La vicepresidenta de la CIDH, Andrea Pochak, cuestiona que la reforma judicial no considera la eficiencia en la impartición de justicia ni aborda la crisis de impunidad. En entrevista, también critica la eliminación del INAI, un organismo que México había promovido como ejemplo en transparencia.
La Comisión “está siguiendo con mucha preocupación algunas reformas constitucionales que tuvieron lugar en México, como por ejemplo la reforma Judicial. También la reforma del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que es un tema que nos generó mucha preocupación”, dice la vicepresidenta de la CIDH y relatora para México, Andrea Pochak, en entrevista con Proceso.
“No solamente nos preocupa lo que hace o no hace el gobierno o lo que se controla o no se controla en relación con el gobierno, porque el sistema Interamericano, el sistema internacional habla de todos los poderes. Nos preocupa mucho la situación del gobierno, pero también la situación de los poderes judiciales y de los poderes legislativos”, que pueden causar responsabilidad.
En el caso de la reforma al Poder Judicial en México, advierte que no se tomó en cuenta la eficiencia de la impartición de justicia al momento de reformar este poder. En su informe anual 2024, la CIDH registró sus observaciones sobre la reforma que permitirá la elección de jueces, magistrados y ministros, así como de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.
La también relatora para Memoria, Verdad y Justicia; y Movilidad Humana de la Comisión Interamericana expresó:
La reforma tiene que incluir al Ministerio Público, a la Fiscalía. Por eso, teniendo en cuenta la impunidad que impera en México, nos preocupa que la reforma no haya incluido, por ejemplo, a la Fiscalía y que tampoco haya incorporado como un dato principal la impunidad de los casos, que eso es un tema que la Comisión Interamericana viene siguiendo hace mucho tiempo.
Abogada argentina, Pochak es la primera vicepresidenta de la CIDH, electa para el periodo del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027. Además de ser relatora para México, lo es para Bahamas, Guatemala, Honduras y Uruguay.
Considera que “todas estas medidas han sido objeto de grave preocupación por parte de diversos actores que han cuestionado, sobre todo, la elección popular como método para la selección de autoridades judiciales idóneas e independientes, las posibles afectaciones a la garantía de inamovilidad del cargo y los derechos laborales de las autoridades judiciales salientes.
“En esta línea también se puso de relieve ante la Comisión la relación entre la posible elección de autoridades judiciales inidóneas y el derecho de acceso a la justicia de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Algunos de estos temas fueron tema de pronunciamiento público de la CIDH”.
En ese punto refirieren al comunicado de la Comisión de septiembre del año pasado:
“La Relatora Especial sobre la independencia de personas magistradas y abogadas de Naciones Unidas señaló su preocupación por la incompatibilidad de las propuestas con las obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos.
A un año de la elección que dio triunfo a la presidenta Claudia Sheinbaum, la Comisión presentó un informe en el que agrega la preocupación sobre la elección judicial, “en la audiencia pública convocada por la CIDH, el Estado reconoció no contar con un diagnóstico que haya determinado el modelo de reconfiguración de sus tribunales a través del voto popular”.
Incongruencia mexicana
Otra de las preocupaciones es la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Para Pochak, “por un lado, en 2024 nosotros advertimos con preocupación la disolución de este organismo, no me puedo adelantar a cómo se va a implementar la política en 2025.
Es algo que estamos monitoreando y que eventualmente va a ser motivo del informe”.
Sin embargo, hay un elemento que llama la atención en el informe de 2024, “es que nos preocupaba la disolución, la modificación abrupta de la institucionalidad en materia de acceso a la información, porque había sido el propio Estado mexicano el que en varias ocasiones había levantado el INAI como un modelo para garantizar el acceso a la información y
la transparencia.
El propio Estado mexicano había mostrado el INAI como un modelo exitoso, de defensa del acceso a la información y la transparencia.
