El 24 de abril de 2024, colectivos y organizaciones denunciaron «el insensible retiro de cuatro memoriales» instalados por las familias de las víctimas de desaparición frente al Palacio Nacional. Los memoriales recordaban a Óscar Antonio López Enamorado, joven migrante hondureño desaparecido en Jalisco en 2010; Antonio Verástegui y su hijo Antonio de Jesús, desaparecidos el 24 de enero de 2009 en Coahuila; Alejandro Alfonso Moreno Baca, desaparecido el 27 de enero de 2011 en Nuevo León; y Marco Antonio Amador Martínez, joven migrante hondureño desaparecido en Tamaulipas el 11 de marzo del 2013.

Los memoriales fueron retirados por militares que custodiaban el recinto presidencial, presuntamente por instrucciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador el 15 de marzo del 2024, frente a lo cual las familias interpusieron un amparo para solicitar la protección de la Justicia de la Unión al considerar que el retiro de los memoriales violentó sus derechos humanos a la memoria, a la protesta, a la manifestación, a la legalidad y seguridad jurídica.

El mismo día que emitieron el comunicado, las familias exigieron a las autoridades que no cometieran «las mismas violaciones» con el memorial de Mauricio Aguilar, instalado sólo un día antes del pronunciamiento. Sin embargo, el memorial fue retirado.

De acuerdo con la información recabada, el diputado Sergio Gutiérrez Luna ha declarado públicamente poseer únicamente un departamento de 132 metros cuadrados y no participar en ninguna empresa. 

Sin embargo, Gutiérrez Luna es propietario de la empresa Inmobiliaria Zutier S. de R.L. de C.V.

Esta inmobiliaria fue, a su vez, propietaria de dos predios que originalmente pertenecían al gobierno de Hermosillo y fueron adquiridos mediante un proceso de desincorporación en el año 2013.

Lo prometido es deuda, vamos a hablar aquí de las mentiras que declaró #Datoprotegido @DianaKarinaBa y su esposo @Sergeluna_S los terrenos que puso a nombre de su empresa Inmobiliaria Zutier, las casas y terrenos que ocultan en Sonora. pic.twitter.com/tC0hnfxeZa

— Jorge Garcia Orozco (@jorgegogdl) July 24, 2025

Por su parte, la declaración patrimonial de Diana Karina Barreras ha sido objeto de escrutinio. Barreras habría declarado la posesión de dos terrenos que fueron dados de alta en su última declaración de 2024 cuando asumió como diputada federal. No obstante, una revisión exhaustiva en el Registro Público de la Propiedad de su natal Sonora ha arrojado que dichas propiedades no existen bajo su nombre en los registros oficiales. Esta discrepancia levanta serias dudas sobre la veracidad de su declaración y la transparencia en la adquisición de sus bienes.

Las revelaciones generadas por esta investigación sugieren un patrón de ocultamiento o inexactitud en la información patrimonial de ambos personajes públicos. Los hallazgos subrayan la importancia de la rendición de cuentas y la necesidad de que los funcionarios y sus cónyuges presenten declaraciones patrimoniales completas y veraces, conforme a la legislación vigente en materia de transparencia y anticorrupción.

Diana Karina Barreras se ha visto envuelta en una polémica ocasionada por ella misma al acusar a la ciudadana Karla Estrella de violencia de género por una crítica en redes sociales, lo que motivó que el Tribunal Electoral la obligara a ofrecer disculpas públicas durante un mes.

Según el área de análisis de Banco Base, Trump afirmó que “los problemas relacionados a la renovación del edificio de la Reserva Federal no son una razón suficiente para despedirlo”. 

Además, expuso que el mandato de Powell está cerca de concluir y confió en que éste tomará las decisiones adecuadas.

En el ámbito local, el desempeño del peso se explica también por las expectativas en torno a la política monetaria del Banco de México. 

Aunque se espera que el instituto central continúe con los recortes a la tasa de interés, se anticipa que lo haga con cautela.

De hecho, en la primera quincena de julio, la inflación general anual bajó de 4.13% a 3.55%, pero el retroceso fue impulsado principalmente por el componente no subyacente, que cayó de 3.43% a apenas 1.24%. 

En contraste, la inflación subyacente, apenas descendió de 4.28% a 4.25%.

