El congreso de Oaxaca optó por disolver el gobierno del municipio indígena de Zapotitlán Palmas, en la región mixteca, antes que reconocer la violencia de género que se ejerció contra su primera presidenta municipal, Inés Martínez, y la regidora de Salud, Elodia López.

Esto, pese a que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) resolvió que la presidenta municipal fue víctima de violencia política en razón de género.

Desde hace dos años, las dos mujeres —junto con algunas compañeras de la administración local— comenzaron a ser discriminadas por los síndicos y regidores hombres, quienes les acusaban de ser incompetentes para el cargo público solo por el hecho de ser mujeres y posteriormente las acusaron de desvío de recursos sin presentar pruebas, con la intención de desprestigiarlas.

Sancionan a síndico y regidor por violencia política en razón de género

Martínez y López denunciaron la violencia política en razón de género ante el Tribunal Electoral oaxaqueño en noviembre de 2023, quien siete meses después emitió sanciones contra el síndico José Longinos y el regidor de Hacienda, Damián Reyes, por sus acciones machistas.

En el documento, señalaron que “en varias ocasiones eran ignoradas al querer emitir una opinión y muchas veces calladas, manifestándoles que no tenían que involucrarse en temas de hombres, como eran las obras que se llevarían a cabo en el Municipio”. Además, fueron objeto de gritos e insultos por parte del regidor de Hacienda.

Igualmente, en noviembre de 2023, durante una asamblea general del municipio, el síndico y sus allegados acusaron sin fundamentos a Martínez y López de mal uso de los recursos públicos, pero al intentar desmentir las acusaciones a ambas políticas se les negó la palabra.

Al analizar los hechos y las pruebas presentadas, el Tribunal Electoral de Oaxaca determinó que sí existió violencia política contra las dos mujeres en razón de género, ya que “los denunciados utilizaron su cargo para emitir acusaciones frente a la asamblea general de la comunidad, de las cuales ninguna prueba se aportó” y que hizo con la finalidad de difamar y calumniar a las servidoras públicas.

“Las acciones denunciadas no fueron espontáneas o fruto del desconocimiento de los denunciados, y en ellas se advierte un uso consciente de los estereotipos de género y de la consecuencia de las acciones llevadas a cabo”, detalló el órgano en el expediente PES/03/2024, que emitió en julio de 2024.

Los magistrados locales determinaron imponer al síndico Longinos y al regidor Reyes una multa de 54 mil 285 pesos cada uno, así como inscribir a ambos en el Registro oaxaqueño de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por un periodo de nueve años un mes y siete años tres meses, respectivamente.

Por su parte, el síndico y el regidor interpusieron un juicio para la protección de sus derechos ante el Tribunal Electoral en febrero de 2025 donde alegaron que la presidenta municipal y dos regidoras estaban cometiendo violencia política e institucional en su contra, pero los magistrados determinaron que no habían elementos probatorios de modo, lugar y tiempo, por lo que concluyó inexistente esta violencia.

Sin embargo, el Tribunal sí identificó que la presidencia municipal adeudaba dietas tanto al síndico como al regidor de Hacienda, y resolvió que Inés Martínez debía convocarlos a las sesiones de cabildo.

Congreso oaxaqueño desaparece poderes del municipio de Zapotitlán Palmas

La figura de violencia política en razón de género está siendo utilizada en Veracruz como herramienta jurídica para sancionar y silenciar a periodistas y medios generando preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión como Artículo 19, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas (CEAPP).

En los últimos meses al menos nueve periodistas han sido sancionados y enfrentan medidas como multas de hasta 10 mil pesos, el retiro de contenidos, disculpas públicas y la inscripción en registros de personas sancionadas.

Aunque en 2021 el caso del parentesco no representaba una violación a la ley, la reciente reforma constitucional que prohíbe el llamado “nepotismo electoral” le ha dado nueva relevancia al debate. 

Esta reforma, aprobada por el Congreso en abril último, establece que ninguna persona puede competir por un cargo de elección popular si ha tenido, en los tres años previos, un vínculo de parentesco, matrimonio o concubinato con un funcionario en funciones.

Sin embargo, cuando los señalamientos ocurrieron, esa legislación aún no existía. 

Sobre la sentencia contra periodistas, el voto particular de uno de los magistrados advirtió que, para establecer responsabilidad a los periodistas, era necesario probar que los contenidos antiguos tuvieron un efecto concreto en la elección de 2024. 

El magistrado advirtió que esto impone a los medios una carga irrazonable, al exigirles revisar todos sus archivos históricos para prever si podrían afectar a futuras candidaturas, algo que consideró inviable y riesgoso para la libertad de prensa.

