La iniciativa, que se votará los próximos días, antes de que concluya el periodo legislativo extraordinario el 2 de julio, tendrá que ser ajustada con las observaciones de Gobernación y sigue sin ser aceptada por colectivos de personas buscadoras.
De acuerdo con el documento “propuestas relevantes de modificaciones a la iniciativa de reformas a la Ley General en materia de desaparición de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, remitido por la Consejería Jurídica el 18 de junio pasado, durante las mesas fueron presentadas más de 570 propuestas que quedaron plasmadas en solo 30 modificaciones a la iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado el 27 de marzo.
“Exigimos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que atiendan con profesionalismo, humanismo y seriedad esta problemática, y que tengan la apertura para convocar a un Parlamento Abierto en el que se pueda discutir públicamente la iniciativa del Ejecutivo Federal. No hacerlo concretaría el proceso de simulación el cual tendrá como resultado más impunidad y alargar la tortura que vivimos las familias”, advirtieron más de 300 familiares, colectivos y personas aliadas este martes 24.
Recordaron, además, que la ley vigente en materia de desaparición de personas nació como producto de la apertura de las fuerzas políticas del Congreso de la Unión, sin prisas, con responsabilidad, profesionalismo, trabajo técnico y empatía a su dolor. “La reforma a la ley se debe de dar en los mismos términos y no como resultado de los caprichos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación”, continúa el documento difundido por colectivos y familiares de personas desaparecidas.
Desde su perspectiva, la iniciativa no atiende la crisis en materia de desaparición y tiene como objeto imponer un sistema de vigilancia masiva que no sirve para la búsqueda de personas desaparecidas y puede ser peligroso para la seguridad de todas las personas en México. Además, no partió de una consulta amplia y pública, por lo que no es respaldada por todos los colectivos y no responde a la problemática que enfrentan.
¿Qué ajustes propone Gobernación?
En un documento que retoma el articulado de la iniciativa de ley entregada por la presidenta Claudia Sheinbaum con las 30 modificaciones derivadas de las mesas, la Consejería Jurídica nombra a cada uno de los colectivos que impulsaron cada una de las propuestas.
Una de las primeras que se menciona, dado que forma parte de los primeros artículos, es sumar la disposición de que la Comisión Nacional de Búsqueda emita un Protocolo para la Activación de la Alerta Nacional, así como los mínimos que deberá contener.
A consideración del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, precisa la Consejería Jurídica, se agrega el concepto de familia social y nombre social en el artículo 4, pues en los casos de desaparición de personas LGBTTTIQ+, así como de quienes viven en situación de calle, esos conceptos son fundamentales pues esas redes afectivas son quienes realmente conocen, buscan y se preocupan por las personas desaparecidas.
Además, se contempla añadir un principio de proporcionalidad en el funcionamiento de la Plataforma Única de Identidad, para tratar solo los datos personales que resulten adecuados, relevantes y necesarios; a las fuentes de esta herramienta se suman también los registros de salud física y mental, asistencia privada y establecimientos residenciales de atención a las adicciones, así como un apartado que condiciona su uso a la existencia del folio único de búsqueda o del número de carpeta de investigación.
Por otro lado, se agrega una precisión en el sentido de que el acceso de la fiscalía general, las locales, la Comisión Nacional y las Comisiones Locales de Búsqueda a la Plataforma estará sujeto a las medidas de seguridad y niveles de acceso establecidos y protocolos de actuación, y se limita exclusivamente a fines de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas.
Entre otros aspectos, las propuestas enviadas por Gobernación permiten también la participación de otras autoridades en la investigación, cuando sea necesario, y a quienes tengan acceso a mediciones generadas por satélites o aeronaves permitir su consulta solo a las fiscalías y comisiones de búsqueda –en este punto se omite a todas las instituciones de seguridad pública, como decía la iniciativa original–.
Otras sugerencias de adición apuntan a atender los más altos estándares científicos en materia de identificación humana, a la actuación de oficio para realizar pruebas dactiloscópicas y genéticas antes de remitir a fosas comunes, a la actuación diligente de las fiscalías, a la integración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con voz y voto en el Sistema Nacional de Búsqueda, a la difusión pública de lineamientos, a no condicionar la búsqueda a la presentación de la CURP, al énfasis en los hijos e hijas de personas desaparecidas, a los planes para la seguridad y protección de las familias, a la sensibilización de la población en relación con prevención y mitigación de factores de riesgo, así como algunas sanciones específicas a autoridades que no cumplan las disposiciones a cabalidad.
El 4 de mayo pasado, Animal Político documentó que el Senado no había tenido ninguna participación en los diálogos con colectivos y familiares de personas desaparecidas. A petición de la presidenta Sheinbaum, el órgano legislativo solo estaba a la espera de las observaciones de Gobernación para dictaminar y aprobar el documento.
Desde entonces, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, había asegurado en entrevistas que existía urgencia de que en el periodo extraordinario se contemplara la iniciativa para su aprobación inmediata. Al mismo tiempo, la senadora Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación en esa Cámara, declaró que el Senado no tenía proyectado un proceso de parlamento abierto que nutriera la iniciativa con la participación pública de víctimas y especialistas, como ya habían demandado colectivos con anterioridad.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