Aranceles recíprocos en el radar

Además del entorno monetario, los mercados operan con cautela a la espera del 1 de agosto. 

Ese día, el gobierno de Estados Unidos tiene previsto aplicar aranceles “recíprocos” más altos a importaciones provenientes de diversos países.

“Se reconoce el gran trabajo que hemos hecho para reducir significativa y sostenidamente los homicidios dolosos en nuestra entidad”, indicó. 

Asimismo, atribuyó el logro a la estrategia integral CONFIA, basada en la regionalización táctica, la inteligencia operativa, la prevención social y la atención especializada a delitos prioritarios como la extorsión, el secuestro virtual y la violencia de género. 

Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, se registró una reducción de 19 homicidios diarios; señaló que este delito se ha reducido específicamente en Guanajuato y Tabasco. 

Sheinbaum concluyó que ese resultado es “un esfuerzo muy importante de la estrategia de seguridad que estamos siguiendo”.

Pese a que los gobiernos federal y estatal de Guanajuato presumen la reducción en las víctimas de homicidio doloso, la cifra de personas asesinadas en la entidad creció 17.9% en los primeros cinco meses de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024.   

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y mayo del año pasado, se registraron mil 217 víctimas de homicidios en la región, cuando en el mismo periodo de 2025 se contabilizaron mil 435.  

Aunque sí se registró una baja del delito en los últimos dos meses, Guanajuato sigue siendo la entidad con el mayor número de homicidios dolosos en el país, al concentrar el 13.3% de los asesinatos en 2025, además de ser uno de los siete estados que reportaron incrementos anuales en la violencia homicida. 

La reducción en la incidencia de homicidios dolosos ha sido una de las metas prioritarias desde el inicio del mandato de Sheinbaum.  

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que se hacen revisiones periódicas en materia de seguridad en la entidad, por lo que en Guanajuato la finalidad es incrementar las operaciones, revisar la estrategia de seguridad e identificar en qué ayudará la Federación al estado.   

Por su parte, García Muñoz Ledo indicó que algunos de los acuerdos alcanzados en la reunión regional fueron:

Asimismo, destacó que actualmente, Guanajuato tiene a la policía estatal mejor pagada de México, con un sueldo mensual bruto de 28 mil 502 pesos, como parte del compromiso con la dignificación del servicio público en seguridad.

“Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para garantizar la paz de Guanajuato (...) Estoy segura de que unidos (con el Federal) somos más fuertes. En Guanajuato estamos listos para seguir construyendo ese estado seguro que todas y todos queremos", expresó la gobernadora local.

Con la captura del Mayo, la reconfiguración del cartel de Sinaloa es entre los hijos del Chapo y del mismo Zambada García, aunque hasta ahora el mayor número de bajas han sido del lado de Los chapitos, por lo menos en lo que hace a detenciones reportadas por el gobierno federal.

Especialistas locales del tema no auguraban una disputa interna. Son compadres y sus hijos se conocen desde la cuna. Aquí viven, de aquí son. Eso fue repetido como un mantra, tantas veces hasta que la guerra estalló y al corte ha cobrado más de mil 700 vidas, y, en respuesta, la autoridad federal ha capturado a cerca de 100 operadores y cabecillas de ambos bandos, la mayoría de los Chapitos.

Y el tiempo transcurre. La guerra no se detiene. 

La conclusión de junio lo dejó como al mes más violento en la historia reciente del estado, con 207 homicidios según las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), y en los primeros 22 días de julio la cifra ronda los 131 asesinados, un promedio de seis muertes cada 24 horas que deja a Sinaloa como la entidad con mayor incidencia de este delito durante los últimos tres meses.

Dudas sobre el gobernador

Las muertes por el conflicto entre estas facciones del cártel de Sinaloa comenzaron ese mismo jueves 25 con el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, fundador y líder moral del Partido Sinaloense (PAS) y rival político del gobernador Rubén Rocha Moya. Su muerte buscó fincarse como un intento de asesinato por parte de la FGE. Sin embargo, con una carta atribuida al Mayo Zambada y dada a conocer por su abogado Frank Pérez, la investigación cobró otro sentido y se concluyó que fue asesinado en Huertos del Pedregal, en el mismo sitio.

