Hasta hace una semana, Lidia trabajaba en la “industria” del Cefereso 16, para enviarle a su mamá el dinero que ganaba, destinado a los gastos de sus hijas. Gracias a la campaña de fondeo “Libéralas”, pudo acceder a un beneficio y recuperar su libertad el pasado 26 de mayo. Si no hubiera sido por eso, una multa de solo 16 mil pesos, con los que no contaba, la habría atado a permanecer otros tres años en prisión injustamente.

A la campaña que permitió la liberación de Lidia le antecede un mecanismo impulsado por organizaciones de la sociedad civil para rastrear y detectar a mujeres privadas de la libertad susceptibles de ser beneficiarias de una libertad anticipada. Con ello, buscan visibilizar los obstáculos y problemáticas que enfrentan esas mujeres, muchas de ellas encarceladas sin sentencia o sin haber cometido algún delito.

CEA Justicia y Elementa DDHH se propusieron reunir sus saberes –el trabajo directo en reclusorios y la investigación, respectivamente– para hacer una evaluación de mujeres que se encontraran en este caso, con ayuda del órgano penitenciario, empezando por el Cefereso 16, que en los últimos años ha representado un punto de interés específico debido a las muertes de mujeres que se han documentado al interior.

Luego de entrevistar a poco más de 50, alrededor de 42 eran susceptibles de obtener un beneficio y 19 podían ser liberadas casi de manera inmediata. “Los diferentes beneficios implican que tienen que cumplir ciertos requisitos y cada beneficio son distintos, pero en general son buena conducta, que sean primo delincuentes, obviamente que los delitos estén en un catálogo de delitos que se permite que accedan a este tipo de beneficios, pero por ejemplo, también que cumplan con los pagos que tienen de fianza, multa o reparación. En el caso de los delitos de drogas no hay reparaciones porque son delitos que no tienen víctimas”, señala la especialista. 

En muchos casos, pese a cumplir el resto de los requisitos, si no tienen para pagar las multas, que sí existen –como en el caso de Lidia—, no pueden ser liberadas. En otros casos, una vez prescritas las multas, ya podía obtenerse la liberación con un simple trámite. Así fueron liberadas las primeras nueve mujeres.

Entre ellas, para algunas se logró el pago de las multas mediante un particular. Cinco mujeres más que ya se había identificado que cumplían plenamente todos los requisitos y además fueron encarceladas injustamente, requerían solo el pago de la multa. Ellas dieron vida a la campaña de fondeo “Libéralas”.

Un regreso digno y seguro a casa

Eréndira, liberada junto con Lidia la semana pasada, nació en Michoacán. Se dedicaba a la pizca de limón en el campo. Vivía con sus cinco hijos, la más chica de 14 años, seis nietos y tres hermanas. 

También de escasos recursos y ante la precariedad del trabajo agrícola con pagos de menos de 3 mil pesos mensuales, no tenía suficiente dinero para cubrir las necesidades de comida, ropa y calzado de su familia. El 20 de abril de 2018 fue detenida por policías municipales en Guerrero. No le explicaron las razones, no pudo hablar con su defensor de oficio y nunca había tenido acceso a su expediente. Eréndira tiene dificultades para leer y escribir.

Fue privada injustamente de su libertad durante 6 años y 9 meses en el Cefereso 16. Luego de ser detenida junto con otras tres mujeres, se le sentenció sin pruebas a 13 años 10 meses y 15 días por supuesta posesión de marihuana y cartuchos. Desde antes de ser liberada, sabía que al salir quería conseguir trabajo, continuar sus estudios y cumplir su sueño de ser maestra de kinder. Para ella, la educación es una manera de reparar la violencia en el país.

Pero el regreso y la reinserción después de la liberación no siempre es fácil. “Una de las cosas que tiene nuestro sistema de justicia es que a pesar de que tiene como objetivo la reinserción social, una vez que salen las personas de la cárcel no hay nadie que les garantice un regreso a casa seguro, unas condiciones que les permitan reinsertarse y retomar; les abren la puerta y les desean buena suerte”, sostiene Demichelis.

Además, en el caso de un centro penitenciario como el Cefereso 16, que es federal, hay personas privadas de la libertad originarias de toda la República. Con un simple “suerte”, tienen que regresar a la sierra de Guerrero, de Chihuahua, o algún poblado de Chiapas, con el riesgo y el costo que implica, sin forma de comunicación e incluso, posiblemente, de identificación. Por eso, la campaña “Libéralas” fue pensada para financiar las multas, pero también el regreso digno y seguro a casa. 

