Ante la violación del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, diversas organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación ante la intención del gobierno de facilitar la llegada de la empresa Électricité de France (EDF) a la región del Istmo, a quien se le otorgó un permiso para la generación de energía eléctrica. En un comunicado conjunto las organizaciones firmantes, entre ellas Educa, señalan que al otorgar este permiso el gobierno mexicano da un mensaje de incertidumbre para las comunidades y los pueblos indígenas que son además dueños legítimos de las tierras. “Nos preocupa que las autoridades del gobierno de Oaxaca y del municipio de Unión Hidalgo, hagan pública su intención de facilitar la llegada de la empresa EDF sin antes avisar formalmente a las y los habitantes de la comunidad indígena de que se realizará algún proceso de consulta. Recordemos que –por encima de cualquier otro interés- el Estado debe garantizar certeza jurídica a las comunidades y colectivos sobre su tierra, territorio y bienes naturales”.
Ante la violación del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, diversas organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación ante la intención del gobierno de facilitar la llegada de la empresa Électricité de France (EDF) a la región del Istmo, a quien se le otorgó un permiso para la generación de energía eléctrica. En un comunicado conjunto las organizaciones firmantes, entre ellas Educa, señalan que al otorgar este permiso el gobierno mexicano da un mensaje de incertidumbre para las comunidades y los pueblos indígenas que son además dueños legítimos de las tierras. “Nos preocupa que las autoridades del gobierno de Oaxaca y del municipio de Unión Hidalgo, hagan pública su intención de facilitar la llegada de la empresa EDF sin antes avisar formalmente a las y los habitantes de la comunidad indígena de que se realizará algún proceso de consulta. Recordemos que –por encima de cualquier otro interés- el Estado debe garantizar certeza jurídica a las comunidades y colectivos sobre su tierra, territorio y bienes naturales”.
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