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Comité ONU señala a México por falta de transparencia en sus acuerdos migratorios con EU

El informe muestra en este sentido inquietud por las devoluciones sistemáticas hacia México de nacionales de terceros países.

El Comité de Trabajadores Migrantes de la ONU expresó este jueves su preocupación por la “falta de claridad y transparencia” ante los posibles acuerdos formales o informales entre México y Estados Unidos en materia migratoria, que en su opinión “podrían implicar la externalización del control fronterizo por parte de autoridades estadounidenses”.

En un informe del comité publicado después de analizar el actual cumplimiento de México de la Convención Internacional sobre los Trabajadores Migrantes, también se señala que con estos acuerdos México podría estar transfiriendo a terceros sus obligaciones internacionales en materia de asilo y otros derechos humanos.

El informe muestra en este sentido inquietud por las devoluciones sistemáticas hacia México de nacionales de terceros países, así como informes sobre expulsiones aéreas realizadas por las autoridades estadounidenses al estado de Chiapas, toleradas por las autoridades mexicanas.

Estas personas expulsadas, mexicanas y de terceros países, “no reciben información ni apoyo internacional adecuados, quedando expuestas a riesgos de violencia, trata o explotación”, señala el informe de conclusiones de 20 páginas publicado por el comité.

Éste subraya que todas estas situaciones podrían haberse agravado desde inicios de 2025 con el regreso a la presidencia estadounidense de Donald Trump, y pide a las autoridades mexicanas que aclaren la naturaleza y el contenido de cualquier acuerdo formal o informal con Estados Unidos en materia migratoria y de protección internacional.

Por otro lado, el comité de 14 expertos, presidido por la senegalesa Fatima Diallo, expresó en el informe su preocupación por la creciente militarización de la política migratoria en México, incluyendo la participación de cuerpos armados como la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina en las tareas de control.

Asimismo, expresa inquietud por la subcontratación de esas tareas de control o las de custodia de personas migrantes a empresas privadas de seguridad “sin garantías adecuadas de respeto a los derechos humanos”.

Además, recrimina a las autoridades mexicanas la falta de avances sustanciales en las investigaciones de casos de violencia contra migrantes, especialmente en masacres perpetradas en Tamaulipas, Nuevo León y Guanajuato entre 2010 y 2012, o el asesinato de la migrante salvadoreña Victoria Salazar en 2023.

“Preocupa también al comité el reciente hallazgo de fosas clandestinas y hornos crematorios en Jalisco y Tamaulipas”, señaló el texto.

El cuarto examen periódico de México ante el comité se produjo los pasados días 7 y 8 de abril, y las observaciones finales fueron adoptados el 17 de este mes, siendo publicadas este jueves en la web oficial de este organismo de Naciones Unidas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ya está en línea Compras MX, el nuevo portal de contrataciones públicas que sustituye a Compranet

El nuevo portal contará con una nueva imagen y una interfaz intuitiva que facilitará la búsqueda de información.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inauguró el 18 de abril la plataforma Compras MX, como reemplazo de Compranet, que estuvo vigente desde 2010; de acuerdo con la plataforma, su actualización se debe a “la necesidad de adecuarse al nuevo marco legal en materia de contrataciones públicas”. 

El nuevo portal contará con una nueva imagen y una interfaz intuitiva que facilitará la búsqueda de información, manteniendo el compromiso con la transparencia para todas las personas y dependencias del gobierno, señala el sitio web.

"¡Bienvenido a Compras MX! CompraNet se transformó en Compras MX, renovando su imagen e integrando una interfaz intuitiva, con información relevante y continuando con transparencia, eficiencia y acceso equitativo para la ciudadanía, proveedores, contratistas y entidades gubernamentales", se lee en su mensaje de bienvenida.  

¿Para qué sirve Compras MX?

La plataforma digital establece que su función es proporcionar información sobre las compras que hace el Gobierno de México.   

“Todo está disponible de forma clara, oportuna y transparente, para que puedas conocer en qué y cómo se usan los recursos públicos”, señala.  

Además, subraya que surge por la necesidad de adecuarse al nuevo marco legal en materia de contrataciones públicas, tras la aprobación de las nuevas leyes de Adquisiciones y Obras. 

