Sin llegar a la etapa de pruebas, la audiencia fue suspendida y continuará el lunes 7 de abril. 

Helena Monzón mencionó que la defensa de López Zavala sigue con sus tácticas dilatorias, pues hasta ahora siguió insistiendo en que el juicio debe ser sobreseído, lo cual quedó desechado. 

Aunque no pudo rendir su declaración testimonial, Monzón destacó que lo importante es que el juicio ya inició y entrará en su etapa clave, pese a todas las argucias que ha intentado la defensa del político para alargar o echar abajo el caso.   

Cecilia Monzón era una abogada feminista que se apoyaba jurídicamente casos de mujeres que reclamaban sus derechos de pensión alimenticia para sus hijos, custodia contra los menores, abusos o violencia familiar, entre otros. 

Fue asesinada a balazos el 21 de mayo de 2022, cuando transitaba en una camioneta por el Camino Real a Momoxpan y Periférico Ecológico, en el municipio conurbado de San Pedro de Cholula. 

Unos días después, el 6 junio, López Zavala fue detenido, señalado como el autor intelectual del feminicidio. 

En las investigaciones realizadas, la Fiscalía igual detuvo a Jair “N”, quien es sobrino del político, así como a Silvestre “N”, quien sería un sicario contratado para asesinar a la abogada. 

Lo que se esclareció fue que Monzón tenía un hijo de López Zavala y llevaba un proceso legal para reclamar el correcto pago de pensión alimenticia. 

En sus redes sociales, la abogada exponía las evidencias sobre las diversas formas en que el político priista era protegido por las autoridades, para evadir el monto de la pensión correspondiente a sus ingresos para su hijo. 

Luego, también se dio a conocer públicamente que López Zavala estaba a días de contraer matrimonio, incluso al momento de su detención ya circulaban las invitaciones para la boda, que sería el 24 de junio de ese 2022, en el templo de San Francisco Acatepec y la recepción en un salón de fiestas de Santa María Tonanzintla. 

El 2 de marzo de 2023, el Congreso de Puebla aprobó la llamada “Ley Monzón”, que es una reforma a los códigos Civil y Penal de la entidad, para quitarle la patria potestad a cualquier progenitor condenado por feminicidio o tentativa de feminicidio contra la madre de sus hijos. 

López Zavala fue uno de los políticos más cercanos al exgobernador Mario Marín Torres, pues en su administración fue secretario de Gobernación y de Desarrollo Social, al grado que fue el candidato para sucederlo en las elecciones de 2010, pero perdió las votaciones contra el panista Rafael Moreno Valle. 

También es considerado parte del equipo de Alejandro Armenta Mier, pues, además de proceder ambos del marinismo, el hoy gobernador morenista fue su coordinador de campaña a la gubernatura en 2010. 

Y más recientemente, cuando Armenta buscaba la postulación de Morena, López Zavala fue uno de los operadores políticos que recorrió la entidad para congregar a los grupos marinistas en torno al hoy mandatario y sumar sus estructuras al partido guinda.

Casi tres años después del crimen, se llevará a cabo el juicio por feminicidio en contra de la abogada y activista en defensa de los derechos de las mujeres.

Previo al inicio de la audiencia, integrantes de la organización Por la Mujeres de Puebla se concentraron al exterior del penal de San Miguel como muestra de apoyo a la familia y en exigencia de que el juez dicte sentencia condenatoria en contra de los imputados.

Ante esto, Helena Monzón agradeció las muestras de apoyo y descartó “lanzar” a las colectivas feministas a los juzgados como, dijo, la han acusado los abogados de los imputados.

"Debido a que no hay multas por temeridad, no hay nada parecido, no hay tampoco la pérdida de colegiación para los abogados que abusan del procedimiento, así estamos respondiendo a cosas absurdas como que nos vengan a decir que, aunque Javier López está sentado en sala, en realidad es como si espiritualmente está en Almoloya y debe ser juzgado en el Estado de México", manifestó Monzón. 

Explicó que la cuestión es tan clara que si el asesinato de Cecilia fue cometido en Puebla, tiene que ser juzgado en esta entidad y bajo sus leyes. 

Por este tipo de estrategias, indicó, se ha alargado el juicio con el excandidato priista a la gubernatura de Puebla el cual lleva ya casi tres años. 

"Las cosas que están pasando aquí obedecen a una única finalidad de la defensa que es que Javier López no enfrente el juicio que corresponde", subrayó.

“La fecha se deriva del auto de apertura de juicio oral emitido por la Juez de Control, Lic. Miriam Huerta Lechuga, hace 15 meses. La demora para la celebración del juicio, desde la celebración de la audiencia de control celebrada en agosto de 2023, obedece principalmente a las solicitudes de amparo planteadas por la defensa de Javier N. -ya desechadas por los organismos competentes-, con la finalidad de dilatar el procedimiento”, explica. 

Reitera que tanto la familia como la Fiscalía General del Estado solicitarán que se condene a Javier N. y los otros dos imputados, identificados como Jaír N. y Silvestre N., a cumplir 60 años de prisión cada uno, que es la pena máxima por femicidio que fija el Código Penal del Estado vigente en el momento de la comisión del asesinato. 

“En este sentido, se hace un llamado al Poder Judicial del Estado de Puebla para actuar sin dilaciones a la vista de que en mayo de este año se cumplirán ya 3 años desde el feminicidio de Cecilia Monzón, sin que hayan recaído condenas”, agrega al reclamar que a partir de ahora haya justicia “pronta, rápida y expedita, aplicando perspectiva de género”. 

El Tribunal de Enjuiciamiento estará conformado por los jueces Ana Alicia Ponce, Daniel Mendoza; y Rosalva Elena Zárate.