El caso evidencia la dificultad sistémica para que las investigaciones sobre espionaje avancen en México, afirmó Leopoldo Maldonado.
Leopoldo Maldonado, director de la organización Artículo 19, analizó durante Aristegui en Vivo la reciente ratificación de la sentencia absolutoria para Juan Carlos García Rivera, el único individuo procesado por el espionaje con el software Pegasus en el caso judicializado a raíz de la denuncia de la periodista Carmen Aristegui.
Maldonado confirmó que el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación mantuvo la absolución, pero argumentó que el juicio estuvo comprometido por fallas procesales significativas y una aparente falta de voluntad para investigar a fondo el “entramado político” detrás del espionaje.
Aunque el proceso reconoció judicialmente a la periodista como víctima de espionaje mediante Pegasus debido a su labor periodística, la fiscalía no logró acreditar plenamente la responsabilidad del acusado.
El director de Artículo 19 enfatizó que la secuela procesal fue condicionada de manera determinante desde 2021, cuando la jueza Gabriela Roca Urbina “desestimó y declaró ilícitas” pruebas fundamentales aportadas por el testigo protegido clave, conocido como “Zeus”.
Según Maldonado, estas pruebas no solo implicaban al acusado, sino que vinculaban directamente a otra víctima de Pegasus: el entonces Comisionado de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb.
A juicio del director de Artículo 19, esta evidencia era la “prueba contundente” de la veracidad del testigo. Al haberla “cercenado desde el principio”, la jueza Urbina “condicionó el resto del proceso”.
Maldonado concluyó señalando que este caso evidencia la dificultad sistémica para que las investigaciones sobre espionaje avancen en México, tanto en la Fiscalía General de la República (FGR) como en el poder judicial, debido al “entramado político que conlleva”.
Así, subrayó que la complejidad abarca diferentes administraciones, mencionando los casos de “Ejército Espía” en el actual gobierno y los casos de Pegasus en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Por lo anterior, cuestionó si “existe la voluntad política desde la investigación, desde las fiscalías, de avanzar tope donde tope”.
“No, por lo menos con el gobierno, con la Secretaría de Seguridad, las secretarías del Gobierno de México, no”, afirmó Sheinbaum.
Durante su conferencia mañanera de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que su gobierno mantenga vínculos o negociaciones con los empresarios israelíes relacionados con la venta del software espía Pegasus al gobierno mexicano.
Al ser cuestionada sobre la investigación en curso por el uso del programa durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, la mandataria subrayó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) solicitar la información necesaria a las autoridades israelíes.
“A partir de lo que mencionó aquí el fiscal es que se abrió una investigación y corresponde al fiscal poder solicitar toda la información que se requiera no solamente en México, sino en cualquier país”, puntualizó Sheinbaum.
El periodista de The Marker, Gur Meggido, quien reveló detalles sobre un arbitraje legal entre dos empresarios israelíes vinculados con la comercialización de Pegasus en México, advirtió que ambos continúan intentando establecer negocios con el gobierno mexicano.
Frente a esta información, la mandataria aseguró que, en lo que compete a la Secretaría de Seguridad y otras dependencias federales, no se ha detectado ninguna relación con dichos individuos.
“No, por lo menos con el gobierno, con la Secretaría de Seguridad, las secretarías del Gobierno de México, no”, afirmó Sheinbaum.
Gur Megiddo, periodista de The Marker, consideró que no hay obstáculos para que el gobierno israelí entregue los documentos a México.
El periodista israelí Gur Megiddo, del periódico The Marker, reveló la existencia de un arbitraje secreto entre los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher, en el cual se discutieron inversiones millonarias realizadas en el expresidente Enrique Peña Nieto y que abrieron la puerta para que obtuvieran contratos durante su sexenio.
Según los documentos presentados ante un tribunal civil de Israel, ambos empresarios habrían invertido hasta 25 millones de dólares en el exmandatario mexicano al inicio de su presidencia.
En entrevista con Aristegui En Vivo, reveló los detalles del arbitraje, cómo obtuvo la información y qué tendría que pasar para que las autoridades mexicanas tengas acceso al caso.
“Básicamente, [Avishai Neriah y Uri Ansbacher] eran socios en el pasado […] y tenían un acuerdo por el que, -dado que ambos estaban vinculados al expresidente-, se repartirían México, por más ridículo que pueda parecer”, explicó Megiddo. Detalló que el conflicto legal surgió cuando ambas partes se acusaron de invadir el “territorio” del otro.