“Nosotras hicimos un estimado, ya también conociéndolas a ellas, sus lugares de origen o a donde quieren regresar, porque no todas quieren regresar a su lugar de origen por condiciones de seguridad o lo que sea; hicimos un estimado para cubrirles los traslados, por ejemplo, revisiones médicas, una semana de alimentos para que puedan por lo menos tener esa seguridad en lo que buscan empleo, se establecen nuevamente con sus familias, y para poder también pagarles traslados a recuperar documentos, o muchas veces las preliberaciones se dan bajo la condición de que tienen que regresar a firmar mes con mes”, explica. 

Con los 90 mil pesos que ya llevaban recaudados de los 250 mil que contempló la campaña, el viernes 23 de mayo se pagaron las multas para las liberaciones de Lidia y Eréndira, que se hicieron efectivas el lunes 26 de mayo, después de la audiencia respectiva. Ellas ya están de regreso a casa, pero Luna, Margarita y María Isabel aún esperan correr con la misma suerte. 

“Ojalá lo que haga sea fomentar nuevas donaciones como de ‘sí funciona’, ya se está materializó la libertad de cinco mujeres”, desea Demichelis. Los casos de mujeres sentenciadas injustamente les permitieron, además, identificar ciertas características similares entre ellas: provenir de contextos de mucha precariedad, pobreza y altos índices de violencia; haber tenido una defensa inadecuada; tres de ellas madres solteras y el sostén de la casa, quienes tuvieron que dejar a sus hijos al cuidado de las abuelas, así como haberse enfrentado a la fabricación de delitos y violencia durante su detención, ya sea violencia física, o amenazas de violencia sexual.

Para Demichelis, el objetivo poco a poco se va consiguiendo: “Hacer ver que son injusticias, porque estas mujeres no cometieron el delito, pero que también estamos frente a un sistema de justicia penal que castiga la pobreza, la precariedad, que castiga a ciertas poblaciones en específico; hemos visto una respuesta positiva, pero de pronto no somos muy dados a accionar. Ha sido increíble porque hemos registrado en la plataforma donativos de 30 pesos, y me parece algo increíble, porque 30 pesos suman. 

“El alcance es increíble, a pesar de no estar cerca de la meta, pero el objetivo no es solamente la recaudación; es poder llegar a más personas con esos mensajes, poder decir que esto es lo que pasa en un país como México, en donde se castiga de forma desproporcionada conductas que no tienen víctimas, que además si lo comparamos con la cantidad de personas que están privadas de la libertad por delitos de narcotráfico de alto impacto, es mucho mayor la gente que está por delitos menores; realmente se está castigando a los eslabones más bajos sin tocar las estructuras más grandes del mercado ilícito de drogas”, concluye.

Con la ayuda de la activista Viridiana Molina, exinterna ese centro carcelario –liberada en 2019 e integrante de la organización Artículo 20–, Mónica Botero Rojas logró lo que parecía imposible: que el Estado mexicano, mediante el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SS y PC), solventara el traslado del cuerpo de Jheralding hasta su destino final, Cali, Colombia, en el vuelo AV187 de Avianca, con escala en Bogotá.

“A la señora las autoridades del Cefereso no le dieron información, y su consulado prácticamente la dejó sola. Yo me comuniqué al Cefereso y la directora (Adriana Villeda Salazar) me dijo que ya se le había informado al abogado lo que había pasado con Jheralding y que él se había comunicado con su hermano. Pero él murió hace un año, ¿cómo era eso posible? También me dijeron que el reconocimiento se haría vía Zoom, de manera remota”, relata Viridiana Molina en entrevista.

“Lo que querían las autoridades y el consulado era que la señora se hiciera cargo de la repatriación. Cuando se reconoció el cuerpo en la Fiscalía General de Justicia de Morelos, los empleados de la funeraria que presta servicio al Cefereso, y que ya me conocen, me dijeron que tenían autorización para llevar el cuerpo hasta el aeropuerto de la Ciudad de México. Yo les dije que nos lo entregaran en ese momento y que yo lo llevaría a Palacio Nacional. Jheralding murió bajo custodia del Estado; tenían que asumir su responsabilidad”, expone la activista. Agregó que personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acompañó a Mónica Botero en el trámite, al tiempo que integró una queja de oficio.

En 2023 la CNDH emitió la Recomendación 276, dirigida al OADPRS y a la Fiscalía de Morelos (en la que se documentaron 13 presuntos suicidios), en la que se exhorta a “actuar con debida diligencia en estos casos, a fin de evitar que otras mujeres atenten contra su vida, realizando las acciones necesarias, oportunas y articuladas para brindar acompañamiento y atención urgente a la salud mental de las mujeres”, recordó el organismo autónomo en un comunicado fechado el 9 de febrero, tres días después de la muerte de Jheralding.

