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La FGR e inmobiliarias buscan arrebatar tierras ancestrales de San Mateo Tlaltenango

Las tierras en litigio están ubicadas en la zona de Santa Fe, aledañas a la nueva sede de la FGR en el Parque Nacional de la Justicia. Los pobladores aducen que esos terrenos se les otorgaron en definitiva en 1690. La SCJN ya atrajo el caso.

Pobladores originarios de San Mateo Tlaltenango, en la alcaldía Cuajimalpa, reclaman ser los únicos dueños de los predios que la Fiscalía General de la República (FGR) busca apropiarse en la zona de Santa Fe, colindantes con su nueva sede en el Parque Nacional de la Justicia.

Esto, mientras que litigios que la FGR sostiene contra empresas inmobiliarias ya fueron atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para determinar si los inmuebles son propiedad de la nación o no.

A través de una demanda de amparo, David Cervantes Chávez y Mateo Montesinos Vélez, presidente y titular del Consejo de Vigilancia del Poblado de San Mateo Tlaltenango, respectivamente, buscan evitar que tanto el gobierno federal como empresas particulares dispongan de 22 hectáreas en predios que se encuentran dentro de las más de 94 hectáreas que, afirman, son propiedad de la comunidad originaria y que les fueron reconocidos desde la época colonial y ratificados por el gobierno revolucionario.

De este modo, los pobladores se sumarían de manera indirecta al pleito legal que la FGR mantiene desde el año pasado con dos empresas inmobiliarias para quedarse con los predios que aseguró en febrero de 2024 y cuya resolución definitiva podría emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En su demanda, a la que Proceso tuvo acceso, señalaron como autoridades responsables al Poder Ejecutivo federal y otras dependencias federales; a la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada; al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, diversas dependencias de la CDMX y a la alcaldía de Cuajimalpa.


“Reclamamos los mandamientos dictados para establecer medios de información y ejercer actos tendientes a alterar y modificar nuestra etnia náhuatl y otomí, por ende, nuestras tradiciones, lenguas, identidad indígena, patrimonio cultural, expresiones culturales, tradicionales, orales, literaturas, diseños, deportes y juegos tradicionales y de las artes visuales e interpretativas”, señala el documento.

“Así como la autorización, permiso, licencia, acuerdo, concesión, prórroga, orden factibilidad, resolución, inscripción, anotación, registro y demás actos dictados por las responsables ordenadoras que tienden a privar, restringir y limitar de forma total o parcial, la propiedad, posesión y disfrute de las tierras y aguas a favor de nuestra representada correspondiente a la superficie de 94 hectáreas y 40 áreas, ubicadas dentro del Poblado de San Mateo Tlaltenango, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México”.

La demanda fue admitida a trámite desde el 20 de marzo último por el juez Décimo Sexto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis López, quien concedió una suspensión de plano al poblado para evitar cualquier intento de despojo contra sus integrantes.

“Se concede la suspensión de plano (...) para el único efecto de que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar cualquier acto tendente a realizar el despojo a los quejosos en relación con las tierras del Poblado de San Mateo Tlaltenango, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México”, señaló el juez en el expediente 597/2025.

De acuerdo con los estrados judiciales, debido a que el juzgador aún está recibiendo los informes de las autoridades señaladas como responsables, Regis López fijó como fecha de audiencia constitucional las 10:12 horas del 21 de agosto próximo.

Tierras ancestrales

De acuerdo con las pruebas ofrecidas por los pobladores de San Mateo, en el año 1653 ellos protagonizaron un pleito legal por las tierras que ahora reclaman a la Federación y a la CDMX, pues ese año los predios habían sido entregados a doña Aldonsa Villegas.

Los pobladores de San Mateo se opusieron argumentando poseer un decreto del virrey registrado en 1644 en el que se les nombró dueños de las tierras conocidas como Pachuquilla, pero dicho documento fue extraviado.

“Para conocer y corroborar los linderos se recurre a ciertos testigos naturales de San Mateo, todos ellos coinciden en que las tierras denominadas Pachuquilla se encuentran sobre una loma alta que corre hacia la venta de San Pedro Quaximalpa, camino a la ciudad de San Joseph de Toluca. Lindan por el norte con tierras del pueblo de San Pedro Quaximalpa, por el poniente con tierras de la hacienda que posee Juan Díaz Cusio, mismas que anteriormente pertenecían a Don Pedro de Paredes. Por la parte baja, viniendo de la ciudad de México hacia el pueblo de San Pedro Quaximalpa, linda por el oriente con tierras de los naturales del pueblo de Santa Fe, éstos divididos por una barranca. Por el sur termina y linda con la barranca y río que corre desde el Santo Desierto de los Leones hasta la Villa de Coyoacán”, cita un dictamen de autenticidad realizado por el Archivo General de la Nación (AGN) el 2 de julio de 2015 sobre las Diligencia de Mesura seguidas ante el Oidor de la Gran Real Audiencia, don Pedro de Labastida.

En dichos documentos consta que para el año 1690 la posesión de las tierras es otorgada a los naturales del pueblo de San Mateo Tlaltenango.

Para el 15 de octubre de 1980, la Secretaría de la Reforma Agraria realizó un estudio respecto de la procedencia de reconocimiento y titulación de tierras y aguas a favor del Pueblo de San Mateo Tlaltenango derivado del cual emitió un dictamen que reconoce y titula mil 954 hectáreas a favor de dicho poblado.

Sin embargo, indicaron que el pasado 7 de marzo de 2025, en fracciones colindantes a la carreta México-Toluca y Avenida Bernardo Quintana, se presentaron varias personas que se identificaron como empleados del gobierno federal, de la CDMX y de la alcaldía para presentarles órdenes de limitación de la propiedad, posesión y disfrute de la tierra por una superficie de 94 hectáreas 40 áreas.

“Esos mandamientos dictados por las ahora responsables, les imponían iniciar el proceso de la afectación referida de manera inmediata y de forma total y parcial de la superficie señalada para destinarse a establecimientos públicos, centros habitacionales, constitutiva de régimen en condominio de lotes, constitutiva de conjunto urbano, constitutiva de fideicomiso con aportación de los predios del Pueblo en cuestión, construir vivienda, construir condominio, construir comercio y/o servicio, renta de lotes, venta de lotes, obras y servicios de urbanización (...)”, señalaron en su demanda.

“Se ha omitido seguir un juicio ante los tribunales formalmente establecidos, lo que las responsables con su actuar violentan el estado de Derecho en perjuicio de nuestra representada”.

El pleito de la FGR

Desde el inicio de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la FGR y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) dieron inicio a procedimientos penales y judiciales para recuperar, por lo menos, 15 inmuebles en la zona de Santa Fe.



En febrero de 2024 la FGR realizó dos aseguramientos para tomar el control de inmuebles en dicha área en la que se encuentra el Parque Nacional de la Justicia, nueva sede de la Fiscalía, cuyo proyecto fue implementado por Alejandro Gertz Manero, con base en un acuerdo emitido por el Gobierno de Porfirio Díaz en 1907.

Para ello, indicó que el 28 de noviembre de 2020 recibió una denuncia anónima por la supuesta enajenación o desincorporación irregular de 7 bienes propiedad de la Federación ubicados en el kilómetro 14.5 de la carretera federal México-Toluca, colonia Palo Alto de la alcaldía Álvaro Obregón, misma que colinda con el Parque Nacional de la Justicia.