Ansbacher exigió que Neriah le pagara su parte de los 25 millones de dólares invertidos, que había dado dado a cambio de tres reuniones privadas con Peña Nieto que nunca sucedieron.
“Una de las partes, Ansbacher, exigió parte de su supuesta inversión en el presidente. Utilizan un lenguaje ambiguo, por lo que no dicen directamente ‘presidente’, sino que utilizan la letra ‘noon’, que en hebreo es la primera letra de la palabra ‘presidente’”, explicó.
Según Megiddo, los árbitros —tres rabinos que actuaron bajo la ley religiosa judía— concluyeron que el acuerdo perdió validez una vez Peña Nieto terminó su mandato.
El periodista subrayó que no hay ninguna duda de que el arbitraje se refiera a Enrique Peña Nieto.
“No, no puede haber ninguna duda porque se refieren a un presidente que fue elegido en México en 2012 y que terminó su mandato en 2018. Solo conozco un presidente mexicano que cumpla con estos requisitos”, dijo Megiddo. Afirmó que fuentes directas también confirmaron que se trataba de Enrique Peña Nieto.
Respecto al arbitraje religioso, Gur Megiddo detalló que las partes eligieron resolver el conflicto con base en la ley hebrea. “Eligieron a tres personas que son todas rabinos y estos rabinos tuvieron que dictaminar de acuerdo con la antigua ley judía… concluyeron básicamente que nadie merecía recuperar nada”, dijo. Ansbacher no fue compensado por su inversión, ya que, según el fallo, “también había disfrutado de las puertas abiertas del Gobierno mexicano de acuerdo con esa inversión o como resultado de ella”.
“Los tres árbitros dictaminaron que no hay duda de que se había realizado una inversión de millones de dólares en el expresidente o en el antiguo ‘P’. Ansbacher afirma que la presunta inversión ascendió a 25 millones de dólares”. Aunque Avishai Neriah argumentó que la cifra era menor, ninguno de los empresarios negó la existencia de la inversión.
Respecto al uso de esos fondos, el periodista indicó que los documentos del arbitraje no detallan cómo se utilizaron los 25 millones de dólares, pero una fuente le indicó que “se trataba principalmente de pagar o financiar gastos políticos”. Según Megiddo, esa información más específica podría estar en el expediente completo del caso.
El arbitraje incluyó testimonios adicionales, como el del hermano de Avishai Neriah, también rabino. “Parte de la historia tiene que ver con cómo los ingresos comerciales llegaron a Israel a través de sus organizaciones sin ánimo de lucro”, dijo Megiddo. También hubo participación de empleados de ambos empresarios, quienes aportaron más testimonios.
Al ser cuestionado sobre si el contenido del arbitraje es publico el periodista respondió que sí.
“Este arbitraje fue llevado a los tribunales civiles israelíes… está abierto a cualquier periodista que tenga permiso para ver los procedimientos. Y eso incluye a todos los periodistas israelíes”, por lo que considera que fácilmente la Fiscalía mexicana podría obtener el arbitraje.
Megiddo explicó que el arbitraje derivó en un proceso civil, ya que es el tribunal quien debe confirmar o anular el fallo.
“Mientras intentaban disputar la aprobación de este arbitraje, tuvieron que presentar la sentencia arbitral como parte de este procedimiento y, por lo tanto, conseguí acceder a ella”, detalló.
Sobre el software espía Pegasus, cuya compra por parte del gobierno mexicano está relacionada con los empresarios, Gur Megiddo confirmó que sí se menciona en el arbitraje.
“Una de las partes alegó que la otra vendió Pegasus a una autoridad que pertenece a la otra”, dijo. Afirmó que, aunque no se menciona el nombre del software directamente, la descripción coincide completamente con Pegasus y se hace referencia a que requiere aprobación del Ministerio de Defensa israelí. Sin embargo, señaló que el software no fue lo único que los empresarios vendieron al gobierno, sino también, cámaras, uniformes y más productos.
Respecto a las reuniones entre Ansbacher y Peña Nieto, Megiddo señaló que “tenían un acuerdo por el que Ansbacher recibiría tres reuniones... Ansbacher afirmó que merecía recibir millones de dólares como compensación por no haber recibido las reuniones con el expresidente”. Los árbitros determinaron que no tenía derecho a dicha compensación, ya que Neriah ya le había pagado previamente 4 millones de dólares por ese concepto.
A pesar de no haber obtenido las reuniones, Ansbacher sí recibió contratos gubernamentales durante el sexenio. “No hay ninguna duda de que Ansbacher recibió contratos con el gobierno”.
