La estadunidense Sylvia Longmire, fundadora de una consultora especializada en el análisis de la violencia delincuencial en México, lo dice de manera tajante: el presidente Enrique Peña Nieto “no puede cambiar mucho la estrategia contra el narcotráfico seguida por Calderón”. Su razonamiento es el siguiente: el priista tendrá que definir la participación de los militares, pero no se puede permitir cambiar la estrategia. De hacerlo, corre el riesgo de enemistarse con su vecino Obama. Lo paradójico, insiste, es que esta estrategia pasa por mantener en libertad al Chapo Guzmán, el menos violento de los capos de la droga.

Joaquín El Chapo Guzmán se perfila para ser el gran aliado del presidente Enrique Peña Nieto. La capacidad del jefe del Cártel de Sinaloa para estabilizar el negocio de las drogas ilegales en México puede ayudar al nuevo presidente en su prisa por reducir la violencia heredada del gobierno de Felipe Calderón.

Pragmática, esa solución no significa que Peña Nieto se siente a negociar con el narcotraficante “más buscado del mundo”, sino que agudice el debilitamiento de Los Zetas, el principal enemigo del Cártel de Sinaloa y una de las organizaciones más violentas de México, asegura Sylvia Longmire, oficial en retiro y exagente de investigaciones especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Fundadora de Longmire Consulting, dedicada al seguimiento de la “guerra de la droga en México”, la firma considera al Chapo Guzmán como un potencial aliado de facto de Peña Nieto por su “orientación empresarial, menos proclive a la violencia irracional”.

XALAPA, Ver.  El diputado federal del PAN y empresario constructor, Rafael Acosta Croda, admitió llevar dos días en completo estado de ebriedad.

En declaraciones a la prensa local, responsabilizó de su embriaguez a la alcaldesa priista de Veracruz, Carolina Gudiño Corro pues, según él, sólo ebrio pudo “escuchar” el segundo informe de labores de la edil.

Entrevistado en el aeropuerto internacional “Heriberto Jara Corona”, en donde perdió su vuelo al Distrito Federal por llegar tarde, Acosta Croda explicó por qué apareció dos días seguidos en estado inconveniente y que, por ese motivo, perdiera una sesión en San Lázaro donde se discutiría el tema del presupuesto 2013.

“Ayer… ¿qué creen? , me emborraché de las pendejadas y tonteras que hizo Carolina (Gudiño), me tuve que poner tonto, si no me hubiera puesto más tonto (sic), ¿qué dijo? puras mentiras, que horror que los veracruzanos tengamos esas autoridades”, justificó el legislador.

La tarde-noche del lunes, Rafael Acosta –quien aspira a ser presidente municipal del puerto de Veracruz– llegó al auditorio Benito Juárez bajo los efectos del alcohol y este martes por la mañana aún seguía borracho.

 La Secretaría de Gobernación (Segob) admitió la responsabilidad de servidores públicos en algunos de los agravios que se han cometido contra defensores de derechos humanos y periodistas.

A través de Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la dependencia, el gobierno de Enrique Peña Nieto se declaró abierto al diálogo con las organizaciones civiles y a continuar con los trabajos para la aplicación efectiva del Mecanismo de Protección de Defensores y Periodistas.

Durante un evento organizado por las Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés), la exdiputada local señaló que el gobierno de Peña Nieto “reconoce que los defensores de derechos humanos y periodistas sufren amenazas no sólo por parte del crimen organizado, sino también  por otros actores, entre los cuales, en algunos casos, pueden encontrarse agentes del Estado”.

Con apenas una semana de haber asumido el cargo, la expanista, quien aspiró a gobernar la delegación Miguel Hidalgo, reconoció hoy lo que la administración de Felipe Calderón negó en todos los foros, pese a las constancias presentadas por diversas organizaciones.

De hecho, una de las principales diferencias estribó en ubicar sólo al crimen organizado como “violador de derechos humanos”.

 Como responsable de cristalizar la reforma educativa propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Educación, Emilio Chuayffet Chemor, no ve cómo pueda truncarse el proyecto de devolver al Estado la rectoría de la educación.

Su máxima apuesta para conseguir tal fin es el respaldo social, el abierto apoyo de las principales fuerzas políticas y un sector del magisterio en el que dejó fuera a la líder vitalicia del SNTE, Elba Esther Gordillo.

