AUTOR: JESUSA CERVANTES.
MÉXICO, D.F. (apro).- Enrique Peña Nieto y su grupo político llevan diez meses en la Presidencia de la República, ejerciendo el poder, y aún no han podido eliminar por completo la huella que dejó el Monexgate; las dudas sobre los montos, origen y destino de millonarios recursos utilizados en su campaña electoral se siguen discutiendo en la primera instancia de investigación, el Instituto Federal Electoral.
Cuando el PAN hizo la denuncia aquel 26 de junio de 2012 habló del uso de 700 millones de pesos para la compra y coacción del voto a través de monederos electrónicos de la institución financiera Monex; dos días después el IFE reveló que sí existían las tarjetas Monex pero el monto alcanzaba, con mucho, la cifra de 70 millones de pesos.
A partir de ahí empezó la llegada a cuentagotas del sustento documental de cientos de tarjetas Monex emitidas por dos empresas mercantiles: Inizzio y Efra, la primera propiedad de un hombre que gusta de solicitar créditos con nombre ficticio y el propio; de un personaje que es conocido entre quienes buscan evadir el fisco y hacer maniobras financieras para dispersar recursos y evitar multas millonarias.