CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La operación política que el PRI efectuó en el Senado para imponer como presidente de la Mesa Directiva al panista Ernesto Cordero y a través de él pavimentar el camino con el fin de nombrar a Raúl Cervantes como fiscal general para los próximos nueve años, desembocó en una “crisis institucional” en la Cámara de Diputados, que amenaza con escalar a “crisis constitucional”.