En abril de este año, la juez Segundo de Distrito en Materia Penal en la CDMX declaró ilegales los aseguramientos, con los que la FGR busca expandir el Parque Nacional de la Justicia, bajo el argumento de que los predios dejaron de ser patrimonio de la Federación el 13 de diciembre de 2018, por lo que indicó que, a primera vista, es legal la posesión de los actuales dueños.

“Puede advertirse, hasta este momento, que el predio afecto al aseguramiento mediante acuerdo de desincorporación emitido el 30 de noviembre de 2018, y publicado el 13 de diciembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, en efecto fue desincorporado de la propiedad de la Federación a favor de la parte quejosa, con independencia de que continúe la indagación ministerial respecto de la legalidad de la transmisión del inmueble”, indicó.

Añadió que, para ejecutar el aseguramiento, la FGR debía contar previamente con una orden judicial, por lo que no podía imponerlo de manera unilateral, como ocurrió en este caso.

“Esta juzgadora estima que el acto reclamado carece de la debida fundamentación y motivación, además de que fue emitido en contravención a las reglas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que no hay razón legal para la continuación del aseguramiento en los términos decretados”, apuntó.

De esta manera, la juzgadora concedió los amparos a Inmobiliaria 4F, Jestem, Servicio y Asesoría en Convenciones y Funlimited, estas últimas inquilinas de uno de los edificios asegurados.

La FGR presentó recursos de revisión contra la decisión de la jueza, que fueron admitidos a trámite por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal, pero la solicitó a la SCJN atraerlos.

El pasado 1 de octubre el Pleno de la Corte, conformado por los ministros electos por voto popular, aprobó, por mayoría de seis votos, atraer los casos y aún no define qué ministro será el encargado de analizarlos y realizar los proyectos de resolución.

Es probable que el amparo tramitado por los pobladores de San Mateo Tlaltenango impacte directamente en las resoluciones que emita la Corte.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

El SAT se pone los guantes: no descarta llevar a juicio a Netflix, Disney+, Uber...

El SAT detectó diferencias en las declaraciones de plataformas de streaming y no descarta iniciar procesos jurídicos por evasión fiscal a partir de 2026 si no se corrigen las irregularidades.

Para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es fundamental aplicar la nueva regulación a las plataformas digitales como Uber, Netflix, Disney+ o Airbnb, pues ya se detectaron diferencias entre lo que reportan y lo que realmente ingresan. Por ello, no se descarta entrar en procesos jurídicos si se comprueban irregularidades a partir de 2026.

En entrevista, el administrador general de Recaudación del SAT, Gari Flores, reconoció que, tras diversas fiscalizaciones, han identificado en este 2025 discrepancias entre las declaraciones y las operaciones reales de las plataformas.

 “De las 30 operaciones de 1 millón de pesos, de manera paralela tienen otra contabilidad, que es la real, donde no fueron 30 operaciones, fueron quizás 50 y en lugar de 1 millón de pesos eran 1 millón 500 mil pesos, y en lugar de 16 mil pesos de IVA, pues eran 30 mil pesos de IVA”, explica en entrevista.

La identificación de estas diferencias parte de que actualmente las plataformas presentan mensualmente sus declaraciones informativas. 
Nos dicen: ‘Oye, pues a través de mi plataforma durante el mes de septiembre yo realicé 20 operaciones por un importe total de 1 millón de pesos, por lo cual se retuvo de acuerdo a las reglas un IVA de 16 mil pesos’.
Para 2026, en caso de identificarse alguna discrepancia y de que el Senado avale el proyecto de ley, explicó que hay dos rutas, que la plataforma de streamimg corrija de manera voluntaria o que el SAT realice una auditoría para determinar el monto omitido.

 “Y la plataforma tendrá, como siempre en México, su derecho de audiencia y su derecho a ir a tribunales y a defender lo que ellos consideren respecto de la auditoría del SAT. Y hasta que haya una resolución firme respecto de esa controversia judicial, es cuando podríamos hacer un cobro por parte del SAT”, detalla a Proceso.

Ajustes

Al reconocer que las plataformas digitales rompieron los esquemas tradicionales del comercio, el administrador general de Recaudación del SAT considera  que es indispensable trabajar en legislaciones nacionales que permitan implementar controles y regularlas, especialmente en materia fiscal.

En ese sentido, para el segundo año del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo se prevé una reconfiguración fiscal. Previamente, las plataformas digitales pagaban impuestos; por ejemplo, aquellas extranjeras que prestan servicios en México a consumidores mexicanos entregaban al SAT el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16%, mientras que las que intermedian servicios, como hospedaje o transporte, retenían 50% del IVA a las personas físicas que colaboraban con ellas.

Para 2026, la Cámara de Diputados aprobó cambios al Código Fiscal de la Federación (CFF), destacando el nuevo artículo 30-B, con el que se busca fiscalizar directamente a las plataformas digitales.

Para Gari Flores, la intención es evitar cualquier tipo de evasión. 
Lo único que se está proponiendo en este artículo 30 es tener nosotros el acceso directo a esa información para contrastar y contrarrestar que efectivamente lo que ya nos están enviando en las declaraciones informativas es la realidad.
Debate por el acceso a la información

Además, la reforma ha generado suspicacias entre especialistas y organismos del sector, como la Asociación de Internet MX (AIMX), ya que plantea que el SAT pueda tener acceso en tiempo real a las bases de datos de las distintas plataformas digitales.

Para la AIMX, existe el riesgo de que “cualquier funcionario del SAT entre a la casa de un ciudadano y vea su conexión”.

Gari Flores dice que ese no es el propósito y aclara que el SAT analiza mecanismos para conectarse a los sistemas de datos en tiempo real únicamente con fines de control fiscal.

 “No podemos ni queremos tener acceso a ningún tipo de información que no sea de carácter fiscal. ¿De qué información estamos hablando en este caso? Pues de operaciones de venta, de comercio mediante plataformas donde fungen como intermediarios”, precisó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMILA AYALA ESPINOSA.

En un solo día, dos mujeres fueron asesinadas en Temixco y Anenecuilco, Morelos

De acuerdo con información proporcionada por personal de la FGE, ambos casos ya son investigados por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, aplicando el Protocolo Especial.

En un solo día, dos mujeres fueron localizadas sin vida en los municipios de Temixco y Anenecuilco, en Morelos. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), ambos casos se investigan bajo el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio. 

El primer caso ocurrió en Temixco, municipio ubicado a poco más de 13 kilómetros de Cuernavaca, gobernado por Israel Piña, del Partido Acción Nacional, en alianza con el PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas.

Temixco mantiene activa desde 2015 la Alerta de Violencia de Género, decretada por la Secretaría de Gobernación a través de la Conavim, debido a los altos índices de violencia contra las mujeres registrados en la zona. 

A un año de gestión, el alcalde Israel Piña no ha informado cómo se están cumpliendo las medidas establecidas por dicha alerta para disminuir la violencia contra las mujeres. 

Durante la madrugada del lunes 27 de octubre, vecinos de la colonia Los Presidentes reportaron un incendio en una vivienda ubicada sobre la calle Adolfo López Mateos. 

Al ingresar al inmueble, autoridades hallaron el cuerpo calcinado de una mujer identificada como Laura “N”, de 45 años, con visibles signos de violencia y una extremidad desprendida. 

De acuerdo con testimonios preliminares, un hombre habría agredido a la víctima antes de incendiar la vivienda y darse a la fuga. Personal de la FGE y del Servicio Médico Forense (Semefo) acudió al lugar para realizar los peritajes y el levantamiento del cuerpo. 

