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El Dragonario se mudara a substack

HOLA A TODOS:

Este post es para anunciar que he tomado la decisión de mudar a El Dragonario a substack ya que esa plataforma ofrece mayores oportunidades de crecimiento, durante el día he estado viendo lo que es esa plataforma, que problemas podrían surgir por la forma en que se trabaja en el blog y las políticas que se tienen en El Dragonario.

Lo que sea ha descubierto es que substack es la mejor opción como plataforma para las publicaciones de las notas en el blog y a la vez ofrece muchas herramientas que blogger actualmente no ofrece, si no tiene el mismo aspecto visual que blogger pero lo que el diagnostico inicial es que blogger como plataforma le esta quedando demasiado chico para lo que El Dragonario ha crecido en este tiempo.

La mudanza iniciara el próximo sábado si se puede, mientras tanto se seguirá buscando la información para que la mudanza salga lo mejor posible y que se pueda trabajar en el blog durante la semana. Esperemos que este cambio ayude a El Dragonario.

Les pido que sigan apoyando este espacio para que podamos generar los recursos para mantenerlo y poder mejorar el trabajo que se hace tanto en el blog como en el canal de Youtube. Todo apoyo ayuda como sus aportaciones económicas a través de Paypal, Patreon, Buy me a Coffe (que es lo que ayuda a generar recursos para nuevas herramientas como digitales y de equipo), sus likes, comentarios y suscripciones en el canal de Youtube, así como el que compartan los contenidos que se difunden en nuestras redes sociales y a la vez seguirnos en esas redes.

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Artículo 19 exige proteger a Adela Navarro y a colaboradores de ZETA, ante amenazas

La organización no gubernamental internacional Artículo 19 exigió, el 1 de noviembre de 2025, a los gobiernos estatal bajacaliforniano y al federal, garantizar la seguridad de los periodistas del Semanario ZETA de Tijuana, incluyendo a su codirectora, Adela Navarro Bello, ante las amenazas, advertidas un día antes, por Manuel Cisneros Romero, el dueño de la birriería Guadalajara, ubicada en Ensenada.

La ONG internacional exigió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas -dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) Federal-, así como a la Fiscalía General del Estado (FGE) bajacaliforniana, además, del Gobierno de Baja California, a proteger la integridad de los periodistas y trabajadores del medio local, ya que recordó que durante el último año, había sido objeto de al menos tres amenazas en su contra.
Manuel Cisneros Romero, dueño de la Birriería Guadalajara, se apersonó, el viernes 31 de octubre de 2025, frente a las oficinas del Semanario ZETA en una improvisada conferencia de prensa, donde lanzó amenazas contra la codirectora de dicho medio local.

El empresario, acompañado por su abogado, escolta armada y “blogueros”, exigió que Navarro Bello le presentara pruebas sobre la investigación publicada en el citado medio, respecto al asesinato de su hijo Omar Cisneros Salcedo, ocurrido el 18 de octubre de 2025, al interior del restaurante familiar, ubicado en la zona centro del municipio de Ensenada.​

“Quiero verla a ella, vengo a buscarla, porque la nota salió hoy, vengo a buscarla porque me va a dar la cara”, declaró Cisneros Romero, en tono agresivo. El empresario también confrontó al periódico local por lo que denominó publicación sin sustento, acusándolo de recibir dinero para difamar a la familia.

