La agresión contra los defensores sucedió en el marco de la lucha que desde el pasado 28 de mayo se intensificó en la comunidad, luego de que la presidenta municipal de Xoxtla, Guadalupe Ortiz, informara públicamente la ratificación del convenio que su antecesora Guadalupe Peregrina firmó con el gobierno de Puebla, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) y la empresa Agua de Puebla para rehabilitar el pozo 4 de la comunidad y llevar 50 por ciento de su agua a la capital del estado.

Como parte de sus acciones, la comunidad realizó este lunes un cabildo abierto para derogar todo permiso, convenio y negociación que el municipio haya tenido con la empresa, el gobierno del estado y las instituciones que pretendan extraer el agua de la comunidad, como se acordó tras una asamblea pública el pasado 30 de mayo.

El operativo, agregó el NODHO, “parece reforzar la práctica caciquil de utilizar a las fuerzas armadas y de seguridad como agentes represivos al servicio de intereses clientelares”, lo que se suma a la “constante presencia militar y policíaca que amenaza con reprimir violentamente a la movilización en San Miguel Xoxtla que exige la cancelación de los contratos de cesión de agua a empresas extractivas”.

El Nodo de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la seguridad de los defensores del agua y exigieron a los gobiernos municipal, estatal y federal que respeten el derecho de los pueblos a decidir sobre su territorio y sus recursos.