Horas más tarde, en el poblado de Anenecuilco, municipio de Ciudad Ayala, fue localizada otra mujer sin vida. El hallazgo ocurrió alrededor de las 17:10 horas, sobre el bulevar Emiliano Zapata, tras un reporte al número de emergencias 911. 

Elementos de la Policía Municipal y paramédicos confirmaron el deceso y acordonaron la zona, mientras agentes de la Policía de Investigación Criminal llevaron a cabo las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado a la morgue local para los procedimientos legales. 

Ciudad Ayala, gobernada por Nayeli Mares Mérida, de Morena, se encuentra a 61 kilómetros de la capital morelense. 

De acuerdo con información proporcionada por personal de la FGE, ambos casos ya son investigados por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, aplicando el Protocolo Especial de Investigación del Delito de Feminicidio. 

Sin embargo, ninguna autoridad, ni municipal ni estatal, se ha pronunciado al respecto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Narcolanchas: reunión de emergencia del canciller y titular de Marina con embajador Johnson

Luego de que la presidenta Sheinbaum manifestara su desacuerdo con los más recientes ataques a narcolanchas en los que murieron 14 personas, el canciller y el secretario de Marina sostienen una reunión con el embajador Johnson.

Tras el ataque a cuatro supuestas narcolanchas en el que murieron 14 personas, el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, sostuvieron una reunión de emergencia con Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, a quien le externaron las preocupaciones de la presidenta sobre la pérdida de vidas humanas y la soberanía. 

En el ataque hubo aparentemente un sobreviviente que la Marina de México estaba buscando cerca de las costas de Acapulco, sin que hasta el momento se confirme su rescate, debido a que la Guardia Costera de EU no proporcionó suficientes datos para su localización, informó previamente la Semar.
Tanto Cancillería como Marina divulgaron el mismo comunicado: 

“La Secretaría de Relaciones Exteriores (@SRE_mx) y la Secretaría de Marina (@SEMAR_mx) informan que este día se llevó a cabo una reunión entre el Canciller Juan Ramón de la Fuente, el Secretario de Marina Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles y el Embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson (@USAmbMex), en la sede de la @SRE_mx.

“El encuentro, realizado por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, tuvo como objetivo fortalecer la coordinación bilateral entre México y Estados Unidos en materia marítima.

“En un ambiente de cordialidad, las partes coincidieron en que la principal prioridad es la salvaguarda de la vida humana en el mar, así como el respeto pleno a la soberanía nacional, reafirmando el compromiso con el entendimiento y la cooperación que históricamente han caracterizado la relación entre ambas naciones.

“La #SRE y la #SEMAR reiteraron su compromiso de actuar con profesionalismo, diálogo y cooperación institucional, para que México mantenga un papel constructivo, colaborativo y sólido en la seguridad marítima compartida”.

En la mañana, la presidenta Sheinbaum externó su desacuerdo con este tipo de ataques, que se venían realizando en el Mar Caribe y desde hace unos días también en el Océano Pacífico, al parecer cerca de México, aunque en aguas internacionales, porque los marinos buscaban al sobreviviente a más de 800 kilómetros de Acapulco. 

“Es un ataque que ocurrió en aguas internacionales, contra una embarcación que presuntamente llevaba droga. Parece que quedó un sobreviviente y la Marina, por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales, decidió rescatar a esta persona”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina de este 28 de octubre.

La mandataria subrayó que México “no está de acuerdo con este tipo de ataques” y pidió que el caso sea revisado en el marco del acuerdo de seguridad que mantiene con Estados Unidos: 

La Semar acató las órdenes de la presidenta pero no había encontrado al sobreviviente: “Esta operación de búsqueda y rescate se mantiene activa a partir del reporte recibido por la Guardia Costera de EE. UU., en el cual no existía mayor información de la persona reportada. Derivado de las declaraciones del Secretario de Guerra de ese país, se tiene conocimiento que citado náufrago corresponde a un tripulante de una de las embarcaciones referidas por dicho funcionario. La Marina continúa con la búsqueda y refrenda su compromiso con la salvaguarda de la vida humana en la mar”, informó en comunicado.
De acuerdo a la suma de los ataques, van 57 víctimas fatales.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que el ejército de su país mató a 14 personas en cuatro nuevos ataques contra presuntas narcolanchas, tres en el Pacífico Oriental, donde murieron ocho, y uno en el Caribe, donde sólo una persona sobrevivió por seis víctimas fatales.

A través de su cuenta en la red social X, Hegseth informó que las operaciones fueron ordenadas directamente por el presidente Donald Trump, y las describió como “ataques cinéticos letales” contra embarcaciones “operadas por organizaciones terroristas designadas que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental”. Aun sin presentar pruebas, el funcionario estadounidense, aseguró que las 14 personas abatidas eran “narcoterroristas”.

El embajador Ronald Johnson no había publicado nada sobre la reunión en sus redes sociales como suele hacerlo.
FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Marina habría rescatado a sobreviviente de ataque de EU contra embarcación con presunta droga, dice Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este martes que la Secretaría de Marina habría rescatado a una persona que sobrevivió a un ataque del gobierno de Estados Unidos contra una lancha, que presuntamente transportaba droga en aguas internacionales.

“Lo informó el secretario de Marina, un ataque en aguas internacionales que tuvo una embarcación que presuntamente llevaba droga, es en aguas internacionales parece que quedó un sobreviviente, y la Marina por razones humanitarias dentro de los tratados internacionales decidió rescatar a esta persona”, detalló la mandataria.

En tanto, la Secretaría de Marina publicó esta mañana que atendió una operación de búsqueda y rescate marítimo a más de 400 millas (830 kilómetros) al suroeste de Acapulco, en Guerrero, “con el objeto de salvaguardar la vida humana en la mar”.

“Esta operación se realiza con un buque patrulla oceánica y un avión de patrulla marítima” tras una solicitud de la Guardia Costera de Estados Unidos y en cumplimiento del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, detalló la Semar.

Pedirá México revisar ataques en aguas internacionales

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revisar con autoridades de Estados Unidos este tipo de ataques en aguas internacionales contra embarcaciones con supuesta droga, pues México “no está de acuerdo” con estas operaciones.

“Le hice el planteamiento al secretario de Marina y que con el secretario de Relaciones Exteriores se vean en una mesa, porque como ustedes saben, nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan“.

“Entonces pedí que en el marco del acuerdo que tenemos de seguridad con Estados Unidos se llame al embajador y se pueda ver en particular esta situación”, anunció durante su conferencia matutina.

Las fuerzas estadounidenses han matado 14 presuntos narcotraficantes en ataques que contra cuatro lanchas en el océano Pacífico, dijo el martes el secretario de Defensa, Pete Hegseth, lo que eleva el número de muertos en la campaña antinarcóticos de Washington a al menos 57.

El gobierno de Donald Trump comenzó a realizar los ataques —que los expertos consideran ilegales— a principios de septiembre y ya ha destruido al menos 14 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

“Un total de 14 narcoterroristas fueron eliminados (…) con un sobreviviente. Todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales sin que las fuerzas estadounidenses sufrieran daños”, dijo Hegseth en una publicación en X sobre los ataques realizados el lunes.


FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El cobro de impuestos a Salinas Pliego "es un tema técnico", no personal: Sheinbaum

La Presidenta Sheinbaum descartó que se trate de una persecución en contra de Salinas Pliego o de sus empresas; respetará la decisión de la SCJN, adelantó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó esta mañana que el caso del pago de impuestos de Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más ricos del país y que acumula adeudos fiscales millonarios, está relacionado con un "tema técnico" y no con uno personal. Descartó que se trate de una persecución en su contra, como ha acusado el magnate.
"Es muy serio lo que nosotros planteamos y tiene sustento técnico. […] En el tema del pago de los impuestos, que sepa todo México que no es subjetivo, que no hay un tema de afectar a un empresario, a un grupo empresarial", señaló este martes Sheinbaum en su conferencia matutina.
Además, la mandataria añadió que el Ejecutivo acatará lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que seguirá "dentro del marco jurídico todo lo que se tiene que hacer". "Es algo serio. No es algo que tenga que ver con un asunto personal, o un asunto contra algún grupo, o que estemos politizando un asunto. Sencillamente es una definición que viene desde 2008 de un pago que se tiene que hacer al erario para beneficio del pueblo de México", sentenció.

Sheinbaum Pardo insistió en que el tema técnico de ese adeudo tiene que ver con "auditorías fiscales que se hicieron y que dan un monto muy importante de impuestos, y que durante mucho tiempo se ha venido amparando este grupo empresarial y pues está a punto de resolver la Suprema Corte de Justicia".


"Tiene mucha seriedad el cálculo que se está haciendo, más allá de los comentarios en este sentido que podamos hacer. Tiene que pagar. Tiene que pagar y la Corte va a tomar su decisión"; resaltó la Presidenta.
Por último, reiteró que el tema ya le corresponde a la Corte: "Nada más que pague. Toma chocolate y paga lo que debes. Toma chocolate y paga lo que debes".

Salinas Pliego debe impuestos, multas y recargos

El millonario adeudo de Ricardo Salinas Pliego ya ha sido dado a conocer por el Gobierno federal, y mientras más tiempo pase sin pagar, la cifra seguirá en aumento. Así lo señaló Raquel Buenrostro Sánchez, Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno.

En entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite los domingos por Canal Once, la funcionaria habló sobre la situación fiscal del presidente de Grupo Salinas, quien recientemente pidió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revele cuánto debe al fisco para poder pagarlo.

Sobre el tema, los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela señalaron que el adeudo del empresario podría ascender actualmente a los 80 mil millones de pesos, en lo que estuvo de acuerdo Buenrostro Sánchez, quien añadió que "entre más días pasen, entre más tiempo pase, Elektra y Banco Azteca van a estar debiendo cada vez más dinero".

Sí queremos pagar, dice Grupo Salinas

El sábado, durante la celebración de su cumpleaños número 70, Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, hizo pública una carta que envió a la Presidenta Sheinbaum en octubre de 2024, en la que aseguró que sus empresas están dispuestas a pagar lo que corresponde en materia fiscal, pero exigió que se respeten los acuerdos previos y se detengan las campañas de desprestigio en su contra.

En su mensaje, Salinas Pliego declaró: “Estamos cansados de tanto litigio. Queremos terminar esta pesadilla para seguir creando valor para nuestros clientes y garantizar la estabilidad económica de más de 200 mil familias del grupo”. La estrategia de su grupo empresarial ha sido siempre la de alargar hasta el cansancio los casos y llevarlos tan lejos como sea posible en el panorama judicial.


También anunció la publicación de dos documentos: una carta enviada hace un año a Claudia Sheinbaum y un escrito dirigido al Servicio de Administración Tributaria (SAT) hace unos días, en el que solicitó que se le informe cuánto debe pagar para liquidar el adeudo “en menos de 10 días”.
“Queremos terminar y queremos pagar”, dijo ante miles de asistentes que se dieron cita en la Arena Ciudad de México para acompañarlo en el evento llamado “Celebra los 70 del Tío Richie”. “Ahora sí estoy dispuesto a hacer este esfuerzo para darle la vuelta a la página”, añadió.
En la misiva, el empresario señaló que el conflicto con el SAT se ha prolongado por años debido a “que se han mantenido legítimas diferencias ante los intentos fallidos de cobros dobles y recargos excesivos” que pretenden imponerle.

Luego, este lunes, Grupo Salinas acusó nuevamente ser objeto de una "persecución sistemática" por parte del Gobierno de México, y señaló que acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para defenderse ante tal situación.

Esto, luego de que Félix Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, asegurara que Grupo Salinas miente al haber afirmado que en el sexenio de AMLO se había llegado a un acuerdo con el Gobierno federal para poner fin al conflicto que enfrenta por sus adeudos millonarios de impuestos.


Según Medina, López Obrador le comentó que "para avanzar en cualquier acuerdo, no se podían condonar impuestos", sino que "sólo se podían aplicar reducciones legales en recargos como a cualquier contribuyente, y que cualquier acuerdo primero tenía que ser validado por el Poder Judicial, cosa que nunca ocurrió".

La millonaria deuda… en EU

La semana pasada, Salinas Pliego sufrió otro importante golpe: un Tribunal en Materia Civil de la Ciudad de México revocó una sentencia a favor del magnate para evitar que pagara un adeudo de 580 millones de dólares a acreedores extranjeros. En este caso, Grupo Salinas también lanzó un comunicado, en el cual afirma estar abierto al diálogo con los acreedores "para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes".

La Presidenta Sheinbaum confirmó la sentencia revocada por un Tribunal en Materia Civil de la Ciudad de México y aseguró que otros procedimientos en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego están por resolverse en el país. Comentó que el fallo revocó las medidas cautelares que un Juez había dictado a favor del dueño de Grupo Salinas, quien se amparó durante la pandemia de COVID-19 para no pagar un adeudo en EU al alegar que no estaba en condiciones para cubrir dicha deuda.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

"La idea es que se envíe a México": CSP sobre Álvarez Puga; espera información de FGR

Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, es señalado por la justicia mexicana como presunto responsable de estar involucrado en una red de empresas fantasma y de cometer un fraude millonario en agravio del Gobierno federal.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) afirmó este martes que la Fiscalía General de la República (FGR) buscará la extradición de Víctor Álvarez Puga tras su detención en Estados Unidos (EU), e informará si también fue detenida su pareja, la presentadora Inés Gómez Mont.

El empresario y abogado es buscado por la justicia mexicana luego de ser señalado como presunto responsable de los delitos de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero.

De acuerdo con los registros de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Álvarez Puga está bajo custodia administrativa en el Centro de Procesamiento Krome North en Miami, Florida, luego de ser arrestado debido a una presunta irregularidad en su situación legal.


Al respecto, la Presidenta Sheinbaum reveló que le solicitó a la FGR la información respecto a la detención del empresario, además de si su pareja, Inés Gómez Mont, también fue arrestada, esto durante la reunión que sostuvo hoy con el Gabinete de Seguridad.

La mandataria mexicana aseguró que "la idea es que [Álvarez Puga] se envíe a México".

"Vamos a esperar a que nos dé la última información la Fiscalía y con gusto, porque es la Fiscalía quien tiene el caso, para saber exactamente si se está pidiendo extradición, si es deportación, bajo qué condiciones fue detenido y también si está involucrada la persona que dices [Inés Gómez Mont]", dijo.


Víctor Álvarez Puga es acusado por la justicia mexicana de ser presunto responsable de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, debido a que supuestamente está involucrado en operaciones ilícitas y actos de corrupción cometidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN).

De acuerdo con la FGR, el empresario y abogado habría liderado una red de empresas fantasma que fueron usadas para triangular más de dos mil 950 millones de pesos provenientes de dos contratos con el Gobierno Federal.

Presuntamente, Álvarez Puga y su pareja, la conductora Inés Gómez Mont, recibieron depósitos millonarias de parte de "factureras" que fueron contratadas por exfuncionarios del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).