El periodista informó que el caso continúa en tribunales civiles, y que aún falta decidir si se confirma o anula la sentencia arbitral. Indicó que si bien esto ya no involucra al gobierno de Peña Nieto directamente, “si ocurriera una investigación criminal en Israel, eso probablemente retrasaría el proceso”.
En cuanto a las declaraciones de Peña Nieto, quien negó rotundamente haber recibido dinero, Gur Megiddo respondió: “Yo me baso en citar documentos que se presentaron ante un tribunal israelí, y la mayoría de las afirmaciones que he hecho públicas no se discuten”.
“Obviamente, no esperaba que el presidente confirmara que había recibido cualquier tipo de dinero o donaciones ocultas… pero si el Gobierno mexicano se toma en serio la investigación… encontrarían que hay motivos para sospechar”.
Gur Megiddo consideró que no hay obstáculos para que el gobierno israelí entregue los documentos a México.
“No creo que haya ningún obstáculo para conseguir estos documentos. Provienen de un procedimiento abierto y el gobierno (isrealí) debería tardar muy poco tiempo en obtenerlos y mandárselos a la fiscalía mexicana”.
Megiddo aseguró que según algunas de sus fuentes, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los empresarios no realizaron muchos negocios en México, pero afirmó que “ambos estaban presentes en México y estaban buscando negocios” en los últimos meses.
Zeus afirmó que el espionaje realizado mediante Pegasus no solo afectó a periodistas y activistas, sino que involucró información sensible del Estado mexicano.
El testigo protegido Zeus, también conocido como “Cazador de cazadores”, afirmó que el litigio entre los empresarios israelíes Avishai Neriah y Uri Ansbacher, relacionados con NSO Group y Pegasus, es apenas una parte de una trama mayor y consideró que debe de haber un tema personal entre ellos.
“Por 25 millones de dólares parece una tontería”, dijo, en referencia al pleito legal, pues aseguró que el grupo de empresas vinculado a los empresarios y a Pegasus facturaba 5 mil millones de pesos anuales al Gobierno mexicano.
“Creo que es algo más personal… además, también la ley israelita asume una parte religiosa. Al parecer es un pecado haber defraudado a uno mismo de su comunidad”, comentó.
“BH Apply Technology Group -que dirigía Uri Ansbacher- facturaba al Gobierno mexicano 5 mil millones de pesos anuales”, explicó Zeus.
Según su testimonio, ese nivel de ingresos vuelve irrelevante el monto que actualmente disputa en tribunales Uri Ansbacher contra Avishai.
Zeus explicó en entrevista con Aristegui En Vivo que estos contratos se habrían realizado mediante un entramado de empresas y prestanombres. “La única correlación que tienen es que se han hecho a través de testaferros”, dijo. Señaló que estas personas solían ser choferes, personal doméstico o trabajadores de confianza que firmaban documentos sin saber que asumirían legalmente la responsabilidad de las operaciones.
“A mí me consta que el señor Uri Ansbacher le decía ‘patrón’… se refería a Enrique Peña Nieto”, afirmó.
Según su declaración, Ansbacher sostenía línea directa con el expresidente. “Le gustaba presumir que en su escritorio tenía una fotografía abrazando a Peña Nieto”, añadió.
El testigo indicó que, aunque KBH Play Technology Group figuraba en la fachada del edificio donde operaban, legalmente no existía como grupo constituido.
“KBH Play Technology Group no existe como grupo, pero sí había unas letras en la entrada del edificio que así lo señalaban, aunque no existiera legalmente”, explicó. Añadió que esta estructura facilitaba a los empresarios la evasión fiscal.
Zeus afirmó que el espionaje realizado mediante Pegasus no solo afectó a periodistas y activistas, sino que involucró información sensible del Estado mexicano.
Explicó que el Gobierno de Israel tenía acceso a la información obtenida por el software Pegasus en México porque los datos interceptados circularan por servidores triangulados y afirmó que el gobierno mexicano era consciente de la situación.
‘Zeus’ señaló que este tipo de transferencia de datos podría implicar incluso “traición a la patria”, ya que involucraba el envío de información sensible de instituciones como el CISEN, la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Toda esa información circulaba a través de sus servidores. Y esos servidores estaban triangulados directamente con el Gobierno israelí”, declaró. Según su testimonio, “el Gobierno mexicano sabía perfectamente que toda la información pasaba por el Gobierno israelí”.
Durante la entrevista, Zeus subrayó que las operaciones con Pegasus no fueron aisladas ni únicas. “No dudo que existan 10 empresas que hacen lo mismo que NSO Group y que sean del mismo grupo… es el modus operandi”. Afirmó que estas compañías saben “cómo quitarse la marca gubernamental, legal, financiera, fiscal”, para operar con impunidad.