La violencia política contra las mujeres se definió en la legislación federal y en leyes estatales como las acciones u omisiones dirigida a las mujeres por motivos de género con impacto desproporcionado que afectan, anulan o vulneran sus derechos políticoelectorales.

Radio Teocelo, sanción inédita

“Imponer sanciones sin comprender las dinámicas del trabajo informativo, y sin considerar la desigualdad estructural entre quienes informan y quienes ostentan el poder, constituye un acto desproporcionado”, advirtieron. 

Por su parte, la organización Artículo 19 expresó su preocupación por los casos y subrayó que en contextos electorales la libertad de expresión es un derecho especialmente protegido, ya que garantiza el acceso de la ciudadanía a información relevante sobre candidaturas, vínculos familiares, antecedentes y comportamiento público.

Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México, alertó que las sentencias en el caso de Veracruz y otros del país, como al periodista Héctor De Mauleón, son claros ejemplos de acoso judicial, con políticos que abusan de la ley para silenciar el periodismo crítico, un fenómeno cada vez más común en México,” dijo.

Mientras los pronunciamientos continúan, la excandidata de Morena a la alcaldía de Teocelo, Veracruz, Mara Yamileth Chama Villa, presentó la impugnación de la elección municipal del pasado 1 de junio. En un mensaje dirigido a la ciudadanía en junio pasado, denunció una campaña sistemática de violencia política en razón de género, amenazas y uso indebido de recursos públicos durante el proceso electoral.

Informes de inteligencia militar, filtrados por los hackers de Guacamaya Leaks, revelaron que el Ejército sospechaba de las actividades criminales de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad de Tabasco, al menos desde febrero de 2021, de acuerdo con “El País”. 

Bermúdez Requena, apodado “Comandante H”, se encuentra prófugo de la justicia y hay una orden de aprehensión en su contra desde febrero de este año, por ser el presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, informó el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar, el pasado viernes 11 de julio.

El Departamento de Comercio de los Estados Unidos anunció el fin del Acuerdo de Suspensión de 2019 sobre jitomates frescos provenientes de México, lo que derivó en la imposición de aranceles antidumping del 17.09% sobre las importaciones mexicanas de este producto.

De acuerdo con la ficha informativa de la dependencia, esta medida está “alineada con las políticas comerciales del presidente Trump y su enfoque hacia México”.

Dora Alicia Martínez Valero, excandidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), denunció diversas irregularidades cometidas en el 34.5 % de las casillas instaladas durante la elección judicial, porcentaje que a su consideración es suficiente para invalidar el proceso electoral completo en el que se eligió a jueces, magistrados y ministros del país. 

Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó por completo la demanda, bajo el argumento de que la excandidata presentó su denuncia 22 segundos después del plazo establecido, evitando así entrar al fondo del asunto para analizar las más de 29 mil casillas en las que supuestamente hubo sustituciones indebidas de funcionarios electorales. 

Un caso que se suma a la larga lista de irregularidades cometidas durante la elección judicial, como el uso indebido de acordeones, sin que hasta ahora las autoridades electorales hayan ejercido sus facultades para investigar y, en su caso, sancionar a los responsables. Este asunto podría tener implicaciones en otro procedimiento aún pendiente, en el que la excandidata impugnó la sumatoria nacional y la declaración de validez de la elección de ministras y ministros del máximo tribunal del país.

El 5 de junio de 2025, la excandidata solicitó al Consejo General del INE información específica del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), incluyendo nombres y cargos de las personas funcionarias de casilla que participaron en sustitución de los originalmente acreditados. 

El órgano electoral respondió que en dicho sistema no se reportan datos específicos de funcionarios, sino que solo registra la integración de las mesas según su origen, lo que a consideración de Martínez Valero le generó un estado de “indefensión” al impedirle su derecho al acceso a la información, necesario para acreditar las irregularidades sobre la integración de las mesas directivas. 

“Es precisamente el INE quien cuenta con toda la información relacionada con: las personas designadas originalmente, las personas suplentes acreditadas, las personas que efectivamente fungieron como funcionarios el día de la jornada electoral, y la verificación de si pertenecían o no a la sección electoral correspondiente”.

Aunque el INE le negó originalmente las actas de la jornada electoral y 25 días después de la jornada electoral le entregó la información en un formato “ilegible, sin orden y de difícil procesamiento”, Martínez Valero y su equipo pudieron identificar al menos 29 mil casillas con “sustituciones” que ella presume fueron ilegales. 

“Yo estoy segura, porque lo viví yo en mi casilla, que no necesariamente todos los funcionarios que llegaron a fungir de funcionarios pertenecían a la sección […] en un alto número de casillas, y eso tú lo puedes ver en las actas, hubo sustituciones de funcionarios, que yo asumo que no fueron legales, porque no eran gente de la sección […] Nosotros detectamos 29 mil casillas donde hubo sustituciones indebidas y esas son nulidades de facto”, señala en entrevista con Animal Político.

