FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
Una imagen que circuló en redes sociales, la cual cuestionaba si una niña blanca de ojos verdes que pedía limosna podía ser hija de una mujer de piel morena, llevó a la procuraduría estatal a retener a la menor durante los últimos nueve meses.
En octubre de 2012, los muros de Facebook se poblaron con una fotografía: la de una niña rubia y de ojos verdes pidiendo limosna en Guadalajara, Jalisco. En cuanto la imagen se hizo viral, la procuraduría estatal ordenó un operativo para detener a su madre y confirmar si ella, una mujer de piel morena, era realmente la mamá de Lezly.
Junto a Jiola Esmeralda Ornelas, madre de Lezly y otro pequeño llamado Tony, también se detuvo a su hermana Laura, mamá de una niña del mismo nombre. La investigación de las autoridades estatales duró nueve meses, tiempo en que Lezly estuvo lejos de casa.Después de confirmarse que Jiola era su madre, la pequeña regresó a casa el 17 de julio.
En junio pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación a la Procuraduría: la investigación no respetó “el principio de no criminalización contra las familias en condición de pobreza económica”, pues tanto los niños como las dos mujeres se convirtieron en víctimas de las autoridades locales por su situación socioeconómica.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
Una imagen que circuló en redes sociales, la cual cuestionaba si una niña blanca de ojos verdes que pedía limosna podía ser hija de una mujer de piel morena, llevó a la procuraduría estatal a retener a la menor durante los últimos nueve meses.
Junto a Jiola Esmeralda Ornelas, madre de Lezly y otro pequeño llamado Tony, también se detuvo a su hermana Laura, mamá de una niña del mismo nombre. La investigación de las autoridades estatales duró nueve meses, tiempo en que Lezly estuvo lejos de casa.Después de confirmarse que Jiola era su madre, la pequeña regresó a casa el 17 de julio.
En junio pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación a la Procuraduría: la investigación no respetó “el principio de no criminalización contra las familias en condición de pobreza económica”, pues tanto los niños como las dos mujeres se convirtieron en víctimas de las autoridades locales por su situación socioeconómica.