Asimismo, señaló que Pegasus no es el único no fue el único software especializado adquirido por el Estado mexicano a NSO Group.
Sobre la cooperación internacional, Zeus recordó que existe un tratado de libre comercio con Israel que incluye un apartado de cooperación legal.
“En la parte de cooperación, está obligado a cooperar”, señaló, aunque reconoció que hay “complicidad de quien no quiera aportar la información”.
Pegasus no es un problema de unos cuantos funcionarios y particulares que obraron mal, sino es el rostro de un Estado que espía de manera generalizada sin consecuencias. El software cambia de manos —PAN, PRI, Morena—, pero el mecanismo se mantiene intacto.
Desde 2015, México se convirtió en laboratorio del uso masivo del spyware Pegasus, desarrollado por NSO Group. Esta arma silenciosa invade teléfonos, graba conversaciones, rastrea ubicaciones y roba datos sin dejar huella visible. Casi una década después, su uso está más que documentado, pero la Fiscalía General de la República (FGR) no ha logrado que se condene a un sólo responsable.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012–2018), Pegasus se usó como herramienta para vigilar a periodistas, activistas y opositores. Esta semana, una disputa legal en Israel entre los empresarios Uri Emmanuel Ansbacher y Avishai Neria —líderes de KBH y BSD, respectivamente— reveló que, desde 2012, se habrían pagado hasta 25 millones de dólares para "invertir" en Peña. Ambas empresas estaban directamente involucradas en la venta de equipos y sistemas de seguridad al Gobierno mexicano durante el sexenio de EPN. La red KBH sirvió como intermediaria de NSO Group para introducir Pegasus en México.
En nuestro país, los registros de la FGR confirman la existencia de esta red. Un testigo protegido, identificado como "Zeus", ha señalado desde 2019 a Peña Nieto, Osorio Chong y Eugenio Ímaz como los responsables directos del aparato de espionaje. A pesar de contar con contratos, facturas y testimonios, la FGR sólo ha judicializado un caso, el de Juan Carlos García Rivera, quien fue absuelto en 2024, pese a que el propio Juez reconoció que sí hubo espionaje contra Carmen Aristegui… por investigar y publicar sobre la llamada Casa Blanca de Enrique Peña Nieto.
Andrés Manuel López Obrador prometió terminar con el espionaje, pero los datos lo desmintieron. Según documentos del litigio WhatsApp/Meta contra NSO Group, en mayo de 2019 se detectaron 456 infecciones con Pegasus. México concentró el 37 por ciento de los casos globales en esa muestra. Citizen Lab, organización experta en ciberseguridad, identificó múltiples dispositivos infectados entre 2019 y 2022, incluyendo los de periodistas, defensores de derechos humanos y funcionarios del propio gobierno obradorista.
La Sedena adquirió Pegasus desde 2019, a través de Comercializadora Antsua, empresa ligada a la red KBH, la misma que habría sobornado al Gobierno anterior. Los contratos fueron ocultados bajo el pretexto de "seguridad nacional". Sólo tras una orden judicial en 2024, se obligó al Ejército a entregarlos. Aun así, la opacidad persiste y no se han entregado.
Pese a las pruebas —documentos, análisis forenses, testimonios— la FGR no ha avanzado en una sola carpeta de investigación abierta por los casos ocurridos en este sexenio. La Sedena niega a la institución investigadora la existencia de contratos que ya fueron exhibidos. En resumen: nadie ha sido nombrado, nadie ha sido juzgado, nadie ha rendido cuentas.
México tiene derecho a saber: ¿quién ordenó espiar?, ¿a quiénes?, ¿para qué?
Para nada resulta increíble que desde el periodismo de investigación, el trabajo de la sociedad civil organizada y la academia se haya avanzado más en el esclarecimiento de los hechos sobre un caso tan complejo. Lo que sí resulta inverosímil es que, pese a tantos hallazgos que se han traducido en pruebas en el marco de investigaciones formales, se siga diciendo desde el discurso de la FGR que “faltan pruebas”.
Pegasus no es un problema de unos cuantos funcionarios y particulares que obraron mal, sino es el rostro de un Estado que espía de manera generalizada sin consecuencias. El software cambia de manos —PAN, PRI, Morena—, pero el mecanismo se mantiene intacto. Hay evidencia y hay víctimas concretas. Por eso: no, no faltan pruebas. Lo que falta es voluntad de llegar hasta las últimas consecuencias, cosa que el Fiscal Gertz no ha hecho hasta ahora.