Cuando falleció Jheralding, los familiares de Ana María le compartieron el contacto de Viridiana Molina, con quien Mónica se comunicó y quien la acompañó en todo el proceso, desde antes de que lograra llegar a México el 12 de febrero, hasta que ella y su hija partieron en el mismo Airbus 320 con destino a Cali.

Mientras Mónica reunía fondos para viajar a México, recibió una videollamada de una mujer que conocía como compañera de celda de Jheralding y que, días después, se enteraría de que se habían casado dentro del penal.

“Fue una llamada de casi 20 minutos para pedirme que no viniera a México, que parara el circo, así me dijo. Yo la veía cómo leía un papel y miraba a alguien frente a ella. Me decía que Jheral no había podido superar la muerte de su hermano, que se golpeaba y se arañaba, que en la cárcel le habían dado terapia; me dijo que no le hiciera caso a Viridiana, que me pusiera en contacto con su papá, que él me iba a ayudar. Yo le mandé mensaje a ese señor, pero nunca respondió”, cuenta Mónica.

La llamada generó más dudas en la mujer, quien tenía presente que, durante los siete años que Jheralding estuvo en el Cefereso 16, no le autorizaban más de 10 minutos para comunicarse con su familia cada 15 días, cada tres semanas o cada mes.

Más aún, le parecía inverosímil que la persona que estuvo cerca de ella le dijera que su hija habría atentado contra su vida porque no había superado la muerte de su hermano.

A ello se suman medidas disciplinarias como la sujeción de pies y manos, “constituyendo en sí mismo un entorno torturante, en el que la afectación es tan grave a la integridad y a la psicología de las mujeres que es equiparable a un acto de tortura”, explica Sofía de Robina, titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura (STCT).

Entre los argumentos del IFDP en el juicio de amparo, De Robina expone que “todas las omisiones en conjunto generan tal afectación a las mujeres que están generando un acto equiparable a tortura, porque no están accediendo a condiciones dignas para sobrevivir y están a disposición de una autoridad que no les está cumpliendo, están sometidas a una autoridad que no está viendo por ellas y que está generando una afectación grave a la integridad”.

De las 16 internas del Cefereso con problemas graves de salud mental y física no atendidas apropiadamente, representadas por el IFDP en el amparo, una de ellas murió por presunto suicidio, reportado el 25 de junio de 2024.

“La población ya está intoxicada”

La persistencia de problemas de salud no atendidos entre las internas del Cefereso 16 fue advertida por el IFDP desde noviembre de 2023, cuando, en una muestra de 41 mujeres, detectaron que 39 tenían algún problema de salud física o mental, de las cuales “33 mencionaron que, aunque tenían un diagnóstico inicial, el centro penitenciario no les proporcionó el tratamiento que requerían de manera completa ni constante”, incluso se negó el acceso a medicamentos adquiridos por familiares.

De los 11 casos de presunto suicidio representados por el IFDP, con carpetas integradas por feminicidio, siete de las mujeres habían sido sentenciadas –cinco en el fuero común y dos en el fuero federal–, mientras que cuatro estaban en condición de prisión preventiva.

Entre las características de las víctimas sobresale que en tres había antecedentes de afectaciones a la salud mental y en cuatro a la salud física, que no fueron atendidas, así como dos intentos de suicidio previos que causaron castigos como sujeción forzada de pies y manos.

El 5 de marzo último, el IFDP dio a conocer la sentencia al amparo presentado en diciembre de 2023, emitida por el Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Morelos, que advirtió que no se dio atención a la salud mental de las internas demandantes, conductas que “constituyen una forma de violencia en contra de las quejosas, quienes, al estar privadas de libertad, no tienen mayores elementos para alcanzar un óptimo estado de salud mental”, además de que representan “un abuso total de la posición de poder de las autoridades frente a las mujeres privadas de libertad”.

En la resolución, se ordena a la Secretaría de Salud “diseñar e implementar una política de Estado en materia de salud mental para las mujeres privadas de la libertad, con planes a corto, mediano y largo plazo; y a las autoridades penitenciarias del Cefereso 16 les ordena garantizar que personal médico especialista en psiquiatría brinde atención y seguimiento adecuado a las mujeres quejosas”, según se lee en el comunicado de prensa del IFDP.

Verónica Razo Casales, quien estuvo internada en el Cefereso 16 de 2015 a 2024, compartió con muchas de las mujeres fallecidas las condiciones y el ambiente “muy triste” del penal femenil, en donde son sometidas a antidepresivos “para tenerlas bajo control; la población ya está intoxicada”.