Sin embargo, la nota que molestaba al empresario contenía únicamente las tres hipótesis que la Fiscalía General estatal bajacaliforniana manejaba sobre el crimen de su hijo: una disputa judicial por un terreno, el posible cobro de piso y/o vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El enfurecimiento del empresario cobró dimensiones inquietantes cuando uno de los blogueros que lo acompañaba le proporcionó la dirección domiciliaria de Navarro Bello, exhortándolo a buscarla en su casa. Ante estas amenazas, múltiples instituciones -incluyendo los Mecanismos de Protección Federal y Estatal, la Fiscalía, y autoridades municipales- realizaron llamadas de alerta a ZETA.​

Los reportes citados por el Semanario revelaron que Cisneros Romero figuraba como socio en empresas donde también participaba Jesús González Lomelí, personaje sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT, por sus siglas en inglés), por supuestos nexos con el crimen organizado. Asimismo, ZETA subrayó que basó su investigación en documentos públicos y declaraciones oficiales de autoridades, no en acusaciones infundadas.​

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Señalan a Semanario ZETA en narcomantas; Artículo 19 urge protección del Estado

La organización no gubernamental internacional Artículo 19 exigió, el 17 de octubre de 2025, a los gobiernos estatal bajacaliforniano y al federal, garantizar la seguridad de los periodistas del Semanario ZETA de Tijuana, ello luego de que los días lunes 13 y martes 14, del mismo mes y año, fue mencionado en una serie de narcomantas, las cuales fueron colocadas por presuntos integrantes de grupos del crimen organizado, en diferentes puntos de la ciudad fronteriza con Estados Unidos.

‘El medio de comunicación fue señalado tras publicar, el lunes 13, una investigación sobre el robo de droga por parte de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) a un grupo criminal. En las mantas se puede leer: ‘…no vamos a fusilar a ningún inocente, como la nota que sacaron en el zeta putas lacras…’; mientras que otra señala: ‘No inocentes como dice el zeta unidad kia y pickup…’, recordó la ONG internacional, en un posicionamiento público.

“Lo anterior, sucede en un contexto de otras agresiones, ocurridas durante este año, en contra del medio de comunicación y su directora como amenazas, actos de intimidación, bloqueos informativos y, por lo menos, cuatro ataques DDOS masivos en intentos para bajar su página”, agregó Artículo 19, cuyo director regional para México y Centroamérica, es Leopoldo Maldonado Gutiérrez.

“De acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, los Estados tienen la obligación de implementar las medidas necesarias para prevenir agresiones y proteger la integridad de quienes ejercen la labor periodística y el derecho a la libertad de expresión”, enfatizó la ONG internacional.

“Las autoridades deben investigar y sancionar cualquier violación a los derechos humanos de las personas periodistas, por lo que la Fiscalías en México deben aplicar el Protocolo Homologado de Delitos Contra la Libertad de Expresión”, agregó la organización no gubernamental.

En vista de lo anterior, la organización exige: Al gobierno estatal de Baja California, garantizar la seguridad de las y los periodistas de dicha entidad para erradicar cualquier tipo de ambiente hostil que impida realizar de forma segura el ejercicio periodístico y así, garantizar una vida democrática para la sociedad”, insistió la ONG internacional.

“Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas [dependiente de la Secretaría de Gobernación Federal], establecer comunicación con la periodista Adela Navarro [Bello] e integrantes del medio a fin de acordar medidas que garanticen su protección y seguridad”, finalizó Artículo 19.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEO.

En Coahuila, el acoso judicial pone en jaque al diario Vanguardia

El medio coahuilense enfrenta una demanda mercantil por una deuda millonaria que no contrajo; reitera que la denuncia fue fabricada y favorece al exgobernador Humberto Moreira. El fallo compromete su viabilidad operativa.

Debido a que ya se va, el magistrado Edgar Humberto Muñoz Grajales no quiso esperar a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer el caso y dar carpetazo. De esa manera, un tribunal colegiado rechazó por mayoría los amparos interpuestos por el periódico Vanguardia y aprobar el embargo de bienes por un supuesto adeudo mercantil.

De acuerdo con el medio de comunicación, el embargo favorece a los intereses del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, quien hasta ahora no se ha pronunciado.