La Presidenta de México insistió en que a la FGR le corresponde informar a detalle por qué no procedieron las denuncias anteriores contra Enrique Peña Nieto.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró la mañana de este miércoles que no existe un pacto de impunidad entre el Gobierno federal que actualmente encabeza y el expresidente Enrique Peña Nieto (EPN), esto al preguntarle por qué no procedieron las investigaciones anteriores iniciadas contra el priista.
"No hubo pacto de impunidad. Es más, hubo una consulta pública de si se juzgaba a los expresidentes. No alcanzó el número suficiente de votos, pero hubo una consulta pública", recalcó durante la "mañanera del pueblo".
Al responder una pregunta expresa de SinEmbargo durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana reiteró que no existe un pacto con Peña Nieto, ni de parte de su Gobierno ni del de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
"No es que haya habido un pacto de impunidad. Lo que dijo entonces el Presidente López Obrador, que es público, es 'a nosotros nos interesa de aquí en adelante'", recordó Sheinbaum.
“Lo que nosotros estamos haciendo es pedirle ya formalmente al gobierno de Israel la autorización a través del sistema de asistencia jurídica internacional para que esas afirmaciones queden dentro de un marco legal", dijo Gertz Manero.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), luego de que el diario israelí The Marker publicara que el exmandatario presuntamente recibió 25 millones de dólares por parte de empresarios de Israel, a cambio de beneficios como la venta del software de espionaje Pegasus.
“Nosotros ya abrimos una carpeta, por supuesto, y vamos a reclamar a las autoridades de Israel esta información que dieron, de carácter mediático, la podamos incorporar para poder seguir adelante”, declaró el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.
Durante la conferencia de prensa matutina, el funcionario detalló que desde la administración anterior se presentaron varias denuncias sobre el software Pegasus, que habría sido usado como sistema de espionaje, pero no fueron corroboradas con las pruebas suficientes.
“Lo que nosotros estamos haciendo es pedirle ya formalmente al gobierno de Israel la autorización a través del sistema de asistencia jurídica internacional para que esas afirmaciones queden dentro de un marco legal y no se vaya al mismo vacío de denuncias que no se sostienen”, dijo.
“Tenemos nosotros que darle la judicialidad necesaria para que ese documento quede debidamente establecido como una afirmación pública de unos empresarios de ese país que hicieron una declaración en el sentido de, que a esta persona (Peña Nieto), le dieron esa cantidad de dinero en esa fecha”, comentó el funcionario.
🟥El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, informó que se ha abierto una carpeta de investigación contra Enrique Peña Nieto por presuntos sobornos.
Señaló que es necesario que las autoridades de Israel ratifiquen los señalamientos realizados en el medio The Marker. pic.twitter.com/KbpMV6D3XK
Asimismo, el fiscal reconoció que la relación con las autoridades de Israel no ha sido fácil, pero espera que en este caso de los presuntos sobornos a Peña Nieto haya respuesta rápida.
El medio israelí publicó que dos empresarios, Avishai Neriah y Uri Ansbacher, presuntamente le entregaron al exmandatario 25 millones de dólares a cambió de ciertos beneficios.
“El acuerdo más famoso que negociaron fue la venta de Pegasus, el software del fabricante israelí de ciberataques NSO, a varias autoridades del país”, se menciona en el reportaje del diario.
Peña Nieto niega señalamientos
Enrique Peña Nieto aseguró en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, que estaba fuera del ámbito de su competencia el asignar contratos a empresas o prestadores de servicio, por lo que negó haber recibido sobornos por parte de empresarios israelíes para facilitar la venta del software espía Pegasus durante su administración.
“Yo no doy línea ni di línea nunca de asignar contratos a tal o cual proveedor, no es mi tarea. Yo fui presidente, goberné un país, me dediqué a dictar líneas de conducción hacia dónde queríamos ir, a desarrollar proyectos de infraestructura a través de las áreas responsables de hacer las contrataciones”, declaró.
Peña Nieto afirmó que las especulaciones buscan dañar su imagen y son “con dolo y mala fe” ya que en la publicación solo se habla de la disputa de dos empresas y solo insinúa que hubo aportaciones, pero no dice a quién.
“Entiendo que son dos empresas que estaban constituidas antes de que yo asumiera la Presidencia de la República, que prestaban ya servicios al gobierno anterior, seguramente continuaron con mi gobierno, no sé a qué grado, no sé que hayan realizado, no lo sé, sinceramente no lo sé”, insistió.