Razo Casales, víctima de tortura sexual al ser detenida en 2011, acusada ilegalmente de secuestro y delincuencia organizada, sostiene que durante su estancia en el Cefereso 16 tenía prescritos antidepresivos, pero no los consumía.

“Yo no me los tomaba (los antidepresivos) porque veía cómo estaban las compañeras, y jamás me quise ver así de estúpida. Yo no quería salirme de la realidad; no quería que mis hijos me vieran en ese estado. Cuando me llegaba a revisar el psiquiatra, me decía que vería que me estaba cayendo bien el tratamiento y me recetaba más dosis. Ni siquiera me daban alguna terapia”, apunta.

Razo Casales denuncia que durante su estancia vivió en carne propia la práctica institucional del Cefereso 16 de ser “muy puntuales con el suministro de los antidepresivos, con el clonazepam y demás cosas, pero no con los antibióticos, no con las insulinas, no con los medicamentos que realmente necesitan las internas”.

Confía que durante su estancia presenció el suicidio de una compañera que al parecer sufría un problema psiquiátrico y de salud que no fue atendido.

Sobre la supervisión de la CNDH, dice que, pese a que hay personal de planta en el Cefereso, “nunca hacen nada. Toman tu queja, te hacen firmar y ya. Cuando hay visita, las autoridades del penal ponen todo muy bonito: dan buena comida y talleres, pero la realidad es alucinante. Tengo montones de diplomas que me dieron, dizque por asistir a talleres en los que nomás ves cómo los talleristas hacen las cosas, pero tú no puedes tocar nada, o te dan talleres estúpidos como de buenos modales”.

Verónica Razo, quien dice que, a diferencia de la gran mayoría de las mujeres internas, lo que la mantuvo fue el apoyo incondicional de su familia, que la visitaba frecuentemente y que buscó el apoyo legal del Instituto Federal de Defensoría Pública, que al final logró su absolución después de 12 años de reclusión injusta.

“Imagina que estás en un lugar al que llegaste por lo que hizo el vecino que te rentaba la casa, el suegro, el amigo, el esposo, el hermano o el hijo, porque así es en la gran mayoría de los casos. Que tu única esperanza es tener un proceso más o menos justo, pero del que no se te informa nada, y de lo único que llegas a enterar es cuando te dicen que te sentenciaron a 75, 100 o 125 años.

“Tu familia no te quiere contestar y no te visita porque no tienen recursos. Si dejaste hijos afuera, no sabes quién los tiene. No tienes quién te deposite para comprarte un champú o unas galletas. Y te intoxican con medicamentos que te hacen ver y pensar cosas fuera de la realidad, que te hacen meterte tanto en tu depresión que llegas a pensar que ya nadie te quiere, que a nadie le haces falta. ¿Qué harías?”, cuestiona Razo al confesar que, a más de un año de recuperar la libertad, aún sigue sin superar el trauma que le causó ser víctima de prisión injusta, y que para ella fue “justamente, el infierno”.

En todos los casos las autoridades catalogaron las muertes como suicidios, sin que hasta el momento entreguen a sus representantes legales o familiares evidencia alguna de que tuvieran un problema de salud mental que las llevara a quitarse la vida.

En cambio, el Instituto de la Defensoría Pública Federal (IFDP), organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han documentado diversas violaciones a los derechos humanos ocurridas dentro del penal, mismas que no han sido erradicadas en su totalidad.

Entre esas violaciones se encuentra la falta de atención médica psiquiátrica y de otras especialidades enfocadas específicamente a la salud de las mujeres.

Por ello, 16 internas tramitaron un amparo que el pasado 28 de febrero de 2025 fue resuelto por Horacio Hernández Sotelo, secretario en funciones de juez Décimo de Distrito en el estado de Morelos a favor de las reclusas.

En su resolución, dictada en el expediente 21/2024, el secretario en funciones de juzgador concluyó que las autoridades del penal federal no acreditaron haber otorgado atención médica psiquiátrica a las internas, pese a que éstas lo solicitaron formalmente a través de sus representantes legales.

“De las notas médicas que remitió la autoridad, no se advierte que se haya otorgado esa atención, y por lo que hace a la rama de psiquiatría las notas y recetas médicas son posteriores a la presentación de la demanda de amparo o datan de fechas muy lejanas a la fecha de presentación de la demanda de amparo, por lo que no existe convicción de que las quejosas antes de la promoción del presente juicio hubieran recibido atención médica especializada en psiquiatría, que hubieran recibido los medicamentos recetados y menos que periódicamente se hubiera ajustado la dosis indicado en relación con su evolución”, señaló el juzgador.