La excandidata acudió al Tribunal Electoral, buscando que la Sala Superior ordenara al INE proporcionarle toda la información completa sobre la real integración de las mesas directivas de casilla para que, de comprobarse su denuncia, se declare la nulidad de la votación recibida en esas casillas.

Martínez Valero asegura que, aunque lo hizo de último momento, su demanda sí fue presentada en los últimos minutos de 9 de junio, lo que comprobó con fotografías y videos de la presentación de la demanda en línea. Incluso, explica que envió a la magistrada Otálora el acuse de recibo electrónico que muestra que la verdadera fecha de presentación de la demanda fue precisamente el último día que tenía para presentar dicha impugnación.

Pese a lo anterior, la mayoría de la Sala Superior votó a favor de desestimar las pruebas aportadas (capturas de pantalla y videos), asegurando que la evidencia criptográfica del sistema de juicio en línea -que mostró los supuestos 22 segundos de retraso- es “inmanipulable” y que Martínez Valero no refirió haber tenido problemas técnicos con la plataforma.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió, el 14 de julio de 2025, en Palacio Nacional, a Lorenzo Simonelli, presidente y director ejecutivo de Baker Hughes, empresa estadounidense, contratista de Petróleos Mexicanos (PEMEX), cuyo ejecutivo, Keith L. Schilling, rentó una mansión, en Houston, Texas, llamada “casa gris”, a José Ramón López Beltrán -hijo mayor del ex presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador-, y su esposa, Carolyn Adams Solano.

“Recibimos en Palacio Nacional a Lorenzo Simonelli, presidente y director ejecutivo de Baker Hughes, empresa estadounidense con diversos proyectos de inversión en México y Estados Unidos. Hay confianza en nuestro país”. escribió la titular del Poder Ejecutivo Federal, en su cuenta de la red social X, en la cual anexó una fotografia, donde se observaba a Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía (SENER).

El hijo mayor de López Obrador, exigió, el 10 de octubre de 2024, que Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz -ex candidata a la Presidencia de la República, de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que integraban la coalición “Fuerza y Corazón por México”- se disculpara por el supuesto acoso que sufrió él y su familia, en su domicilio particular ubicado en Houston.

“Sería sano que ella pidiera una disculpa, pero bueno no lo van a hacer, espero que lo hagan”, declaró López Beltrán, durante una entrevista, en la que también apuntó que esperaba que hicieran lo mismo periodista Carlos Loret de Mola Álvarez, y otras personas que, según dijo, “estuvieron metiéndose con este tipo de cuestiones”.

López Beltrán, de 44 años de edad, reprochó que opositores de su padre, incluida la ex senadora y política hidalguense, se apersonaron en la residencia particular, donde vivía con su familia, que fue conocida como la “casa gris”.

“Es molesto que lleguen a tu casa y que te estén molestando, a fin de querer provocar. Buscaban sacarnos de quicio, que les dijéramos dos o tres cosas, sacar de contexto algo, pero al final de cuentas, no sucedió nada”, señaló el hijo del político tabasqueño.

“Cuando vino la señora Xóchitl acá mandé un escrito para decirle que acá no se pueden hacer ese tipo de cosas, y no lo hagas. También en el entendido de que tenemos familia, tengo hijos. No se disculpó”, reprochó López Beltrán.

El 28 de junio de 2024, López Beltrán señaló que continuaba trabajando como asesor legal de desarrollo y construcción, en la empresa KEI Partners, ubicada en Houston, fundada por los mexicanos Érika e Iván Chávez, hijos del empresario chihuahuense Daniel Jesús Chávez Morán, fundador y dueño del Grupo Vidanta -conglomerado de hoteles, centros turísticos y desarrollador de bienes raíces de lujo-, quien además fungía como miembro del Consejo Asesor Empresarial del Gobierno que encabezaba su padre, y que nombró “supervisor honorario” de la construcción del Tren Maya.

“La verdad me da flojera contestarte @CarlosLoret [de Mola Álvarez], pero bueno, te daré un poquito de mi tiempo… Siento mucho si me ves como un provocador por el simple hecho de desmentir todas las calumnias que dicen sobre mí, incluidas las que dices tú. ¿Sabes qué es realmente provocador? Que te creas un periodista serio y veraz”, comentó el hijo mayor de López Obrador.

“A lo que comentas de la casa que se rentó en un barrio de clase media a las afueras de Houston, ya fue aclarado con pruebas e investigaciones serias tanto norteamericanas como mexicanas. Por cierto, cuando sacaste ese cuento, perdón, “reportaje”, ya no vivíamos ahí desde hacía más de un año y medio. No veo la corrupción ni el conflicto de interés al rentar una casa con una alberca con dinero de nuestro trabajo honesto. No me la prestaron ni mucho menos me la regalaron”, expresó López Beltrán.

