –cuya copia posee REVOLUCIÓN TRESPUNTOCERO– dan cuenta de la necesidad del registro nacional: “De acuerdo con cifras no oficiales proporcionadas por asociaciones civiles dedicadas a la búsqueda de menores, en México desaparecen anualmente cerca de 45 mil niños y niñas, sin que se conozcan las razones que propician estos hechos.
“Es decir, en México no existe a la fecha una base de datos oficial que indique la cantidad, mucho menos la identidad de los menores desaparecidos, ni que compile las investigaciones relativas a este fenómeno. No existe un esfuerzo conjunto de autoridades federales y locales que permita un avance eficaz en la materia”.
En caso de prosperar la iniciativa en la Cámara Baja y la Cámara Alta, el poder Ejecutivo federal debería decretar la Ley General que Crea el Sistema Nacional de Registro de Menores Desaparecidos y Sustraídos y sería obligatorio, entre otras cosas, tomar y revisar muestras de ADN de cada menor que salga del país sin sus padres.
Asimismo, se entrelazarían los datos de distintas procuradurías locales para que todos los estados conocieran que un niño, en algún lugar del país, está desaparecido; también la certificación de laboratorios confiables para obtener muestras genéticas de los menores.
“El sistema deberá de contar con inviolabilidad tanto electrónica como física que impida el acceso y disposición indebida de la información que ahí se conceda, misma que deberá ser garantizada principalmente por la Procuraduría y de forma subsidiaria por las Procuradurías de la Entidades Federativas”, agrega el artículo 7 del proyecto de ley.
Según Coronato, con la existencia de esta nueva ley el Estado mexicano se situaría a la vanguardia en el combate a la trata de menores, estableciendo a través de una ley general la obligación de contar con una base de datos que contenga la información de ADN de los menores desparecidos.
“A través de esta legislación México se situaría a la par de España y Guatemala, que cuentan con un registro forense civil que en años recientes ha tomado parte activa y relevante de las investigaciones relacionadas con los ‘niños robados’”, puntualiza la iniciativa de ley.
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