A raíz de los procesos penales iniciados en contra del abogado y la presentadora, el matrimonio abandonó México en el 2019 y se estableció en Florida, Estados Unidos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

ISSSTE inaugura Centro de Cirugía Robótica; beneficiará a 500 derechohabientes al año

Con una inversión de seis millones de pesos, el ISSSTE inauguro el Centro de Cirugía Robótica en el Hospital Regional "Lic. Adolfo López Mateos".

Como parte de las acciones realizadas por el Gobierno de México en materia de salud, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) inauguró el Centro de Cirugía Robótica del Hospital Regional (HR) “Lic. Adolfo López Mateos”, en la Ciudad de México, el cual cuenta con un novedoso robot Da Vinci que permite la realización de procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos y de alta precisión.

A través de un comunicado, el ISSSTE detalló que el robot está "compuesto por brazos robóticos, palancas y una consola que asegura movimientos milimétricos", además de que ya fue utilizado en dos cirugías a mujeres: una de 72 años que tenía un tumor en el ovario, y otra de 76 años con cáncer de cérvix.

"Las dos pacientes se encuentran ya en el área de recuperación, con indicaciones post recuperatorias y sin ninguna complicación", destacó Félix Octavio Martínez Alcalá, director del nosocomio.

Alcalá también señaló que se hizo una inversión de seis millones de pesos para la realización del Centro, mismo que se espera beneficie a un estimado de 500 derechohabientes de forma anual, a quienes se les practicarán cirugías robóticas oncológicas, ginecológicas y urológicas. "Estas son las tres áreas que se van a abordar aquí en este centro", indicó.

"El Centro de Cirugía Robótica fue equipado con un área de precirugía, compuesta por dos camas, así como una zona de recuperación con cuatro camas disponibles, y dos quirófanos equipados con lo necesario para brindar seguridad a los derechohabientes", apuntó el ISSSTE en su comunicado.

Por su parte, el director del Hospital Regional afirmó que los quirófanos cuentan con todos los requisitos necesarios para la seguridad de las y los pacientes, además de que el Centro fue diseñado con un enfoque de cirugía de corta estancia.

Asimismo, subrayó los beneficios de la cirugía robótica, ya que esta permite llevar a cabo procedimientos mucho más precisos, con mayor seguridad y con un menor tiempo de recuperación.

"Yo creo que esta es una muestra de la transformación del ISSSTE y de las políticas que nos han marcado nuestro director general, el doctor Martí Batres Guadarrama y nuestro director médico, el doctor Reyes Terán, que están atentos a que estemos a la vanguardia y tengamos lo mejor para nuestros derechohabientes", sostuvo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aprueban Diputados la Ley General contra la Extorsión

El delito de extorsión y los delitos vinculados previstos en esta ley “se investigarán y perseguirán de oficio”, según lo aprobado en San Lázaro.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que expide la Ley General contra la Extorsión, con la cual se podrá perseguir de oficio a quienes cometan dicho delito y castigarlos con hasta 25 años de prisión.

Con la unanimidad de 456 votos a favor, la Cámara baja avaló en lo general el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política.

Además, reforma, adiciona y deroga disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con un comunicado de la Cámara de Diputados.

El documento, que deriva del análisis de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y de 11 propuestas impulsadas por diputados de Morena, PAN, PVEM y PT, da cumplimiento al decreto que declara reformado el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, en materia de extorsión, el cual otorgó al Congreso de la Unión la facultad para expedir la Ley General que establezca, como mínimo, el tipo penal y sus sanciones en materia de extorsión.

Su objetivo es establecer la distribución de competencias y las formas de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para la prevención, investigación, persecución y sanción del delito de extorsión y otros delitos vinculados; el tipo penal básico para el delito de extorsión aplicable a toda la República, sus sanciones y agravantes, así como otros delitos vinculados en materia de extorsión.

Define las reglas, procedimientos y previsiones para la investigación, persecución, sanción y ejecución penal del delito de extorsión, o las acciones, programas y políticas transversales e interinstitucionales que las autoridades deben implementar en sus ámbitos de competencia, para la prevención efectiva del delito de extorsión.

El delito de extorsión y los delitos vinculados previstos en esta ley “se investigarán y perseguirán de oficio”. La investigación, persecución y sanción del delito de extorsión estará a cargo de la Federación, cuando se actualice alguna de las hipótesis previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el Código Nacional, en el Código Penal Federal o en cualquier otro ordenamiento que le otorgue competencia a la Federación.

También, cuando exista una sentencia, decisión o resolución de algún organismo internacional de protección de los derechos humanos u órgano previsto en cualquier tratado internacional del que el Estado mexicano sea parte, en la que se determine la responsabilidad u obligación de éste, por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento del delito previsto en esta Ley.

Además, cuando el Ministerio Público de la Federación solicite a la Fiscalía o procuraduría de la entidad federativa la atracción del asunto, atendiendo a las características propias del hecho, a las circunstancias de su ejecución o a la relevancia social del mismo. Cuando la comisión de los delitos previstos en esta ley se encuentre vinculada con la delincuencia organizada se estará a lo dispuesto por la Ley de la materia.

Determina una pena de prisión que va de 6 a 15 años y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico.


Tres conjuntos de agravantes

Establece 3 conjuntos de agravantes. El primero incrementa la pena base en hasta una tercera parte, si el sujeto activo manifieste su pretensión de continuar obteniendo un beneficio en especie, dinero o bienes, por concepto del cobro de cuotas o prestaciones de cualquier índole; se cometa en contra de quien realice actividades comerciales, empresariales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras, de servicios públicos o privados.

Asimismo, cuando el sujeto activo por sí o en representación de un sindicato, agrupación o asociación, sea real o simulada, coaccione a la víctima para que contrate, obtenga o adquiera de otra persona, ya sea física o moral, bienes, insumos o servicios para el desarrollo de su actividad comercial.

También, cuando le imponga a la víctima el precio de los productos, bienes o servicios que comercializa, el pago de la extorsión se deposite en una cuenta del sistema financiero mexicano o de cualquier otro país, y se emplee a un tercero sin que tenga conocimiento del hecho delictivo.

El segundo, de una tercera parte hasta la mitad de la pena si se comete en contra de una o varias personas migrantes o en contra de persona menor de 18 años, en estado de embarazo o mayores de 60 años; se utilice información privada de la víctima o de sus familiares, como datos personales, imágenes, audios, textos o videos, ya sean reales, manipulados o alterados, para coaccionarla.

De igual modo, se utilicen medios de comunicación a través de los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, datos, sonidos o información de cualquier naturaleza o cualquier otro medio de comunicación electrónica, y por cualquier medio señale tener privada de la libertad a una persona, sin estarlo, y exija el pago de una determinada cantidad de dinero o beneficio en especie para su supuesta liberación.

El tercero, de la mitad hasta dos terceras partes cuando se emplee violencia física o moral para exigir el cobro de un daño, derivado de un hecho de tránsito provocado de manera intencional; se utilice violencia física, moral o psicológica para exigir el cobro de un daño ocurrido en algún objeto de su propiedad, derivado de un supuesto accidente cualquiera que éste sea; intervenga una o más personas armadas, o portando instrumentos peligrosos u otro objeto de apariencia, forma o configuración de armas de fuego.

Igualmente, se tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, anular o menoscabar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión o la defensa de los derechos humanos; el sujeto activo se encuentre privado de su libertad en un centro penitenciario a disposición de cualquier autoridad, independientemente de su situación procesal; se utilicen o empleen personas menores de edad, y se realice ocasionando daños en las instalaciones de comercios, negocios o bienes en propiedad o posesión de la víctima.