En la sesión del jueves 14 de agosto del Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Octavo Circuito se abordaron los cuatro expedientes en los cuales el periódico Vanguardia de Saltillo, además de afectados por estar como garantes, buscaba el amparo contra la sentencia dictada por la Sala en Materia Civil del Poder Judicial de Coahuila en diciembre de 2024 dentro de la toca penal 222/2024, tras 15 años de que inició el proceso, ya que fue en 2008 cuando inició el caso en las instancias locales por el supuesto adeudo contraído en 1994.

La Sociedad Interamericana de Prensa y la Alianza de Medios han cuestionado las irregularidades en el proceso que ha detallado el diario Vanguardia como acoso judicial por la cobertura que anteriormente se hizo sobre el también exlíder nacional del PRI.

“Este caso refleja un patrón preocupante en la región; el uso de mecanismos legales para intimidar, desgastar y censurar a los medios”, y puntualizó que las resoluciones del Tribunal Colegiado que discutió el tema ayer “no es un asunto mercantil aislado, sino una controversia que incide directamente en el derecho fundamental de libertad de expresión, señala la postura de la Alianza de Medios.

Desahogo en tribunal colegiado

Al inicio de la sesión, el presidente del Tribunal Colegido Federal, Héctor Alejandro Treviño de la Garza, señaló que se recibieron dos notificaciones, una de las cuales establecía la petición de postergar la discusión de los expedientes debido a la petición del medio de comunicación para que la SCJN atrajera el caso y en lo cual él estaba de acuerdo, porque “un poco más que se tarde el asunto no le veo algo tan trascendente”.

Sin embargo, Muñoz Grajales señaló que se trata de argucias legales y con eso “se pretende afectar la impartición de justicia”, ya que los casos de la vía mercantil la SCJN no los atrae porque es un tema entre particulares.

“Han pasado años y ya se resolvió todo; ya estamos en la parte final y como es de su conocimiento yo ya no voy a estar. Este asunto ya lo estudié y todo, pues ya que se resuelva y se está resolviendo conforme a las constancias, conforme a la jurisprudencia y conforme a todo. No puedo yo adelantar los sentidos, pero se va a resolver como es, no hay algo más que en la mente de las personas que están inmiscuidas”, señaló en relación a los señalamientos que el periódico ha hecho en torno a la parcialidad de su actuación y responder a los intereses de la contraparte. El magistrado dejará el cargo a finales de agosto.

La otra notificación estaba dirigida a que García de la Fuente no participe en la discusión al haber afectación también en la imparcialidad, pero la magistrada consideró que no era procedente y no había un argumento objetivo. En la votación Muñoz Grajales y la funcionaria se pronunciaron porque se desechara por improcedente y Treviño de la Garza porque se le diera trámite.

Al mayoritear ambas peticiones se inició la discusión de los cuatro expedientes, uno de los cuales (el 62/2025), correspondiente el aviso que se debió hacer en torno a los recursos entregados, generó uno de los principales argumentos de que la sentencia adolece de fundamentos.

Treviño de la Garza hizo hincapié en que tendría un voto concurrente porque está fundado el concepto de violación y sería de mayor beneficio para el amparo, ya que por sí mismo el título ejecutivo “no da la liquidez y la certeza sobre el adeudo, sino que es la vinculación con un estado de cuenta” y en el cual también se señalan deficiencias.

Sin embargo Muñoz Grajales señaló que fue un crédito tramitado para una remodelación y García de la Fuente complementó que también fue para una reestructura “que sí se hizo” y que no se trata de una institución bancaria y se entregó un certificado de la liberación de los recursos, pero Treviño de la Garza reiteró su postura de que sí se están violando los derechos de los promoventes del amparo.

“Me llama la atención que la parte quejosa señala que la Sala Civil tuvo que presumir cuándo se entregó, según esto, cómo se dispuso de las cantidades que fue el 7 u 8 de diciembre de 1994, pero se tenía que dar el aviso por parte del banco. No bastaba la inscripción en el Registro Público de la escritura pública; ése era un requisito, pero había otro independiente conforme al clausulado del contrato y que era el aviso y este aviso se está presumiendo, no está demostrado, y por ello es que reitero que con hay una ejecutividad por parte del título ni en sus anexos, los cuales tienen contradicciones en cuanto a fecha de disposición y otros que se manejen por concepto de violación”.

