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No hay pruebas de colusión de instituciones con red de “huachicoleo”, afirma Harfuch

Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó, el 18 de julio de 2025, que no había pruebas que Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias “Don Checo”, presunto líder de una organización dedicada al robo de hidrocarburos o “huachicol” en el centro del país, recibiera protección desde la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Coordinación de Inteligencia de Petróleos Mexicanos (PEMEX), tal como lo informó, el mismo día, el diario Reforma.

“Con relación a la nota del Periódico Reforma donde refiere que había protección de @SEMAR_mx y de @FGRMexico a una célula criminal dedicada al robo de hidrocarburo preciso lo siguiente: Después de seis meses de trabajos de investigación realizado por personal de @SSPCMexico en coordinación con las áreas de inteligencia de @SEMAR_mx, la @FGRMexico obtuvo 12 órdenes de cateo y 7 órdenes de aprehensión”, escribió el funcionario federal, en su cuenta de la red social X.

“Como resultado, se desmanteló una de las principales organizaciones criminales dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburo en la zona centro del país. Fueron detenidas 32 personas, se aseguraron 16 millones de pesos, 21 tractocamiones, 8 pipas, diversos contenedores y un tanque estacionario, además de animales exóticos. Este es un hecho sin precedentes que muestra el compromiso de este gobierno para combatir estas operaciones delictivas. Las investigaciones continúan y no hay un sólo indicio o prueba sobre una colusión de las dos instituciones referidas, fueron precisamente estas instituciones, las que desarticularon esta red criminal”, recordó García Harfuch.

Según la investigación citada por el rotativo, misma que llevó a la cárcel a “Don Checo”, la FGR intervino legalmente su teléfono semanas antes de que fuera aprehendido en el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, y en sus conversaciones supuestamente se constató que era protegido y que pagaba a servidores públicos de los tres niveles de Gobierno.

Reforma detalló que los cerca de dos mil audios grabados presuntamente revelaron que “Don Checo” ordenaba a sus lugartenientes reunirse con marinos, que pagaba 25 mil pesos semanales a funcionarios de Inteligencia de PEMEX y que la FGR le avisó con anticipación que iba a catearle uno de los inmuebles donde presumiblemente guardaba “huachicol”.

Según el mismo diario, en una de las llamadas, registrada por la Fiscalía General de la República como “evento 800”, uno de los lugartenientes le comentó a “Don Checo”, que una de las tareas que tenía pendiente era cubrir la nómina de los funcionarios de la petrolera paraestatal.

“Le tengo que dar 25 mil pesos cada ocho días al de Inteligencia, al nuevo, al Pérez, al director, que es un nuevo acuerdo, se darían 25 mil hoy de entrada y el lunes cada semana 25”, dijo el interlocutor del presunto líder delictivo. En otra escucha telefónica con número 1146, uno de sus subordinados le reportó a Rebollo Mendoza que tenía los sobres amarillos listos para entregarlos a funcionarios de la petrolera paraestatal mexicana.

“Ya tengo que dejar algo de dinero, ayer no les di, ayer le entregué al chilango, ya traigo tres sobres, uno de Inteligencia de PEMEX, uno de 74 que dice Municipal y otro de Investigación de PEMEX, son 55 mil pesos, que se los iban a dar a la licenciada Isela porque se los iba a dar al ‘Puma’, pero necesito que me traigan dinero porque no sé si puedo agarrar eso”, comentó el mismo supuesto lugarteniente de “Don Checho”.

Según Reforma, la conversación número 1079, una mujer le anunció a Rebollo Mendoza que le acababan de avisar que la FGR iba a catear un inmueble de la organización “huachicolera”, ubicado en el kilómetro 136 de la Autopista México-Querétaro, en el que guardaban combustible robado.

“Me acaba de hablar ‘El Güero Mantecas’, que les hablaron los de la Fiscalía General de la República para una presentación… le dijeron que se va a proceder con la orden de cateo en el 136”, indicó la mujer, citada por el rotativo.

En otra de las llamadas intervenidas, con número 1153, Israel Molina Núñez, alias “El Mil Millones”, mando medio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Jilotepec, en el Estado de México, y también detenido en la misma causa, le pidió a “Don Checo” 5 mil pesos para gratificar a un Ministerio Público de la FGR y a un policía, por liberar a un cómplice de la organización detenido con un arma de fuego.

“Ya no agarré los sobres porque ya se los di a la licenciada Isela, ya me están pidiendo el recurso, son los 200 que tengo que dejar, 205 mil pesos. Los 200 que usted ayer me ofreció yo se lo di por todo, pero tengo que dejarle 5 mil a un policía, entre un policía y un MP que nos atendió, patrón”, expresó “El Mil Millones”.

“Claro, ¿pero ya los van a dejar? ¿Chivo dado, chivo brincado, su rancho pagado?”, respondió Rebollo Mendoza. “Sí”, contestó Molina Núñez. Según el rotativo, la FGR también hizo un reporte de la grabación registrada como el número 909, de la línea telefónica con terminación 8478, en la que “Don Checho” habló con un sujeto no identificado y dejó constancia de la supuesta complicidad de los marinos.

“El hombre refiere: ‘No, ya no me dio tiempo. Vaya con los amigos los marinos’. El hombre dos refiere: ‘Hay que ir con ellos pegados con el jefe, pero hoy a las 11 se va a chingar a su madre, y ya me dijo el amigo que ya yéndose me avisa y le damos para adelante’. ‘El amigo éste sí jala, pero él anda ahí como con los de la Marina y la estatal'”, reveló el reporte, citado por el diario Reforma.

El 9 de julio de 2025, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, vinculó a proceso a “Don Checo” y a cinco de sus supuestos operadores, por delincuencia organizada, con la finalidad para cometer delitos en materia de hidrocarburos. También, por los delitos de posesión y almacenamiento ilícito de petrolífero y sustracción ilícita de combustibles.

Los coprocesados fueron Luis Miguel Ortega Maldonado, “El Flaco de Oro”; Diego Rebollo González, Aurelio Hernández Lozano, “El Gepeto”, Israel Molina Núñez, “El Mil Millones”, y Eréndira Jacala García Hernández, “La Yeyé”.

El impartidor de justicia les fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, tiempo previsto para que la defensa y la Fiscalía General de la República reunieran los datos de prueba necesarios para un eventual juicio.

Al mismo tiempo, el juez les ratificó la imposición de la prisión preventiva de oficio, medida cautelar por la que los hombres permanecerían internados en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, EDOMEX, y García Hernández en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil Número 16, en Coatlán del Río, Morelos.

El 28 y 29 de junio de 2025, elementos de Seguridad federales capturaron a 32 presuntos miembros de la organización que presuntamente lideraba “Don Checo” y que desde el 2015 operaba el robo de combustible a gran escala en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Querétaro. Rebollo Mendoza y sus presuntos operadores fueron detenidos con base en una orden de aprehensión.

En el operativo, las autoridades de Seguridad federales aseguraron 12 inmuebles que funcionaban como centros de operaciones, 21 tractocamiones, 14 semirremolques, 5 remolques, 14 contenedores tipo tanque y autotanques, 8 pipas, 5 cajas secas, un tanque estacionario y fueron clausuradas 2 tomas clandestinas.

Además, incautaron animales exóticos, 48 vehículos -algunos blindados y de lujo-, un autobús, 12 motocicletas y 36 armas de fuego, una bodega de almacenamiento, dosis de droga y cajas de medicamentos controlados, y casi 16 millones de pesos en efectivo.

El Gobierno Federal identificó a “Don Checo” como el líder del grupo delictivo, mientras que a Ortega Maldonado lo catalogó como el principal operador y socio de la organización, en tanto que el ingeniero Hernández Lozano fue señalado como el encargado de elaborar estructuras de tanques y de ser el intermediario en la venta de los hidrocarburos robados.