De este modo, confirmó las denuncias anteriormente realizadas por el IFDP relacionadas con que no se ha realizado un verdadero seguimiento puntual para atender la salud mental de las reclusas del Cefereso 16.

Entre las quejas de las reclusas no sólo está la falta de atención médica especializada sino también la negativa de las autoridades a darles acceso a sus expedientes médicos para justificar sus requerimientos sobre determinados medicamentos.

Este conflicto también formó parte del amparo en el que Hernández Sotelo declaró inconstitucional la negativa de las autoridades del penal a darles acceso a las reclusas a sus expedientes médicos bajo el argumento de que pueden solicitarlo vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

“Se estima inconstitucional que el TITULAR DEL AREA JURÍDICA Y TÉCNICA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL (CEFERESO) NO. 16 “CPS FEMENIL MORELOS, esté negado a las quejosas el acceso a su expediente clínico, pues si bien refirió en su informe justificado, que éste puede ser solicitado a través del portal de transparencia, lo cierto es que no acreditó ni informó si las quejosas tenían acceso a una computadora con internet, para formular esa solicitud, por lo que este Juzgador considera que el mecanismo de acceso al expediente clínico de las quejosas, no es razonable dado su situación de reclusión”, enfatizó el juez.

Por ello, ordenó a la Secretaría de Salud federal que en el plazo de 6 meses elabore y defina una política de Estado de corto, mediano y largo plazo en materia de salud mental para atender a las reclusas del Cefereso 16.

“Que sea plenamente consistente con los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano. Dicha política de Estado deberá ser presentada en un acto público dentro del citado Centro, en el que además se reconozca la responsabilidad del Estado Mexicano en las carencias de las condiciones de detención, específicamente en cuanto a salud mental”, precisa el fallo.

A la directora del penal ordenó realizar las gestiones necesarias para que una vez cada 15 días durante los siguientes 6 meses, acudan médicos con especialidad en psiquiatría a dar atención y seguimiento a las quejosas, asegurándose que reciban gratuitamente los medicamentos que les sean recetados.

“Se otorga el amparo para el efecto de que el TITULAR DEL ÁREA JURÍDICA Y TÉCNICA DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL (CEFERESO) NO. 16 CPS FEMENIL MORELOS, acredite la entrega de su expediente clínico a las quejosas por conducto de su representante en este juicio constitucional Sofía de Robina Castro, en su carácter de Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del Instituto de Defensoría Pública, en la inteligencia de que el manejo de esas constancias deberá de hacerse de manera diligente y confidencial, por contener información sensible y personal de las, quejosas”, agregó el juzgador.

La emergencia no atendida

La demanda de amparo fue presentada desde enero de 2024 por personal del IFDP en representación de las 16 internas.

En el año que duró el juicio de amparo fallecieron seis reclusas del penal federal, una de ellas, Samantha “N”, formaba parte del grupo de 16 quejosas que presentaron la demanda.

Todas sus muertes, al igual que el resto de los fallecimientos ocurridos desde 2022 en el Cefereso 16, fueron catalogadas como suicidios y han derivado en diversos pronunciamientos por parte del IFDP y organizaciones de la sociedad civil para urgir a las autoridades federales a poner atención en las violaciones a los derechos humanos que padecen las mujeres dentro del penal.

Proceso informó (No. 11) que las muertes sospechosas de mujeres dentro del penal femenil de Morelos incrementaron considerablemente haciéndolas un problema latente.

Por 13 fallecimientos ocurridos entre 2022 y 2023 la CNDH emitió una recomendación en la que documentó violaciones al derecho a la salud de las internas, a la seguridad jurídica, al derecho a la igualdad, entre otros.

En noviembre de 2023 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que todos los casos fueron remitidos para su investigación a la Fiscalía General de la República (FGR) que, a más de un año de ello, no ha dado ningún informe sobre estos asuntos.

Por ello, desde entonces el IFDP alertó de la situación a través de diversos amparos tramitados para intentar proteger a sus representadas en los que ha afirmado que las condiciones en las que viven las internas del Cefereso 16 constituyen actos de tortura atribuibles al Estado mexicano.

Sin embargo, la problemática del Cefereso 16 quedó en el olvido a partir de los conflictos derivados de la presentación de la iniciativa de reforma judicial, en febrero de 2024 y hasta la fecha en la que el Poder Judicial de la Federación (PJF) —encargado de resolver los amparos tramitados por el IFDP— aún se encuentra lidiando con el cambio de administración que llegará a partir de la elección de junio próximo.