El mecanismo de inmunización contra el coronavirus Covax, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, la alianza de vacunas GAVI y otros organismos internacionales, reveló el miércoles la cantidad de vacunas que planea entregar a los países que participan en la iniciativa, entre ellos varios de Latinoamérica.

Se trata de la primera estimación y por ahora sólo incluye las de Pfizer y AstraZeneca, aunque la primera es por el momento la única que tiene autorización de la OMS. La desarrollada por el laboratorio inglés junto con la Universidad de Oxford está en proceso de obtener el permiso.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Gobierno de Tabasco firmaron un acuerdo para condonar el historial de adeudos de más de 600 mil usuarios en la entidad.

En conferencia de prensa, el Gobernador Adán Augusto López precisó que a todos los beneficiarios de consumo doméstico a excepción de los de alto consumo, se les condonará la deuda y estarán en la tarifa eléctrica 1F (considerada la más baja) de manera automática en un plazo de 72 horas por lo que no será necesario acudir a ningún módulo de la CFE.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debe rendir  cuentas, ser transparente y no ocultar información.

Al ser cuestionada sobre los testimonios de tortura, asesinatos y violaciones de migrantes entre 2019 y 2020 revelados por Animal Político y que la CNDH ha ocultado, la funcionaria respondió que la actuación de la dependencia tiene que ver con la denuncia, las recomendaciones y la transparencia.

Más de 7.5 millones de adultos mayores no cuentan con acceso a internet para realizar su registro de vacunación en la página que el gobierno federal habilitó este 2 de febrero, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ante la elevada cantidad de personas de la tercera edad que no utilizan internet, la mayoría de los registros serán realizados por sus familiares. Sin embargo, las cifras apuntan que de los 99 millones de personas que viven en zonas urbanas, 36.9 millones de ellas carecen de servicios de internet, por lo que uno de cada tres mexicanos no podrá registrar a sus familiares en el padrón para recibir la vacuna contra el Covid-19.

El exlíder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, ‘El Marro’, solicitó un amparo porque, aseguró, las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 1 del Altiplano, donde permanece recluido, lo mantienen incomunicado y aislado, además de que sufre maltrato.

El juez Segundo de Distrito de Amparos y Juicios Federales del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, concedió a ‘El Marro’ la protección de la justicia y ordenó a la autoridad responsable (en este caso, el director del Cefereso, Marte Camarena Bahena) que “determine el cese inmediato del acto reclamado consistente en la incomunicación, aislamiento y malos tratos, así como cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

El Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) elevó 3%, en promedio, el cobro en las 50 autopistas y caminos concesionados.

En un comunicado, señaló que solicitó a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), como operador, que a partir de las 00:00:01 horas del 3 de febrero de 2021 se aplicaran las tarifas autorizadas en las Plazas de Cobro de cada camino y puente de cuota del citado fideicomiso.

La Fiscalía General de Michoacán solicitó una prórroga de dos meses para las investigaciones complementarias sobre el feminicidio de Jessica González Villaseñor, cuyo cuerpo sin vida fue localizado el 25 de septiembre del año pasado.

En la Sala Penal número 7, donde se realizó la segunda audiencia, la Fiscalía señaló al juez Fernando Hernández la necesidad de cotejar información forense y revisar otros 23 datos de prueba presentados durante la audiencia celebrada el 1 de septiembre de 2020.

Un juez de control liberó orden de aprehensión contra 12 efectivos de la policía estatal por su probable participación en el crimen de 19 migrantes localizados en el municipio de Camargo, informó hoy Irving Barrios Mojica, fiscal general del estado.

En conferencia de prensa, Barrios Mojica mencionó que los probables delitos en que incurrieron los policías son: homicidio calificado, abuso de autoridad, mal desempeño de funciones administrativas y falsedad de informes presentados ante una autoridad.

La Fiscalía General de la República (FGR) incumplió con el plazo final de cinco días hábiles que le dio el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) para transparentar en versión pública la carpeta de investigación iniciada por los sobornos de la constructora Odebrecht, y proporcionar datos y resultados del caso.

Pese a las advertencias del INAI de posibles sanciones y hasta denuncias si no acataba la orden, la Fiscalía no desclasificó ni un dato. El argumento que dio esta vez, según autoridades del Instituto, es que no había sido notificada formalmente de que el último de los amparos que tramitó en contra de la orden de abrir el caso ya había sido desechado.

Secuestros masivos y extorsiones, lo mismo a manos de grupos armados que de servidores públicos. Cuerpos policiales que capturan a migrantes y los entregan al crimen organizado. Familias aterrorizadas que miran cómo sus compañeros de tránsito hacia Estados Unidos son torturados hasta sacar el número de teléfono de alguien que pueda pagar por ellos.

Son escenas de lo que personas migrantes han vivido en México cada día de los últimos dos años, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se ha encargado de silenciar y ocultar.

Las bases de datos de los bancos BBVA y Santander y la del Seguro Social fueron puestas a la venta el 22 de enero último en un foro, según la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

En la nota publicada en su portal, la organización civil dice que la base de BBVA tiene los datos de tres millones usuarios, la de Santander un millón y la del IMSS 42 millones.

El gobierno de Estados Unidos emitió una ordenanza: que todas las personas sean incluidas en el proceso de vacunación en su país, sin considerar su situación migratoria.

Es más, tampoco hay certeza sobre si los 32 mil millones de pesos –provenientes del Fondo de Salud para el Bienestar (FSB)– alcanzarán para pagar la totalidad de las vacunas, más los gastos asociados: almacenamiento, transporte, accesorios médicos y personal contratado para la aplicación del medicamento.

Con dos investigaciones abiertas en su contra por presunto ejercicio indebido de recursos públicos —una de la FGR y otra del INE—, la exsecretaria general de Morena Yeidckol Polevnsky se registró como aspirante a diputada federal de su partido por la vía plurinominal.

Colaboradores de Polevnsky confirmaron a Animal Político que, a través de un representante legal, la exdirigente efectuó su registro como aspirante por la Quinta Circunscripción electoral, a la que pertenece el Estado de México, donde tiene su domicilio.

Intelectuales y activistas como Juan Villoro, Pablo González Casanova, Fernanda Navarro, Juan Carlos Rulfo y Sylvia Marcos anunciaron la creación del colectivo «Llegó la hora de los Pueblos» para hacer frente a «la continuidad del proceso de recolonización» en los territorios indígenas en México.

Los integrantes explicaron que el colectivo, creado en apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno, nace «en este momento de múltiples violencias contra los pueblos», reflejadas en la imposición de megaproyectos, la militarización del país y la paramilitarización en las comunidades indígenas.

El impacto de las medidas fundamentales de salud pública –o la prevención y tratamiento de enfermedades– depende del acceso a los servicios disponibles para la población. En México lamentablemente, la cobertura de servicios no es universal y por tanto, no garantiza el acceso a servicios de salud de calidad de toda la población.

Miguel Torruco Marqués, Secretario de Turismo de México (Sectur), solicitó a la Secretaría de Economía (SE) y a la Secretaría de Salud (Ssa), considerar al turismo como una actividad esencial.

A través de un comunicado, la Sectur informó que esta mañana se envió una petición a la titular de la SE, Tatiana Clouthier y de la Ssa, Jorge Alcocer en la que expuso que antes de la pandemia de COVID-19, el turismo representó 172 mil millones de dólares de ingresos al país, 82 por ciento nacional y 18 por ciento extranjero.

México recibió 40 mil 606.7 millones de dólares de sus ciudadanos residentes en el extranjero en 2020, un aumento del 11.4 por ciento respecto a los 36 mil 438 millones de dólares de 2019 que lleva al país a registrar un nuevo máximo histórico pese a la pandemia de coronavirus, informó este martes el Banco de México.

En el periodo enero-diciembre, la remesa promedio individual fue de 340 dólares, ligeramente superior a los 326 dólares del mismo lapso de 2019 y el número de operaciones pasó de 111.74 a 119.43 millones, la mayoría de ellas transferencias electrónicas.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), urgió al gobierno federal una investigación inmediata sobre el asesinato de Fidel Heras Cruz, defensor del Río Verde en Oaxaca.

El Observatorio recordó que Heras Cruz había recibido una carta anónima con amenazas de muerte dos días antes de su asesinato, perpetrado con armas de fuego el 23 de enero pasado.

Fidel Heras Cruz era defensor medioambiental y miembro del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), que lucha contra el Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina y el Proyecto Hidroeléctrico Río Verde.

El «decreto» presidencial publicado el 31 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación «no prohíbe el glifosato ni el maíz genéticamente modificado» y, por el contrario, abre un amplio espacio de «discrecionalidad» y de ambigüedad sobre las acciones para erradicar su uso, señaló la Red en Defensa del Maíz.

«Leyendo el documento no podemos dejar de pensar que parece más un memorándum interno que un decreto presidencial», indicó la Red, que cirticó que no aparezca en el texto la noción de que se prohibe el glifosato o el maíz transgénico.

«Si realmente se quiere prohibir el maíz genéticamente modificado y el glifosato, la norma debe ser clara, breve y explícita prohibiendo su utilización», añadió.