Según Chuayffet, la idea de la reforma educativa es poner como eje principal a las escuelas y los directores, sin intermediarios y hacer a un lado, dijo, a los poderes fácticos incubados en el sistema desde la época de Jesús Reyes Heroles.

En entrevista con Carmen Aristegui en MVS Noticias, Chuayffet reconoció que el Estado perdió la rectoría de la educación desde hace muchísimo tiempo.

“El Estado ya no tenía los instrumentos de rectoría desde la época de don Jesús Reyes Heroles cuando él decía que la Secretaría era un elefante reumático que difícilmente se movía en el sentido de definir una política educativa. Y ha sido gradual, persistente y por lo tanto lesiva a los criterios de calidad, cobertura, pertinencia y equidad”, dijo enfático el funcionario.

Con 58 votos a favor de las bancadas de PAN, PRD y PT, uno en contra y 37 abstenciones del PRI y PVEM, el Senado aprobó finalmente los cambios a Ley Orgánica de la Administración Pública, que incluyeron una modificación al artículo 27, párrafo 43, para que los nombramientos del comisionado nacional de Seguridad y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, dependientes de Gobernación, sean ratificados por la Cámara alta.

De esta manera, la minuta regresa a la Cámara de Diputados para que se discuta y, en su caso, se apruebe esta modificación a la iniciativa original de Enrique Peña Nieto y del Revolucionario Institucional.

El jueves 6, el Senado aprobó en lo general la iniciativa, pero se suspendió la sesión cuando se discutía precisamente esta modificación, que implica un “candado”  y un “control” a las funciones del secretario de Gobernación, según argumentaron priistas y panistas.

De acuerdo con esta nueva ley, desaparece la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y sus funciones son absorbidas por el comisionado nacional de Seguridad Pública.

Al mismo tiempo, desaparece la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuyas actividades pasan a formar parte de Hacienda, mientras que se reorganiza la de Desarrollo Social (Sedesol).

También desaparece la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), que se convierte en Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

La sesión se llevó a cabo con normalidad, a pesar de que la semana pasada la bancada del PRI tomó la tribuna, en señal de protesta porque el presidente de la Mesa Directiva, el panista Ernesto Cordero, suspendió la sesión ante la presunta falta de quórum.

Las tasas de castigo para los delitos en general y para el homicidio en particular se desplomaron en 2011, ya que de 100 delitos denunciados en el país sólo se dictaron sentencias condenatorias en 5.8% de los casos.

De acuerdo con un informe dado a conocer este martes por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, con esa cifra se obtuvo la tasa más baja desde 1997, año en el que se impuso una condena a 6.1% de los ilícitos denunciados.

El organismo detalló que la tasa de castigo del homicidio doloso bajó en los años de máxima violencia, ya que en 2008 se castigó a los responsables de 33 de cada 100 homicidios, en 2009 a 28 de cada 100, en 2010 a 15 de cada 100, y en 2011 a 16 de cada 100.

Contrario a ello, anotó, en 1997 se castigó a los responsables de 22 de cada 100 asesinatos, tasa que fue subiendo hasta alcanzar su momento máximo en 2005: 43 de cada 100.

Ante tal panorama, el Consejo Ciudadano señaló que para frenar la violencia en el país, lo primero que debe hacer el gobierno federal es acabar con la impunidad, ya que parte decisiva de ese problema, subrayó, es el incumplimiento de órdenes de aprehensión, la mayoría de las cuales se archivan hasta que, pasados los años, son canceladas debido a que prescriben.

El miércoles 9 de enero deberá asistir Luis Pazos, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), informó el presidente de la comisión, el perredista Roberto López Suárez.

Aunque poco podrá informar quien comparezca ante los diputados, pues dicha instancia no tuvo que ver directamente con la triangulación de recursos a la que recurrió el PRI y que diversos medios de información documentaron, sin embargo, esta fue la única rendija que encontró la oposición –involucrar a la Condusef– para conformar la instancia investigadora.

La segunda comparecencia será de gran importancia y se realizará el miércoles 16 de enero. Se trata del director de la Dirección de Prerrogativas del Instituto Federal Electoral (IFE), Alfredo Cristalinas.

La comparecencia sucederá a pesar de que la semana pasada el Consejo General del IFE aprobó el dictamen elaborado por el propio Cristalinas y en el que se exonera al PRI de cualquier triangulación de recursos, lo anterior por presuntamente no haber encontrado las pruebas suficientes.