“Así que, por favor, ahórrate tus mensajes moralinos que no tienes ningún gramo de autoridad para darlos. Para aclarar una más de tus mentiras, sigo trabajando en KEI PARTNERS http://keipartners.com”, finalizó el hijo mayor del mandatario nacional.

El entonces presidente López Obrador afirmó, el 30 de marzo del 2022, que él no hubiera pagado 100 mil pesos de renta mensual por la mansión que arrendaron, su hijo mayor y a su nuera, en Houston, a Keith L. Schilling, quien entonces era un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, contratista de la empresa paraestatal PEMEX.

“Esto es lo que hicieron, una cuestión muy creativa, ¿no?, una casa rentada y todo. Estaba viendo algunos que decían que ‘nos debe una explicación’. Y pues nada, ya hemos hablado bastante. José Ramón tiene 40 años, está casado, rentó una casa con su esposa, 100 mil pesos mensuales, yo no lo haría, pero él es independiente”, comentó el mandatario nacional.

“La rentó a un particular y quienes hicieron el reportaje inventaron de que la casa se la habían rentado porque yo ordené dar contratos a una empresa petrolera extranjera. Imagínense si le amplió contratos a una petrolera extranjera y a cambio le pido a esa empresa que le renten la casa, o sea que el moche es que le renten la casa a José Ramón, ni conozco la empresa, ni nada absolutamente”, recalcó el político tabasqueño.

“Pero cuando dicen ‘nos debe una explicación’, me pongo a pensar y digo qué les molesta. Cuando aquí digo que [Felipe] Calderón [Hinojosa] nos debe una explicación de por qué contrató y era su brazo derecho [Genaro] García Luna, y por qué no ha dicho nada sobre eso, y por qué aceptó que el Gobierno de Estados Unidos introdujera armas. Y nos debe explicación de por qué declaró la guerra, y nos debe muchísimas explicaciones sobre las masacres en su Gobierno”, insistió.

El entonces presidente López Obrador informó, el 24 de febrero del 2022, que ordenó iniciar una investigación sobre el presunto conflicto de interés que podría involucrar a su hijo mayor y a su nuera, por el caso de la mansión que rentaron, en Houston, a Keith L. Schilling, quien entonces era un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, contratista de PEMEX.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional detalló que también pidió al entonces director general de la paraestatal mexicano, Octavio Romero Oropeza, entregara a la Fiscalía General de la República (FGR) la revisión interna, solicitada por la propia compañía estadounidense, con la finalidad de que se integre al expediente.

“Nunca más impunidad, nunca más ocultar las cosas, decir la verdad, no mentir y no proteger a familiares, no al nepotismo. Ahora que salió lo de José Ramón, yo estaba seguro que no había ningún conflicto de intereses, estoy absolutamente seguro, pero de todas maneras ordené que se abriera la investigación o que se diera respuesta a las denuncias presentadas, el que nada debe nada teme”, afirmó el político tabasqueño.

“¿En la Secretaría de la Función Pública [SFP]?”, le preguntó un reportero. “En la Fiscalía. Y cuando la empresa petrolera vino y dio un dictamen, mi instrucción al director de Pemex: preséntalo, que se integre a la investigación que tiene la Fiscalía”, respondió López Obrador.

Además, el mandatario nacional reprochó que el presunto caso de conflicto de interés que involucraba a su familia hubiera sido “inflado” por los medios de comunicación. También aseguró que uno de los autores de la publicación inicial ya había reconocido que se trataba de un asunto político.

“Fíjense, lo elemental de la acusación en cuanto a la casa rentada en Houston, pero cómo lo inflaron. Y ahora este periodista cínico, que según Carmen Aristegui [Flores] era un profesional, se atreve a decir de que no era una investigación, que era un asunto político, a reconocerlo”, insistió el presidente.

El informe del despacho R. McConnell Group PLLC., mismo que descartó un conflicto de interés por el tema de la casa en Houston y los contratos con PEMEX, era un trabajo serio y, para los que dudaban de sus conclusiones, en caso de que hubiera falsedades, esto tenía severas consecuencias para los trabajadores de la empresa y para la compañía en Estados Unidos, señaló Bob Pérez, vicepresidente de Baker Hughes para México y América del Sur, en una entrevista con El Economista, publicada el 23 de febrero del 2022.

“El despacho externo que hizo el trabajo es McConnell Group. No encontró nada ilegal. Pueden decir que lo importante es que fue contratada por nosotros, pero yo quiero subrayar que las leyes estadounidenses establecen sanciones también para ellos, en caso de que no hicieran bien su trabajo. Además tiene una reputación que cuidar, ¿por qué arriesgar tanto por hacer un trabajo a modo”, afirmó Pérez.

