AUTOR: CARLOS CASTILLO.
En los últimos días, al contemplarse la Reforma Energética como un hecho inminente, poco a poco han surgido diversos análisis y reflexiones sobre las posibles consecuencias derivadas en otros ámbitos políticos, económicos y hasta sociales, que a simple vista parecieran aislados del tema energético. Una de los más preocupantes, sin duda, es la cuestión de la disponibilidad del agua, planteada por Miguel Ángel Montoya, asesor en esta materia por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Montoya expuso, ante la Cámara de Diputados, que en el primer párrafo del artículo octavo transitorio de la Reforma Energética, se establece que las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, además del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, se consideran de interés social y orden público, teniendo por esto, preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a las mismas.