En un primer momento, el IFE exoneró al PRI en el caso del contrato por 56 millones de dólares con la empresa TV Network, entonces propiedad del mexicano-estadunidense, José Aquino.

 Adoradores de las viejas formas y de los procedimientos “por unanimidad” el Consejo Político Nacional del PRI, la cúpula del partido, ratificó a mano alzada en menos de cinco minutos y sin ningún contendiente, la elección de César Octavio Camacho Quiroz como presidente sustituto del Comité Ejecutivo Nacional –el tercero en menos de dos años–, que completará hasta marzo de 2015 el periodo iniciado por Humberto Moreira en 2011.

En el auditorio Plutarco Elías Calles de la sede nacional del PRI acudieron los viejos y los nuevos priistas, éstos caracterizados por el uso del copete, el pelo engominado, los trajes impecables y los aires de golden boys. El imán del poder presidencial generó la nueva magia en la olvidada sede de Buenavista e Insurgentes durante 12 años de dieta presidencialista.

“Nos robaron la tranquilidad, la política entró en desuso y nuestro prestigio internacional vino a menos”, arengó Camacho Quiroz, exgobernador del Estado de México, en clara referencia a los 12 años de panismo.

Andrés Manuel López Obrador anticipó el fracaso del neosalinismo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, por lo que, auguró, nada ni nadie impedirá el cambio verdadero en el país.

En un mensaje difundido en su cuenta de Twitter @Lopezobrador_, el excandidato presidencial escribió:

“El neosalinato en tiempos del peñismo es transitorio. Fracasará. Nada ni nadie podrá impedir el cambio verdadero”.

En el mensaje de cinco párrafos, el tabasqueño afirma que el expresidente Carlos Salinas de Gortari es el director y guionista de “la tragicomedia puesta en escena para conseguir la legitimidad de Peña y mantener el régimen de corrupción y privilegios”.

Puso como ejemplo a políticos del salinismo insertados en el gobierno de Peña Nieto, como “los Rojas, Lozoya, Videgaray, Coldwell, Beltrones, Gamboa, su concuño González Fernández, su sobrina Ruiz Massieu Salinas y otros más”.

Todos ellos funcionarios públicos o legisladores priistas.

Además, destacó “el apogeo” de la manipulación y el control absoluto de la prensa escrita, radio y televisión, “así como la cooptación a diestra y siniestra”, aunque no dio nombres.

El banco HSBC Bank USA lavó por lo menos 881 millones de dólares de los cárteles del Sinaloa y del Valle del Norte de Colombia de 2006 a  2010, reveló este martes la DEA.

Con base en documentos judiciales estadunidenses, la DEA determinó también que, debido a los laxos controles antilavado aplicados por HSBC en México, no monitoreó más de 9 mil 400 millones de dólares en compras de dicha divisa.

De acuerdo con la información difundida por la agencia Notimex, esa falta de candados fue aprovechada por los cárteles de la droga para blanquear el dinero proveniente del trasiego de drogas.

Según la DEA, HSBC admitió incluso que no informó a su filial de Estados Unidos sobre las “deficiencias significativas” del programa antilavado de dinero aplicado por la institución en México.

De esta manera, según la información, HSBC Bank USA lavó 881 millones de dólares, por lo menos, en ganancias de los cárteles de Sinaloa y del Norte del Valle de Colombia.

La DEA sostuvo que una proporción significativa del dinero lavado procedió del mercado negro de intercambio de pesos (BMPE), al que definió como un complejo sistema de lavado para mover las ganancias de las drogas desde Estados Unidos al exterior, típicamente Colombia.

WASHINGTON. El gobierno de Estados Unidos anunció la confiscación formal de un condominio en el estado de Texas, propiedad del exgobernador priista de Tamaulipas, Tomás Yarrington, al concluir que el inmueble se compró con dinero procedente del tráfico de drogas.

El condominio de lujo ubicado en el número 334 del Boulevard Padre, en la parte sur de la Isla del Padre, Texas, tiene un valor aproximado de 640 mil dólares.

“El gobierno de Estados Unidos sostiene como argumento para oficialmente confiscar el condominio, que la adquisición de la propiedad forma parte de una trasacción de lavado de dinero, y que los fondos para su compra provienen del tráfico de drogas y del intercambio de sustancias controladas”, informó el fiscal federal Kenneth Magidson.

