Cinco años después, la Semarnat y Fonatur continúan retrasando la audiencia del proyecto completo del Tren Maya. Las comunidades mayas exigen que ambas dependencias dejen de dilatar este proceso legal.
La audiencia que se llevaría a cabo el pasado 10 de julio no se celebró. No es la primera vez que este proceso se difiere para las comunidades mayas de Campeche, Quintana Roo y Yucatán que buscan justicia ambiental para su territorio.
Han pasado cinco años desde que los pueblos maya y la organización Terra Vida iniciaron una demanda de amparo, en 2019, en contra de los siete tramos que componen el proyecto Tren Maya en la Península de Yucatán.
En la audiencia que se celebraría el pasado 4 de junio, el Fonatur y la Semarnat señalaron que no habían recibido los documentos correspondientes a los dictámenes periciales de la parte quejosa, es decir, los presentados por TerraVida, organización que lleva el acompañamiento legal para las comunidades mayas afectadas por este proyecto que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“Este fue el mismo argumento que presentó la Semarnat para diferir la audiencia de mayo. Lo que nosotras hemos estado viendo es que se trata de un patrón porque, como señaló el propio Juzgado, los documentos se encuentran digitalizados y el expediente electrónico desde hace un año”, comentó Viridiana Maldonado en entrevista para Animal Político.
Viridiana Maldonado es abogada en la organización Terra Vida y lleva el acompañamiento legal del proyecto Tren Maya. Para ella, esta práctica que utilizan ambas dependencias es para dilatar el proceso.
“Lo que nosotras vemos es que se marca en el cambio de poder judicial que, seguramente, será mucho más favorecedor a las suspensiones que ha otorgado este juzgado”, añadió.
“No hay justicia para los pueblos”
Sara López vive en la cabecera municipal de Candelaria, Campeche, es defensora del territorio, de la tierra, del agua y de la vida en su municipio y en Calakmul. La falta de respuesta de las autoridades para concretar la audiencia sobre el proyecto Tren Maya la llena de impotencia y rabia.
“Ya llevamos cinco años con esta demanda de amparo sobre fragmentación, sobre los impactos ambientales y los impactos negativos, entonces, qué quiere dar a entender esto, que no tienen puestos los ojos en los pueblos indígenas, en las comunidades y en los que somos afectados por esta megaobra, que no hay justicia para los pueblos”, expresó Sara López en entrevista.
“Tengo esa rabia de que no nos hacen caso. De por sí nosotros no creemos en esta justicia de estos malos gobiernos”, añadió.
Por su parte, Maldonado dijo que lo que se busca con esta audiencia es que con las periciales presentadas se otorgue el amparo para detener el proyecto que, consideran, genera destrucción socio-ambiental en la Península de Yucatán.
En las periciales elaboradas por especialistas en conservación biológica y urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalan que el proyecto Tren Maya, desde su construcción, embistió considerablemente los servicios ecosistémicos de la selva y modificó el estilo de vida de los pueblos mayas.
Un retraso al debido proceso
Maldonado explicó que este tipo de prácticas dilatorias atentan contra el debido proceso, el cual se establece con bases y parámetros para que los juicios sean ágiles, accesibles y que no sean onerosos.
La abogada dijo que usualmente un proceso judicial como este tarda entre un año y ocho meses, o hasta dos años, en resolverse.
“Ahora, este juicio va en el quinto año sin contar con una resolución. Ni siquiera de primera instancia. (…) A diferencia de otros procesos, la necesidad de tener un juicio que cumpla con todos los requisitos procesales en materia de derechos humanos resulta trascendental, por el hecho de que se garanticen los derechos colectivos de las personas”, señaló Maldonado.
Y es que, no solo se trata de las personas que están al frente del proceso judicial por este megaproyecto, sino también de quienes habitan la Península de Yucatán y de los ciudadanos en general.
“En un contexto tan desfavorecedor de crisis climática, hídrico y de biodiversidad, resulta indispensable tener un poder judicial que pueda garantizar un análisis pronunciado de las violaciones y los argumentos que se han puesto en la demanda y que pueda establecer lo más pronto posible, una determinación que prevea los impactos que están ocurriendo y aquellos que se proyectan”, sentenció la abogada.
Sara López señaló que, aunque ya no confían en la justicia del país, decidieron iniciar un proceso judicial con la expectativa de que el gobierno federal no ignorara las manifestaciones, conferencias de prensa y comunicados que realizaron para informar sobre los impactos que la construcción y operación del megaproyecto tendría en sus comunidades.
“Sentíamos que le valía al gobierno. Entonces, usamos esta herramienta (…) pero ya había pasado la vía férrea, ya había habido la devastación. Al fin de cuentas, se siguió con el proceso de amparo, entregando pruebas que son reales y pensamos que se iba a parar el Tren. Cuando nos dieron una suspensión definitiva y vimos que no; la misma obra siguió y sigue la construcción, entonces, no hay justicia para nosotros”, denunció Sara López.
La defensora del territorio hizo hincapié en que “el gobierno y las instancias de gobierno no son para los pueblos”.
El proyecto Tren Maya continúa creciendo
La abogada Viridiana Maldonado señaló que, en estos cinco años, el megaproyecto del Tren Maya ha seguido creciendo y generando nuevas ramificaciones, lo que ha acumulado impactos y daños tanto en los ecosistemas como en los derechos humanos de las personas.
Para entender los cambios que experimenta la Península de Yucatán con la operación del Tren Maya, Sara López describió algunas de las modificaciones que ya se viven en el territorio tras ser fragmentado como ocurre en las comunidades por donde pasan las vías férreas.
Por ejemplo, el paso que antes era utilizado por la comunidad como medio de tránsito ahora se encuentra cercado y dividido.
“Prácticamente dividieron a la comunidad. Hay unos puentes super elevados que la gente de la tercera edad no puede pasar, también hubo relleno de los humedales que sobre todo, [en] los humedales el agua se iba para allá, para que no se inundara, entonces, con las lluvias fuertes habrá inundaciones”, comentó López.
Otro caso que se ha documentado desde el inicio de la construcción del Tren Maya es el paso de fauna, Sara describe que los túneles que hizo el gobierno son tan pequeños que, al final de cuentas, quienes lo utilizan muchas veces son las personas para pasar por ahí y no los animales.
La comunidad de Xpujil, ubicada al este, en la frontera con Quintana Roo y Petén, Guatemala, rumbo al sur, registró la presencia de un jaguar que llegó a una de las casas de las defensoras. El ejemplar, en busca de alimento, fue captado por las cámaras instaladas en el domicilio mientras devoraba un perro.
En las comunidades de los municipios de Candelaria y Calakmul, uno de los problemas es el alza de precios de los productos básicos y de los hoteles. Según señala Sara López, estos subieron tremendamente, al igual que las rentas por la llegada de gente de fuera.
“Cosas que nunca habían pasado en el caso de Calakmul es el crimen organizado, asesinatos, levantamientos de personas que no han aparecido aumentó demasiado. Calakmul era un lugar tranquilo y vino la llegada de gente de fuera para la construcción de las vías ferreas, aumentó la delincuencia, la drogadicción, la prostitución y los asesinatos. Eso es tremendo y es terrible. La presencia del ejército en las comunidades también es muy fuerte”, señaló la defensora.
Pese al tiempo, seguirán defendiendo el territorio
Las comunidades de los estados por donde atraviesa el Tren Maya: Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, tienen muy presente la defensa del territorio, del agua, de los ríos, de los manantiales, de los arroyos, los árboles, pero también de la lengua con los pueblos mayas, mayas choles, mayas tzeltal.
“Hay que reconocer que las zonas arqueológicas son una de las cosas que también nos caracteriza a nosotros, los pueblos mayas, y que es lo que tenemos en nuestra comunidad, en nuestra región. Y bueno, al tener montañas, al tener la selva hay diversidad de animales que todavía se conservan por años. Los pueblos, las comunidades han conservado y protegido los árboles y protegido a los animales”, añadió.
Desde Terra Vida, la abogada Viridiana Maldonado reiteró que la Semarnat, tras haber autorizado este megaproyecto ferroviario en la administración de López Obrador debe atender este proceso judicial, así como los actos y omisiones que desde la organización consideran son violatorias de derechos humanos.
“Sí o sí tienen que ser analizadas”, sentenció.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: VERÓNICA SANTAMARÍA.