“No es correcto decir que tuvimos un trato diferente al de otras empresas que venden servicios a PEMEX. Esto se puede verificar porque los datos son públicos y están a disposición de quien los quiera consultar”, agregó el presidente de Baker Hughes.

El 24 de febrero del 2022, en entrevista con El Universal, Pérez sostuvo que los resultados de la auditoría que encargó “nos permite tener la certeza de que no hicimos nada fuera de norma, ni encontramos irregularidades, y por eso vamos a seguir compitiendo y participando en las licitaciones que publique PEMEX”.

“PEMEX, como parte de su negocio, publica sus licitaciones y, si éstas caen dentro de nuestro dominio, vamos a seguir compitiendo y participando”, respondió al preguntarle si, dentro de su plan de negocios en México, hay próximas inversiones donde quieran o puedan participar.

Gálvez Ruiz, entonces senadora de la República que pertenecía al grupo parlamentario del PAN, en la Cámara alta del Congreso de la Unión, informó, el 22 de febrero del 2022, que la Comisión de Bolsa y Valores​ del Gobierno de Estados Unidos (en inglés, U.S. Securities and Exchange Commission, comúnmente conocida como la SEC), admitió su denuncia (con folio 16439-711-457-818). Ello para investigar un posible conflicto de interés de López Beltrán y de su esposa por el caso de la mansión que rentaron, en Houston.

“Quiero decirles que por más que Carolyn Adams exija que se respete su vida privada, pues al casarse con el hijo del presidente ella se convirtió en un personaje políticamente expuesto, es de interés público saber si la relación contractual”, indicó la senadora hidalguense.

“Que ya la conocemos porque hizo público la primera parte del contrato, si tuvo algo que ver con el incremento millonario que en ese momento se dieron a los contratos de Baker Hughes. Entonces quiero anunciar que la Securities and Exchange Commission ha admitido la denuncia que una servidora hizo para ser investigados”, señaló Gálvez Ruiz.

La legisladora panista agregó que el número de admisión de su denuncia era el 16439-711-457-818, en la que se encontraban todos los documentos y anexos, donde además se incluirían nuevas pruebas del contrato, para corroborar que “sí hay una relación contractual”.

Durante una conferencia de prensa, la senadora también llamó a Morena a “no comer ansias” en el tema, porque quien iba a determinar el conflicto de interés y posibles actos de corrupción era el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés).

“También la [Fiscalía General de la República] FGR me admitió [la denuncia]. Por lo tanto yo le diría a Morena que no coma ansías, sé que ellos están acostumbrados de manera autoritaria a resolver las cosas, pero quien va a determinar el conflicto de intereses y posibles actos de corrupción es el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la SEC”, finalizó Gálvez Ruiz.

El 21 de febrero del 2022, el vicepresidente regional de Baker Hughes, Bob Pérez, dijo que la empresa revisó los contratos que tenía con PEMEX y aseguró que una investigación interna no encontró conflicto de interés en la renta de la casa en Houston, de su entonces alto ejecutivo Keith Schilling a López Beltrán y de su esposa.

Durante una conferencia de prensa desde las oficinas de PEMEX en la Ciudad de México -con la presencia del entonces titular de la empresa paraestatal mexicana, Romero Oropeza-, Pérez dijo, además, que, según la investigación interna ordenada al despacho estadounidense McConnell Group, los contratos de Baker Hughes con Petróleos Mexicanos se apegaban a las leyes mexicanas.

“Revisamos los contratos, que han salido en los medios, que hemos tenido con PEMEX y les puedo decir que no encontramos ningún conflicto de interés ni nada irregular”, informó Pérez, quien también dijo que la empresa que representaba solicitó una investigación a una firma independiente y especializada, misma que analizó las publicaciones relacionadas con el arrendamiento de un inmueble a Adams Solano.

“Baker Hughes no tuvo ninguna participación en la transacción de arrendamiento mencionado. La residencia en cuestión nunca ha sido propiedad, ni ha sido gestionada directa o indirectamente por la empresa”, señaló la investigación presentada desde las instalaciones de PEMEX.

Pérez afirmó que Baker Hughes nunca fue consultada, ni tuvo conocimiento de la transacción de arrendamiento de la mansión en Houston, y que se enteró del caso hasta que fue publicado en los medios de comunicación.

En referencia a Keith Schilling, a quien perteneció la casa que rentó el hijo mayor del presidente López Obrador, el empresario dijo que el ex alto ejecutivo dejó de trabajar en dicha empresa en 2019 y afirmó que no tenía relación con las ventas de Baker Hughes con México.