El viernes 15, el periódico Vanguardia señaló en su ejemplar impreso y espacios digitales insiste que el caso fue fabricado para favorecer a Moreira Valdés.

“Hoy en Vanguardia atravesamos por uno de esos momentos en los cuales el ejercicio del periodismo crítico pasa factura. Un tribunal federal, colocado de espadas al ideal de justicia que debiera animar su actividad, pero comprometido con los intereses personales de un exgobernador de Coahuila, dictó en nuestra contra la sentencia de última instancia, en un caso mercantil construido de forma artificial con el único propósito de golpearnos económicamente y, de forma ulterior, silenciarnos”.

También reitera que fue una sesión vergonzante para el sistema judicial, porque se avaló un criterio deformado para construir la demanda mercantil y en eso participó el Poder Judicial de Coahuila. La derrota judicial los lleva a perder bienes materiales, pero no el compromiso de hacer periodismo, publicó el diario en su postura.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMELIA MUÑOZ.

Las advertencias a ZETA

En “la era de la criminalidad” que ya anticipaba antes de 2009, año en que falleció el escritor y periodista Federico Campbell, en torno al ejercicio del poder, el crimen, la injusticia, la descomposición social, en 2025, como en aquel año, y acaso en 1980, cuando se fundó ZETA, el riesgo para el ejercicio del periodismo de investigación persiste.

En los últimos días, a propósito de reportajes que denuncian la omisión, por incapacidad, complicidad o impunidad, de la Fiscalía General del Estado en la excavación de unas fosas clandestinas, esta redacción ha sido objeto de advertencias por parte de criminales anónimos. “Dile Adela Navarro que se cuide”, fue la frase dicha una y otra vez, a partir del 29 de abril y hasta el 16 de mayo de este 2025.

Sin ampliar detalles sobre qué o de qué se tiene uno qué cuidar, la voz anónima, masculina, hizo la advertencia a las líneas telefónicas del Semanario. Primero a un número antiguo y en desuso, posteriormente al conmutador principal de la recepción de ZETA. Al principio, quienes integramos el Consejo Editorial del Semanario decidimos mantener la información de manera interna, pero sí elaborar fichas de tiempos, horas, días y formas de las llamadas.

Lo que sí se consideró desde aquel 29 de abril, fue informar de ello al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California, el general Laureano Carrillo. Una autoridad que pudiera emprender una investigación al contar en su infraestructura con una “policía cibernética”, que se supone posee las herramientas para investigar y rastrear llamadas telefónicas como las que se recibieron en ZETA. Pero no.

El General nos dijo de entrada que investigaría, pero que sin un número de llamada entrante le parecía muy difícil poder rastrear el registro de comunicaciones. Y ahí quedó el tema.

Intentamos con Telnor, la compañía que provee el servicio de comunicación telefónica al semanario, pero la respuesta fue negativa. No entregan registros de llamadas entrantes, ni a los poseedores de la línea telefónica, a menos que una autoridad ministerial se los solicite.

Al tiempo, nada sucedió. Ni avances de la investigación que dijo el secretario de Seguridad que harían, ni nada más. No es de extrañarse en un país en el cual lo que prevalece es la impunidad y la corrupción, caldo de cultivo para los cárteles, las organizaciones criminales y los grupos que abusan de su poder, sea público o privado. De hecho, el 30 de diciembre de 2024, cuando en una narcomanta colgada en la zona fronteriza de Tijuana, fue mencionado el Semanario ZETA, tanto la FGE como la FGR respondieron, a pregunta expresa, que habían abierto carpetas de investigación, por terrorismo, aseguraron, porque se supone que el mensaje criminal es para causar eso, terror; pero tampoco, a la fecha, ha habido el desarrollo de investigaciones ministeriales, y por supuesto no conocemos de los avances de las mismas.