Además, la ley establece sancionar a todas aquellas personas que faciliten, sostengan, cooperen o auxilien dolosamente a la comisión del delito de extorsión y, a quien introduzca o intente introducir a un centro penitenciario algún dispositivo electrónico o sus componentes.

Precisa que “cualquier persona que sufra una extorsión podrá presentar una denuncia sin necesidad de revelar su identidad”, utilizando mecanismos como el número 089; en materia de investigación la policía actuará bajo el mando y conducción del Ministerio Público, con apoyo de personal pericial especializado y con acceso a mecanismos de inteligencia, así como a técnicas de investigación bajo control judicial como la intervención de comunicaciones o la revisión de información bancaria, y deberán atender también el uso de medios electrónicos como redes sociales, mensajería instantánea o plataformas digitales.

Además, en materia de ejecución penal “los sentenciados por extorsión no tendrán acceso a beneficios preliberacionales ni a la conmutación de la pena”, salvo en casos excepcionales de colaboración eficaz con la justicia; las personas directoras de los centros penitenciarios deberán garantizar que las personas sentenciadas por el delito de extorsión no tengan acceso a medios digitales o electrónicos, así como implementar procedimientos y tecnologías que inhiban la entrada y salida de llamadas de telefonía celular, de radiocomunicación y de transmisión de voz, datos o imágenes dentro de su perímetro.

Prevé la reserva de identidad en las actuaciones judiciales, evitando la exposición de datos sensibles; el uso de mecanismos de disociación o anonimización que imposibiliten la identificación visual o auditiva durante las diligencias, y la posibilidad de participar durante el procedimiento a distancia mediante el uso de tecnologías. Incluso las notificaciones que deban dirigirse a la víctima podrán canalizarse a través de la persona asesora jurídica o del Ministerio Público, con el objeto de evitar todo contacto directo con los responsables del delito.

Establece la creación del Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión (Centro), adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuya finalidad será fortalecer el vínculo con la ciudadanía, así como garantizar la recepción, registro, canalización, atención y seguimiento de denuncias presentadas, a través del número único 089.

En el régimen transitorio expone que, en los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, el órgano jurisdiccional podrá efectuar la traslación del tipo en beneficio de la persona a sentenciar, de conformidad con la conducta delictiva de extorsión, sus modalidades o agravantes que se hayan acreditado.

Tratándose de persona sentenciada -aclara- el juez de ejecución podrá considerar la revisión de las penas que se hayan impuesto para efectuar, en su caso, la traslación del tipo, siempre que la conducta, modalidades o agravantes proceda y resultase en su beneficio.

Además, en un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las legislaturas de las entidades federativas procederán a hacer las reformas legales para armonizarlas con el presente Decreto.

Por su parte, los centros penitenciarios tendrán 180 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para establecer los procedimientos y tecnologías de inhibición de entrada y salida de llamadas de telefonía celular, de radiocomunicación, de transmisión de voz, datos o imagen a que se refiere el artículo 38 de la Ley General, y el Centro de Atención a Denuncias a entrará en funciones a más tardar en 180 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cárteles de policías

Aunque parecería imposible que un narcotraficante denunciara el robo de un cargamento de droga, dadas todas las alertas, banderas rojas, inconsistencias, surrealismo, impunidad, corrupción, irracionalidad y sinvergüenzada que eso implica… sucedió. En el México lindo y querido, en el Estado 29 y en la mismita Tijuana. El colmo: los ladrones de droga fueron elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

Los hechos sucedieron más o menos así: narcotraficantes “independientes”, es decir que no están afiliados a cártel con actividad criminal en la región, y que se van por la libre (o sea sin pagar piso a otros criminales como ellos), transportaron un cargamento de 180 kilogramos de cocaína hasta la frontera de Tijuana. “Alguien” -o sea, un afiliado criminal de una célula del Cártel de Arellano Félix- advirtió la llegada de la droga y compartió tal información con un “policía amigo”, que, a su vez, orquestó a media docena o más de agentes de la FESC, para robar la droga que había llegado doblemente irregular a la entidad: primero porque, pues, es ilegal el transporte de drogas; y segundo porque lo hicieron al margen de los cárteles, sin darles la tajada que les corresponde.

Al modo, los agentes se organizaron un operativo para ir y robar la droga, sabedores que podrían mantener la impunidad ante el hecho que asumían; nadie denunciaría el robo de la droga. En convoy oficial, utilizando unidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California, a las cuales les inhabilitaron los geoposicionadores y otras herramientas digitales, llegaron hasta la zona señalada y se llevaron la droga.

Pero lo impensable: sí hubo denuncia. No oficial, por supuesto (ahora sí sería el colmo), ni a través de las redes sociales que luego utilizan para el golpeteo criminal, y tampoco con una manta amenazante que es lo más usual. La denuncia llegó a las áreas de inteligencia que, en ambos lados de la frontera, cuentan con orejas criminales.

Dada la participación de solamente oficiales de la FESC en el hurto de la coca, las áreas de inteligencia dieron parte a los mandos de la Secretaría de Seguridad, y ahí, posterior al sábado 4 de octubre, día del robo de la droga, empezó una investigación que ha develado cómo la corporación de seguridad ciudadana está infestada de grupos criminales al servicio de distintos cárteles u organizaciones ilícitas.

La semana posterior al robo, varias mantas amenazantes fueron colgadas o abandonadas en sitios públicos, y en las mismas unos grupos acusan a otros: unos elementos señalan a otros más en lo que parecía ser el juego de la papa caliente entre las áreas de inteligencia, general, enlace, investigación, operación, de la Secretaría de Seguridad. Todos echándose los 180 kilos de cocaína los unos a los otros.

¿Existe alguna corporación que se salve de la corrupción y la infiltración del narco? Difícil saberlo, pero no imposible pensarlo. Lo que sucedió con el robo de la cocaína, teniendo a agentes de la FESC como los protagonistas, evidencia que más allá de servir al narco, hay policías que ya constituyen cárteles de la droga, aunque ésta sea robada.

Desafortunadamente no es la primera ocasión que agentes roban droga en Baja California. Ha sucedido con elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Ministerial del Estado, de las Policías Municipales, pero siempre había sido su participación en apoyo a los criminales; es decir, una célula de un cártel de las drogas que tiene un su ilícita nómina a policías de las diversas corporaciones, los utiliza en distintas tareas, por ejemplo, para que les informen de operativos en su contra y estar en posibilidades de huir a tiempo, o para que les abran camino en un trayecto por zona urbana cualquiera, o para que secuestren a adversarios criminales, o para que los aprehendan. Pero en este caso los policías no iban de refuerzo de cártel o célula alguna, sino en su propio cartelito, organizados entre ellos mismos, y con las unidades oficiales que tienen asignadas.

Los hechos, finalmente, ya están siendo investigados por lo menos por la titularidad de la Secretaría de Seguridad, a cargo del General Laureano Carrillo, y de las investigaciones internas se proveerá la información a la Fiscalía General de la República, donde se radicará la indagación dado que se trata de delitos contra la salud, o sea, implican drogas, aunque éstas hayan sido robadas a una célula criminal por parte de un cartelito de policías.