“Keith Schilling fue empleado de Baker Hughes durante 2016 y salió en diciembre de 2019. Durante su tiempo en Baker él trabajó en el grupo de Norteamérica y México no está dentro de este grupo”, aseguró el empresario.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) pidió este lunes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) garantizar el derecho de las comunidades indígenas del estado de Michoacán a ejercer de manera directa los recursos provenientes de la hacienda pública municipal.

El exhorto se relaciona con las controversias constitucionales 17/2022, 165/2021 y 83/2022, enlistadas para ser analizadas el martes 15 de julio por las y los ministros que próximamente concluirán su encargo en el máximo tribunal del país.

De acuerdo con un comunicado del INPI, las demandas fueron presentadas por la comunidad mazahua de Crescencio Morales, en el municipio de Zitácuaro, y la comunidad P'urhépecha de Jarácuaro, ubicada en Erongarícuaro, luego de que las autoridades locales interpusieran recursos legales para impedir que ejerzan de manera directa los recursos presupuestales provenientes del ámbito municipal.

#COMUNICADO | 📰🗞️

El INPI exhorta a la SCJN a garantizar el derecho de las Comunidades Indígenas del Estado de Michoacán a ejercer en forma directa los recursos provenientes de
la hacienda pública municipal.

➡️ https://t.co/icHviVCHfa@DEELAYUUK @GobiernoMX pic.twitter.com/jdXkk8KKOT

— INPI (@INPImx) July 14, 2025

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) habló esta mañana de la fuga de Zhi Dong Zhang, ciudadano chino detenido en México el año pasado, y elemento clave para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras el cambio de sus medidas cautelares.

De acuerdo con los reportes, la fuga habría ocurrido luego de que un Juez ordenara un cambio de prisión preventiva, en el Reclusorio Sur, a prisión domiciliaria, en un inmueble de la colonia Héroes de Padierna, en la Alcaldía Tlalpan, bajo custodia de la Guardia Nacional (GN).

A raíz de ello, la Jefa del Poder Ejecutivo aseguró que el criminal es buscado por el Gabinete de Seguridad, aunque dijo que parte de la culpa de este escape es del Juez a cargo de su caso.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes que presentará una demanda por difamación contra Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, alias "El Ratón" e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, luego de que el litigante acusara al Estado mexicano de proteger a otros líderes del narcotráfico.

Sheinbaum Pardo reaccionó así a las declaraciones de Lichtman, quien durante una audiencia en Chicago consideró al Gobierno federal como “brazo de relaciones públicas” del cártel de Ismael “El Mayo” Zambada, y cuestionó por qué México no fue incluido en el acuerdo de culpabilidad alcanzado por su cliente.

Las reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones aprobadas por el Congreso son consideradas por familiares de víctimas desde un logro, debido a que pudieron incidir en el proceso legislativo mediante las mesas de trabajo organizadas por la Secretaría de Gobernación (Segob), hasta “una trampa” de la presidenta Claudia Sheinbaum, que les recuerda otros acercamientos entre el Gobierno federal y las víctimas.

“Es un gran logro, porque en el sexenio [de Andrés Manuel López Obrador] no hubo oportunidad de dialogar ni de proponer”, asegura Martín Villalobos, vocero del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), quien busca a su cuñada Mónica Alejandrina Ramírez, desaparecida en 2004 en la Ciudad de México.

Para Patricia Manzanares, del colectivo Todos Somos Iguales de la Ciudad de México y de Nuevo León, el proceso fue “una trampa” de Sheinbaum. “Las mesas sirvieron para legitimar una modificación a la ley que la presidenta ya había mandado y que detuvo para hacer un circo mediático con las familias y [poder] decir después: las familias aceptaron”, señala la madre de Juan Hernández, policía federal desaparecido en 2011 en Nuevo León. 

La principal reforma a la ley es la creación de una Plataforma Única de Identidad que permitirá realizar búsquedas y obtener alertas en tiempo real al cruzar la Clave Única de Registro de Población (CURP) de las personas desaparecidas con bases de datos como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el Banco Nacional de Datos Forenses y la nueva Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La CURP, tras las modificaciones aprobadas a la Ley General de Población, se convierte en la “fuente única de identidad” en México; incorporará datos biométricos como huellas dactilares y fotografía, y su uso será de carácter obligatorio para realizar trámites o contratar servicios.

El uso de la Plataforma Única de Identidad estará condicionado a la existencia de una ficha de búsqueda o un número de carpeta de investigación, y la consulta de los datos biométricos a la búsqueda, localización e identificación de una persona desaparecida. Para poder tener acceso al padrón del Instituto Nacional Electoral será necesaria, como hasta ahora, la firma de convenios de colaboración.

Jorge Verástegui, cofundador de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), una de las primeras organizaciones de familiares de víctimas constituida durante la “guerra contra el narcotráfico”, asegura que las reformas a la ley no solo reflejan el desconocimiento del Gobierno federal respecto a cómo abordar la crisis de desapariciones y el rezago forense, sino la intención de esta administración por montar “un sistema de vigilancia masiva”. 

