El Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui impulsado por AMLO prometía saldar una deuda, pero abrió nuevas heridas en una lucha que no conoce descanso. Aun así, los yaquis están dispuestos a llegar “hasta donde tope” por su dignidad y el derecho al agua.
El capitán del pueblo de Vícam camina al lado de lo que queda de uno de los brazos del Río Yaqui. El agua está estancada, con algas, y cada año disminuye su volumen, pues en 2010 empezó la construcción y operación del mega proyecto Acueducto Independencia que extrae el recurso hídrico para entregarlo a la ciudad de Hermosillo.
“[El río] Da agua a los animales, para el riego, para el mar. Los animalitos beben del agua, lo necesitamos mucho”, comparte Gotogopicio.
“Se miraba muy bonito cuando corría el agua”, recuerda mientras señala donde pasaba el río. “Mucha gente antes lavaba en los ríos, antes no había llaves, y tenían que venir al río”.
Desde su resistencia, los yaquis han resaltado que son ellos y ellas quienes deben hablar por el agua, las montañas, las piedras y el mar que no tienen voz para defenderse a sí mismos de la explotación humana.
El cuerpo de agua es vital para los ocho pueblos que conforman la tribu yaqui. Ha sido un eje central de la lucha por el territorio que han desempeñado desde los tiempos del porfiriato, y más recientemente contra los embates del Gobierno mexicano.
Aunque la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador propuso un Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, quienes dieron el beneficio de la duda a la iniciativa, hoy señalan que la política gubernamental no ha atendido sus demandas y necesidades, pero sí ha generado divisiones. En 2021 registró el asesinato de uno de sus miembros más activos, Tomás Rojo.
Los yaquis, bajo acecho desde el porfiriato
La bandera yaqui se compone por tres franjas verticales de color azul, blanco y rojo. El rojo representa la sangre que derramaron los indígenas cuando se levantaron en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz, a finales del siglo XIX, tras abusos e intentos de colonización. Durante ese periodo, el Estado lanzó una embestida del Ejército contra los yaquis: los vendió como esclavos y los deportó a la Península de Yucatán.
Después llegó un periodo de relativa paz, representado en el símbolo de su nación con el color blanco. Con el gobierno de Lázaro Cárdenas, la tribu pudo recuperar parte del territorio sonorense que había perdido y empezar a reconstruir su comunidad, que para ese momento ya había fundado asentamientos en otros estados de la República, como Veracruz y Yucatán, mismos que aún se mantienen.
“La política, de cualquier partido, a los indígenas nos ha tratado mal. Nos han pisoteado los derechos, y parece que nos quieren acabar los usos y costumbres”, acusa César Cota, miembro de la tropa yoreme.
“Hemos andado en muchas partes, todos siempre defendiendo nuestro territorio: el agua, las montañas, el mar. Esas no hablan, por eso dicen los viejos, ‘pero nosotros hablamos por ellos’. Ellos están ahí: el agua corre, las piedras no se mueven. El mar ahí está, pero no habla. Por eso, nosotros debemos hablar por ellos”.
El Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui provoca divisiones
La noticia fue recibida por los pueblos con opiniones divididas: algunos se acercaron al oficialismo, otros se limitaron a aceptar la iniciativa con críticas y recelo. Entre quienes vieron buena voluntad del exmandatario, hay quienes se sienten decepcionados y traicionados.
Recuerdan cuando López Obrador los visitó en el pueblo de Pótam, durante su tercera campaña presidencial en el 2018, y prometió hacer justicia a la tribu yaqui.
“Sí, llegó a ser presidente. Sí, hizo el Plan de Justicia para los Yaquis, y todo estaba bien, pero debajo de ese plan había un propósito: un nuevo decreto que nos iban a imponer”, rememora Cota a inicios de octubre de 2025, en el marco de la Caravana por el Clima y la Vida, una iniciativa de organizaciones y colectivas para reunir exigencias de pueblos que defienden la autonomía y el territorio.