La FGR abrió una nueva carpeta de investigación contra Enrique Peña Nieto por la compra de Pegasus, ya que el fin de semana se dio a conocer que en la adquisición de este software hubo sobornos. El expresidente ya era investigado de hecho por diversos delitos federales, tales como su presunta participación en el caso de las denuncias de sobornos de la transnacional española OHL y enriquecimiento ilícito, acusaciones que la Fiscalía dijo que no fueron ratificadas.
Una nueva acusación de corrupción se suma a la gestión de Enrique Peña Nieto (EPN). El fin de semana el medio israelí The Marker reveló que el expresidente recibió un soborno de 25 millones de dólares con el objetivo de permitir el funcionamiento del sistema de espionaje Pegasus en territorio nacional.
Por estos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que ya tiene abierta una carpeta de investigación, es decir, que busca elementos para presentar una causa ante un Juez en contra del exmandatario mexicano. Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el Fiscal Alejandro Gertz Manero explicó que desde el inicio del sexenio pasado se presentaron denuncias por el caso Pegasus, pero que no se habían logrado corroborar con las pruebas suficientes. Sin embargo, destacó que las nuevas evidencias dan lugar a una investigación más sólida.
Peña Nieto calificó cómo una "una insinuación carente de sustento alguno" las acusaciones que en su contra hicieron los empresarios israelíes, Uri Emmanuel Ansbacher y Avishai Samuel Neriah.
Aunque el expresidente negó las acusaciones a través de una publicación en su perfil de X, en la que señaló que la nota de The Marker es “totalmente falsa” ya que no tiene “el mínimo rigor periodístico”, lo cierto es que a lo largo de su sexenio, el priista y varios miembros de su gabinete estuvieron involucrados en escándalos de corrupción, que mantienen investigaciones abiertas por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y delitos electorales.
Hace cuatro años, la UIF informó de transferencias millonarios para Peña Nieto provenientes de España. Semanas después, en agosto de 2022, la FGR confirmó que tenía abiertas tres carpetas de investigación en contra de Peña Nieto por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos electorales.
El primer caso incluía diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la constructora española OHL, que en 2016 fue multada por las autoridades bancarias mexicanas por diversas irregularidades contables.
El segundo caso es por lo señalado por la UIF que denunció a Peña Nieto “por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales”. La Fiscalía explicó en ese entonces que antes de judicializar el caso, se precisaban “dictámenes periciales hacendarios y fiscales". La tercera pesquisa tiene que ver con un presunto delito de enriquecimiento ilícito.
Desde que la FGR informara esto, no había vuelto a notificar el avance de estas investigaciones hasta este martes que Gertz Manero acusó al Gobierno federal, en particular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de no haber ratificado todos los elementos para poderlo judicializar estas causas.
LAS POLÉMICAS
Una de las polémicas más recordadas es la llamada Casa Blanca. En noviembre de 2014, el equipo del portal Aristegui Noticias exhibió la lujosa y moderna residencia que habitaba la entonces la esposa de Peña Nieto y Primera Dama, Angélica Rivera, valuada en 86 millones de pesos y ubicada en Lomas de Chapultepec, una de las zonas de más alta plusvalía en la capital mexicana.
En agosto de 2020, Emilio Lozoya Austin, quien se desempeñó como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, fue quien le facilitó la propiedad al exmandatario, a cambio de que el priista lo beneficiara con contratos para obras públicas de su Gobierno.
Según esta información, tras el escándalo que generó la Casa Blanca, Peña Nieto decidió cancelar el proyecto del tren México-Querétaro que había otorgado al consorcio China Railway Construction Company (CRCC), sin importar que esto significara "sacrificar la relación con China", en lugar de excluir a Grupo Higa de dicho proyecto, ya que, Lozoya afirmó, Hinojosa Cantú era tratado como socio por el Gobierno peñista y fue impulsado en la adjudicación de proyectos de ingeniería y obra.
“Me llamó el Presidente para informarme sobre el inminente anuncio [de la cancelación]. Yo le dije que eso significaba destruir la relación entre ambos países por lo emblemático del proyecto para el Gobierno chino. Al preguntarle la razón de la cancelación me dijo ‘es que tenemos un problema Videgaray y yo porque Higa le facilitó la casa de Malinalco a Luis y a mí me está apoyando con otra casa’”, relató Lozoya
“Ante esto, yo le sugerí simplemente excluir a Grupo Higa del proyecto, pero él prefirió sacrificar el proyecto y la relación con China para intentar esconder el tema de las casas”, apuntó en su declaración”, agregó el exdirector de Pemex, quien reveló que el Grupo Higa también le habría facilitado la casa de Malinalco a Luis Videgaray, quien se desempeñó como Secretario de Hacienda y Crédito Público y Secretario de Relaciones Exteriores durante el mandato peñista.