En la demanda civil del gobierno de Estados Unidos contra Yarrington, el fiscal federal dijo que se determinó hacer la confiscación del condominio, luego de concluir en las investigaciones que aun cuando en la escrituras de la propiedad no aparece el nombre de Yarrington sino el de Napoleón Rodríguez, este último es un prestanombres de actividades ilícitas del exgobernador priista de Tamaulipas.

En el encausamiento civil que tiene el gobierno de Estados Unidos en contra de Yarrington ante una Corte Federal en estado de Texas, se establece que de 1998 a por lo menos el 2005, el exmandatario tamaulipeco recibió millones de dólares en pagos por proporcionar protección cuando era funcionario en su estado a importantes cárteles del narcotrafico. Entre estos grupos dedicados al trasiego de las drogas que pagaban dinero a Yarrington, cuando fue alcalde de Matamoros (1992-1995), y después como gobernador del estado (1999-2004) y en 2005 como aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación contra la jueza Josefina Rosey González luego de que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) la denunciara porcongelar la nueva metodología del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), con lo cual habría concedido ventajas indebidas a Grupo Elektra.

Fuentes financieras dijeron al diario Reforma que el origen de la averiguación, cuyo folio es PGR/DF/SPE/-XVIII/6551/12-11, se remonta al 11 de abril pasado, cuando la BMV emitió la Nota 2012, con la que ajustó la metodología sobre el porcentaje mínimo de acciones flotantes de las sociedades bursátiles para ser parte del IPC.

“Dicha metodología estableció que el peso de las acciones en el mercado se calcularía en función de la cantidad real de títulos en poder del público, sin contar los dados en garantía a instituciones financieras, como los tenía Elektra”, detalla el periódico.

Esta pauta hizo que entre abril y julio los precios de las acciones de Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, cayeran 47 por ciento y que su valor en el mercado descendiera de 18 mil 500 a 9 mil 800 millones de dólares.

En respuesta, Elektra demandó por daños y perjuicios a la BMV y a su presidente, Luis Téllez. La demanda fue presentada a la jueza Rosey González, a quien la empresa pidió suspender la Nota 2012. El pasado julio, Rosey González suspendió la aplicación de la nueva metodología.

La jueza fue citada por la PGR para declarar, en calidad de indiciada, este viernes 14. Asimismo, la BMV solicitó al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil hacerse cargo de la demanda en manos de Rosey González.

Académicos, intelectuales, periodistas, defensores de derechos humanos y representantes de organizaciones civiles publican este miércoles  un desplegado en el diario Reforma, en el que solicitan  justicia para  la ciudadana Franceso Florence Cassez, tras siete años de prisión  de una condena de 60.

En el escrito, los demandantes expresan que  se fabricaron pruebas en contra de Cassez, desde la Agencia Federal de Investigaciones y la Secretaría de Seguridad Pública.

Y apuntan: La condena de 60 años  que se dictó a Florence Cassez no está apoyada en hechos ni pruebas que demuestren su culpabilidad “más allá de toda duda razonable”.

Los abogados de los 18 mexicanos enjuiciados enNicaragua se negaron a la lectura de los documentos hallados dentro de fólderes con el logotipo de Televisa, que se encontraban en el interior de las camionetas con logotipos de la televisora que fueron incautadas por las autoridades nicaragüenses en agosto pasado, tras detener al grupo que presumía ser parte de la plantilla de periodistas.

En el segundo día del juicio de los acusados de narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada, se presentaron al juez Edgardo Altamirano los objetos decomisados a los detenidos.

El capitán de la Policía Nacional, Álvaro Felipe Rivas, pretendía leer los documentos encontrados dentro de los fólderes rotulados, entre los que se encontraban las cartas firmadas supuestamente por Amador Narcia, vicepresidente de información nacional de Televisa. Sin embargo, los abogados se opusieron al argüir que dichos documentos no formaban parte de las pruebas; además, recalcaron que Rivas “no es un perito”.

Raquel Alatorre Correa, detenida junto con otros 17 mexicanos en Nicaragua a bordo de seis camionetas con el logotipo de Televisa, presumió joyas y dinero al momento de su detención, declaró uno de los testigos en el segundo día del juicio por el caso de lavado de dinero y narcotráfico en el que está implicada la caravana de connacionales.

