La directora resaltó que las estancias de posdoctorado aumentaron 593 por ciento en seis años, pues ahora suman cuatro mil 789, así como el cambio de becas directas y universales a las y los estudiantes de posgrado.  

El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito en el Estado de México, con residencia en Toluca, absolvió, el 2 de mayo de 2024, a 12 ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y ex miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), denunciados por la Fiscalía General de la República (FGR), por peculado, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como por delincuencia organizada.

Un Tribunal Federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) que decrete definitivamente el no ejercicio de la acción penal y que dé por concluida la carpeta de investigación que había iniciado contra académicos y científicos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), antes llamado Conacyt.

Los académicos José de Jesús Franco López, Julia Tagüeña Parga y Gabriela Dutrénit Bielous habían presentado un amparo para impugnar la nueva investigación que un área diferente de la Fiscalía había comenzado, pese a que un Juez de control concluyó que no había delito que perseguir.

El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) otorgó a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller un ascenso en el Sistema Nacional de Investigadores.

Según los resultados de la convocatoria 2023, la doctora fue reconocida como Investigadora Nacional Nivel II.

Cientos de estudiantes de posgrado que tramitaron su beca ante el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt, antes Conacyt) fueron notificados recientemente de que no recibirán el apoyo porque los programas que cursan no son prioritarios.

Giovanni Jiménez, docente y estudiante de posgrado en la UAM-Iztapalapa, explicó en entrevista que las personas afectadas han comenzado a elaborar un censo para saber cuántos alumnos han resultado afectados por esta decisión. 

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) publicó, la noche del 8 de mayo de 2023, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), un paquete de ocho reformas legales, entre las que se encuentran el dictamen que expide la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y reforma la Ley Federal de Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación, ello para sustituir al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCTI).

La madrugada del 29 de abril de 2023, senadores de los grupos legislativos de los partidos Morena, del Trabajo (PT), Verde Ecologista Mexicano (PVEM), aprobaron dicho proyecto. Antes, el 26 de abril del mismo año, con 257 votos a favor, 208 sufragios en contra y dos abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó el dictamen que expide la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y reforma la Ley Federal de Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación.

“Ya estaban con la mentira de que iba a desaparecer el Conacyt, así como cuando engañaron de que el INE no se toca”, declaró este lunes durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) –que encabeza la investigadora María Elena Álvarez-Buylla Roces– negó que vaya a desaparecer tras la aprobación del dictamen de la iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

“Se transforma para fortalecer sus capacidades”, indicó Álvarez-Buylla en Twitter, donde también negó que la ciencia se vaya a “militarizar”.

Hasta siete mil integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) –el mecanismo de reconocimiento a los científicos más prolíficos del país– están en el limbo, debido a que sus nombramientos vencieron el 31 de diciembre y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) debía publicar los resultados de las evaluaciones para determinar su ingreso, promoción y permanencia en el sistema antes de esa fecha.

Esta es la primera vez que ocurre una situación así en los 37 años de funcionamiento del SNI, afirma José Luis Solleiro, quien ingresó al sistema en 1986, y es investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnologías de la UNAM; y además, dice, el Consejo no les ha informado nada hasta el momento.

Bajo el argumento de que se trata de una investigación que sigue en marcha y sin someter la decisión a su comité de transparencia, la Fiscalía General de la República (FGR) decidió clasificar como información reservada por tiempo indefinido la carpeta de investigación iniciada en contra de los académicos denunciados por el Conacyt por delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado.

En respuesta a una solicitud de información enviada por Animal Político en la que se pedía acceso a una versión pública de la indagatoria, la Fiscalía respondió que “bajo ninguna circunstancia” revelaría datos del expediente pues dijo, se trata de una investigación que continúa integrándose y no se ha cerrado.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó este lunes que exista una persecución en contra de científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) por el posible delito de delincuencia organizada.

Sin embargo, el mandatario federal señaló que habían empresas que utilizaban recursos públicos del Conacyt, en donde estos grupos privilegiados derrochaban el dinero utilizándolo para propósitos “que no tienen nada que ver con la innovación tecnológica y la ciencia”.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología modificó su Código de Ética para pedir que los empleados de la institución, prestadores de servicio y hasta a solicitantes de apoyo se abstengan de “emitir comentarios u opiniones negativos o desfavorables sobre las políticas o programas del Conacyt”, y en caso de incumplir, podrían ser denunciados ante el Órgano Interno de Control, el área que vigila la actuación de los servidores públicos e impone sanciones administrativas.