Cuando el 16 de mayo las llamadas anónimas a ZETA se reactivaron, con el mismo mensaje, con la voz masculina diciendo “Dile a Adela Navarro que se cuide”, fue entonces que decidimos en el Consejo Editorial hacerlo del conocimiento a Artículo 19, una organización de defensa y protección de periodistas y defensores de los derechos humanos, donde de la mano de su director, Leopoldo Maldonado, decidieron a manera de protección, hacer públicas las condiciones en que este Semanario realiza su trabajo: bajo amenaza… una vez más.

Todo esto quedó consignado en la alerta que emitió Artículo 19 el miércoles 21 de mayo, que tuvo como resultado una escalada de apoyos locales, nacionales e internacionales hacia ZETA, a quien esto escribe y al periodismo que en el Semanario, fundado por Jesús Blancornelas y Héctor Félix Miranda, se realiza desde hace 45 años, recién cumplidos el 11 de abril de 2025.

Aparte del importante y vasto apoyo de medios, colegas, analistas, organismos de la sociedad civil, de defensa y protección de los periodistas, llegaron también algunos institucionales. El primero fue del secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez, quien se comunicó -y así lo recalcó- a nombre de la gobernadora Marina Ávila, para apoyar en lo que fuera necesario. Se le explicó que lo mejor sería que investigaran los hechos, para encontrar a quienes amenazan a los periodistas y ponen en riesgo la libertad de expresión, para que sean juzgados por ello. Que con ello se combate la impunidad.

El secretario de Seguridad, una vez más, se comunicó para informar que continuarían con la investigación de los hechos que él tuvo conocimiento desde el 29 de abril, cuando sucedieron por primera vez. La gobernadora, como suele hacerlo, mostró su apoyo a través de las redes sociales. En Facebook escribió: “Estaremos de cerca brindando el acompañamiento que requiera. Amenazar a una periodista es atacar el derecho de la sociedad a estar informada. Eso, en Baja California, no lo vamos a permitir. Proteger a la prensa es proteger la libertad de expresión, y en nuestra Administración ésta siempre tendrá un lugar. La defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa es una causa que nos une a todas y todos”.

También la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, se unió a la solidaridad con ZETA. Su presidente, Jorge Álvaro Ochoa, solicitó a la Fiscalía General del Estado de Baja California investigar y esclarecer amenazas telefónicas. Como lo hicieron organizaciones de defensa de periodistas y libertad de expresión, medios, periodistas, y actores locales y nacionales, todos a quienes desde esta redacción agradecemos su acompañamiento, confianza y solidaridad.

Desafortunadamente, no es la primera ocasión en que ZETA es amenazado. Ha sucedido muchas veces desde 1980 cuando se fundó, y ha llegado al atentado en tres ocasiones, cobrando la vida de dos de los fundadores y poniendo en peligro la de uno más. Es el riesgo de hacer periodismo de investigación en un país en el cual lo que prevalece es la impunidad, la corrupción y el crimen, y existe un desdén apabullante para quienes ejercen la libertad de expresión.

En ZETA, seguimos haciendo periodismo de investigación, aun en un clima hostil, libres como el viento ayer, hoy y siempre. Gracias a todos nuestros lectores por su apoyo al semanario. Nuestro compromiso con ustedes es inquebrantable.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

El Dragonario necesita su ayuda

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Después de lo anterior es importante recordarles que sin importar el giro del streamer o creador de contenido es un trabajo como cualquier otro. En el caso de la actividad que se realiza en El Dragonario, es mayor el trabajo ya que no solo es el canal en Youtube si no también la recolección de las notas del día lo cual llega a consumir gran parte del tiempo.

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Artículo 19 urge a FEADLE, de FGR, investigar ataques digitales vs semanario ZETA Tijuana

La Oficina para México y Centroamérica de la organización no gubernamental internacional Artículo 19, urgió, el 24 de enero de 2025, a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la. Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía General de la República (FGR), investigar los ataques digitales en contra del semanario ZETA de Tijuana, cuyos directores generales son Adela Navarro Bello y César René Blanco Villalón.

“Entre el 20 y 23 de enero, el sitio web del medio Semanario ZETA, fue víctima de ataques cibernéticos de tipo Denegación de Distribución de Servicio (DDoS por sus siglas en inglés), orquestados por sujetos desconocidos en Tijuana, Baja California. El objetivo de los ataques DDoS es sobrecargar la infraestructura digital de un sitio web, por ejemplo haciendo un sinnúmero de solicitudes de acceso, para sobrecargar la estructura de la página web, y efectivamente limitando el acceso a esta página”, dijo la ONG internacional, en un comunicado.

“De acuerdo a la documentación realizada por ARTICLE 19, en la tarde del lunes 20 de enero el medio registró un ataque digital masivo en un intento por derribar el sitio electrónico del semanario: www.zetatijuana.com. Pese a que el sitio fue protegido inmediatamente, presentó algunas limitaciones durante algunas horas. de acuerdo al testimonios obtenido se indicó: “no se desplegaba el sitio en celulares o computadoras, no se podía actualizar la información, o era difícil acceder a los archivos y notas”, agregó la organización no gubernamental internacional.

“Para el martes 21 de enero se había logrado estabilizar el sitio web, pero los ataques no cesaban. Se continuaron registrando solicitudes automatizadas al sitio, intentando agotar los recursos del servidor para derribarlo. El miércoles 22 de enero, el medio logró tener control de la página electrónica pero los ataques no se detuvieron, continuando así hasta el jueves”, detalló Artículo 19, cuyo director regional de la Oficina para México y Centroamérica, es Leopoldo Maldonado Gutiérrez.

“El día de hoy el medio pudo analizar el registro de todas las solicitudes que fueron enviadas al sitio del medio. ZETA registró 6 mil 750 solicitudes por segundo, llegando a 24 millones 300 mil por hora, lo que se traduce también en 583 millones 200 mil al día. Aunque al momento el sitio del semanario se encuentra protegido, este tipo de ataques se lleva a cabo para bombardear con solicitudes la página de manera contínua, resaltando un riesgo a futuro”, comentó la ONG internacional.

Cabe señalar que se utilizan recursos como redes de bots u otro tipo de herramientas digitales, implicando que quienes realizan este tipo de ataques, tienen el conocimiento y financiamiento suficiente para generar una vulneración de este tipo. Hace menos de un mes ARTICLE 19 alertó sobre las amenazas dirigidas al Semanario ZETA, derivadas de coberturas relacionadas a temas de delincuencia organizada”, recordó la organización no gubernamental internacional.

“Al final de la semana, ZETA sobrevivió al ataque digital para censurar sus contenidos en la Internet […] A pesar de los ataques, las amenazas, los intentos de censura, continuaremos haciendo periodismo, libre como el viento”, dijo un integrante del medio bajacaliforniano, citado por Artículo 19.

“En vista de lo anterior, ARTICLE 19 urge a la Fiscalía Especial para Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía General de la República (FGR), a coordinar acciones con la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC) para investigar los hechos mencionados, a fin de dar con los responsables, apegándose al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, el cual establece que las investigaciones contra la prensa deben tener como línea base la labor informativa del medio”, finalizó la ONG internacional.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Detener al criminal para proteger al mensajero

En una ocasión, hace ya algunos sexenios, cuando Enrique Peña Nieto era Presidente de México y Miguel Osorio Chong secretario de Gobernación, este último convocó a una reunión a directores de medios de comunicación de los estados del norte porque aquellas entidades eran (y son) las más afectadas por la violencia e inseguridad del narcotráfico y el crimen organizado.