La señalada como líder del grupo, portaba un anillo y cadena con diamantes, además de cerca de 20 mil dólares en “billetes sueltos” declaró Blanca Méndez, oficial de policía, quien participó en el operativo para la detención el pasado agosto.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 446 a favor, 7 abstenciones y 19 votos en contra la Ley de Ingresos de la Federación 2013, en la que proyectaron que el próximo año se recauden un total de 3 billones 956 mil 361.6 millones de pesos.

Los legisladores acordaron que los tres billones 931 mil 289.5 millones de pesos propuestos por el Ejecutivo se ampliara a tres billones 956 mil 361.6 millones de pesos, es decir un aumento de 25 mil 72.1 millones de pesos, gracias a que subieron el precio del barril de petróleo.

Del total aprobado, 2 billones 498 mil 646.5 millones de pesos corresponden a los ingresos del gobierno federal; 1 billón 102 mil 425.5 millones de pesos a los ingresos de organismos y empresas; y 355 mil 289.6 millones de pesos a los ingresos derivados de financiamientos.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, presentó a su equipo de trabajo en un breve acto, en el que también anunció que en menos de 60 díaspresentará la estrategia para la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Robles nombró a Ernesto Javier Nemer como subsecretario de Desarrollo Social y Humano; a Javier Guerrero García como subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio; y a Juan Carlos Lastiri Quirós como subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación.

Al frente de la Oficialía Mayor queda Emilio Zebadúa González, mientras que Paula Angélica Hernández Olmos coordinará el Programa Oportunidades. Héctor Eduardo Velasco Monroy será el director general de Diconsa y Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva dirigirá el programa de abasto social de leche Liconsa.

Luego de que  56  de 69 personas detenidas durante las manifestaciones en contra de la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto, fueron liberadas, el abogado David Peña,  de la Liga 1 de diciembre, afirmó  que  todas las detenciones   carecen de sustento legal.

Agregó que el cargo penal por el que fueron consignados es “muy abstracto, ataques a la paz pública”,  cuando no hay señalamientos directos.

Aseguró al programa de Aristegui en CNN en Español que  los arrestos tienen una carga de naturaleza política, que van  más allá  de los propios hechos de violencia y vandalismo.

Consideró que las detenciones, bajo dicha acusación, son  “un mensaje político” de represión, para los grupos que estén en disidencia, es un amedrentamiento  preventivo, asentó.

Informó que el Ministerio Público mantiene una investigación previa abiertasobre los destrozos del 1 de diciembre, pero  no hay detenido hasta el momento.

En el estudio, Carlos Román Chávez, manifestante detenido el 1 de diciembre,  narró  el momento de su detención sobre la calle Filomeno Mata, en el Centro Histórico. Reiteró que la protesta de la que él participaba era  pacífica.

El secretario general de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Artemio Ortiz, consideró que las reformas al Artículo 3 constitucional y al Servicio Profesional del Magisterio son instrumentos contra la educación pública y los derechos laborales de los profesores.

En un comunicado, opinó que la profesionalización del maestro, al pasar de un contrato colectivo a uno individual, “es la desprotección total del empleo”.

El líder de los profesores opinó que con la reforma educativa se “ajusta el sistema de formación de nuestros niños y jóvenes a la política de la continuación de la concentración de capitales en una reducida élite de empresarios”.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de diputados aprobó por unanimidad, en lo general y en lo particular, el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación 2013.

El texto contempla un ajuste al alza del precio del petróleo de un dólar por barril, es decir que pasaría de 84.9 a 86 dólares por unidad, lo que representará un incremento aproximado de 4 mil 800 millones de pesos.

El resolutivo de esta instancia legislativa será presentado este miércoles al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión próxima y en su caso, su aprobación.

En el documento aprobado, se le pide al gobierno federal una mayor eficiencia recaudatoria, tributaria y no tributaria, con el fin de captar otros 18 mil millones de pesos.

Con estos ajustes a la Ley de Ingresos de la Federación se conseguirán alrededor de 23 mil 800 millones de pesos adicionales, con lo cual el gobierno federal captaría 3 billones 956 mil 361.6 millones de pesos; en lugar de los 3 billones 931 mil 289.5 millones de pesos propuestos.

Cabe señalar que de las 13 reservas que se presentaron en primera instancia, sólo cuatro fueron conservadas por los legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias.