Los inconformes con el proyecto de reforma ofrecieron una rueda de prensa a las afueras de las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Guadalajara, indicaron que no sólo incumple el mandato constitucional de emitir una nueva ley general que regule el agua en todo el país, sino que conserva el espíritu privatizador del agua, responsable de las actuales crisis ambientales e hídricas en México.
Consideran que con la propuesta persistirá el acaparamiento y el mercado del agua, ya que se mantiene el sistema de compraventa de concesiones, de derechos de agua con autorización de la Conagua, organismo señalado por opacidad y corrupción, y se crea la figura de “reasignación”, beneficiando a grandes usuarios.
"Esta ley mantiene el sobreconcesionamiento, el acaparamiento, la mercantilización y el despojo. La compra y venta de las concesiones en cuencas y acuíferos deficitarios ahora requerirá de la autorización de la Conagua. Esto es algo también muy peligroso, que la Conagua decida a quién le asigna, a quién no le asigna cuando sabíamos que la Conagua ha sido un organismo opaco y un organismo, digamos, con múltiples casos de corrupción. Esto solamente está siendo reemplazado por lo que la Ley de Aguas Nacionales como los bancos de agua y esto servirá como el espacio para conectar a los intereses que buscan comprar derechos con los potenciales vendedores, principalmente con los ejidos y las comunidades", expuso María Gonzalez Valencia, representante del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC).
Las organizaciones sociales de Jalisco alertan que la iniciativa enviada por la Secretaría de Gobernación al Congreso de la Unión mantiene el modelo privatizador y no garantiza el derecho humano al agua.
Advierten que simula la participación ciudadana ya que se conservan los Consejos de Cuenca y el Consejo Consultivo del Agua, dominados por grandes empresas: energéticas, mineras, embotelladoras y constructoras; excluyendo a comunidades y usuarios comunes.
"Esta es la etapa en la que se debe cambiar el paradigma del agua en México, queremos una ley ciudadana, una ley que sí represente a los pueblos, a las comunidades, no una ley para el mercado, no una ley para los negocios, no una ley para el gran capital, que es tal cual lo que está presentando esta iniciativa y que está maquillada o simulada, con estas narrativas de que ‘el agua ya no se va a mercantilizar, a utilizar en este país, de que el agua es del pueblo, de que el agua es de la nación’, etcétera, lo cual es falso", puntualizó María Gonzalez.
Los colectivos advierten que esta iniciativa beneficia a los "multimillonarios del agua", incluyendo refresqueras, cerveceras, empresas inmobiliarias, químicas y de agroexportación, y que el Consejo Consultivo del Agua, fundado por el expresidente, Vicente Fox Quezada, incluye a empresas como Coca-Cola y Danone.
"El Consejo Consultivo del Agua está integrado por intereses económicos del sector de agua integrado en su mayoría por empresas energéticas, mineras, embotelladoras, constructoras y empresas que promueven la privatización en los sistemas de agua en el país. Jalisco es el único estado en todo el país que hay un capítulo del Consejo Consultivo del Agua y que está integrado principalmente por los principales condensadores del agua superficial y subterránea de Jalisco", agregó la activista.
Alertan que permite que continúe la privatización de servicios de agua y saneamiento, como ha ocurrido en Puebla, Saltillo, Veracruz y Quintana Roo.
La iniciativa conserva el esquema de la LAN, que sentó las bases para la privatización de servicios de agua y saneamiento, citando ejemplos desastrosos en Quintana Roo, Puebla, Saltillo y Veracruz. También mantiene la privatización de mega obras hidráulicas.
Además, adelantan que con el modelo propuesto se conservarán mecanismos para inversión privada opaca en obras como presas y acueductos (El Zapotillo, Chapala-Guadalajara, Presa Solís).
Los colectivos denuncian que la iniciativa solo menciona una vez el derecho humano al agua y pretende garantizar en un plazo de hasta 60 años, a través de seis etapas, lo que se considera una visión acotada y a largo plazo.
Además, limita el cumplimiento a la provisión de agua potable y saneamiento, sin priorizar en asignaciones y concesiones. Mientras favorece la participación de grandes empresas —embotelladoras, mineras, constructoras— en los órganos de decisión.
