Pobladores de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, exigieron la libertad absoluta del defensor comunitario Miguel Ángel Peralta Betanzos, al considerar que su caso forma parte de una persecución política y jurídica impulsada desde el poder local. Frente al tribunal federal en San Bartolo Coyotepec, denunciaron que el proceso ha estado lleno de irregularidades y exigieron a los magistrados resolver con justicia.

Peralta, indígena mazateco y antropólogo, fue acusado sin pruebas de homicidio y tentativa de homicidio tras un conflicto político en su comunidad. Aunque en 2019 obtuvo una sentencia absolutoria, en 2022 fue condenado a 50 años de prisión. La defensa promovió un amparo directo, último recurso legal disponible, que ahora deberá resolverse con base en nuevos peritajes antropológicos y en el reconocimiento de sus derechos como parte de un pueblo indígena.

Las acusaciones surgieron a partir de la denuncia de Elisa Zepeda Lagunas, actual diputada local de Morena, quien señaló a 34 personas de la comunidad por la muerte de su hermano y un policía. Desde entonces, la comunidad ha vivido un “asedio jurídico” que ha generado más de 200 órdenes de aprehensión y ha desplazado a decenas de familias. “No hemos estado del lado del poder, pero nos asiste la razón”, declaró Peralta desde prisión.

La abogada Araceli Olivos advirtió que el fallo del tribunal será definitivo y que podría marcar un precedente para las demás personas criminalizadas en Eloxochitlán. Además de los peritajes, el caso cuenta con amicus curiae de organismos internacionales que han señalado el uso faccioso del sistema penal. “Una cosa es poner a representantes indígenas en el Poder Judicial, y otra es que resuelvan a favor de los pueblos”, concluyó Miguel Ángel.