El gobierno de Enrique Peña Nieto tendrá queconsiderar la seguridad humana como tema central para dar protección a quienes que trabajan en áreas de desarrollo social, médicos y maestros, entre otros, y que desempeñan su función en zonas donde la delincuencia organizada está presente, señaló Edgardo Buscaglia, profesor de la Universidad de Columbia.

Consideró que el país atraviesa aún por un momento delicado en el que no se avizoran en el coro plazo mejoras en la materia, según el diario El Universal.

La ex regidora panista y ex consejera estatal en San Luis Potosí, Amalia Terán Rubio, fue asesinada el domingo en el interior de su negocio, aparentemente en in intento de asalto.

La Jornada de San Luis publica que la política huasteca fue herida con un arma blanca en la garganta por dos sujetos que al parecer perpetraron un robo en las instalaciones de la “Lavandería Benjamín”, propiedad de la ex regidora.

Según consigna el diario, en junio, a través de la red social Facebook, Amalia Terán Rubio responsabilizó al diputado local y ex candidato por Acción Nacional a alcalde de Huehuetlán, Julio César Salinas Terán de cualquier atentado que pudieran sufrir ella o su familia, luego de ser amenazados de muerte vía telefónica.

De acuerdo a datos proporcionados por Terán Rubio, el domingo 3 de junio, cerca de las 22:27 horas, su hija Rebeca Suárez Terán, recibió una llamada de un celular, el cual identifican como propiedad del ex alcalde de Huehuetlán y ex diputado local, Julio César Salinas Terán.

Durante el último año de su gobierno, Felipe Calderón redujo casi a la mitad el número de efectivos del Ejército desplegados para tareas de protección y vigilancia y combate al crimen organizado. Pero a la par, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aumentó en ese periodo la producción de armas y municiones.

En su Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012, la Sedena refiere que durante 2007, el primer año del gobierno calderonista, cada mes se desplegaron 45 mil 85 efectivos; para 2008 fueron 45 mil y para el año siguiente, 48 mil 750.

MONTERREY, N.L. Cinco hombres fueron detenidos y presentados hoy como responsables de haber robado el acero de las estructuras metálicas de dos puentes vehiculares de Apodaca.

Los arrestados por la policía de ese municipio fueron calificados por la autoridad local como delincuentes comunes, quienes por la venta del metal sustraído obtuvieron 4 mil 500 pesos.

El daño que provocaron fue valuado provisionalmente por varias decenas de millones de pesos. Se considera la posibilidad de que los dos puentes vehiculares sean derruidos debido a que parece irreparable el deterioro que los ladrones causaron al debilitar su estructura.

De acuerdo con un boletín emitido hoy por el ayuntamiento apodaquense, los presuntos responsables, que fueron arrestados en sus casas, son Francisco Enrique Pérez Castañeda, de 28 años, quien dijo ser pintor automotriz y propietario del soplete y los dos tanques de gas usados para el hurto; Alexis Abrego Salas, de 21; Óscar Hernández, de 26; Héctor Hugo Landeros, de 26, y Julio César Mercado, de 37.

El líder nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres, consideró que el Pacto por México no es la vía para la transformación del país, por lo que esa fuerza política se opone a ese acuerdo.

Batres aseguró que los diputados de Morena en las bancadas del Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano votarán en contra del proyecto de presupuesto del presidente Enrique Peña Nieto para el 2013.

En conferencia de prensa el líder de Morena afirmó que ese movimiento difiere del contenido del pacto porque un proyecto no puede ser visto por pedacitos, pues siempre tiene una columna vertebral y un objetivo determinados.

Aun cuando Felipe Calderón se había comprometido a no autorizar más permisos para el funcionamiento de casinos durante su administración, no solamente así lo hizo; favoreció en particular a las empresas Producciones Móviles, S.A. de C.V. y Exciting Games, S. de R.L. de C.V., cuyos propietarios son identificados como “personas relacionadas con la delincuencia organizada”. Calderón no dio tiempo de nada, puesto que las licencias, casi 100, las liberó dos minutos antes de concluir su mandato.

