Esto a pesar de que el Órgano de Administración Judicial debe ser, según la reforma del Poder Judicial, autónomo, independiente e imparcial.

La Agencia de Transformación Digital, que depende del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene la atribución de proporcionar el servicio de hospedaje de sitios web a las dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal, pero no está prevista esa atribución para el Poder Judicial.

De acuerdo con su reglamento, la agencia que encabeza José Merino puede administrar exclusivamente los servicios de internet de las dependencias del gobierno.

Anteriormente, el Poder Judicial había registrado el extinto dominio del Consejo de la Judicatura Federal (cjf.gob.mx) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación administra el suyo (scjn.gob.mx).

Con este movimiento, la Agencia de José Merino tiene los derechos de uso y administración del nombre del dominio y puede darlo de baja, renovarlo o cancelarlo.

Al cuestionar a la ATDT sobre el motivo por el que registró el dominio del organismo judicial, el área de comunicación social lo justificó diciendo que así están todos los portales, incluido el del Senado y la Cámara de Diputados. Sin embargo, en una revisión de sus dominios, ambos fueron registrados por ellos mismos: senado.gob.mx por el Senado de la República y diputados.gob.mx por la Cámara de Diputados.

Por su parte, el Órgano de Administración Judicial no respondió a la consulta de esta reportera sobre la razón por la que no registró su propio sitio web.

El dominio .gob.mx es una extensión reservada para el uso exclusivo de las instituciones del estado mexicano y es operado por Registry .MX / NIC México. Según la página de la entidad de carácter académico y técnico, dependiente del ITESM (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey), puede registrar un dominio .gob.mx cualquier funcionario acreditado del gobierno federal, estatales y municipales, además de organismos descentralizados, desconcentrados, autónomos y paraestatales.

“Es deseable que el mismo titular sea elegido bajo este mecanismo, el cual garantizaba que el titular del órgano regulador no respondiera exclusivamente al Poder Ejecutivo y tuviera un perfil técnico y autónomo”, afirmó. 

La legisladora también informó que entregó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados un oficio con tres peticiones:  

Un Parlamento abierto que incluya a expertos, sociedad civil y jóvenes, para que puedan explicar la relevancia de las redes sociales en la vida cotidiana; Conferencia compartida entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para dictaminar la iniciativa y Garantía a los derechos laborales de los trabajadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).