Lo surrealista de todo esto es que se iniciará una investigación por el hurto de droga a una célula criminal, no para dar con el cuerpo del delito y reparar el daño a los criminales dueños de las drogas, sino para sancionar a parte de una corporación que, de manera deshonesta, falta a su compromiso de servir brindando seguridad a los ciudadanos, robando a los criminales para obtener un provecho, en lugar de investigar, confiscar, reportar, detener, perseguir a los traficantes de droga y ponerlos a disposición, acciones que habrían sido las correctas una vez que se enteraron de la ubicación de un cargamento de droga. Pero no; como vil cartelito de policías, prefirieron robársela.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Corrupción y fuerzas de seguridad

En BC, proceso de depuración deficiente arroja 78% de policías con exámenes de confianza aprobados, pero protocolos y resultados del C3 ignorados

El robo de 180 kilos de cocaína, ejecutado por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) el 4 de octubre del 2025, en la Zona Este de Tijuana, y corroborado por autoridades en ambos lados de la frontera, por enésima ocasión, obliga a los integrantes de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California a reconocer las deficiencias existentes en materia de depuración policiaca, en la utilidad del C3 y en la manera en que están ignorando protocolos y resultados.

El secretario de Seguridad de Baja California, el General Laureano Carillo, finalmente reconoció que por el tema ya tiene a 14 elementos suspendidos y están investigando “el posible mal uso de las patrullas y el equipo táctico”, aunque evidentemente el problema es más profundo.

La delincuencia organizada, la colusión de elementos estatales-federales y municipales con operadores de los cárteles en distintas actividades criminales, como “bajes” o custodia de cargamentos de enervantes, privaciones de la libertad y homicidios, durante décadas ha sido harto conocida por los bajacalifornianos y mexicanos en general. Les han cambiado el nombre a las corporaciones, pero las “mañas” permanecen y los exámenes de confianza no parecen ni contenerlos, ni detectarlos.

A largo plazo, incluso los “operativos de depuración” han servido de poco. En 2007 desarmaron a la policía de Tijuana, y entre 2008 y 2009 detuvieron a agentes municipales y estatales que liberaron años después.

Bajo el gobierno de Marina Ávila, el año pasado entre septiembre y octubre, 162 policías de la zona Sur del Valle de Mexicali fueron desarmados para ser evaluados; el 90 por ciento aprobaron y 16 agentes resultaron dudosos. Le siguieron en enero del 2025 con la policía municipal de Tecate; de los 189 agentes activos, 100 reprobaron, y en agosto informaron que 90 habían sido reinstalados después de una segunda batería de exámenes del C3, pero antes reconocieron que muchos de los no aprobados ni siquiera habían sido suspendidos.

A Rosarito le tocó entre marzo y abril. Los 264 agentes rosaritenses fueron retirados del servicio para ser examinados, y el 40 por ciento (122 elementos) resultaron reprobados y removidos, pero 33 ya están en proceso de ser reinstalados. Entre los 142 aprobados estaban Eusebio Eriberto Frausto Flores, Rosendo Valenzuela Ortega y Jorge Abel Díaz Estrada, los tres uniformados detenidos el pasado 3 de septiembre por personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Estatal (SSPC), con orden de aprehensión por su presunta participación en una desaparición del año 2024.

El plan expuesto por el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, General Laureano Carrillo, al llegar en enero del presente año, fue que esa depuración alcanzaría a todos los municipios. En el resto de las ciudades también retirarían a los municipales y los suplirían con agentes estatales, pero dadas las circunstancias, resulta obvio que valdría empezar por reevaluar a la FESC.

El 30 de junio del 2025, el Centro de Evaluación de Control de Confianza para el personal del servicio profesional de carrera de las Instituciones de Seguridad Pública en México, presentó el informe de Seguimiento de Evaluaciones a Personal Estatal y Municipal y reportó que en Baja California, de una fuerza total de nueve mil 231 elementos, el 78 por ciento (léase siete mil 149) tenían los exámenes aprobados vigentes, 359 los habían reprobado, y el resto (mil 723) o estaban pendientes de resultados o les faltaba hacer las pruebas.

De acuerdo a estos números, en junio pasado había 52 agentes de la FESC no aprobados, de los cuales se ignora el destino, pero a la fecha el secretario de Seguridad no ha informado que ninguno de los 16 agentes suspendidos e investigados esté en los reprobados, lo que también evidenciaría la ausencia de controles.

La misma estadística detalló que nacionalmente existen nueve mil 159 mandos, de los cuales seis mil 480 reportaban los exámenes aprobados vigentes y 526 habían reprobado. Pero no sabemos si algunos de ellos son de Baja California, y también se desconocen los resultados de las pruebas de los mandos militares, dado que esas las realiza la Sedena; por ejemplo, el exdirector de la policía de Mexicali, Teniente Coronel, Julián Leyzaola, (marzo-julio 2025), se retiró del cargo sin entregar las evidencias de sus exámenes aprobados.

En junio del 2022, cuando Octavio Andrée Espino Torres, asistente del jefe de la oficina del exfiscal Ricardo Carpio, fue aprehendido al intentar cruzar la Garita de San Ysidro con 29 kilos de metanfetamina, los primeros reportes indicaron que había aprobado los Exámenes de Control, pero había sido observado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3).


Brenda Valdez Jaramillo, entonces directora del C3, confirmó que Espino había aprobado sus exámenes en noviembre de 2021, pero informó que no había sido evaluado para su promoción a la oficina del fiscal, y sus pruebas vigentes no eran suficientes para darle “acceso a información sensible o manejo de recursos” que tenía en la oficina de Carpio; y esa indicación, ignorada por los jefes, estaba considerada en el protocolo.

Valdez compartió en aquel momento que “… los criterios para aprobar se han hecho más flexibles a nivel nacional, por ejemplo, si los elementos examinados fueron sujetos a una averiguación previa años atrás, ya no lo consideran antecedente; si los viejos elementos mintieron en su escolaridad para ingresar, les permiten estudiar y acreditar la escolaridad; si tienen parientes delincuentes o los han visitado en prisión, no les afecta para ser rechazados porque no son el sujeto activo del delito, pero se incluye en expediente como contexto”, y en lugar de reconsiderar estos errores, la funcionaria fue removida del cargo.

Ahora, las denuncias de los constantes acto de corrupción de los uniformados evidencian nuevamente, la urgente necesidad, primero, de tomarse en serio los protocolos y resultados del C3 que son ignorados y evadidos constantemente; y segundo, de reevaluar y reformar, crear, idear procesos de depuración, que sí sean efectivos.

FUENTE: SEMANARRIO ZETA.
AUTOR: ROSARIO MOSSO CASTRO.

Condenan asesinato del periodista Miguel Ángel Beltrán en Durango

Amnistía Internacional condenó el asesinato del periodista Miguel Ángel Beltrán, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el pasado 25 de octubre en Durango, y exigió a la fiscalía estatal una investigación exhaustiva e imparcial, “que considere su labor periodística como línea central de investigación para garantizar verdad, justicia y reparación del daño”.

Con el asesinato de Beltrán, de 60 años, suman al menos siete periodistas asesinados en lo que va del 2025 en México, “uno de los países más mortíferos para ejercer el periodismo”, señaló la organización.

Además de Amnistía Internacional, organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Artículo 19 exigieron a las autoridades investigar el asesinato y garantizar que el crimen no quede en la impunidad.

El cuerpo de Beltrán fue hallado sin vida, envuelto en una manta y con un narcomensaje en la carretera Durango-Mazatlán el pasado 25 de octubre, y un día después fue reconocido por su hijo. A través de sus cuentas de TikTok y Facebook, el comunicador realizaba publicaciones sobre las actividades de los cárteles de Durango.