Por su parte, a García Hernández le atribuyeron ser la responsable de establecer convenios con autoridades policiales y ministeriales, así como del transporte, y a Molina Núñez de mantener los contactos con autoridades y “fabricar” documentos apócrifos para acreditar la procedencia de los combustibles.

Previo a este operativo, se libraron siete órdenes de aprehensión contra los mandos de este supuesto grupo delincuencial, de los cuales fueron detenidos seis, entre ellos “Don Checo” y sus presuntos cómplices ahora procesados. Los otros 26 fueron capturados en flagrancia durante la redada.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Más de 900 mujeres han desaparecido en lo que va del sexenio en Oaxaca, alertan organizaciones

En lo que va del gobierno de Salomón Jara, más de 900 mujeres han desaparecido en Oaxaca, en su mayoría niñas y jóvenes de entre 12 y 29 años, denunciaron colectivos y organizaciones de derechos humanos con base en datos del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca).

“La mayoría de estos casos siguen impunes, mientras las familias enfrentan revictimización institucional, falta de protocolos con enfoque de género y negligencia sistemática”, señalaron las organizaciones tras un encuentro de juventudes activistas, colectivos e instituciones educativas, en el que realizaron un análisis colectivo e interseccional sobre las condiciones que atraviesan los jóvenes en la entidad.

Además de las cifras “alarmantes” por la desaparición de mujeres, las juventudes y organizaciones también alertaron por el índice de explotación y exclusión laboral; el racismo, la discriminación lingüística y el despojo territorial contra los jóvenes indígenas y afrodescendientes; la exclusión de las juventudes de la diversidad sexogenérica en espacios laborales y educativos; así como la exclusión sistemática de las juventudes con discapacidad.

“Las juventudes enfrentan una situación marcada por violencias estructurales, discriminación, falta de acceso a empleos dignos, desapariciones, criminalización, violencia institucional, las desigualdades de género, clase, origen étnico, orientación sexual, identidad de género y territorio, generando graves impactos en sus vidas, en su bienestar emocional y en el futuro de las juventudes oaxaqueñas”, destacaron en un comunicado conjunto.

Frente a la crisis de derechos humanos que enfrentan los jóvenes en Oaxaca, exigieron al gobierno estatal acciones efectivas de búsqueda e investigación de los casos de desaparición de mujeres; políticas que garanticen condiciones laborales justas y libres de violencias; políticas públicas interseccionales “que partan del diálogo real con juventudes urbanas, rurales, afrodescendientes, indígenas, migrantes, con discapacidad y de la diversidad sexogenérica”, y el cese a la criminalización y persecusión policial de los jóvenes, entre otras medidas.

COMUNICADO:




FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Morena amonesta a diputadas por ligar al partido en pro del sindicato de Pedro Haces

Morena amonestó a dos diputadas federales debido a que participaron y promovieron el proceso de afiliación en la Catem, organización sindical liderada por el diputado Pedro Haces Barba.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena anunció que dos diputadas de su bancada recibieron una amonestación pública debido a que incurrieron en actos que vinculan al partido con el sindicato Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) liderado por Pedro Haces Barba.

Las legisladoras amonestadas son Adriana Belinda Quiroz Gallegos y Petra Romero Gómez, quienes fueron sancionadas por incurrir en la comisión de actos contrarios a la normatividad interna del instituto político.

De acuerdo con un comunicado emitido por Morena, las morenistas fueron apercibidas debido a que promovieron y participaron en el proceso de afiliación de la Catem.
Ambas legisladoras fueron amonestadas debido a que participaron en actividades relacionadas con el sindicato, liderado por Pedro Haces, en su carácter de diputadas federales de Morena, además de que utilizaron logos y emblemas oficiales del partido para promover intereses gremiales.

El instituto político recalcó que dichas acciones pudieron generar confusión entre la ciudadanía al asociar al organismo sindical con el partido, con lo que se compromete la autonomía del movimiento.

Según el documento compartido por Morena, la afiliación corporativa y el intento de vincular al partido con la Catem puede derivar en prácticas de clientelismo o corporativismo, las cuales están prohibidas.

Debido a las acciones en las que incurrieron las diputadas Adriana Belinda Quiroz Gallegos y Petra Romero Gómez, Morena exhortó a ambas a no reincidir en este tipo de conductas, así como a comportarse conforme a los principios, valores, obligaciones y fundamentos establecidos en los estatutos de Morena.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El exalcalde de Izamal es detenido en Yucatán por presunto robo de animales de ganado

El exalcalde de Izamal, Warnel May Escobar, fue detenido en Peto, Yucatán, por presunto robo de ganado al transportar sin documentación 10 reses.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán detuvo ayer al exalcalde de Izamal, Warnel May Escobar, por su presunta participación en el delito de robo de ganado.

De acuerdo con medios locales, la aprehensión se realizó en el centro del municipio de Peto, donde el exfuncionario transportaba 10 animales a bordo de un remolque, sin contar con la documentación requerida.

Durante la inspección, el exedil May Escobar no logró acreditar la legal procedencia de al menos cuatro animales, debido a que no presentó la guía de traslado correspondiente y realizó el traslado en un horario no permitido, según confirmaron las autoridades estatales.

Junto al exalcalde también fue detenido un acompañante identificado como A.G.U.R., quien igualmente no presentó la documentación exigida para el transporte de ganado. "De acuerdo con el reporte inicial, los involucrados fueron detenidos en una calle del centro de Peto, por lo que se procedió conforme a la Ley", comunicó la Fiscalía.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Tekax tras una denuncia interpuesta por la Policía Municipal, lo que permitió iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

El exalcalde, identificado como exdiputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), permanece detenido mientras se integran los elementos necesarios para determinar su situación jurídica ante las acusaciones de abigeato.

En tanto, las autoridades aseguraron el ganado y trasladaron el vehículo utilizado para la movilización de las reses a un depósito oficial, como parte del proceso legal.

Esta no es la primera ocasión en que Warnel May se ve envuelto en escándalos. En 2024, el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) anuló la elección municipal de Izamal tras comprobar que el exedil incurrió en delitos electorales, al utilizar recursos públicos, y violar los principios de imparcialidad y equidad durante la contienda.

Sabe que May Escobar ha ocupado cargos públicos como Diputado local y Presidente municipal; y en 2021 enfrentó una demanda civil por reconocimiento de paternidad y manutención.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Autoridades aseguran 6 laboratorios y 4.8 toneladas de metanfetamina en Sinaloa

Las autoridades federales localizaron seis laboratorios en Sinaloa, donde se aseguraron más de cuatro toneladas de metanfetamina y 47 mil litros de químicos para su producción.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desmantelaron este viernes seis laboratorios clandestinos en el municipio de Navolato, Sinaloa.

Por medio de un comunicado, las fuerzas federales dieron a conocer que localizaron las instalaciones ilícitas durante un operativo terrestre en el poblado de Montelargo, donde también incautaron cuatro mil 800 kilogramos de metanfetamina lista para su distribución.

Además, durante la intervención, las autoridades aseguraron 47 mil 550 litros de precursores químicos, utilizados para la fabricación de drogas sintéticas, así como maquinaria y equipo especializado, entre ellos: 12 reactores con capacidad de mil litros, 14 condensadores, cuatro mezcladoras industriales, una centrifugadora y diverso material empleado en la producción de estupefacientes.
De acuerdo con estimaciones oficiales, la operación representa una afectación económica superior a los mil 350 millones de pesos para los grupos de la delincuencia organizada que operan en la zona.

Suman 50 laboratorios clandestinos localizados y neutralizados en 2025 por personal naval; y más de 420 toneladas de sustancias químicas aseguradas.

El material incautado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien integrará las carpetas de investigación correspondientes y realizará las indagatorias subsecuentes.

El despliegue forma parte de las estrategias para impedir la producción y distribución de drogas sintéticas en el país, especialmente aquellas que representan un riesgo directo para la salud pública.

Con ello, la Secretaría de Marina y las demás dependencias del Gabinete de Seguridad reafirmaron su compromiso en la lucha contra el crimen organizado mediante operativos conjuntos en todo el país.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Comunidades nahuas y nuntajiiyi’ mantienen lucha jurídica contra gasoducto marítimo en Veracruz

Comunidades nahuas y nuntajiiyi’ que se oponen a la instalación del gasoducto marítimo «Puerta del Sureste», en Veracruz, informaron que esperan la resolución del recurso de queja que presentaron el pasado 7 de julio contra la decisión del Juzgado de Distrito en Coatzacoalcos, el cual decidió desechar el amparo que el pasado 25 de junio interpusieron contra el megaproyecto.

Las 15 comunidades explicaron que el Juzgado desestimó el juicio de amparo tres días después de que interpusieron el recurso legal, en el que denunciaron la falta de información pública sobre el gasoducto a las comunidades indígenas afectadas, y la violación de su derecho como pueblos a la libre autodeterminación, relacionada con la disposición de su «maritorio» para el otorgamiento de permisos de construcción y funcionamiento del gasoducto. 

«El Juzgado de Distrito en Coatzacoalcos, al que le tocó conocer de este juicio, decidió desechar nuestro juicio de amparo siendo omiso a nuestro planteamiento y desconociendo nuestro derecho a acceder a la justicia en materia ambiental, así como nuestros derechos colectivos basados en nuestros usos y costumbres, como lo es nuestra práctica ancestral de realizar asambleas comunitarias como órgano de toma de decisiones de nuestras comunidades indígenas», precisaron en un comunicado.

El amparo interpuesto por las comunidades de los municipios de Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan, ubicadas sobre la costa del Golfo de México y de la laguna del Ostión, está dirigido contra los «actos u omisiones del poder ejecutivo federal», dirigido por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como contra el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea).

A través del amparo también solicitaron una medida cautelar para que no se active la distribución de gas por el ducto «hasta que sea propicia la información otorgada a los quejosos», así como que se cumpla con el principio precautorio en materia ambiental que compruebe científicamente que no existirán daños al ambiente y a los ecosistemas y que no disminuirá la disponibilidad de sus fuentes de alimentación ni se afectarán a las especies de la región.

Las comunidades señalaron que están a la espera de que un Tribunal Colegiado revise y califique la decisión del Juzgado para continuar con lucha jurídica y comunitaria en defensa de su territorio.

COMUNICADO:

Como lo manifestamos en conferencia de prensa el pasado miércoles 25 de junio en la ciudad de Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz, 15 comunidades nahuas y nuntajiiyi’ de los municipios de Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan ubicadas sobre la costa del Golfo de México y de la laguna del Ostión, inconformes por la instalación del gasoducto marítimo “Puerta del Sureste” en nuestro territorio marítimo o “maritorio”, presentamos un juicio de amparo indirecto  en los Juzgados de Distrito  ubicados en Coatzacoalcos contra actos u omisiones del poder ejecutivo federal, en este caso contra la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, como depositaria del supremo Poder Ejecutivo de la Unión, contra el INPI (Instituto Nacional de Pueblos Indígenas) y contra la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente). Y se llamó a juicio a terceros interesados.

En este juicio de amparo se reclaman: la falta de información pública hacia nosotras, las comunidades indígenas afectadas, y la violación de nuestro derecho como pueblos indígenas a la libre autodeterminación relacionada con la disposición de nuestro “maritorio” para el otorgamiento de permisos de construcción y funcionamiento del gasoducto. 

También solicitamos a través de este amparo la medida cautelar de mantener el estado en el que se encuentran las cosas, esto es, que no se active la distribución de gas por el ducto, hasta que sea propicia la información otorgada a los quejosos; y se cumpla con el principio precautorio en materia ambiental,  lo que implica que se compruebe científicamente que no existirán daños al ambiente y a los ecosistemas, y que estas afectaciones no provocarán una disminución en la disponibilidad de nuestras fuentes de alimentación, así como que no afectarán a las especies de especial cuidado y protección de acuerdo con las normas vigentes. 

El pasado viernes 28 de junio, el Juzgado de Distrito en Coatzacoalcos, al que le tocó conocer de este juicio, decidió desechar nuestro juicio de amparo siendo omiso a nuestro planteamiento y desconociendo nuestro derecho a acceder a la justicia en materia ambiental, así como nuestros derechos colectivos basados en nuestros usos y costumbres como lo es nuestra práctica ancestral de realizar asambleas comunitarias como órgano de toma de decisiones de nuestras comunidades indígenas.

Ante esta decisión del Juzgado, presentamos un recurso de Queja el 7 de julio para que un Tribunal Colegiado revise y califique esta decisión.

¡No a los gasoductos en nuestros territorios!

¡Por un México sin fósiles!

¡NUESTRA LUCHA SEGUIRÁ: ES POR LA VIDA!

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum, sobre Bermúdez Requena: “Adán Augusto debe dar su versión. Sería bueno...”

Sheinbaum afirmó que las investigaciones sobre Hernán Bermúdez Requena están en curso y aseveró que su Gobierno no protegerá a nadie.

La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la polémica por la relación entre Adán Augusto López y el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, vaya a representar un costo político para el Movimiento de la Cuarta Transformación. No obstante, consideró que el líder de senadores de Morena sí debe dar su versión sobre la relación con el exfuncionario acusado de ser el líder del cártel “La Barredora”.
“Sería pertinente que el Senador también diera su versión, es importante. El Senador debe dar su versión para que se conozca y la gente pueda valorar la función que desempeñó como Gobernador, particularmente en el tema de seguridad", dijo este viernes Sheinbaum, quien recordó que durante el primer periodo de Adán Augusto como Gobernador de Tabasco se registró una disminución en los homicidios, lo cual, señaló, hablaría de un buen desempeño.
La mandataria aclaró que no se trata de una orden, sino de una recomendación: “Me parece que él tiene su propia decisión, no instruyo. De ninguna manera es una imposición, pero sería muy bueno que diera su versión para que la gente conociera lo que él vivió como Gobernador, lo que vivió con esta persona, cuáles fueron sus resultados y cómo fue que se enteró de que esta persona estaba involucrada”.
La Presidenta también dejó claro que la investigación continúa y que no habrá encubrimiento para ningún funcionario dentro de su Gobierno.
"De todas maneras sí hay investigaciones, tiene que seguirse investigando. Nosotros no vamos a proteger ni a cubrir a nadie", aseveró.
Sheinbaum desmiente muerte de Requena

Al ser cuestionada al respecto, la Presidenta indicó que hasta el momento no hay información y que no está confirmado la supuesta muerte de Hernán Bermúdez Requena, quien fue el secretario de seguridad de Tabasco y que hoy se encuentra prófugo de la justicia, al ser investigado y relacionado como líder del grupo criminal La Barredora.
“No hay información sobre eso, pero no está confirmado”, dijo al responder sobre las versiones que surgieron ayer, de que el exsecretario habría muerto de un infarto en otro país de Latinoamérica. La mandataria contestó que ese tema no se abordó hoy en la reunión del gabinete y que hasta el momento no está confirmada esa información.
El pasado miércoles, el Gabinete de Seguridad federal confirmó que Hernán Bermúdez Requena, quien fue Secretario de Seguridad de Tabasco durante el Gobierno de Adán Augusto López Hernández, huyó de México desde el pasado 26 de enero, y ya cuenta con una ficha roja emitida por Interpol, por lo que "ya se realiza su búsqueda a nivel internacional, en coordinación con agencias de seguridad".