“Se está utilizando la problemática de las desapariciones para montar este sistema. No hay nada lo suficientemente bueno en el dictamen para respaldarlo, es mucho más grave el resultado que los beneficios”, insiste el también representante de las familias organizadas en torno a la Glorieta de las y los Desaparecidos de la Ciudad de México, quienes habían solicitado un Parlamento Abierto para discutir las reformas. Verástegui busca a su hermano Antonio y a su sobrino Antonio de Jesús, desaparecidos en 2009 en Coahuila.

Entre las modificaciones que incorpora el dictamen aprobado por el Senado el 27 de junio —que pasó sin cambios en la Cámara de Diputados tres días más tarde— se incluye el concepto de familia social, relativo a las redes afectivas, de cuidado, convivencia o acompañamiento solidario de una persona con las que no tiene un lazo consanguíneo. Esta disposición busca proteger a personas LGBTIQ+ y en situación de calle desaparecidas, considerando que suele ser la familia social —y no la biológica— quien encabeza su búsqueda.

Se incluyó también la obligación de asegurar el trato y resguardo digno de los cuerpos y restos humanos bajo custodia del Estado y, dentro de los transitorios de la ley, que todas las instituciones encargadas de dicho resguardo diseñen, en un plazo máximo de tres meses, programas específicos para la atención del rezago en las identificaciones. A nivel estatal, se obliga a las instituciones forenses a sistematizar sus bases de datos y registros en un plazo no mayor a un año tras la entrada en vigor de la ley.

¿Cómo modificar lo que todavía no se cumple?

Respecto al dictamen aprobado en el Congreso, Manzanares alerta sobre el riesgo que supone la nueva CURP con datos biométricos y su monitoreo en tiempo real. “No nos han explicado cómo lo van a trabajar y nos preocupa no saber cómo serán utilizados esos datos. No cualquier persona puede tener tu información y, de última, eso no sirve para buscar a desaparecidos”, comenta. 

Sobre este punto se pronunciaron más de cien colectivos del país, días antes de la aprobación del dictamen, insistiendo en la idea de que imponer un sistema de vigilancia no contribuye a la búsqueda de sus seres queridos. Contrario a lo sostenido por la Segob, aseguran que las reformas no partieron de una consulta amplia y pública, como sí sucedió con la Ley General en Materia de Desapariciones, aprobada en 2017 después de un proceso de tres años en el que participaron familiares, personas expertas, organizaciones defensoras de derechos humanos y autoridades.

“Hoy por hoy, ninguna organización, ninguna plataforma, puede decir que habla por todas las víctimas o por todos los colectivos”, apunta Meyatzin Velasco Santiago, coordinadora del área de educación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Con estas mesas, afirma la defensora, no se agotan las demandas y propuestas de quienes viven día a día la crisis de desapariciones, familias que no están representadas por los colectivos, redes y plataformas con los que Segob se reunió.

Velasco considera que una de las limitantes de las mesas de diálogo fue la centralidad de la Ciudad de México. Aunque la Segob facilitó algunas reuniones virtuales, insiste en que la dependencia debería apostar por descentralizar la atención institucional, por ir a los territorios —donde tienen lugar las desapariciones— y escuchar a las víctimas, de la mano de organizaciones de la sociedad civil locales que llevan años, incluso décadas, acompañándolas.

La defensora menciona también la falta de claridad sobre la metodología para sistematizar o canalizar las propuestas, que incluían la renuncia de las titulares de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. 

“La mayoría [de las familias] estábamos en la postura de que, por dignidad, tienen que renunciar”, sostiene Manzanares. 

Tampoco hubo claridad en cómo se seleccionaron las propuestas de colectivos que se tradujeron en las 30 modificaciones a la ley. 

Un tema del que no se quería hablar

Las reuniones con Peña Nieto estuvieron reservadas a las madres y padres de los normalistas desaparecidos, actitud similar a la que mantuvo López Obrador, a pesar de que el mandatario se había comprometido a mantener un diálogo permanente con los familiares de víctimas.

“[Su llegada] fue un retroceso, pasamos prácticamente un sexenio sin ser atendidas”, dice Rodríguez. “Nunca he podido aceptar tanta indiferencia, apatía, cerrazón de puertas. No hubo manera de abrirlas, así, de a cachito”.

Villalobos recuerda los primeros meses del gobierno de López Obrador, que comenzaron “fuertes”. Tras la designación de Karla Quintana al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda en 2019, se crearon dos instancias destinadas a atender el rezago en la identificación forense: el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) en 2019, y el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) en 2022. “Lamentablemente, todo eso lo desmantelaron al final de su sexenio”.