Antes de crear su propio canal en redes sociales, el periodista trabajó en distintos medios para informar sobre temas deportivos y sociales, además de que fue vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Campesinos se desplazarían a CDMX en protesta por falta de acuerdo con gobierno: UNTA

Productores de maíz calificaron como “insulto” la oferta del gobierno, exigieron precios justos y anunciaron bloqueos y movilizaciones.

Álvaro López Ríos, Secretario General de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), declaró en Aristegui en Vivo que los productores de maíz rechazaron el precio de 6,050  pesos por tonelada ofrecido por el gobierno, considerándolo insuficiente para sobrevivir.

“Es una burla”, afirmó, y señaló que el movimiento campesino ve esta oferta como un insulto directo a quienes alimentan al país.

Asimismo, reiteró la demanda de un precio de garantía de siete mil doscientos pesos por tonelada, junto con seis mil pesos por tonelada de sorgo.


Álvaro destacó que “se acabó la paciencia y las mesas de diálogo falsas”, y que lo presentado por el gobierno “no es un precio, es una condena de hambre”.

Además, pidió a los productores a “cerrar filas y no dar ni un paso atrás”. Sobre la movilización reciente, aseguró que los bloqueos y manifestaciones se realizaron “pacíficamente, pero con la determinación de hierro”. Indicó que si no hay precios justos, “la rebelión agrícola paralizaría a este país por completo”.

Respecto a las negociaciones, Álvaro reveló que los productores exigen dialogar directamente con la presidenta Sheinbaum, ya que consideran que los funcionarios encargados “desconocen el tema del campo y no tienen idea de lo que es justicia para los productores del país”.

También anticipó reuniones con gobernadores para aclarar posiciones y confirmó que los productores planean movilizaciones con maquinaria agrícola a la capital para expresar su inconformidad ante la falta de respuestas adecuadas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sinaloa: Abaten a 7 presuntos delincuentes en Tepuche, relacionados con el asesinato de un militar

Medios locales refirieron que los presuntos delincuentes eran señalados por participar en la emboscada del 16 de octubre pasado donde perdió la vida el mando militar, Mayor Jesús O. B, conocido como "Nocturno".

Autoridades de seguridad estatales y federales aseguraron armamento, municiones y equipo táctico, y abatieron a siete presuntos delincuentes en la zona norte de Culiacán, en un operativo conjunto realizado este martes.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el suceso ocurrió durante  reconocimientos de seguridad en las inmediaciones de Tepuche y Agua Blanca.

En el lugar, los policías estatales detectaron un asentamiento clandestino con personas armadas, y solicitaron apoyo militar terrestre y aéreo.

Al arribar las unidades, los presuntos delincuentes intentaron huir mientras disparaban contra los agentes, quienes repelieron la agresión.

El Grupo Interinstitucional también fue objeto de dos ataques armados adicionales, que igualmente fueron repelidos, detalló el comunicado.

El operativo dejó a siete personas reducidas, cada una con un arma larga; seis armas largas AK-47 abandonadas en el terreno; 21 cargadores; 790 cartuchos calibre 7.62 x 39 y diverso equipo táctico asegurado.

Tras asegurar la zona, las autoridades pusieron todos los indicios a disposición de la Fiscalía General de la República.

El comunicado destaca que las labores de seguridad continúan de manera terrestre y aérea, con apoyo de una aeronave Black Hawk.

En el operativo participaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

Medios locales refirieron que los presuntos delincuentes eran señalados por participar en la emboscada del 16 de octubre pasado, en la que perdió la vida el mando militar, Mayor Jesús O. B, conocido como “Nocturno”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Diputados locales del PVEM salen en aparente estado de ebriedad; corren a uno

La grabación circuló desde sus perfiles personales y una cuenta inactiva atribuida al Partido Verde en Yucatán.

Los diputados locales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Harry Rodríguez Botello Fierro, de Yucatán, y Andrés Fernández del Valle Laisequilla, de Campeche, protagonizaron un video que se viralizó en redes sociales por salir en aparente estado de ebriedad.

En la grabación, compartida desde sus cuentas personales y otras vinculadas al partido, se escucha: "Aquí están las dos putas manos… los únicos dos que realmente quieren a su equipo: 'La Máquina' y el 'Ame'", dice Rodríguez Botello Fierro, mientras su compañero responde entre risas.

Aunque algunos medios aseguran que circularon otros videos, éste fue el que más reacciones provocó entre usuarios, militantes y actores políticos desde su difusión. Algunos fragmentos se publicaron desde una cuenta de Instagram a nombre del Partido Verde Yucatán, inactiva desde 2022, y otros desde sus perfiles personales.

Además, la publicación del material coincide con el anuncio del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PVEM sobre el fin del periodo estatutario de Rodríguez Botello Fierro como dirigente estatal en Yucatán, cargo que ocupó durante 15 años.

Aunque el comunicado no menciona directamente el video, el relevo se da en medio de cuestionamientos públicos y señalamientos previos por ausencias reiteradas en el Congreso local.

Por lo anterior, el CEN informó que asumirá temporalmente las funciones de la dirigencia estatal y que el cargo será ocupado por una mujer, en cumplimiento del principio de paridad.
La Asamblea para elegir a la nueva presidencia se celebrará en la primera quincena de noviembre.

Rodríguez Botello Fierro ha sido legislador local por la vía plurinominal en tres legislaturas consecutivas y también fue consejero nacional del partido. Tras la viralización del video, restringió el acceso a sus redes sociales.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

No más pádel para "Cuau": ordenan asistencia obligatoria en la Cámara de Diputados

La Jucopo decidió convocar a sesiones presenciales en la Cámara de Diputados tras las polémicas del diputado Cuauhtémoc Blanco y legisladores de Morena.

La Presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, anunció este lunes que las próximas sesiones en el pleno de San Lázaro se llevarán a cabo de forma presencial, por lo que será obligatoria la asistencia de las legisladoras y legisladores, esto a raíz de las críticas contra el Diputado Cuauhtémoc Blanco y otros legisladores de Morena.

En días pasados, el legislador morenista se vio envuelto en una polémica debido a que fue sorprendido jugando un partido de pádel mientras estaba conectado a distancia a una sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mientras se discutía una ley sobre el agua.

A esto se suman las críticas hacia integrantes del partido guinda que organizaron un baile con la Sonora Santanera en el recinto legislativo, al mismo tiempo que se celebraba una sesión ordinaria en el Salón de Plenos de San Lázaro.
Debido a estas situaciones, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó que las sesiones del martes 28 y miércoles 29 de octubre se lleven a cabo de forma presencial, por lo que todas las legisladoras y legisladores están obligados a asistir.

Por su parte, la Presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, confirmó que la decisión de ordenar a las diputadas y diputados asistir a la sesión del Pleno fue a raíz de las críticas hacia Cuauhtémoc Blanco y la bancada de Morena.
“Ante los sucesos que se han dado en los últimos días, hoy lo reitero como presidenta de la Cámara de Diputados: estoy absolutamente convencida que se necesita trabajar, se necesita debatir, se necesita, con respeto por supuesto a las posiciones distintas, generar una posición pública de cada grupo parlamentario, y por ello esta semana estamos obligados a estar aquí presentes, estamos obligados a dar un debate respetuoso y las sesiones serán absolutamente presenciales”, dijo.
La legisladora panista detalló que esta semana se discutirán temas importantes en el pleno de San Lázaro, como la Ley de Extorsión, reformas al Código Penal en materia de delitos ambientales y el presupuesto para el próximo año.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.