Lozoya sostuvo que Juan Armando Hinojosa le reveló que el expresidente Peña Nieto lo "instruyó a hacer negocios en Pemex" para obtener recursos económicos y que luego de que se destapó el escándalo de la casa blanca, el empresario fungió como intermediario entre empresas de construcción, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Pemex, intervenciones por las que recibía comisiones de entre 2 y 5 por ciento.
“Después de la casa blanca, Juan Amando Hinojosa se dedicó a intermediar entre empresas de construcción, SCT y Pemex. Es de mi conocimiento por voz propia de Juan Amando Hinojosa-, que (él) recibía este tipo de comisiones que, normalmente, oscilaban entre el 2 y el 5% del total del costo final de las obras. Dichos montos eran entregados en efectivo a Juan Armando Hinojosa y, éste, a su vez, los compartió -también en efectivo, con Enrique Peña Nieto”, expuso el exfuncionario ante la FGR.
Este hecho evidenció que Andrade recibió el nombramiento de Secretario de la Función Pública con el propósito de exonerar a los implicados en el escándalo de la millonaria propiedad. Otro funcionario involucrado en el caso fue José Gabriel Carreño Camacho, exsubsecretario de responsabilidades administrativas y contrataciones públicas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien perdió el expediente del caso de la "Casa Blanca".
Sin embargo, en 2022, un Juez concedió la suspensión del proceso Carreño Camacho por el delito de ejercicio indebido del servicio público y en su lugar determinó que el exfuncionario público sólo debía hacer “acciones de servicio social y ofrecer una disculpa pública por no haber resguardado la documentación original", pese a la insistencia de la SFP y de la FGR para que el exsubsecretario, y demás involucrados, fuesen sancionado con la privación de la libertad.
En 2017, una investigación periodística reveló que entre entre 2013 y 2014, dependencias federales, como Secretaría de Desarrollo Social (sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a través de varias universidades, principalmente la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), desviaron más de siete mil millones de pesos de recursos públicos a empresas fantasma, hecho conoció como la Estafa Maestra.
El dinero estaba destinado a personas en situación de pobreza alimentaria en México, a quienes nunca llegaron los recursos, a través del programa denominado Cruzada Nacional contra el Hambre, ya que los fondos, con los que se planeaba impulsar campañas electorales del Estado de México, en 2017, y la presidencial, en 2018, eran transferidos primero a la Sedesol y después a la Sedatu, por lo que Rosario Robles, titular de ambas dependencias en distintos momentos, es una de las principales señaladas en el caso.
Luego de diversos señalamientos de corrupción contra el Gobierno federal, éste creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), incluso, durante la promulgación del organismo, Peña Nieto pidió perdón hoy a los mexicanos por la llamada "casa blanca". No obstante, el SNA sólo se quedó en buenas intenciones ya que ni el Jefe del Ejecutivo federal ni los legisladores priistas nombraron al Fiscal Anticorrupción y a los magistrados especializados que se requerían.
"Pido perdón por la ‘casa blanca’, cometí un error. Este error afectó a mi familia, lastimó la investidura Presidencial. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio que les causé, estoy decidido a combatir la corrupción con toda determinación. En carne propia sentí la indignación de los mexicanos", dijo el Presidente en su mensaje de la promulgación del SNA en el Palacio Nacional.
En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos sacó a la luz el caso Odebrecht, en el que se reveló que presidentes y funcionarios de 12 países de Latinoamérica, entre ellos México, recibieron sobornos a cambio de otorgar contratos de obras públicas a la empresa brasileña Odebrecht. En México, el principal implicado en este caso es Emilio Lozoya, quien se desempeñó como director general de Petróleos Mexicanos durante la Administración de Peña Nieto.
Sin embargo, en la declaratoria de la empresa ante los tribunales estadounidenses se habló de cinco funcionarios mexicanos inmiscuidos con la constructora. De acuerdo con las declaraciones del exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll -cuyos videos fueron difundidos por Quinto Elemento Lab-, Emilio Lozoya recibió cuatro millones de dólares que habrían tenido como destino la campaña de Enrique Peña Nieto, para luego, obtener ayuda con contratos con Pemex.
De acuerdo con la declaración, Lozoya planteó a Odebrecht, que sería “muy importante” si pudieran contribuir con algo cuando él los había apoyado desde 2009. El reconocimiento pedido era de cinco millones de dólares, pero le dieron cuatro millones. Luego, ya al frente de Pemex, recibió otros seis millones de dólares. Lozoya, según la empresa, tenía potencial en el gobierno y eso ameritaba una relación “más estrecha y de confianza” con él.
Tras estas revelaciones, en 2020, Lozoya realizó una serie de señalamientos que implicaron a varios políticos y exaltos funcionarios en el caso de la constructora brasileña, entre ellos a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, todos los implicados han rechazado las acusaciones e incluso han interpuesto denuncias en su contra, como es el caso del excandidato presidencial Ricardo Anaya. Sin embargo, ninguno de los mencionados ha sido sancionado.
En 2017, dos personas perdieron la vida tras caer al socavón que se abrió en el llamado Paso Exprés, en Cuernavaca, Morelos, una vía que tenía sólo tres meses de haber sido inaugurada y ese a que se exigió la renuncia de Gerardo Ruiz Esparza, entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), éste se negó, alegando que sólo renunciaría si el Presidente Peña Nieto, con quien presumió la obra, exigía su renuncia.
Las investigaciones arrojaron diversos actos de corrupción en la administración de la obra, ya que, la Auditoría Superior de la Federación halló irregularidades por unos 300 millones de pesos en la Cuenta Pública de 2015. También se reveló que el precio se duplicó, ya que el costo del proyecto original de la rehabilitación de la vía se calculó en mil 50 millones de pesos, pero terminó siendo de dos mil 213 millones 500 mil pesos, es decir, mil 163 millones de pesos más. Además, el proyecto se inauguró con cuatro meses de retraso.
Descubre, junto al Presidente @EPN, los beneficios de la ampliación del Libramiento de Cuernavaca, conocido como Paso Exprés Tlahuica. pic.twitter.com/M4v1RAmyML
— Presidencia EPN 2012-2018 (@PresidenciaMX) May 2, 2017
Un caso de corrupción que también involucró a Ruiz Esparza fue el de OHL. El 7 de mayo de 2015 se destaparon las conversaciones telefónicas entre directivos de OHL México y autoridades mexiquenses en las que se evidenciaban acuerdos y favores entre funcionarios. También OHL y el PRI fueron señalados por fraude y malversación de recursos. A OHL también se le acusó por financiar con 4 mil millones de pesos las campañas del PRI.
El Gobierno de Peña Nieto ha sido señalado en diversas ocasiones por el uso del software Pegasus, que fue utilizado para espiar a figuras clave, incluyendo al círculo cercano del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, así como a periodistas y defensores de derechos humanos. En 2017, el diario New York Times reveló una campaña de espionaje del Gobierno de México contra activistas, políticos y periodistas.
El software Pegasus, desarrollado por una empresa israelí que fabrica ciberarmas, sólo se comercializa a gobiernos y bajo la condición explícita de que únicamente sea utilizada para monitorear a terroristas y a otros criminales, por eso cuando se destapó el caso, el Parlamento Europeo, exhortaron a Peña Nieto a crear un grupo de expertos independientes para que se investigue el espionaje contra periodistas, defensores de derechos humanos, organizaciones y activistas.
Según decenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana.
Pero aún al terminar su sexenio, Peña Nieto siguió con una vida llena de lujos en España, a donde se refugió tras concluir su mandato y donde en 2020 adquirió un departamento valuado en millones de pesos para obtener la “visa dorada”, un permiso de residencia que se otorga a extranjeros que invierten al menos 500 mil euros en activos, todo esto pese a que no recibe una pensión como expresidente, ya que ésta se retiró a la llegada del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dos años después de haber adquirido el lujoso departamento, lo puso a la venta por, aproximadamente, 13 millones de pesos. En su lugar compró una residencia de súper lujo a las afueras de Madrid. Se trata de un chalet localizado en la exclusiva urbanización Valdelagua, en donde se realizó la boda de su hija. Este sitio pertenece a una constructora que lo adquirió por medio de una hipoteca de 889 mil 500 euros, el cual cuenta con seguridad privada y al cual no se puede acceder sin una autorización.
Desde que abandonó la Presidencia en 2018, Enrique Peña Nieto ha viajado alrededor del mundo y ha dado cuenta al mismo tiempo de una vida llena de lujos, sin que se conozca con certeza el origen de los recursos con los que costea el tipo de vida que tiene. Sobre todo porque se le ha visto en Nueva York; y en Italia, saliendo de uno de los hoteles más exclusivos de la capital de ese país. También se especula que muy probablemente el exmandatario se moviliza en aviones privados porque nunca se le ha visto en aeropuertos.