CHIHUAHUA, Chih. Entre incredulidad y la exigencia de justicia, las cuatro mujeres privadas de la libertad y asesinadas en la Sierra Tarahumara fueron sepultadas este domingo en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.

La comunidad menonita, estudiantes del Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc, familiares y amigos, abarrotaron la funeraria Modelo para darles el último adiós.

Una de las víctimas, Marisa Aidé Díaz Peinado, de 32 años, era la jefa del departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación del Instituto Tecnológico de Cuauhtémoc. Su ataúd fue colocado al lado del de su hermana, Mayra Lorena, de 39 años.

 A cuatro años de iniciado el juicio en su contra por fraude contra dos empresas gaseras en una corte de California, Manuel Bribiesca Sahagún fue sentenciado por el juez John A. Houston a pagar 10 mil dólares y estar bajo libertad condicionada durante tres años. Y aunque  el hijastro del expresidente Vicente Fox negoció su condena mediante un acuerdo secreto, debe continuar aportando pruebas sobre las tropelías de sus cómplices. Sin embargo, su situación se complica porque en Texas otro empresario gasero también lo acusa por un desfalco de por lo menos 300 mil dólares. 

Para los integrantes del movimiento #YoSoy132 y de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, es claro que los 14 jóvenes retenidos por los disturbios del sábado 1 –13 hombres y una mujer– son la “cuota política” que el Estado se arroga ante la falta de elementos para demostrar su presunta responsabilidad en la comisión del delito de ataques a la paz pública, expresión propuesta en 2002 por Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de gobierno. Por eso insisten en que se derogue el artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal que tipifica ese delito, equiparable al de disolución social, de infausta memoria. Y sostienen: “El culpable aquí es el Estado”

Paris:  Enrique Peña Nieto inauguró su mandato con señales contradictorias. Por un lado, retiró la controversia constitucional sobre la Ley de Víctimas que había impuesto Felipe Calderón para vetarla: por otro, desató una represión indignante contra jóvenes que se manifestaron el día de su toma de posesión”, explica Javier Sicilia a la corresponsal mientras se dirige hacia la embajada de México en esta ciudad, rodeado por unas 50 personas, entre ellas franceses de Organizaciones no Gubernamentales y mexicanos de la red Ciudadanos por la Paz en México/París.

“Es alentador que Peña Nieto cumpla los compromisos que tomó con el MPDJ (Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad) durante los Diálogos por la Paz del pasado 28 de mayo, cuando era candidato a la Presidencia de la Republica. Es una prueba de buena voluntad, pero eso no basta”, dice.

Y agrega: “Urge crear ahora el instrumento institucional adecuado para darle cumplimiento a esa ley. Y urge también a enfrentar la emergencia nacional con una agenda de gobierno consensuada y trabajada con todas las fuerzas políticas y sociales del país. Debemos insistir sobre la absoluta necesidad de convertir la Ley de Seguridad Nacional en Ley de Seguridad Humana y Ciudadana”.

XALAPA. El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telebachillerato y Servicios Educativos, Eliseo Islas Chagoya, denunció hoy que más de 600 trabajadores de la educación del sindicato que dirige Elba Esther Gordillo devengan doble salario, como maestros comisionados y servidores públicos en la entidad.

“Hay más de 600 compañeros que están comisionados, que son del SNTE, que tiene posiciones de regidores y síndicos en Veracruz, juegan a la simulación, engañan al gobierno del estado”, dijo en entrevista.

Islas Chagoya aseguró, sin embargo, que la nueva reforma educativa mermará las prebendas y privilegios políticos del SNTE, logrando así que “los aviadores” desaparezcan del magisterio.

 En el regreso del PRI a la presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) busca “una sana relación” con el gobierno de Enrique Peña Nieto, luego de dos años de confrontación con Felipe Calderón por las presiones del expresidente al Poder Judicial de la Federación (PJF).

El PJF está abierto a mantener las mejores relaciones posibles, de plena colaboración constitucional y en la que no haya la preeminencia de un poder sobre otro u otros, dijo el ministro Juan Silva Meza en su segundo informe como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“En cada poder del Estado tenemos responsabilidades bien definidas”, aseguró ante Peña Nieto y los presidentes del Senado, Ernesto Cordero, y de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra.

 Organizaciones de la sociedad civil participantes en la Cumbre Ciudadana que congregó a más de 500 grupos, advirtieron que el Pacto por México signado entre el gobierno y las tres principales fuerzas políticas del país está incompleto.

En conferencia de prensa, Suhayla Bazbaz, presidenta de Cohesión Comunitaria e Innovación Social, puntualizó que para que dicho acuerdo realmente tenga impacto en la sociedad “requiere que se sistematicen los para qué de las propuestas y se aclaren los cómo de su implementación mediante un proceso de interlocución público y abierto con organizaciones de la sociedad civil, instituciones de investigación y docencia y con la ciudadanía”.

 MANAGUA. En el tercer día del juicio oral y público que se desarrolla en Nicaragua en contra de 18 mexicanos, acusados de tráfico internacional de estupefacientes y lavado de dinero, entre otros delitos, el representante del Ministerio Público se sacó un as de la manga: cinco nuevos peritajes, que solicitó fueran incorporados como “pruebas sobrevenidas”.

Los cinco nuevos peritajes, con fechas del 10 y 12 de diciembre, están relacionados con un reporte de documentoscopía, que consta de 38 folios y que comprende un análisis sobre la autenticidad de los pasaportes que utilizaban los 18 mexicanos, capturados desde el 24 de agosto del presente año, transportando de forma ilícita un total de 9.2 millones de dólares.

Otro de los documentos que el representante del Ministerio Público, Giscard Moraga, pidió al juez Edgar Altamirano que fuera admitido en el juicio oral y público se refiere a un reporte sobre las llamadas telefónicas que realizó la presunta cabecilla de la banda mexicana, Raquel Alatorre. Este documento consta de dos folios.

Un tercer reporte es un análisis que practicó la Dirección de Investigación de Delitos Económicos de la Policía Nacional, con apoyo de la Dirección General de Aduanas (DGA), sobre los movimientos migratorios relacionados a cada una de las camionetas incautadas, las placas referidas, los conductores, etcétera. El informe comprende desde 2008 hasta 2012.

Un cuarto informe de peritos corresponde al Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), de 26 páginas, referido a un análisis de la información contenida en los equipos de posicionamiento global (GPS), que portaba cada una de las Van que se movían impunemente por Centroamérica y Panamá, bajo la cobertura de pertenecer al gigante mexicano Televisa.

“Son pruebas completamente necesarias, por ello pedimos que la autoridad judicial (el juez Altamirano) las admita y que nos permita incorporarlas como pruebas sobrevenidas”, de acuerdo con el artículo 306 del Código Procesal Penal de Nicaragua.

Asimismo, con la incorporación de las pruebas, se solicitó que intervengan como nuevos testigos los peritos que elaboraron los documentos.

Mientras la Cámara de Diputados aprobó por mayoría los cambios a la Ley de la Administración Pública, que incluyen la desaparición de dos secretarías y nuevas atribuciones a Gobernación, el PRI anunció desde tribuna que acudirá ante la Corte para echar abajo la decisión del Senado sobre la ratificación de los nombramientos en materia de seguridad.

Con los votos de PAN y PRD quedó establecido que tanto el comisionado como el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) deberán ser ratificados por el Senado antes de que ocupen su cargo y los obliga a que cada seis meses presenten un reporte sobre la materia ante la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

Al argumentar en contra de los cambios que el Senado hizo a la Ley de la Administración Pública que presentó el equipo de Enrique Peña Nieto, el diputado priista Héctor Gutiérrez de la Garza advirtió:

“No vamos a obstruir la Ley de la Administración Pública, pero sí vamos a recurrir a la acción de inconstitucionalidad, ya que el Senado de la República no está facultado para ir por encima de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”, acusó.

Gutiérrez de la Garza explicó que una vez que la ley sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, los legisladores priistas presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la acción de inconstitucionalidad, con el fin de que el máximo tribunal del país determine si los legisladores rebasaron a la propia Constitución.

El sitio “change.org” envió más de tres mil firmas de apoyo para retirar la invitación de la Universidad de Harvard al expresidente Felipe Calderón para que sea profesor en la Escuela Kennedy.

En respuesta, el decano de la Escuela Kennedy, David T. Ellwood, defendió la permanencia de Calderón, al argumentar que favorecerá el aprendizaje de los estudiantes, destaca el diario 24 horas en una nota publicada este viernes.

La participación de Calderón, expresó Ellwood, permitirá a los universitarios “convivir con líderes mundiales y hacer preguntas difíciles relacionadas con políticas públicas importantes”.

En el sitio “change.org” está abierta la petición de John Randolph, exagente de la Patrulla Fronteriza, quien convoca a sumar firmas contra la incorporación de Calderón a Havard, por su responsabilidad en la violencia provocada por la guerra contra el narcotráfico.

“Hay pendientes derechos civiles y casos de asesinatos vinculados a las acciones de Calderón”, se lee en la petición:http://www.change.org/petitions/harvard-university-president-faust-deny-outgoing-mexican-president-felipe-calderon-employment-at-harvard

Los jóvenes detenidos y liberados con las reservas de ley tras los disturbios del pasado 1 de diciembre, exigieron a las autoridades capitalinas la excarcelación inmediata de sus 14 compañeros que siguen en prisión, entre ellos una mujer.

En un video que circula en las redes sociales, con un formato similar al utilizado por el movimiento #YoSoy132 en su surgimiento, los jóvenes denuncian que durante su detención fueron víctimas de abusos por parte de los policías por el simple hecho de ejercer su derecho a la libre manifestación.

La secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Janet Napolitano, visitó ayer México en la que sostuvo reuniones con los equipos de las secretarías de Gobernación y de Hacienda, para abordar temas de la agenda bilateral comoseguridad, migración, administración de aduanas e intercambio comercial, entre otros.

En primer término, Napolitano se reunió con el equipo de Gobernación, que encabeza el secretario Miguel Ángel Osorio Chong. Durante el encuentro, las delegaciones de ambos países expresaron su disposición de continuar con el trabajo conjunto para enfrentar los riesgos crecientes que amenazan sus respectivas fronteras, así como mejorar los esfuerzos de colaboración para luchar contra el tráfico de personas, terrorismo y la delincuencia transnacional, informó Segob por medio de un comunicado. 

El ex presidente Felipe Calderón regresó este jueves a la Ciudad de México para refrendar su militancia dentro del Partido Acción Nacional (PAN), en el Comité Delegacional ubicado en Álvaro Obregón.

Calderón Hinojosa arribó alrededor de las 13:00 horas y permaneció cerca de 40 minutos dentro de las instalaciones. Rafael Del Olmo, presidente del Comité Delegacional, indicó que el ex mandatario le comentó que sentía que lo culpaban por la derrota del blanquiazul en los pasados comicios, de acuerdo al diario Reforma.

La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, indicó que su dependencia se combatirá al crimen organizado y la violencia, conpolíticas de prevención del delito, que logren consolidar una sociedad segura y en paz.

“El delito se combate con la reconstrucción del tejido social, por lo que desde la Sedesol se seguirán impulsando acciones encaminadas a fortalecer la convivencia ciudadana”, indicó la funcionaria a través de un comunicado.