Expuso que “en muchas otras oportunidades en que la Comisión Interamericana consultó sobre el acceso a la información y la transparencia, México reconocía como importante la estructura, la institucionalidad del INAI y tampoco nosotros conocemos y México no nos ha informado al respecto, de cuál fue el diagnóstico por el cual modificaron abruptamente la institucionalidad en materia de acceso a la información”.
La relatora Pochak reconoce que los Estados tienen la posibilidad de definir cómo garantizar el derecho de acceso a la información pública y los parámetros que deben seguir, lo cual, también, debe ser un trámite gratuito.
Ataques desde el poder
Además, recientemente los asesinatos se dieron en un entorno de estigmatización que en muchas ocasiones se propicia desde quienes ostentan el poder. De acuerdo con el informe Anual 2024 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, México se ubica como el país de la región con las cifras más altas de esta violencia durante el año pasado.
El Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión indica que “continuó registrando con preocupación la violencia letal contra periodistas en México, con al menos ocho asesinatos, además de reportes de ataques armados, desapariciones forzadas, secuestros, detenciones arbitrarias y obstrucción de la labor periodística”.
Agrega que “estos hechos se producen en un contexto de estigmatización hacia la prensa y una elevada tasa de impunidad, lo que contribuye a un ambiente de temor, autocensura y desprotección. Aunque el Estado ha informado sobre avances en el fortalecimiento del mecanismo de protección, persisten denuncias sobre las deficiencias y la falta de efectividad en las medidas de prevención y protección de dicha entidad”.
La comisionada Andrea Pochak abordó el tema de manera general entre quienes son gobernantes: “Una cosa es criticar o revertir información, contradecir con nueva información y otra cosa es hostigar o tener discursos amenazantes o estigmatizantes contra las personas periodistas o defensoras. Eso no está protegido por la libertad de expresión”.
Impunidad en la filtración de datos personales
Dice a Proceso que este tipo de discursos “vulnera la libertad de expresión, porque puede generar por lo propio una situación de miedo o de autocensura por parte del comunicador. Entonces, la Comisión Interamericana también releva la situación de discursos estigmatizantes por parte de autoridades públicas”.
La Relatoría Especial “enfatiza que el asesinato de periodistas es la forma más extrema de censura, y vulnera el derecho a la libertad de expresión tanto en su dimensión individual como colectiva, pues genera un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares, y afecta además el derecho de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”.
La Relatoría también denuncia la filtración de datos personales, contenida en las credenciales de elector del INE de reporteros registrados en la Presidencia de la República, para su ingreso a las conferencias matutinas del sexenio pasado.
Recuerda que el Relator Especial para la Libertad de Expresión “señaló que las autoridades deben tomar contacto con afectados y ponderar el riesgo que esto pueda representar, así como dar cuenta sobre lo sucedido, indicar medidas para evitar repetición, e investigar y sancionar a los responsables”.
De manera contraria, la Fiscalía General de la República no ha mostrado seguimiento a quienes presentaron una denuncia y el gobierno mexicano no dio mayor información sobre las sanciones a los responsables de esta filtración que vulneró la seguridad de representantes de medios de comunicación. Algunos de los responsables, incluso, continúan en los más altos niveles de gobierno.
También registró más informes sobre la estigmatización a la prensa, la cual reconoce como “impulsada por el Poder Ejecutivo a través de la sección diaria previamente conocida como “Quién es quién en las mentiras de la semana”, implementada desde junio de 2021 con el alegado fin de “analizar, verificar y aclarar las noticias imprecisas de interés general para la población”.
La relatora reconoce como positivo que en el informe se dé cuenta del fortalecimiento del mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas; aunque “lamentablemente no es suficiente para prevenir estos hechos y también llamamos la atención no solamente en el caso de la violencia contra periodistas, sino en general en el caso de violencia en México, la impunidad, un hecho que favorece y que hace que se perpetúe la violencia”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.
