Los asesinatos ocurren a casi dos meses de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco diera a conocer indicios de la existencia de un centro de exterminio en el municipio de Teuchitlán; de la negación del gobierno federal de que el lugar fuera utilizado con fines de exterminio, así como de las amenazas contra las personas buscadoras por parte de presuntos integrantes del crimen organizado, a través de un video publicado en redes sociales.
A través de un comunicado, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), organización que acompaña a decenas de familias de personas desaparecidas en la ciudad fronteriza, alertó que “el asesinato cruel” de la madre buscadora y de su hijo, “representa un grave mensaje de represalia para otros colectivos del país cuyos familiares no cuentan con esquemas de protección para su seguridad personal por parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales”.
El presidente del CDHNL, Raymundo Ramos Vázquez acusó a las autoridades de “no hacer nada” para prevenir el doble homicidio, si no que por el contrario se “lanzaron campañas de criminalización mediante redes sociales y medios afines al gobierno intentando minimizar lo ocurrido en el rancho criminal”.
La organización civil anunció “la suspensión de actividades de búsqueda de campo y de reuniones con el gobierno federal en tanto se ofrezcan medidas de protección a integrantes de colectivos de Nuevo Laredo”, que buscan a sus familiares víctimas de desaparición forzada atribuida a miembros de la Secretaría de Marina, casos ocurridos entre febrero y mayo de 2018.
La organización explicó que familiares de víctimas de integrantes de la Marina, conocido como “Caso Tamaulipas”, estaban citadas por agentes del Ministerio Público el próximo martes 29 de abril en las oficinas centrales de la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) para revisar carpetas de investigación, pero las autoridades “no les han proporcionado ningún esquema de protección para su traslado desde la frontera de Nuevo Laredo, por lo que acordaron posponer dicho evento”.
En su cuenta de X, Amnistía Internacional exigió al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, “medidas de protección para las familias buscadoras”.
La organización condenó el asesinato de María del Carmen Morales y de su hijo Daniel, madre y hermano de Ernesto Julián, desaparecido el 24 de febrero de 2024 en Tlajomulco, Jalisco, y exigió a la fiscalía estatal una “investigación urgente”.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), organización con sede en Guadalajara, señaló en su cuenta de X que “las autoridades han fallado para garantizar la protección a personas buscadoras”, quienes “tienen derecho a buscar sin temor a agresiones y amenazas en su contra”.
Cepad demando “acciones inmediatas y efectivas para que la búsqueda de personas desaparecidas se de en condiciones de seguridad y no siga costando las vidas”.
La organización pidió al gobierno de Jalisco que “brinde todos los apoyos necesarios” a los familiares de María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez, y exigió a la fiscalía estatal “realice una investigación seria, exhaustiva, independiente, considerando la labor de búsqueda” que ejercía Morales “como una principal línea de investigación”.
En tanto, al cierre de la quinta jornada de diálogos entre la Secretaría de Gobernación y colectivos de familiares de desaparecidos, la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez condenó “enérgicamente” los asesinatos de María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel.
Al solicitar un minuto de silencio a los asistentes al encuentro, la funcionaria expresó su “más profundo pesar” por las muertes y se comprometió “con la justicia y la lucha contra la impunidad no sólo en este caso, sino en todos aquellos que lastiman a las familias y a la sociedad”.
A representantes de los medios de comunicación Rodríguez dijo que estaría pendiente de la investigación y que se dará protección a la familia de María del Carmen Morales.