La serie de decretos presidenciales y políticas implementadas por López Obrador entregaron tierra, agua y vivienda a los yaquis, pero en el 2021 y 2022, explica Cota, el Gobierno mexicano impulsó acuerdos con algunas autoridades yaquis para la asignación de agua a la comunidad, lo cual provocó divisiones en la tribu.
El nuevo Ministro Presidente fue operador del Plan de Justicia Yaqui
El hecho fue escalado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en 2013 emitió un fallo histórico en contra de la Autorización de Impacto Ambiental con la que se había permitido la magna obra y señaló que no se había llevado a cabo una consulta informada a la tribu para su realización.
Las y los magistrados de la entonces Primera Sala ordenaron al Estado realizar la consulta y detener las operaciones del acueducto, lo cual no fue acatado.
Divididos, los yaquis que se mantienen críticos contra el Estado no confían en que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pueda resolver a favor de sus pueblos. Además, la Suprema Corte ahora está presidida por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, quien fungió como abogado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en el sexenio de López Obrador.
Aguilar, quien resultó electo a inicios de junio en las elecciones judiciales, fue fundamental para la creación y posterior implementación del Plan de Justicia Yaqui.
“Ese personaje es el que hizo daño a nosotros, la tribu”, remarca Cota. “Dice que es indígena, pero trabaja a favor del Gobierno. (…) Ahora, nuestros amparos [contra el plan], es lo que estamos diciendo: ‘¿dónde van a quedar, con esa nueva Suprema Corte?’ Si la misma persona que nos hizo daño, como a otros indígenas del sur, ahora está allá adentro. ¿Dónde vamos a quedar nosotros?”.
La lucha por el agua y el territorio
Así como los yaquis llevan más de cien años en lucha por el respeto a sus usos y costumbres, su territorio y el agua, el Estado mexicano ha continuado con la criminalización de sus representantes.
El 27 de mayo de 2021, el líder yaqui Tomás Rojo fue reportado como desaparecido. El activista fue uno de los principales voceros en la lucha contra el Acueducto Independencia en 2010, por lo que incluso fue falsamente acusado de varios delitos. Dos semanas después de su desaparición fue localizado sin vida en una fosa.
🔴 LOS RESTOS LOCALIZADOS EN #VICAM CORRESPONDEN AL VOCERO DE LA ETNIA YAQUI, TOMÁS ROJO VALENCIA: #LABORATORIOCIF #FGJE #SONORA. pic.twitter.com/3P869WSNjj
— Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) June 22, 2021
Fernando Jiménez fue detenido arbitrariamente en septiembre de 2014, bajo los cargos de robo de vehículo y privación ilegal de la libertad. Fue encarcelado injustamente durante 11 meses. A más de 10 años de los hechos, el asesinato de Rojo es un recordatorio de que la lucha continúa.
“Sigo en el mismo lugar, con la misma gente, se podría decir, ya que algunos ya no se encuentran con nosotros”, dice Jiménez. “Sigo al pie de la letra todo lo que aprendí de mi compañero, que en paz descanse, Tomás Rojo Valencia”.
Para él, el Plan de Justicia Yaqui ha sido un instrumento para ensartar “un golpe mortal” a la tribu y su movimiento, por lo que ha hecho un llamado a que se revisen los acuerdos oficiales hechos por el Gobierno federal que contemplen el respeto al territorio y derechos del agua de los yaquis.
En ese sentido, Agustín Molina, Capitán del Pueblo de Pótam, resaltó que la tribu yaqui continuará peleando por sus derechos.
“Vamos a seguir hasta donde debamos para defender nuestros derechos. Esos niños que andan ahí, jugando”, dice señalando a los miembros más pequeños de la tribu, “mañana o pasado no van a tener un futuro, como nosotros lo tuvimos cuando nuestros antepasados nos heredaron este pedazo de territorio”.
“Por eso vamos a seguir adelante, hasta donde tope y hasta donde tengamos que llegar”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TAMARA MARES.