El exsecretario de seguridad del Gobierno de Adán Augusto en Tabasco es investigado por los delitos de tráfico de estupefacientes y probable lavado de dinero a nivel local y federal. Pero Bermúdez no sólo fue hombre de confianza del morenista, también fue integrante de los gabinetes de los exgobernadores priístas Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo Pintado, Enrique Priego Oropesa, Manuel Andrade Díaz, Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino.

Bermudez Requena, expolicía en la Ciudad de México, llegó a Tabasco de la mano del actual Diputado federal de Morena y Notario Público, Jaime Lastra Bastar, junto con Manuel Gurría Ordóñez, con quien trabajaron en la entonces Procuraduría General de Justicia y en la Dirección de Seguridad Pública del estado.

Fue en noviembre de 2024 cuando el actual Gobernador Javier May sostuvo ante la prensa que Hernán Bermúdez Requena es el jefe del cártel “La Barredora”. "Todos saben, aquí era vox pópuli quién comandaba 'La Barredora'. ¿O no sabemos?", cuestionó May el pasado 13 de noviembre de 2024 en una conferencia de prensa. "Hernán Bermúdez", respondió uno de los reporteros. "Sí, ¿no?'', aceptó el Gobernador de Morena.

Ayer, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia informó que inició un Procedimiento Sancionador de Oficio contra Requena, en el que se adoptó como medida cautelar la suspensión de sus derechos partidarios, misma que mantendrá vigencia en tanto no se concluya.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

Adán Augusto reaparece: 4 párrafos, 1 gráfico, 0 sobre el jefe de “La Barredora”

Aunque reapareció en redes sociales, Adán Augusto guardó silencio respecto a su excolaborador,  Hernán Bermúdez Requena, quien permanece prófugo de la justicia.

El coordinador de Morena en el Senado y exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, reapareció este viernes en redes sociales luego de que un Juez girara una orden de aprehensión contra su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser el jefe del cártel “La Barredora”. Pero no dijo nada sobre su excolaborador.

En un breve mensaje en redes sociales, el morenista detalló que no ha sido requerido en las investigaciones y se dijo a la orden de cualquier autoridad que solicite su presencia.
"Es público que se iniciaron investigaciones contra integrantes de aquel gobierno, y considero fundamental que deben presentarse ante las autoridades para aclarar los hechos. Al mismo tiempo, aunque no he sido requerido, estoy a la orden de cualquier autoridad que solicite mi presencia".
Junto al mensaje, López Hernández compartió una gráfica como evidencia de que durante su gestión al frente de Tabasco se redujó la incidencia delictiva y precisó que ocupó el cargo entre el 1 de enero de 2019 y el 26 de agosto de 2021, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo invitó a acompañarlo como Secretario de Gobernación.
La reaparición de Adán Augusto se da luego de que este mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum recomendará al exgobernador dar su versión sobre la relación con el exfuncionario acusado de ser el líder del cártel “La Barredora”.
“Sería pertinente que el Senador también diera su versión, es importante. El Senador debe dar su versión para que se conozca y la gente pueda valorar la función que desempeñó como Gobernador, particularmente en el tema de seguridad", dijo este viernes Sheinbaum, quien recordó que durante el primer periodo de Adán Augusto como Gobernador de Tabasco se registró una disminución en los homicidios, lo cual, señaló, hablaría de un buen desempeño.
La mandataria aclaró que no se trataba de una orden, pero sí de una recomendación: “Me parece que él tiene su propia decisión, no instruyo. De ninguna manera es una imposición, pero sería muy bueno que diera su versión para que la gente conociera lo que él vivió como Gobernador, lo que vivió con esta persona, cuáles fueron sus resultados y cómo fue que se enteró de que esta persona estaba involucrada”.

Además, Sheinbaum dejó claro que la investigación continúa y que "nosotros no vamos a proteger ni a cubrir a nadie", aseveró.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Acusan a agentes de la FGE de extorsionar a periodista detenida en Cuautla

La periodista continúa privada de la libertad desde la tarde del miércoles y testimonios recabados por el medio apuntan a un presunto intento de extorsión por parte de los agentes.

Carolina Olvera, reportera y directora del medio Entre Noticias y Más Noticias Morelos, fue detenida por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, en Cuautla, tras ser acusada de conducir un vehículo presuntamente con reporte de robo.

La periodista continúa privada de la libertad desde la tarde del miércoles y testimonios recabados por el medio apuntan a un presunto intento de extorsión por parte de los agentes.

De acuerdo con Tessy Zamora, reportera de Redacción Morelos y acompañante de Olvera durante el operativo, ambas se dirigían a un cajero automático en la Central de Abastos de Cuautla cuando fueron interceptadas por personas que se identificaron como agentes ministeriales. Relata que no portaban identificación visible, no leyeron sus derechos y procedieron a una revisión del vehículo.

Según el testimonio, los oficiales señalaron que la camioneta —una Ford blanca— era de procedencia ilícita.

Posteriormente, exigieron una suma inicial de 10 mil pesos para permitirles retirarse. Al recibir apoyo de familiares, la cifra presuntamente se incrementó a 50 mil pesos. Uno de los agentes habría dicho: “Son cincuenta mil para que su familiar se quede, pero el vehículo nos lo llevamos”.

El vehículo fue remolcado, y Carolina Olvera trasladada por hombres sin la presencia de agentes mujeres, lo que, según especialistas en derechos humanos consultados, podría representar una violación al debido proceso. La reportera mostró su identificación como periodista, sin embargo, una de las respuestas que recibió fue: “Me vale madre”.

Familiares de Olvera consultaron el Registro Público Vehicular (Repuve) y aseguraron que no existe reporte de robo. Posteriormente se les informó que el supuesto reporte data de un incidente ocurrido hace dos años en Jalisco, aunque la unidad ha circulado sin restricciones en Cuautla, e incluso ha sido verificada en operativos federales.

Periodistas de la zona oriente de Morelos condenaron los hechos y exigieron una investigación imparcial. Señalaron que no es un caso aislado y que se han documentado otros intentos de extorsión similares por parte de agentes de la FGE. Asimismo, solicitaron la intervención de la gobernadora Margarita González Saravia, de la coordinadora de Comunicación Social del estado, Margarita Estrada, y del fiscal general, Edgar Maldonado Ceballos, para garantizar la integridad de Olvera y esclarecer los hechos.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido un posicionamiento oficial. La reportera continúa detenida en espera de que se resuelva su situación legal.

Exigen periodistas del oriente liberación de Carolina Olvera y sanción a agentes

Periodistas de la región oriente de Morelos, mediante un pronunciamiento, exigieron la liberación inmediata de la reportera Carolina Olvera, detenida el miércoles por la noche en Cuautla, y solicitaron una investigación a fondo contra los agentes de la Fiscalía que presuntamente incurrieron en detención arbitraria e intento de extorsión.

A través de un pronunciamiento, el gremio condenó el operativo y denunció violaciones a derechos humanos y falta de perspectiva de género, ya que fueron solo hombres quienes detuvieron a dos mujeres sin protocolos adecuados.

Pidieron la intervención de la gobernadora Margarita González Saravia, del fiscal general Edgar Maldonado, del fiscal anticorrupción Leonel Díaz Rogel, de la presidenta de la CDHEM, Nadxieli Carranco Lechuga, y de la secretaria de la Mujer, Clarissa Gómez Manrique.
Demandamos justicia y garantías para ejercer la labor periodística con libertad y seguridad.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Judicatura inhabilita a exfuncionario por permitir ingreso de periodista a Cefereso 16 para entrevistar a víctimas de caso Wallace

El Consejo de la Judicatura inhabilitó por un año a Salvador Leyva tras facilitar el ingreso del periodista Ricardo Raphael al Cefereso 16 para entrevistar a Juana Hilda González y Brenda Quevedo Cruz. La resolución es un ataque al ejercicio periodístico, dice Artículo 19.

La Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inhabilitó por un año a Salvador Leyva Morelos, extitular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), por supuestamente gestionar de forma irregular el acceso del periodista Ricardo Raphael al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 16 de Morelos, para entrevistar a Juana Hilda González Lomelí y Brenda Quevedo Cruz, dos víctimas del caso Wallace.

“Se le impone la sanción administrativa consistente en inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el término de un año”, señala el acuerdo de la Comisión de Disciplina, aprobado por unanimidad de votos en sesión ordinaria celebrada el 17 de junio de 2025, de la que Animal Político tiene copia. 

En respuesta, Salvador Leyva Morelos presentó un recurso de reconsideración ante el Pleno del CJF para impugnar la sanción, acusando una supuesta cercanía de diversos altos mandos del Poder Judicial de la Federación (PJF) con Isabel Miranda de Wallace, entre los que incluye a la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y al exministro Arturo Zaldívar.  A ambos los señala por supuestamente dejar que Isabel Miranda de Wallace “condujera y decidiera el curso de este procedimiento”.

En tanto, la organización internacional Artículo 19, que promueve y defiende los derechos de libertad de expresión y acceso a la información en México y Centroamérica, señala que la resolución de la Comisión de Disciplina es un ataque al ejercicio del periodismo de investigación y judicial, que funciona en favor de la justicia y el derecho a saber de la sociedad. 

“La resolución es una represalia contra Salvador Leyva por las publicaciones de Ricardo Raphael. Esto es algo muy grave porque da cuenta de cómo se siguen moviendo los hilos de poder de la señora Miranda de Wallace, incluso ya después de fallecida”, dice Leopoldo Maldonado, director general de Artículo 19, consultado al respecto. 

Las quejas y denuncias anónimas contra Salvador Leyva

El 13 de octubre de 2020, la Unidad General de Investigación de Responsabilidad Administrativa (UGIRA) del CJF inició una investigación (A/99/2020) en contra de Salvador Leyva, quien se desempeñaba como secretario técnico de combate a la tortura del IFDP durante la administración de Netzaí Sandoval. La investigación inició por la presunta comisión de diversas faltas administrativas entre las que se encontraban nepotismo, enriquecimiento oculto y falta de experiencia para desempeñar su cargo.  

Una de las principales acusaciones contra Salvador Leyva señala que habría gestionado el acceso de Ricardo Raphael al Cefereso 16 de Morelos —único penal federal de máxima seguridad exclusivo para mujeres—, al afirmar que el periodista brindaba apoyo a la Secretaría Técnica ante las autoridades penitenciarias, lo que habría permitido que quedara exento de cumplir con los procedimientos y protocolos habituales para visitas externas.

Así, la denuncia señalaba a Leyva Morelos por supuestamente generar un beneficio para Ricardo Raphael, pues en ese momento el periodista se encontraba realizando investigaciones relacionadas con el caso “Wallace”.

“Esta es una valoración descontextualizada, porque no da cuenta de (cómo) todo el aparato mediático se movió en contra de las personas procesadas durante (casi) 20 años y que en realidad el trabajo del periodista Ricardo Raphael es un trabajo de interés público y que debe prevalecer el interés público de la información sobre la consideración de un posible beneficio personal”, señaló Leopoldo Maldonado.

El caso Wallace inició en 2006, luego de que la empresaria Isabel Miranda de Wallace acusó a seis personas por ser las presuntas responsables del secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, caso que se hizo popular debido a que la acusación se basó en una supuesta “investigación propia” y que Miranda expuso los rostros y datos personales de los supuestos responsables en decenas de espectaculares que fueron colocados en toda la Ciudad de México. 

Después de ampliar la investigación contra Leyva Morelos, las autoridades recibieron diversos oficios de la comisión y la solicitud del ingreso, un memorándum de la directora del penal autorizando el acceso y la bitácora del registro del penal confirmando el ingreso de Salvador Leyva y Ricardo Raphael el 27 de septiembre de 2019, entre otros documentos. 

El 23 de abril de 2024, la UGIRA concluyó la investigación y emitió un dictamen,formulando un dictamen sobre las conductas mencionadas -como el nepotismo y el enriquecimiento oculto- y presentando un informe de presunta responsabilidad administrativa por “abuso de funciones”. El expediente fue remitido a la Contraloría del Consejo de la Judicatura Federal.

Meses después, el 8 de octubre de 2024, las autoridades jurisdiccionales abrieron un procedimiento de responsabilidad administrativa (CCJF/PA/1384/2024), en el que se centraron específicamente en investigar el supuesto “abuso de funciones” relacionado con el acceso del periodista Ricardo Raphael al Cefereso 16 de Morelos, para entrevistarse con Juana Hilda González Lomelí y Brenda Quevedo Cruz por el caso Wallace.

En respuesta a esa primera investigación abierta en su contra, Salvador Leyva señaló que existía una supuesta “relación personal pública” entre Isabel Miranda de Wallace y la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como con la exprocuradora Arely Gómez, lo que revelaba una “parcialidad de la investigación”.

Además, indicó que no solicitó el ingreso del periodista en calidad de autoridad, sino que lo hizo bajo la “necesidad apremiante para combatir la tortura”, que él no tenía facultades para autorizar o prohibir ingresos a los centros de detención, y que actuó de buena fe, lo que podía constituir una excluyente de responsabilidad administrativa. 

“Es un caso atípico que, efectivamente, requiere de herramientas más allá de la defensa jurídica y es por eso que el apoyo del periodista está justificado para llevar a cabo una defensa integral (que) implica una defensa técnica y jurídica, pero también una defensa en lo público, en lo mediático, de un caso que llegó hasta donde llegó en agravio de la dignidad de las personas procesadas, porque fue presentado, litigado y sancionado en los medios por la hoy difunta Isabel Miranda de Wallace”, dice Leopoldo Maldonado. 

La resolución de la Comisión de Disciplina contra Salvador Leyva

En abril de 2025, las autoridades jurisdiccionales ordenaron emitir una resolución final sobre el caso. Dado que la instrucción coincidió con la implementación de la reforma judicial —que prevé la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, integrado por magistrados electos por voto popular—, la Comisión de Transición tuvo que autorizar a la Comisión de Disciplina para concluir el procedimiento.

Así, la investigación culminó con la resolución de la Comisión de Disciplina que, si bien concluyó que Leyva estaba facultado para realizar visitas carcelarias relacionadas con tortura y malos tratos, aseguró que sus atribuciones no incluían tramitar o gestionar la visita de personas ajenas al IFDP al Cefereso 16 de Morelos, por lo que lo encontró responsable de la falta administrativa de abuso de funciones, considerada como “grave”.

Sobre las acusaciones de Leyva y la relación Miranda de Wallace con Norma Piña y Arely Gómez, la Comisión de Disciplina consideró infundado ese argumento, señalando que se cumplieron con las “formalidades esenciales del procedimiento”. En tanto, sobre su “buena fe” le respondió que su “actuar deshonesto” demostró lo contrario, ejerciendo atribuciones no correspondientes para generar beneficio a un tercero. 

Por unanimidad de votos de las consejeras Lilia Mónica López Benítez, presidenta de la Comisión, y Celia Maya García, quien será la próxima presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, se impuso la sanción de inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el término de un año.

Al respecto, Leopoldo Maldonado señaló que la resolución de las autoridades jurisdiccionales en este caso pareciera ser un “pretexto”, con “poco sustento normativo y con base en una argumentación completamente parcial y descontextualizada”, para castigar a Salvador Leyva por las publicaciones que hizo Ricardo Raphael sobre el caso Wallace, mismas que pusieron en entredicho la veracidad de lo que estuvo repitiendo constantemente la propia Isabel Miranda de Wallace y su organización Alto al Secuestro. 

“Al final, efectivamente, gracias al trabajo de periodismo de investigación riguroso que tuvieron diversos medios de publicación, incluido un libro que mencionan en la investigación, el de ‘Fabricación’, fue que pudimos conocer la verdad. Eso también sirvió de apoyo para la defensa de las propias procesadas, que no encontraron en el sistema de procuración y administración de justicia las garantías mínimas del debido proceso y al contrario fueron torturadas, mientras que tampoco encontraron en los medios de comunicación, en los primeros años, una cobertura equitativa”, señala.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

CURP biométrica, militarización y geolocalización: Morena promulga reformas que en su momento Calderón y Peña impulsaron

Reformas en materia de datos biométricos, geolocalización y militarización, promulgadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, fueron rechazadas por su partido, Morena, cuando fueron oposición; PAN y PRI también dieron un viraje en sus posturas.

Cuando eran oposición rechazaban que los militares se encargaran de tareas de seguridad pública y que los datos biométricos de la ciudadanía se utilizaran para combatir la inseguridad, pero ahora, en el gobierno, los morenistas cambiaron de postura, como evidencia la reciente aprobación y promulgación de reformas a las que antes se opusieron.

Este miércoles 16, la presidenta Claudia Sheinbaum promulgó el paquete de reformas que fueron aprobadas por Morena y aliados en el periodo extraordinario en el Congreso, entre ellas las que permiten geolocalización en tiempo real, una CURP con datos biométricos y que la Guardia Nacional quede subordinada al Ejército. 

Pero como oposición, la actual presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, criticó la posibilidad de la geolocalización de equipos móviles en tiempo real, como pretendía el expresidente Enrique Peña Nieto, y el actual presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, rechazó de manera incisiva al uso de cuerpos militares en tareas de seguridad pública antes de que su movimiento llegara al poder.

Sin embargo, las contradicciones también salpican a legisladores hoy de oposición.  Mientras en 2014, PAN y PRI votaron a favor de la ley que permitía la geolocalización en tiempo real, en esta ocasión, esos mismos partidos rechazaron esa medida y votaron en contra.

CURP y datos biométricos

En 2009, el entonces presidente Felipe Calderón anunció que iniciaría la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana, que contemplaba la vinculación de huellas dactilares, fotografía y datos biométricos de los mexicanos, a través del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, Renaut. Dos años después, sin que disminuyeran los delitos, la medida fue suprimida por el Congreso.

Cuando el partido Morena llegó a la Presidencia, las críticas contra el registro de datos biométricos se diluyeron y la intención de Calderón fue revivida en una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), presentado por el entonces diputado morenista, y actual secretario de Educación, Mario Delgado, que tenía los mismos argumentos: reducir delitos como la extorsión y el secuestro.

El INAI —desaparecido por el gobierno actual— impugnó la reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió que la norma vulneraba los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales.

Pero la medida fue revivida en el reciente periodo extraordinario en el Congreso.

La Ley General de Población señala, en su artículo 91, que la Clave Única de Registro de Población (CURP) será la fuente única de identidad de las personas en México y la CURP que contenga huellas dactilares y fotografía será el documento nacional de identificación obligatorio.

La Secretaría de Gobernación integrará los datos biométricos de las personas a la CURP mediante la transferencia de la información que esté en poder de las autoridades. La reforma establece que la incorporación de los datos biométricos a la CURP “será previa autorización de su titular”; sin embargo, empresas privadas y entes públicos deben incorporarla como requisito para la prestación de los trámites y servicios a su cargo.

La nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que las empresas de telefonía deberán solicitar la CURP de las personas usuarias para activar y mantener activas las líneas. Esa información será resguardada y estará disponible en una plataforma digital accesible para autoridades de seguridad que lleven a cabo investigaciones, conforme a lo previsto en la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.

Militarización

Uno de los cambios más significativos en la postura de la autollamada cuarta transformación es respecto a la presencia de militares en labores de seguridad pública. Un posicionamiento que ha sido cuestionado en distintas ocasiones por grupos de oposición, como ocurrió el 30 de junio en el Senado, cuando se aprobó la Ley de la Guardia Nacional que consolidó la estructura de la corporación como una de las instituciones subordinadas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Durante su campaña presidencial, el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó el uso de militares en tareas de seguridad pública. Sin embargo, la propuesta de crear la Guardia Nacional como un cuerpo civil se modificó cuando él mismo envió una iniciativa de reforma constitucional para colocar a esa corporación bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El cambio se consolidó con la ley general aprobada en el reciente periodo extraordinario, promovida por la presidenta Claudia Sheinabum.

En septiembre pasado, con la reforma constitucional, integrantes de Morena argumentaron que ante la inseguridad, debían tomar decisiones de ese tipo. El senador Javier Corral, incluso, citó a uno de los fundadores del PAN —Carlos Castillo Peraza— para justificar los cambios de postura como oposición y gobierno.

“Cuando uno está en la oposición está en el cielo, pero cuando uno está en el gobierno está en la tierra y entonces hay que enfrentar las realidades acumuladas del rezago, la incompetencia y la complicidad o la corrupción. Y esa es la realidad en la que se enfrentó la creación de la Guardia Nacional en la necesidad de reformar la inseguridad ante los altos niveles de violencia”.

El respaldo al uso de un cuerpo militar en el combate a la seguridad pública contrasta con las críticas que ellos mismos realizaban hace unos años.

En 2017, cuando el PRI gobernaba el país, el entonces diputado Gerardo Fernández Noroña, hoy presidente del Senado por Morena, acusaba a las Fuerzas Armadas de poner en riesgo los derechos humanos de la ciudadanía: “Ellos no son para laborales de seguridad pública, ellos están frente a una invasión extranjera, no para voltear sus armas contra el pueblo”.

Luego, en 2018, la Corte invalidó la Ley de Seguridad Interior promulgada en 2017 bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, debido a que contenía disposiciones que pretendían normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública,  lo que resultaba inconstitucional.

Geolocalización

En julio de 2014, la entonces diputada Luisa María Alcalde, hoy dirigente nacional de Morena, criticó la propuesta de Ley en Telecomunicaciones, aprobada ese año, por la posibilidad de geolocalizar en tiempo real aparatos de telefonía móvil. La hoy morenista se enfocó en los artículos 189 y 190, y cuestionó: “¿En qué país existen leyes en materia de telecomunicaciones con técnicas de investigación aún más intrusivas que la propia ley penal? Sólo en México”.

Esa Ley de Telecomunicaciones, que fue aprobada en el sexenio de Peña Nieto, fue rechazada también en junio de 2014 por Julio César Moreno y Martha Lucía Mícher, hoy diputado y senadora por Morena, respectivamente.

Una década después, sin embargo, ambos legisladores respaldaron la nueva versión del documento, que mantiene la misma redacción en artículos que permiten la localización en tiempo real de los dispositivos.

Esos artículos, que permiten la localización georreferencial de usuarios de telefonía con la orden de un juez federal, fueron replicados tal cual en los artículos 182 y 183 de la Ley de Telecomunicaciones aprobada por la mayoría morenista.

La oposición y el oficialismo intercambiaron papeles. Esos artículos que entonces fueron respaldados por los votos de PAN y PRI, ahora fueron rechazados por las bancadas de esos partidos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AGUILAR.

Sheinbaum desestima críticas de Trump y le responde: "claro que no" tenemos miedo

Ayer, el presidente Donald Trump dijo que las organizaciones criminales ejercen un “tremendo control” sobre México y firmó la Ley HALT Fentanilo para detener el tráfico de fentanilo, que reclasifica el opioide y endurece los castigos contra los traficantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México se adelantó a Estados Unidos en medidas contra el fentanilo, y sobre las críticas de Donald Trump respecto al control del narcotráfico en México, consideró que le falta información al estadunidense, por lo que se le hará llegar un video con las acciones de la administración mexicana.

“Estados Unidos, mientras no reconozca el grave problema de adicción de los jóvenes a las drogas no va a... no todo es policías, no todo es Guardia Nacional, no todo es militares. Ellos tienen que reconocer que tienen un problema grave de consumo de droga, además de las operaciones que tienen que hacer allá: ¿cuántos detenidos vemos en Estados Unidos relacionado con tráfico de fentanilo o de armas a México? Pues es poco”.

Dijo que el trabajo en México “es de todos los días, ¿qué es el fondo? Pues que los jóvenes, en Estados Unidos, no tienen programas, no tiene incorporación de niños y después, en la juventud, se van de las casas de los padres muy jóvenes. Hay una crisis mucho mayor que tiene que ver con salud pública y atención a los jóvenes”.

Sobre el contenido de lo que firmó Trump, dijo: “Lo que firmó ya existía en una parte como una cuestión temporal, ahora lo hizo ley; lo segundo es que sanciona de manera muy alta o le pone más castigos, cargos a quienes se dediquen a producir, fabricar distribuir fentanilo con penas más alta con más años, eso ya lo habíamos hecho en México”.

Por esa razón, consideró que en ese aspecto “México va muy avanzado, recuerden que en la Constitución está, nada menos y nada más en el artículo 19, está también todo el mecanismo de control para precursores. No solamente para el fentanilo ya producido, sino la materia prima”.

Dijo que hay un seguimiento desde Cofepris y la Secretaría de Marina para estar revisando cualquier anomalía en el proceso formal legal en cuanto al fentanilo para que de ahí no se vaya a lo ilegal, para lo cual, aseguró, se adelantó “desde hace rato para poner estas sanciones a si se llega a producir y tráfico y venta”.

Sobre las declaraciones de Trump de que México está "petrificado" ante la operación de los grupos criminales, Sheinbaum atajó: "¿Cómo dijo (Trump)? ¿Que tenemos miedo, que no sé qué? Pues no, ¡claro que no!”.

Ayer, el presidente Donald Trump dijo que las organizaciones criminales ejercen un “tremendo control” sobre México y firmó la Ley HALT Fentanilo para detener el tráfico de fentanilo, que reclasifica el opioide y endurece los castigos contra los traficantes.

“Las autoridades mexicanas están petrificadas, temen presentarse en sus oficinas, temen ir a trabajar porque los cárteles controlan a los políticos y a las personas que fueron elegidas”, advirtió el magnate.

En respuesta, Sheinbaum dijo que ese “argumento” ya lo había dado al comienzo de su segundo mandato y su justificación fue el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna.

“Y no, no somos como ese gobierno”, dijo, y añadió que, entre otras cosas, permitieron la entrada de las agencias “a niveles que no deberían”.

Por todos esos elementos, insistió la presidenta, el mandatario estadunidense “requiere más información de lo que hemos hecho” y hablo de incautaciones, detenciones y demás acciones.

“Estamos trabajando todos los días, pero nosotros tenemos una concepción relacionada con consumo de drogas”, destacó Sheinbuam

También en respuesta a las declaraciones del republicano, la presidenta Sheinbaum afirmó que “la valentía tiene que ver con muchas cosas: con la capacidad de decisión en los temas de seguridad, pero la valentía más importante es aquella que representa honestidad, el trabajo con los jóvenes, conservar tus principios, no permitir que cualquiera de las críticas afecte el proyecto y lo que somos, por eso digo: no somos iguales”.

Aunque debido a esas declaraciones, la jefa del Ejecutivo mexicano admitió “que hay problema relacionado con violencia y producción de metanfetaminas, sí, nadie lo niega, pero estamos trabajando todos los días, la cantidad de incautación de metanfetamina, cocaína y fentanilo en México es enorme. Vamos a buscar que esté bien informado el presidente Trump sobre lo que estamos haciendo”.

Por lo , solicitó a la secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad que se haga una revisión de todo lo que su administración ha hecho para que lo conozcan los estadunidenses, el gobierno, así como destacar el trabajo de colaboración para este tema en particular.

“Es un documento breve, un video para congresistas, el gobierno de Estados Unidos, también para él (Trump) para todos decir: ‘miren estas son las acciones que estamos desarrollando’, pero no es que ya las hicimos y estemos cruzados de brazos, no estamos trabajando todos los días para garantizar la paz y la seguridad en México y evitar que cruce fentanilo y otras drogas sintéticas y no sintéticas hasta de un asunto de humanidad o humanismo”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Ante "silencio" de Adán Augusto, Sheinbaum dice que debe haber pruebas, no dichos

"Yo no le doy instrucciones de sal a declarar, haz esto, él tiene su propia estrategia de si comunica o no se comunica”, dijo la presidenta.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ella no da instrucción a Adán Augusto López para que éste declare públicamente respecto al caso de Hernán Bermúdez Requena, quien fungió como secretario de Seguridad Pública bajo el gobierno del hoy senador morenista en Tabasco y que hoy es prófugo de la justicia al estar relacionado con el grupo criminal “La Barredora”.  

“Yo no lo instruyo. Somos compañeros del movimiento de hace mucho tiempo; hoy soy presidenta y él es coordinador del Senado. Entonces, yo no le doy instrucciones de sal a declarar, haz esto, él tiene su propia estrategia de si comunica o no se comunica”, dijo.

Aseguró que lo que le corresponde como gobierno es “informarle a la ciudadanía a través del gabinete de seguridad desde cuándo estuvo la investigación y qué se está haciendo también incluso en Tabasco porque de nuevo bajó mucho el número de homicidios en Tabasco”. 

“Es muy importante que se sepa a partir de cuándo se empezó a esta persona porque no tenía investigaciones previas”, señaló en conferencia.  

Al ser consultada sobre si ha tenido contacto con el senador, si le recomendaría salir a aclarar el tema o separarse del cargo en lo que finaliza la investigación, la jefa del Ejecutivo Federal declaró:  

“Él en este momento no tiene una responsabilidad ejecutiva; segundo, la fiscalía, en todo caso con las investigaciones, tendría que ver si hay algo que demuestre que hubo algo relacionado con Adán Augusto, hay que ver cómo pasó esto. Por eso quiero que el gabinete de seguridad dé toda la información de cómo es y a partir de cuándo viene este conocimiento de esta persona”, dijo. 

El número de homicidios en Tabasco, aseguró, era bajo hasta aproximadamente 2021-2022 “que entra el gobernador (Carlos Manuel) Merino a Tabasco, que se viene una ola de más violencia en Tabasco, se remueve a esta persona y se integra un nuevo gabinete y a partir de ahí empiezan muchas investigaciones, entonces nosotros no cubrimos a nadie, pero tiene que haber pruebas, no un dicho, una suposición de cualquier persona y particularmente del senador Adán Augusto”. 

Bermúdez, apodado “Comandante H”, tiene una orden de aprehensión en su contra desde febrero de este año, por ser el presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, informó el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar, el pasado viernes 11 de julio.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Despojo de viviendas en Edomex: aplicarán penas de hasta 25 años de prisión por invasión

El Gobierno del Estado de México implementó reformas al Código Penal que imponen penas de hasta 25 años de prisión por el delito de despojo de inmuebles. La nueva ley, vigente desde julio de 2025, lo clasifica como delito grave.