Ya en el gobierno de Sheinbaum, las mesas con la Segob, insiste Verástegui, fueron “una forma de administrar un problema que les explotó en la cara, del que no querían hablar”. También es un logro de las familias, acota Velasco, del Centro Prodh, para quien estas reuniones son el resultado de “un contexto que nunca dejó de existir”.  

Al grado de que, dos días después de que la Segob comenzara a reunirse con familiares y personas buscadoras, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU anunció la activación del artículo 34, por considerar que las desapariciones forzadas ocurren en México “de manera generalizada o sistemática”. La Presidencia, el Senado y otras instituciones del Estado rechazaron la afirmación. 

“Más de 127,000 personas no desaparecen solo por el crimen organizado”, respondió Tania Ramírez, integrante de H.I.J.O.S. México —hija de Rafael Ramírez Duarte, desaparecido en 1977 durante la llamada “guerra sucia”—, durante una de las mesas de trabajo.

Tan solo en los meses de abril y mayo, mientras se desarrollaban las mesas, se reportó el hallazgo de fosas clandestinas en Tijuana y Tecate, Baja California; La Paz, Baja California Sur; Madera, Chihuahua; Colima, Colima; León e Irapuato, Guanajuato; Aquila, Michoacán; Valle de las Salinas, Nuevo León; Palmar de Bravo, Puebla; Culiacán, Mazatlán, Elota y El Dorado, Sinaloa; Hermosillo y Cajeme, Sonora; Río Bravo, Tamaulipas; Santiago Sochiapan, Veracruz, y Villa de Cos, Zacatecas.

Algunos de estos hallazgos se realizaron sin el adecuado acompañamiento de las autoridades, como sucedió en Zacatecas, donde la Guardia Nacional se negó a dar asistencia al colectivo Escarabajos, mientras en la capital funcionarios de la Segob se reunían con familiares de víctimas. Olimpia Montoya, fundadora del colectivo Proyecto de Búsqueda de Guanajuato y una de las asistentes a las mesas —quien busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido en 2017 en Celaya—, recuerda ese momento: “Les dijimos, ¿cómo es posible que estemos sentadas cuando eso está pasando con las compañeras?”.

“Esto no es un show, no es actuado, no fingimos nada, es la realidad. Todos los días está pasando, se están llevando a personas de todas las edades, de todos los sexos”, señala Adriana Ornelas Gutiérrez, del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, y madre de Paulo Gabriel Sánchez Ornelas, desaparecido en 2024 junto a los hermanos Xavier y Fernando Zaragoza en Guadalajara. Ornelas fue una de las primeras buscadoras en entrar al rancho Izaguirre, el pasado enero.

Villalobos espera que el diálogo del Gobierno federal con las familias continúe, incluso más allá de las reuniones de seguimiento previstas con la Segob para revisar temas relacionados con la implementación de las reformas, su reglamentación y presupuesto. “Seguiremos pidiendo [desde el MNDM] una reunión con la presidenta, porque creemos que el empuje que debe tener este tema [las desapariciones en México], tiene que darse desde el más alto nivel”, asegura. 

Para poder “imaginarnos un país en donde no haya más desapariciones”, acota Velasco, es necesario que cualquier proceso que busque proteger los derechos de las víctimas tenga un genuino interés en escucharlas, y que garantice su participación y consentimiento en cada paso, consultándoles y recibiendo retroalimentación constante. De otra forma, asegura, se perderá una vez más la oportunidad de atender “de manera real, profunda, esta crisis”.

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora halló dos cuerpos sin vida, ropa, zapatos y artículos personales en la carretera 12 Norte, en las inmediaciones de Hermosillo, durante su segunda jornada de búsqueda.

De acuerdo con el colectivo, las dos personas localizadas este 12 de julio “ya fueron identificadas por la familia y ya volverán a casa, ya tendrán un lugar digno donde descansar”.

La Fiscalía General del Estado informó que tras su localización los cuerpos fueron procesados y trasladados al Servicio Médico Forense, así como precisó que entre los hallazgos se encuentran pantalones de talla 32 a 36, calzado deportivo y botas tácticas de números que van del 24.5 al 29, además de nueve mochilas y tres maletas.

Los hallazgos se suman a los 42 restos óseos y más de 200 prendas que las madres buscadoras encontraron durante la primera jornada del 11 de julio. En la zona de la localización fueron encontrados entre 30 y 40 casquillos percutidos de armas largas, y restos de un campamento con garrafones de agua vacíos, envases de sopa instantánea, hornillas y una lona.

De acuerdo con la representante del colectivo, Ceci Flores, en el lugar se encontraron al menos tres fosas clandestinas con restos óseos, algunos de ellos calcinados, además de diez posibles fosas más sin procesar por falta de equipo especializado.