Si eres usuario de Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán debes saber que desde el 1 de septiembre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) inició una prueba piloto para el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), según un comunicado.

Se trata de esfuerzos para combatir la extorsión, fraudes y otros delitos cometidos mediante el uso de líneas telefónicas. Sin embargo, especialistas coinciden en que esto puede poner en riesgo la privacidad y datos personales y no necesariamente reducir los índices delictivos.

“La delincuencia cuenta con muchas maneras de eludir este registro, ya sea suplantando la identidad de alguien, coaccionando a alguien a que le dé un chip de telefonía y utilizando medidas como usar chips de otros países donde no se requiere registro, el enmascaramiento de las llamadas para que aparezca un número distinto del que verdaderamente está siendo utilizado para realizar una llamada de extorsión o de fraude o de secuestro. Entonces no sirve para combatir la delincuencia, pero sí permite asociar números de teléfono a personas físicas y eso puede  limitar la privacidad”, dice Luis Fernando García, abogado especializado en derechos humanos y tecnología.

Nombre y CURP para comprar un chip

Antes no existía ningún requisito para comprar algún chip para tu celular en tiendas departamentales, de conveniencia, supermercados, sucursales de compañías telefónicas o tiendas en línea y plataformas digitales.

Entre el 1 de septiembre y hasta el mes de octubre, la SSPC y la ATDT iniciaron una prueba piloto para el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil de compañías como Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán, a través de algún documento oficial que contenga la CURP para activar la tarjeta SIM, a fin de vincularlos con la línea telefónica que contraten o adquieran.

Por ejemplo, Telcel ya ha indicado que “por disposición oficial” para contratar o mantener activa una línea sus usuarios deben asociarla con la CURP, presentando la credencial de elector o pasaporte vigente en un centro de atención a clientes.

La SSPC informó que los datos personales quedarán bajo el resguardo de las compañías telefónicas, de conformidad con la Ley General para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y el gobierno no tendrá acceso a ellos. 

“La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión pasó de crear un registro obligatorio de líneas telefónicas a transferirlo como una obligación a las empresas de telefonía”, señala José Flores, director interino de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

Esto ocurre en un contexto en el que la CURP biométrica (con datos como huellas dactilares y reconocimiento facial) será implementada a partir del 16 de octubre, tras las reformas aprobadas a la Ley General en materia de Desaparición y a la Ley General de Población el 27 de junio de 2025, pero no será obligatoria. 

No obstante, entes públicos y privados tendrán la obligación de pedir la CURP original, que son 18 caracteres basados en el acta de nacimiento que se manejan como factor primario de identificación, y considerar la biométrica como una actualización. 

Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) consideran que esto anula en la práctica el derecho a la privacidad y protección de datos personales. 

Vladimir Chorny, investigador de R3D, participó en un conversatorio en el Senado de la República acerca de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

“Hemos demostrado que el registro de usuarios termina siendo un arma que sujeta estos derechos a actos de corrupción, venta de bases de datos o medidas que son incompatibles con la Constitución. Por eso, la Suprema Corte declaró inconstitucional al PANAUT en el 2022, lo que debería ser razón suficiente para eliminarlo”, recalcó ante las y los senadores.

En 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el sistema normativo que creaba el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) porque obligaba a los usuarios a otorgar datos biométricos. Incluso antes, en 2008, se lanzó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), pero se canceló debido a su ineficacia y a la filtración de su base de datos. 

El Registro de Usuarios de Telefonía Móvil será obligatorio

La prueba piloto para el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil concluye en octubre, con la entrada en vigor de las nuevas disposiciones en materia de telecomunicaciones, las cuales harán obligatorio el registro de las nuevas líneas telefónicas en todos los puntos de venta. 

“En el caso de las líneas activas, tendrán un periodo para su registro, para lo cual las compañías habilitarán la modalidad remota para facilitar este proceso a las personas usuarias”, señala un comunicado de la SSPC. 

Es decir, en esta primera fase sólo las líneas nuevas adquiridas de forma presencial deben registrarse con CURP. Pero el registro se ampliará en línea hasta cubrir todos los chips en el país.

El Gobierno de México, en conjunto con la ATDT y los operadores móviles, busca que, por ley, todos los usuarios registren sus líneas telefónicas antes de junio de 2026. Si esto no ocurre, inhabilitarán el servicio.

“La delincuencia usa mucho, muchas veces, distintos chips que le va cambiando al teléfono. Entonces lo que viene en esa ley y también viene en la Ley de Seguridad es: si vas a comprar un chip, pues que se registre tu CURP con tu identificación”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa del 23 de mayo de 2025.

El artículo trigésimo transitorio de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones emitirá los lineamientos para la identificación de líneas del servicio móvil. Especialistas han señalado que no se trata solamente de una “ley espía” como se ha llamado en redes, sino de un conjunto de reformas de vigilancia masiva sin controles entre las que está el marco legal de telecomunicaciones.

“Toda línea que no se encuentre asociada a un usuario final identificado será suspendida, y solamente podrá ser utilizada para realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana”, establece dicho artículo.

En otras palabras, no se podrán hacer o recibir llamadas regulares, mensajes, ni usar datos móviles para navegar por internet.

Las medidas no atienden de fondo la extorsión

La finalidad de estas medidas es impedir que personas adquieran líneas telefónicas de forma anónima, práctica que ha sido utilizada por la delincuencia organizada para cometer fraudes, extorsiones y otros delitos.

Durante 2023 se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión, lo cual representa una tasa de 5,213 extorsiones por cada 100,000 habitantes. En 85.6 % de los casos, la extorsión fue telefónica y fue pagada en 12.9 % de las ocasiones, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024.

“Entonces, ya, si en un penal llegó un celular con un chip que nadie sabe de quién es y puede hacer una llamada de extorsión, ya no la va a poder hacer porque todos los chips van a estar identificados con personas. Entonces eso es muy importante porque va a reducir la extorsión. Y el fraude, también se está trabajando en ello”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa del 23 de mayo de 2025.

Con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el número telefónico 089 es exclusivo a nivel nacional para atender denuncias y orientar a la población sobre este delito. Sin embargo, sólo en 16 % de las denuncias se tiene el número que intentó hacer extorsión.

En el Código Penal Federal, el delito de extorsión se castiga con prisión y el pago de una multa. De acuerdo con la SSPC, en su modalidad telefónica implica menor riesgo de detención y mayor probabilidad de obtener algún beneficio debido a que quienes extorsionan emplean violencia psicológica para engañar a sus víctimas. Por eso es fundamental identificar el número telefónico del que llaman.

La ENVIPE permite estimar que, a nivel nacional, la cifra negra corresponde a 96.7 % de los delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación durante 2023.

Pero especialistas advierten que grupos criminales podrían usar chips extranjeros, identidades falsas o registrar líneas a nombre de terceros para cometer delitos y esa persona podría quedar bajo investigación hasta probar su inocencia. Además, los registros masivos de telecomunicaciones pueden volverse un blanco atractivo para ciberataques o un mecanismo de vigilancia sin controles.

“Para cuando haga una solicitud de una línea, en realidad estoy dando acceso a datos reservados como mi identidad o a geolocalización”, insiste Flores.