En el Estado de México, el delito de despojo de inmuebles ahora se castiga con penas que pueden alcanzar hasta 25 años y seis meses de prisión. Las reformas al Código Penal estatal, que entraron en vigor el 16 de julio de 2025, establecen un marco legal más estricto para quienes ocupen ilegalmente una propiedad, así como para los autores intelectuales y funcionarios públicos que participen en estos actos. La nueva legislación clasifica el despojo como un delito grave, lo que impide que los acusados puedan seguir su proceso en libertad bajo fianza, obligándolos a permanecer en prisión preventiva.

La sanción base para quien cometa el delito de despojo se fijó en un rango de cinco a diez años de cárcel y multas de 700 a mil días. Sin embargo, la pena se incrementa de manera considerable cuando existen circunstancias agravantes. La participación de servidores públicos, notarios, o la autoría intelectual del delito son algunas de las condiciones que elevan la sentencia a un periodo de 10 a 17 años de prisión.

Protección a Grupos Vulnerables y Sanciones a Funcionarios

Las modificaciones a la ley ponen un énfasis particular en la protección de personas en situación de vulnerabilidad. La pena por despojo puede aumentar hasta en una mitad adicional si la víctima es una persona mayor de 60 años, menor de 18, mujer embarazada, persona con discapacidad o miembro de alguna comunidad indígena. Esta misma agravante se aplica si el delito se comete con violencia, mediante el engaño, el abuso de confianza o aprovechando la ausencia del propietario.

La reforma también contempla sanciones para los servidores públicos o notarios que faciliten o participen en el despojo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha informado sobre la investigación de tres notarios públicos y cinco funcionarios del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) por su presunta implicación en estos delitos.

Castigo por Despojo de Agua y Áreas Protegidas

La nueva legislación no se limita a viviendas y terrenos, sino que también sanciona el despojo de recursos hídricos. Quienes desvíen o hagan uso de aguas sin tener derecho a ello enfrentarán penas de cinco a diez años de prisión. Además, si la invasión ocurre en un predio decretado como área natural protegida o zona de conservación ambiental, el castigo será de siete a doce años de cárcel.

Estas medidas responden al incremento de casos de despojo en la entidad. Según datos de la FGJEM, a través de la "Operación Restitución" se han logrado asegurar 546 inmuebles vinculados a este delito, de los cuales 140 ya fueron devueltos a sus legítimos dueños. La publicación de las reformas en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, firmada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, oficializó el endurecimiento de estas sanciones.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Más deuda… menos dinero en salud, educación e infraestructura

El gobierno sigue gastando más de lo que tiene, la deuda pública crece como nunca y el presupuesto para salud, educación e infraestructura se achica cada vez más. Mientras los megaproyectos ya acabaron su auge, lo que sigue es menos inversión, más intereses que pagar y servicios públicos en caída

El último informe de Hacienda sobre las finanzas públicas muestra algo que ya se sentía: el país sigue gastando más de lo que ingresa, la deuda pública crece sin freno y el gasto en salud, educación e infraestructura se hace cada vez más pequeño. 

Además, la cruda de los megaproyectos empieza a pegarle al bolsillo de todos: menos inversión, menos servicios y más intereses que pagar.

DÉFICIT

Hasta mayo, el gobierno reportó un déficit de 250 mil 992 millones de pesos. Es decir que gastó más de lo que ingresó. Aunque la cifra es 55% menor que hace un año. 

A simple vista, parece que se están ordenando las cuentas. Pero no es así. Esta caída se explica porque los megaproyectos ya no están tomando tanto dinero como antes. 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

El gobierno captó 3.47 billones de pesos, un aumento de 3.7% respecto a 2024. Pero se quedó corto frente a su propia meta: eran 65 mil millones menos de lo que preveía la Ley de Ingresos 2025.

Los ingresos petroleros fueron de 375 mil millones, una caída de 23.8% frente al año pasado. México Evalúa señala que este es su nivel más bajo desde 2020.

México Evalúa también señala algo preocupante: Pemex aportó 109.9 mil millones de pesos, pero el gobierno le regresó 91.3 mil millones en transferencias. El saldo real fue de apenas 18.6 mil millones. ¿Palanca del desarrollo?

Ahora bien: ¿quién rescató las finanzas en estos primeros cinco meses? Los impuestos al consumo y al ingreso: IVA, ISR e IEPS subieron 8.9%, aportando 196 mil millones más.

EL GASTO

El gasto total sumó 3.72 billones, 5.3% menos que en 2024. La reducción se explica por la caída de ingresos y porque en el año electoral pasado se gastó a manos llenas. Ya no se podía gastar igual.

Según México Evalúa, cayó el gasto en casi todas las dependencias, principalmente en:
  • Turismo: -99% (-89.6 mil millones)
  • Educación Pública: -19.4% (-44.5 mil millones)
  • Sedena: -19.9% (-14 mil millones)
  • ISSSTE: -2.7% (-5.89 mil millones)
En salud, la reducción fue de 10.8%, equivalentes a 36 mil millones menos. La Secretaría de Salud y el IMSS-Bienestar siguen con subejercicios de 33.5% y 13.3%, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). 

Sobre el gasto educativo, este fue de 400 mil millones. Es una caída del 8% respecto a 2024, casi 35 mil millones menos.

INFRAESTRUCTURA

La inversión física se desplomó 29.1%. El “fin” de los megaproyectos explica gran parte de esa baja. 

Recordemos que obras como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el AIFA arrancaron con un costo proyectado de 504 mil millones, pero terminaron costando 1.17 billones, según México Evalúa. Ahora que se terminaron, no hay nuevos proyectos que tomen la estafeta.

El problema es que tampoco se están sustituyendo con nuevas obras. Si no hay proyectos que muevan la economía, tarde o temprano se sentirá en la falta de empleo, en menos recaudación y en un crecimiento que se queda corto.

DEUDA

La deuda contratada en estos cinco meses fue de 350 mil millones, menos de la mitad que en 2024, cuando el gobierno pidió 670 mil millones… en pleno época electoral.

Ahora, la deuda total llegó ya a 17.6 billones de pesos, un aumento del 70% frente a diciembre de 2018, cuando estaba en 10.4 billones. Para dimensionar: en 2018 cada mexicano debía 83 mil pesos. Hoy, con más población, la deuda per cápita es de 132 mil pesos.

De mayo de 2024 a mayo de 2025, la deuda creció 2.1 billones de pesos. Es decir, 5 mil 270 millones diarios, el equivalente a todo el presupuesto anual de ciencia y tecnología.

El costo financiero (los intereses) tampoco baja. En lo que va de 2025 ya vamos en 463 mil millones, un 13% más que en 2024. México Evalúa dice que es el nivel más alto en 25 años.

Y tomemos en cuenta esto: en 2018 se pagaron 655 mil millones en intereses. Para 2025, esa cifra será de 1.1 billones. Un aumento del 75%.

Por cierto, el CIEP advierte que sostener esta deuda implicará recaudar más impuestos, recortar gasto… o volver a endeudarse.

¿A DÓNDE VAMOS?

Al final, el balance es simple: gastamos como si sobrara el dinero, pero recortamos justo lo que hace falta. La deuda crece y el margen para invertir en lo que sigue se hace chico.

Cada peso que se va a pagar intereses es un peso que no llega a una escuela con techos que gotean, a un hospital sin medicinas o a una carretera llena de baches. 

Esta factura no la pagará quien autoriza el presupuesto, sino los millones de mexicanos que seguirán abonando intereses por décadas.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: JUAN ORTIZ.