Apuntan que establece un reconocimiento limitado a sistemas comunitarios y pueblos originarios: Los “reconoce” sin otorgarles personalidad jurídica, derechos plenos, ni tarifas diferenciadas, subordinándolos a los municipios.
No les ofrece mecanismos para obtener volúmenes de agua ni modifica sus tarifas, que actualmente son industriales. Además, los vincula a los ayuntamientos, lo que podría afectar su autonomía.
En el documento planteado por el Poder Ejecutivo federal, refieren que se mantiene la permisividad en la contaminación, debido a que continúa el esquema de pago de derechos por contaminar, que ha agravado la crisis ambiental en cuencas como Lerma-Chapala-Santiago.
"Esta iniciativa sigue proponiendo mantener el sistema autorregulado del pago de derechos por el por contaminar, es decir, la situación en este país de desastre ambiental de yo contamino y te pago 3 pesos o no te pago, pero tengo el derecho a seguir contaminando porque te puedo seguir pagando. Si el río Santiago está contaminado en su porción de El Salto y Juanacatlán es porque los industriales en total impunidad siguen vertiendo residuos tóxicos al río sin que la Conagua haga un adecuado proceso de inspección para cerciorarse de que tengan plantas de tratamiento de aguas residuales", apuntó González.
La iniciativa mantiene el sistema autorregulado de pago de derechos por contaminar, lo que ha permitido que cuencas como la Lerma-Santiago Pacífico se conviertan en zonas de sacrificio y emergencia sanitaria y ambiental.
"No podemos pensar que siempre va a haber agua y darla sin ton ni son privatizándola a cualquiera que pague. Se tiene que regular esto se tiene que garantizar primero a los ciudadanos, primero al pueblo, que es precisamente el poseedor de esos bienes, porque el agua es un derecho no es una mercancía, es un derecho de todos y cada uno de los que habitamos en esta ciudad", manifestó el representante del colectivo Únete Huentitán, Arturo Mendoza Montaño.
La iniciativa contempla "fondos de reservas de agua" que reemplazan a los "bancos de agua" de la LAN, sirviendo como espacio para conectar a compradores y vendedores de derechos, principalmente con ejidos y comunidades, María González sostuvo que "la iniciativa que contradice la narrativa presidencial de que el agua dejará de verse como mercancía, se eliminará la privatización y evitará su acaparamiento cuando en realidad representa múltiples riesgos".
Se extiende el plazo de la cuota de garantía, permitiendo a los concesionarios conservar volúmenes sin usarlos por hasta seis años, lo que se considera un "gran negocio" para bufetes gestores del agua.
"La cuota de garantía es un gran negocio de los bufetes gestores del agua con grandes oportunidades de corrupción. Permite que el concesionario conserve sus volúmenes concesionados sin usarlos durante 2 años. Así está la ley vigente en esta reforma eh le les extiende el plazo. O sea, si tú no has usado el agua, pues yo no te quito, no te toco tu concesión, pero pues si no la estás usando por 2 años, que es como ahorita está la ley, pero te voy a extender seis por 6 años", sostuvo la directora del IMDEC.
Impacto en Jalisco
Se destacó la situación del Lago de Chapala, que sufre de contaminación y sequía, afectando a las comunidades que dependen de él. Se mencionó que la proliferación de desarrollos inmobiliarios en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) que garantizan agua a sus residentes mientras otros ciudadanos reciben agua de mala calidad o no la reciben.
También se denuncia la contaminación del río Santiago por descargas industriales, lo que ha provocado un alto índice de enfermedades renales en la región.
"Nosotros vemos como el servicio del agua aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de muy mala calidad, es pésimo, su estabilidad es realmente muy cuestionable. Nosotros creemos que vendría siendo el zarpazo que se le daría al SIAPA para que sea privatizado ya de una manera formal y realmente profundizando en este aspecto", apuntó Raúl Argáez Olivera, integrante de la Asamblea por la Defensa del Agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (ADA-AMG).
Los emisores del pronunciamiento hicieron un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al director de la CONAGUA y al Congreso de la Unión para que aprueben una ley verdaderamente ciudadana y transformadora.
También hicieron un llamado a los diputados federales para que cumplan el mandato del pueblo y deroguen la LAN, votando por una Ley General de Aguas ciudadana.
Las organizaciones exigen:
