El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó cambiar la estrategia de seguridad porque, señaló, hay avances; aseguró que los picos de violencia son porque se desintegraron las familias, se abandonaron a los jóvenes y estaban vinculadas las autoridades con la delincuencia.

Aunque el martes 24 de mayo fue el segundo día más violento en lo que va del sexenio del presidente López Obrador, con 118 homicidios dolosos, el mandatario defendió su estrategia de “abrazos, no balazos” y aseguró que ayer se registraron solo 65 casos.

Un juez de control giró una orden de aprehensión en contra del exalcalde morenista de este municipio fronterizo, Carlos Peña Ortiz, por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita, dio a conocer este jueves el fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda.

Apenas el martes, Peña Ortiz, quien sucedió en el cargo edilicio a su madre, Maki Ortiz, había solicitado licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido, y en su lugar fue propuesto y aprobado como interino su secretario de Seguridad Pública, Alfonso Peña Rodríguez.

El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, informó que en el caso del asesinato de la abogada Cecilia Monzón Pérez existen “elementos muy sólidos” para detener a los presuntos autores materiales e intelectuales de este feminicidio registrado en la ciudad de Cholula, Puebla.

Al respecto, dijo que se mantiene comunicación permanente con el gobernador poblano, Miguel Barbosa, con el fiscal estatal, Gilberto Higuera, así como con la familia de la víctima, que llegó procedente de España.

Fueron encontrados los cuerpos de cinco personas en el interior de fosas clandestinas ubicadas en un predio de la comunidad El Trapiche, municipio de Cuauhtémoc.

Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha difundido información oficial al respecto, de acuerdo con reportes extraoficiales trascendió que el hallazgo de los entierros se derivó de la detención, en los días previos, de un sujeto presuntamente implicado en delitos de alto impacto, quien proporcionó datos que permitieron localizar el sitio.

Padres de los 43 normalistas desaparecidos de de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, "están decepcionados de este gobierno" porque no hay avances en las investigaciones para encontrar a los estudiantes, señaló Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de las víctimas.

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en la oficialía de partes del Poder Judicial Federal su apelación contra la decisión que tomó la semana pasada el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, para no enjuiciar a cuatro abogados relacionados con el ex consejero Jurídico, Julio Scherer Ibarra, y que según las investigaciones, conformaron una asociación delictuosa.

El recurso fue entregado la noche del martes pasado, horas antes de que venciera el plazo legal, por la fiscal María Eugenia Castañón Osorio, y en las próximas horas será turnado a un tribunal colegiado para su análisis y resolución.

El desplazamiento forzado interno por la creciente violencia en México vulnera los derechos humanos de la infancia y afecta su seguridad, sus posibilidades educativas, su salud e incluso su construcción identitaria y su sentido de pertenencia, reveló un estudio presentado este jueves por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El 63 por ciento de los casos de feminicidios ocurridos en la Ciudad de México durante 2018 fueron catalogados como suicidio por la Procuraduría General de Justicia, informó la actual titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio, Sayuri Herrera Román. Es decir, de los 48 casos registrados, al menos 30 no fueron catalogados como feminicidio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inválida la porción del artículo 1 de la Constitución de Nuevo León que protegía el derecho a la vida desde la concepción.

Con 10 votos a favor, quedaron resueltas las acciones de inconstitucionalidad que habían promovido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), identificadas como 041/2019 y 042/2019.

Ignacio Ovalle Fernández, exdirector de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), declaró al Ministerio Público que no recuerda haber firmado el oficio mediante el cual autorizó el uso de al menos 100 millones de pesos de recursos públicos para la compra ilegal de certificados bursátiles, operación fraudulenta que investiga la Fiscalía General de la República (FGR) y cuyo expediente ya se presentó ante un juez.

En su declaración ministerial, Ovalle —quien fue removido de Segalmex pero obtuvo un nuevo cargo en la Segob— incurrió en varias contradicciones, por ejemplo, que no recordaba haber visto el documento que lleva su firma, o que no podía corroborar la autenticidad del trazo porque este se veía borroso; incluso, admitió que pudo haberlo firmado, pero sin darse cuenta de lo que estaba autorizando, porque a diario recibía documentos para signarlos. 

A las clínicas privadas de Culiacán llegan jóvenes intoxicados porque se dedican a la producción de la droga; los llamados “cocineros”

Un policía municipal de Irapuato fue vinculado a proceso y quedó en prisión preventiva, al ser acusado de la desaparición forzada agraviada de su hijastro de 11 años, al que además violentó con maltrato físico, verbal y emocional durante un largo tiempo. La madre del niño acusó públicamente al preventivo de haberlo asesinado y haberse llevado su cuerpo a inhumar en un sitio desconocido.

La violencia que sufrió Juan David fue reportada por vecinos de la colonia Urbi Villas del Rey en Irapuato, quienes llamaron numerosas veces al 911 de la Policía Municipal y también al DIF municipal. Personal de ambas instancias acudió al domicilio, pero no intervino.

Por los hechos violentos ocurridos el 9 de mayo en Coyomeapan, Puebla, donde murieron tres personas, −entre ellos un menor de 15 años−, se detuvo a nueve policías.

La organización no gubernamental Artículo 19 calificó, el 25 de mayo del 2022, como “inadmisibles en una sociedad democrática”, las declaraciones de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien supuestamente expresó que “a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre”.

Ello según un audio que fue difundido, el 24 de mayo del 2022, por Layda Elena Sansores San Román, gobernadora de Campeche, durante una conferencia de prensa semanal, denominada ‘Los martes del jaguar’.

Realmente nunca se han ido; en un país como México en el cual durante los últimos tres años se ha superado la cifra de los cien mil ejecutados, es de suponer que el sicariato está más presente que nunca, y además ahora, en auge.

En la encuesta nacional de vivienda de Buendía&Márquez, en exclusiva para El Universal, el partido oficial Morena lidera las preferencias electorales para las próximas elecciones presidenciales.

La encuestadora Buendía&Márquez ubica a Morena con un 45 por cientos de las preferencias para 2024, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) se colocan con 19, 17 y ocho por ciento, respectivamente.

Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) detuvieron a José “N” por su presunta participación en la desaparición de su esposa Karen Itzel Rodríguez Barrales, quien desapareció el pasado 19 de mayo, cuando se dirigía a entregar su tesis de licenciatura.

A través de un comunicado compartido en redes sociales, la dependencia capitalina dio a conocer que los agentes cumplimentaron una orden de aprehensión en seguimiento a una denuncia por el delito de desaparición de persona cometido por particulares en contra de José “N”.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la desarticulación de una célula de La Unión Tepito dedicada a la extorsión en su modalidad de cobro de piso, homicidios y venta de droga en los corredores comerciales Roma, Condesa y Centro Histórico; así como en colonias de Benito Juárez y algunos municipios del Estado de México; siete personas fueron detenidas.

La comunidad indígena y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, en Jalisco, se sumó a la Caravana por la Dignidad y la Conciencia Wixárika que hoy llegó a la Ciudad de México, después de recorrer 900 kilómetros desde San Sebastián Teponahuaxtlán para exigir en Palacio Nacional la resititución de 11 mil hectáreas de tierra invadidas.

«Nos sumamos a la exigencia de que el gobierno federal haga valer las leyes, las sentencias emitidas por el Tribunal unitario Agrario del Distrito 16 y señale con precisión los pasos a seguir para la restitución inmediata de las tierras comunales, sin falsas mesas de negociación y sin pretextos que lleven a alargar el regreso de las tierras a sus verdaderos dueños», señaló la comunidad de Azqueltán en un comunicado.