Un mes después de enterarse de la existencia de un proceso judicial y dos solicitudes fallidas de aprehensión en su contra, científicos y académicos del Conacyt comenzaron a tener acceso a la carpeta de investigación del proceso judicial integrada por 10 tomos, y con ello, comenzarán a reunir las pruebas para su defensa en las próximas semanas. 

Una de las pruebas más importantes será la sentencia de la Suprema Corte de la Nación (SCJN), emitida en agosto pasado, en la que reconoce la legalidad del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A. C., y su relación jurídica con el Conacyt, lo que contradice el argumento central de la denuncia de la Fiscalía, afirma Gabriela Dutrénit, excoordinadora de la asociación una de las acusadas. 

Julia Tagüeña, excoordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT) y el investigador José de Jesús Franco, comparecieron este jueves ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Ambos son dos de los 31 investigadores y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), acusados por el posible delito delincuencia organizada.

En punto de las 11:00 horas (tiempo del centro de México), Julia Tangüeña, quien se encontraba acompañada de su abogado Jesús Moreno de Leija, fue la primera en ingresar a las instalaciones de la FEMNDO de la Fiscalía General de la República (FGR), para presentarse ante el Ministerio Público y conocer la carpeta de investigación que tiene en su contra.

Patricia Zúñiga, una de las 31 científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) investigados por la Fiscalía General de la república (FGR), compareció este miércoles ante el Ministerio Público y se reservó su derecho a declarar hasta en tanto, su abogado Ricardo Reyes Retana, revise los 10 tomos de que comprende el expediente.

Zúñiga, quien este miércoles se presentó acompañada de su abogado ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para responder por los cargos que le imputa por delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, rindió su declaración por escrito.

El Foro Consultivo, Científico y Tecnológico se ha involucrado en las dos principales obras del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador: el Aeropuerto en la Base Aérea de Santa Lucía y el Tren Maya. Al primero, le dio el respaldo académico a días de que se llevará la consulta sobre su viabilidad; al segundo lo ha acompañado, mediante un convenio de colaboración, con actividades científicas, sociales y económicas.

Desde 2019, el Foro Consultivo ha respaldado la construcción del Tren Maya. El 10 de abril de ese año, Rogelio Jiménez Pons, Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) firmó un convenio con esta organización “para llevar a cabo de manera conjunta reuniones que generen encuentros y consensos en torno a los temas primordiales del Tren Maya”.

La Fiscalía General de la República (FGR) aplazó las comparecencias de dos exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que la propia fiscalía pretendió encarcelar con acusaciones de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero, señalamientos que un juez federal rechazó en dos ocasiones el negar las órdenes de aprehensión.

Fuentes federales explicaron que las comparecencias fueron reprogramadas por sospecha de que la agente del Ministerio Público Federal encargada del caso padecía covid-19.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informó que una de las razones en rechazar la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo para investigadores de Cátedras-Conacyt era que habían demandado un aumento salarial de 100%. Sin embargo, los científicos negaron que fuese así. Sus peticiones, aseguran, buscan certidumbre laboral, no ganar más. 

Los investigadores de Cátedras Conacyt reciben un sueldo de dos fuentes: la mitad a través del salario oficialmente reconocido y la otra mitad con un “estímulo” que funciona como compensación ante la falta de aumentos salariales, lo cual implica que únicamente la mitad de sus ingresos esté siendo considerado para su jubilación. 

Gabriela Dutrénit y José Franco llevan una semana frenética. El lunes 20 de septiembre se hizo público que la Fiscalía General de la República (FGR) pedía penas de hasta 40 años de cárcel contra 31 científicos, entre los que ambos se encuentran. La acusación es de “crimen organizado” y a pesar de que un juez desestimó en dos ocasiones ordenar su arresto, las autoridades podrían pedirlo nuevamente.

“Sentimos que hubo justicia, pero esto no se acabó”, dijo Dutrénit, minutos después de mantener una reunión con Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En el encuentro, este les transmitió la voluntad de “independencia” e “imparcialidad” de la judicatura.

La Fiscalía General de la República (FGR) decidió no apelar la decisión del juez federal Gregorio Salazar Hernández de no conceder las 31 órdenes de aprehensión que había solicitado en contra de académicos denunciados por el Conacyt, Sin embargo, mantiene abierta la indagatoria en su contra y podría proceder de nuevo en cualquier momento.

El pasado 27 de septiembre se venció el plazo de tres días hábiles con el que contaba la FGR para presentar la apelación sin que ello ocurriera. Esto significa que la decisión del juez de no conceder las órdenes solicitadas en esta ocasión queda firme y es definitiva.