La herramienta está dedicada a:
  • Entidades gubernamentales que necesitan gestionar sus procedimientos de contratación de bienes.  
  • Personas físicas y morales que quieran ofrecer sus servicios o vender bienes al Estado mexicano. 
  • Ciudadanos interesados en obtener información sobre compras del gobierno.
El pasado 10 de abril, el senado aprobó el decreto de expedición a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y las reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, donde se incluye la “desaparición” de Compranet.  

Durante la conferencia mañanera de aquel día, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, indicó que Compranet no desaparece, sino que se mejora, porque su sistema tecnológico –que databa de 2010– "era muy viejo” y, aunque se actualizó en 2023, ahora debe adaptarse al nuevo marco legal. 

Señaló que la actualización busca agilizar y transparentar los procesos de compra del gobierno, con modalidades eficientes y competitivas. 

Además, destacó que la nueva Ley de Obras Públicas establece que no puede haber una subcontratación mayor al 49%, y que todos los contratos tienen que ser publicados en Compranet, para garantizar una mayor transparencia.  

Buenrostro reiteró que durante la administración de Sheinbaum "la obligación es cuidar el dinero del pueblo de México, por lo que cada peso vale”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Reforma a ley de Obras Públicas de Sheinbaum aumentará la opacidad: Artículo 19

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno ya había instalado candados para no transparentar información sobre los megaproyectos, como el Tren Maya, la refinería Olmeca de Dos Bocas o el Corredor Interoceánico.

La organización Artículo 19 advirtió que la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su partido Morena plantea que las obras de las Fuerzas Armadas y los proyectos considerados estratégicos escaparán al escrutinio, una disposición “alarmante” que aumentará “la opacidad en el ejercicio de recursos públicos”. 

En un análisis de la ley, aprobada ayer por la Cámara de Diputados, Artículo 19 deploró que las nuevas disposiciones plantean “mayores negativas para el acceso a información de interés público bajo argumentos de seguridad nacional” y no establecen “mecanismos claros para auditorías independientes ni para la rendición de cuentas en casos de fallas o corrupción”.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno ya había instalado candados para no transparentar información sobre los megaproyectos –como el Tren Maya, la refinería Olmeca de Dos Bocas o el Corredor Interoceánico-- y sobre las obras a cargo del Ejército, alegando motivos de seguridad nacional. 

El Tren Maya, cuyo presupuesto inicial rondaba los 150 mil millones de pesos, tuvo un costo final superior a los 500 mil millones de pesos, y la refinería Dos Bocas terminó costando cerca de 20 mil millones de dólares, cerca de tres veces el valor por el que fueron adjudicados los contratos. 

A través de la reforma, el gobierno de Sheinbaum elimina Compranet, el sitio de compras gubernamentales –en el que los contratos públicos están disponibles para consulta--, y la sustituye por una Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, sin informar sobre el procedimiento de transferencia de los millones de datos del sistema anterior al nuevo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Opacidad a la carta: el desmantelamiento institucional del derecho a saber

La desaparición del INAI no sólo deja un vacío institucional, sino que también revela una profunda descomposición interna.

La reciente disolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) representa un golpe a la transparencia y la rendición de cuentas en México. El jueves 20 se consumó con la apurada aprobación de la nueva Ley General de Transparencia en la Cámara de Diputados y su publicación. Este organismo, que durante años fungió como pilar en la lucha contra la opacidad gubernamental, no sin disputas políticas y constantes intentos de captura, ha sido desmantelado en un proceso marcado por la incertidumbre laboral, la exclusión institucional y decisiones que deterioran el derecho a saber.

La desaparición del INAI no sólo deja un vacío institucional, sino que también revela una profunda descomposición interna. Más de 700 trabajadores quedaron varados en un limbo burocrático durante meses, sin certezas sobre sus finiquitos ni sobre su futuro. Ante la falta de respuestas, las protestas estallaron, llevando incluso al cierre de vialidades tanto a las afueras del Instituto en vías de extinción como a las afueras de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.

Pero lo más simbólico fue lo ocurrido durante una de las últimas sesiones del pleno: un grupo de trabajadoras intentó ingresar para manifestarse pacíficamente… y no pudo siquiera encontrar dónde sesionaban las comisionadas y comisionado. Las puertas estaban atrancadas con palos de madera, un policía resguardaba los accesos desde adentro. El pleno del órgano garante de la transparencia tuvo que sesionar a escondidas de su propio personal. Lo que debió ser una institución abierta terminó actuando como si fuera una célula clandestina.

La intervención tardía de la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, autorizando finiquitos tras semanas de presión, sólo evidenció el desprecio institucional hacia los trabajadores que, por años, dieron legitimidad al INAI desde la trinchera administrativa. Lo peor es que todo esto sobrevivino ante una decisión adoptada por la mayoría de comisionadas del INAI de no avalar los finiquitos propuestos por el comisionado Alcalá .

Además de la inertidumbre laboral, el desmantelamiento trae nuevas consecuencias jurídicas graves. Según el recien publicado Reglemento de la Secretaría encabezada por Raquel Buenrostro, durante al menos 45 días hábiles, no se tramitaron recursos de revisión por parte de la ciudadanía. Esto significa que toda persona a quien le sea negada información pública quedará sin mecanismos de defensa durante dos meses.

Peor aún, el Vigésimo Transitorio de la nueva Ley de Tranaperencia congela los juicios de amparo relacionados con el acceso a la información por 180 días naturales debido al impasse generado por la creación de nuevos ribunales especializados en transparencia. Esta suspensión del ejercicio de derechos constitucionales -en este caso, el derecho a un recurso efectivo para la protección de derechos- es inaceptable en una democracia.

Organizaciones civiles lo han dicho claro: México ha dado un paso atrás. Y lo ha hecho de forma deliberada, sin participación ciudadana y con una ley que parece diseñada para ocultar información. La supeditación al Ejecutivo del órgano “Transparencia para el Pueblo”, compromete seriamente la autonomía e independencia real en la vigilancia del derecho a la información. Las nuevas disposiciones amplían las causales para reservar información pública, especialmente en temas relacionados con megaproyectos gubernamentales. De hecho, se integra un gelatinoso concepto de “interés del Estado” para reservar la información, que no es otra cosa que la razón de Estado, y por tanto, la discrecionalidad absoluta.

La escena del órgano garante de la transparencia escondiéndose de sus propios trabajadores será difícil de borrar. No sólo es el epitafio de una institución, es el retrato de un modelo de país que prefiere el control vertical antes que el escrutinio ciudadano. El INAI muere en medio de reyertas personales entre las personas comisionadas que lo integraron hasta el final de sus días. Fallece convulsionado y defenestrado, resultado de los ataques constantes y la asfixia en escalada a la que fue sometido desde el gobierno de AMLO: primero se le quiso paralizar dejándolo sin comisionados, después se consumó su extinción con el llamado "Plan C”.

El mensaje es claro: en la era de la opacidad a la carta, el Gobierno se reserva el derecho de decirnos lo que quiere y de esconder lo que más importa. El derecho a saber se ha reducido a una concesión graciosa del Estado.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LEOPOLDO MALDONADO.

Cámara de Diputados aprueba leyes para que la Secretaría Anticorrupción asuma las funciones del INAI

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, una serie de reformas para que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se encargue de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, luego de la extinción del INAI.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general una serie de leyes secundarias para que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se haga cargo del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, con lo que se concreta la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)

Las leyes secundarias, avaladas con 321 votos a favor y 125 en contra, establecen que la Secretaría Anticorrupción se hará cargo de la Plataforma Nacional de Transparencia, al mismo tiempo que dispondrá de un organismo desconcentrado llamado Transparencia del Pueblo para garantizar el derecho de acceso a la información.

Morena y sus aliados respaldaron las leyes secundarias enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, a las que no hicieron ningún cambio a pesar de los reclamos de los partidos de oposición y las observaciones que especialistas en la materia han hecho.

“Estas reformas representan un avance trascendental hacia una administración pública moderna y sensible a la demanda social, se fortalece la transparencia, se mejora el acceso a la información pública y se garantiza una protección más efectiva y especializada de los datos personales”, defendió Ricardo Mejía Berdeja, diputado del Partido del Trabajo (PT) y presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Claudia Selene Ávila, legisladora de Morena, se sumó a la iniciativa y destacó la creación de Transparencia del Pueblo. “Se crea un instituto, además, garante de esta protección, con sanciones para que nuestros datos estén cuidados”, expresó la legisladora.

Morena y sus aliados concretaron la desaparición del INAI bajo el argumento de que era costoso e ineficiente. El bloque oficialista señaló que la Secretaría Anticorrupción absorberá el 80% de las funciones del Instituto, pero con el 35% del costo de su estructura.

“El derecho ciudadano no se toca, no se elimina y no se debilita, sino todo lo contrario, con esta reforma se consolidan reglas claras, mecanismos ágiles y, sobre todo, austeridad, como debe de ser con los tiempos actuales”, expresó Javier Herrera Borunda, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Los diputados dieron una primera aprobación a las leyes secundarias luego de un debate de casi dos horas. En estos momentos los legisladores siguen debatiendo propuestas de modificación, especialmente presentadas por los partidos de oposición, aunque no se prevé que alguna sea admitida.

Oposición critica leyes secundarias de transparencia

Movimiento Ciudadano (MC), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) criticaron que no se haya realizado un parlamento abierto antes de aprobar las leyes secundarias, al mismo tiempo que acusaron al gobierno de convertirse en juez y parte en temas de transparencia.

MC presentó una moción suspensiva para evitar que las leyes secundarias se pusieran a votación, pero su propuesta fue desechada por la mayoría morenista y sus aliados. El PAN emitió un voto particular para expresar su rechazo a las minutas que ya fueron aprobadas por el Senado de la República hace casi tres semanas.

“El órgano de transparencia, al ser parte del Poder Ejecutivo, es evidente que no representa ningún tipo de garantía respecto a la independencia de sus acciones y decisiones. Si hubiese una inconformidad de un ciudadano que hizo una solicitud de información de alguna compra o de algún contrato multimillonario de su gobierno, en lugar de que un externo autónomo asegure que esa información se la entregue, sería su mismo gobierno quien tomaría esta decisión”, criticó Iraís Reyes de la Torre, diputada de MC.

La  bancada del PAN criticó que la desaparición del INAI, y la creación de Transparencia del Pueblo, podría provocar que actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos queden impunes, pues no habrá una institución independiente que garantice el acceso a este tipo de información que debería ser pública.

“Con estas leyes se coloca el último clavo del ataúd del pilar para combatir la corrupción y garantizar que los ciudadanos puedan conocer cómo se usan sus impuestos, qué contratos firma el gobierno y qué decisiones se toman en su momento”, señaló Éctor Jaime Ramírez, diputado panista.

La bancada del PRI se unió a esta postura a través de su legislador Arturo Yáñez, quien señaló que “hoy estamos frente a esta reforma que desmantela la rendición de cuentas y pone en riesgo la verdad. Se nos dice que es una medida de simplificación administrativa, pero la realidad es otra, centraliza el control de información al Ejecutivo federal”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

Senado aprueba reforma de transparencia; abre rendija para vigilar dependencias que investiguen terrorismo y tráfico de armas

Con un cambio para volver sujetos de transparencia a algunas dependencias de seguridad, el Senado aprobó la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum

La coalición morenista en en Senado aprobó la reforma en transparencia propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum con un cambio para que dependencias que realizan investigación sobre terrorismo y acopio de armas estén sujetas a un comité que clasifique su información.

La mayoría oficialista aprobó una reserva para que los Comités de Transparencia de las propias dependencias sí tengan acceso y clasifiquen la información del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, así como unidades especializadas en investigación de terrorismo, acopio y tráfico de armas, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La reserva, presentada por la senadora morenista Nora Ruvalcaba, fue aprobada a mano alzada por la coalición mayoritaria. Minutos antes, los senadores de Morena, PT y PVEM habían aprobado la iniciativa con 71 votos a favor y 21 en contra.

Dependencias exentas de transparencia

La propuesta presidencial de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que en cada dependencia de gobierno deberá integrarse un Comité de Transparencia con acceso a la información para determinar su clasificación. Sin embargo, también propone que distintas dependencias de seguridad no estarán obligadas a seguir las determinaciones de esos Comités y pueden gestionar el resguardo, acceso y clasificación de la información conforme a sus propios protocolos.

En esos casos, las funciones de los Comités de Transparencia serán responsabilidad de la persona titular de la dependencia o unidad administrativa. 

Esos organismos exentos son el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro Federal de Protección a Personas, las Divisiones de Inteligencia e Investigación de la Policía Federal Ministerial y Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal, el Centro Federal de Investigación Criminal, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Estado Mayor de la Defensa Nacional y el Estado Mayor General de la Armada o las unidades administrativas que lo sustituyan. 

Aprobación acelerada

En menos de tres horas, el Senado aprobó la reforma que crea Transparencia para el Pueblo, el nuevo órgano gubernamental que sustituye al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La presidenta Sheinbaum nombrará al funcionario que presidirá el nuevo organismo.

La coalición mayoritaria aceleró su aprobación y omitió la segunda lectura del dictamen, para que fuera aprobada desde este martes y enviada a la Cámara de Diputados.

La iniciativa es una propuesta de la presidenta Claudia Sheinnbaum, con la que crecen las causales para que dependencias gubernamentales puedan ocultar información, con los argumentos de que ello compromete el desarrollo de proyectos prioritarios o la paz social.

Con la propuesta, los órganos internos de control de las propias instituciones públicas deberán atender las denuncias y los recursos de revisión cuando las personas consideren que se vulnera su derecho a la información.

Los argumentos principales de la coalición morenista para la aprobación de la iniciativa recayeron en gastos excesivos por parte del INAI. En la presentación del dictamen, la morenista Margarita Valdez argumentó que los comisionados del INAI cambiaban su actividad por boletos de futbol soccer.

La senadora enfatizó que uno de los objetivos de la reforma busca suprimir gastos onerosos, duplicidades y burocracias privilegiadas.

La iniciativa también busca armonizar las leyes secundarias en materia de transparencia y protección de datos personales con la reforma constitucional que desapareció al INAI y otros órganos autónomos, así como tutelar el acceso a la información pública y protección de datos personales.

Así, el Senado aprobó expedir la Ley general de transparencia y acceso a la información pública, la Ley general de protección de datos personales en posesión de particulares, la Ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, además de una reforma al artículo 37 de la ley orgánica de la administración pública federal.

Legislar sobre transparencia sin transparencia

El senador Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano, aprovechó para denunciar que la iniciativa fue turnada a las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Primera para su dictamen, en lugar de la de Anticorrupción y Transparencia que él preside y que, conforme al reglamento, debería recibirla.

“¿A quién le beneficia no escuchar a una Comisión que preside la oposición?”, cuestionó.

El priista Rolando Zapata Bello también preguntó a la coalición mayoritaria si la necesidad de rendición de cuentas desaparece cuando se llega al poder y calificó como una argucia el criterio de austeridad con el que se sostiene la reforma.

“No estamos ante un recorte presupuestal genuino que busque eficiencia, estamos ante una estrategia deliberada para centralizar el poder en el Ejecutivo, eliminando los organismos que garantizaban la fiscalización independiente”. 

El exgobernador de Yucatán subrayó que la institución fiscalizada y el fiscalizador serán lo mismo, lo que minará los procedimiento, ya que el acceso a la verdad dependerá exclusivamente de la voluntad del gobierno en turno.

Hubo seis reservas realizadas, pero sólo se aprobó la realizada por la morenista Nora Ruvalcaba. La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AGUILAR.

INAI: CDMX debe transparentar casos de abusos sexuales en primarias

Un ciudadano pidió conocer cifras de casos de abuso sexual, pero la Autoridad Educativa Federal en la CDMX declaró no poseer los datos solicitados.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) deberá realizar una nueva búsqueda exhaustiva y proporcionar estadísticas sobre denuncias o reclamos por abusos o intentos de abusos sexuales en las escuelas primarias públicas de la capital.

Esta resolución surge a raíz de una queja presentada ante el INAI, luego de que la AEFCM, un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), declarara no poseer los datos solicitados, argumentando que no generaba este tipo de estadísticas.

Sin embargo, el INAI, a través de la ponencia de la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, corroboró que la AEFCM no realizó una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas competentes.

“Para proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes de cualquier tipo de violencia, especialmente la sexual, se requiere la participación tanto del sector público como del sector privado; sin ese apoyo mutuo y esa responsabilidad de la sociedad, el objetivo no sería alcanzado y con ello más niñas, niños y adolescentes sufrirían los efectos nocivos de la violencia sexual”, expresó la Comisionada Ibarra Cadena al presentar el caso.

En una decisión unánime, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la AEFCM, exigiéndole realizar una nueva búsqueda de la información y entregarla al solicitante. 

Esto incluye la estadística de primarias con el mayor número de quejas, denuncias o reclamos relacionados con abusos o intentos de abusos sexuales, así como el nombre de las primarias donde han ocurrido los casos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gobierno Federal crea “Transparencia para el Pueblo”, para sustituir al INAI

Ante la inminente desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, presentó, el 31 de enero de 2025, reformas para dar cumplimiento a dichos derechos.

“La propuestas que nosotros estamos haciendo al capturar el INAI, es que la parte del derecho al acceso a la información, que es el derecho público a conocer todas las estadísticas y el comportamiento del Estado y los gobiernos, vaya a un órgano desconcentrado que le vamos a llamar Transparencia para el Pueblo”, expuso la funcionaria federal.

“En el caso de protección de datos […] van a corresponder al Ejecutivo […] la Constitución, la última reforma también de la esa facultad a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”, agregó Buenrostro Sánchez, durante la conferencia de prensa matutina presidencial, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Lo más importante es que se mantiene el derecho al acceso a la información pública. ¿Qué es lo que cambia?, lo que cambia prácticamente son las autoridades encargadas de garantizar ese derecho”, detalló la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Según lo explicó Buenrostro Sánchez, Transparencia para el Pueblo será un órgano autónomo descentralizado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pero que en lugar de tener siete comisionados, como el INAI, sólo tendría un titular, además de que sólo funcionará para el acceso a la información del Poder Ejecutivo Federal.

En cambio, agregó la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los otros dos poderes de la Unión, el Legislativo y el Judicial, también tendrían, cada uno, un organismo garante de transparencia. Asimismo, habría otros organismos garantes, para otros sectores como los sindicatos, los partidos políticos, entre otras instituciones. En total serán 18 organismos de este tipo para la Administración Pública Federal.

“Por lo tanto no se restringe, ni se limita nada de lo que ya ha sido público en información. Se mantienen todas las obligaciones que existen hasta ahorita y además se amplía la obligación de mantener informada a la ciudadanía”, consideró Buenrostro Sánchez.

Según lo indicó la funcionaria federal, para el caso de derecho a la protección de datos personales, también habría 18 organismos por cada sector del Gobierno de México, mientras que la defensa de los datos personales en posesión de particulares, la realizaría la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Asimismo, la funcionaria federal expresó que a nivel estatal y municipal, se pasaría de 32 organismos homólogos al INAI, a contar con entidades responsables en cada nivel de gobierno.

Por otra parte, el Sistema Nacional de Acceso a la Información ahora estará compuesto por 40 instituciones y será presidido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Algunos de sus integrantes serían el Poder Ejecutivo local, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial de la Federación (PJF), el Archivo General de la Nación (AGN) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Además, tal como lo indicó Buenrostro Sánchez, habría 32 subsistemas integrados por los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales estatales, así como los órganos constitucionales autónomos de cada entidad y los municipios.

Según datos presentados por Buenrostro Sánchez, la Secretaría a su cargo absorbería 80 por ciento del trabajo del INAI, con 35 por ciento del costo de su estructura. Además, afirmó que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) seguiría en funcionamiento, con al menos la información que mantenía hasta la actualidad. En esta página web, se concentran más de 15 mil millones de archivos públicos.

“La Plataforma Nacional de Transparencia es donde contiene toda esta información, todos los datos que ya se ha estado construyendo durante varios años de acceso público. Esta plataforma no estaba regulada en ley”, expuso la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

“Para garantizar su prevalencia y que se mantenga y se preserve y se queden todos los datos históricos y para garantizar que se va a mantener al menos la misma información si no es que más, la plataforma va a estar regulada en la ley”, afirmó la funcionaria federal.

“Nosotros ya estamos en pláticas con los comisionados del INAI, y lo que acordamos es que en el caso de la plataforma, que cuando no las entreguen le vamos a poner un validador criptográfico”, una especie de huella digital para hacer auditorías forenses, comentó Buenrostro Sánchez.

“Es decir, si en algún momento alguien pudiera pensar que se violó la información, se puede hacer una auditoría forense tecnológica para ver si estaba o no estaba desde origen”, apuntó la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria federal mostró una lámina que decía: “Buen Gobierno absorbe 80 por ciento del trabajo del INAI, con 35 por ciento del costo de su estructura”. Sobre ese tema, la mandataria nacional destacó que se ampliaría la transparencia y se protegerán los datos personales, con “mucho menos presupuesto”.

“Como ven se amplía la transparencia, se protegen los datos personales y todo esto se hace incluso con mucho menos presupuesto, con el 35 por ciento del presupuesto que tenía el INAI”, afirmó la titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Entonces se están enviando el día de hoy estas leyes para su consideración en el Senado de la República y después en la Cámara Diputados, eso es parte de la reforma constitucional de la desaparición del INAI, como tal en la Constitución, manteniendo y fortaleciendo la transparencia y la seguridad de los datos personales”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

Con los cambios se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se reforman las siguientes leyes: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; y, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.