AUTOR: JESÚS ARANDA.
México, DF. La mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció a favor de que la Procuraduría General de la República (PGR) y las Procuradurías estatales y “los servidores públicos” que éstos consideren, soliciten “por simple oficio o medios electrónicos” a los concesionarios, la geolocalización en tiempo real, de teléfonos celulares involucrados en la investigación de delitos graves, sin la intervención de un juez federal.
Mientras que Olga Sánchez Cordero –quien al igual que José Ramón Cossío Díaz y Sergio Valls Hernández se pronunció por la inconstitucionalidad de los artículos 133 quáter del Código Federal de Procedimientos Penales; y 16, fracción primera, apartado D y 40 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones-, aseveró que es falso sostener que los artículos impugnados “únicamente van a involucrar la localización de objetos en una investigación de delitos como el secuestro, extorsión, narcotráfico y amenazas, “pues pueden involucrarse muchas personas de una forma potencialmente dañina para la seguridad jurídica, ¡en el contexto de una sociedad democrática en condiciones de normalidad constitucional, no de suspensión de derechos!” .