Hector Melesio Cuen asesinado el pasado jueves en Culiacán, aquí invita al gobernador a que controle a su gente y deje de hostigarlo a él y a su familia pic.twitter.com/m6KH7OUrSl

— Manuel Clouthier C. (@ClouthierManuel) July 27, 2024

Con la captura de Ismael Zambada la guerra entre las facciones de los herederos del cártel de Sinaloa ha dejado no solamente las más de mil 700 muertes, sino también capturas de operadores de ambos bandos. Entre septiembre del año pasado y mayo último se han detenido a por lo menos 23 operadores de los Mayos y a 72 de los Chapitos, según datos de la misma Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los golpes más recientes han sucedido del bando de los Mayos con el asesinato en Tacuichamona de Jesús Norberto “el 30”, lugarteniente en esa región al sur de Culiacán y la ejecución del comandante Nitro de la Policía Estatal Preventiva, a quien la facción rival lo señalaban de operar para los Chapitos.

En Culiacán y su zona metropolitana se han realizado capturas de diferentes operadores de ambos bandos, sobre todo de los Chapitos, mientras que, en las zonas rurales tanto de la capital como de los municipios de Cosalá y Elota los aseguramientos de laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas son constantes desde febrero de este año. También al sur del estado en Concordia y Rosario.

Estimadas Señoras y Señores,

Nos dirigimos a ustedes con el fin de expresar nuestra preocupación por la situación de los cinco defensores tzeltales criminalizados Manuel Santiz Cruz, Agustín, Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, arbitrariamente detenidos en 2022 y desde entonces presos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciado (CERSS) n° 5, a la luz de la reciente publicación de la opinión emitida el 4 de abril de 2025 por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias acerca de su caso._

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU realizó una visita a México y al Estado de Chiapas en septiembre de 2023, y tras recibir información sobre el caso de diferentes fuentes, transmitió sus alegatos al Gobierno de México el 22 de julio de 2024. La respuesta del Gobierno fue recibida el 18 de octubre de 2024. El 4 de abril de 2025 el Grupo de Trabajo emitió una opinión en la que se destacan una serie de deliberaciones referentes a las violaciones de derechos humanos cometidas contra los cinco detenidos en el marco tanto de su arresto como de su proceso judicial:

• La detención de los cinco se realizó sin una orden de aprehensión y sin que los detenidos fueran informados de los cargos que se les imputan. Tampoco fueron llevados ante un juez una vez fueron arrestados. La orden de aprehensión fue emitida a posteriori, pero antes de que la Fiscalía la solicitara, lo que evidenciaría la parcialidad del Juez en el desarrollo del proceso penal.

• No existían razones para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, revelando la aplicación arbitraria de un mecanismo que debe ser la excepción y no la normal.

• Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar fueron sometidos a desaparición forzada durante las 24 horas que siguieron a su detención.

• Los detenidos no tuvieron acceso a un intérprete español – tzeltal ni en el momento de su detención ni en su proceso judicial hasta la reposición de las audiencias.

• Las pruebas presentadas por la Fiscalía en los dos juicios muestran incongruencias como la falta de datos sobre la ubicación de la víctima durante un período clave, la omisión del protocolo de primer respondiente, deficiencias en la determinación de la causa de la muerte, contradicciones entre la necropsia y los dictámenes periciales, ausencia de identificación formal del fallecido, peritos sin cédula profesional y conclusiones médicas que no se corresponden con el contenido del dictamen. A su vez, las lesiones descritas no coinciden entre los distintos informes ni con el cadáver.

Además, el Grupo de Trabajo reconoce a los cinco sentenciados como defensores de derechos humanos, y considera que su criminalización se debe precisamente a su labor de defensa de la tierra y el territorio y al hecho de pertenecer a la etnia tzeltal, discriminación que se extiende incluso a su falta de dominio del español.

En consecuencia, solicita que:

• El Gobierno de México ponga en libertad inmediata a Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco y les conceda el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

• El Gobierno de México lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los cinco individuos y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

Existe un marco de obligatoriedad al que el Estado Mexicano se debe adherir ya que, como miembro activo de la Organización de las Naciones Unidas desde 1945, ha asumido compromisos claros en materia de derechos humanos, los cuales incluyen el respeto y la atención a los mecanismos internacionales. En particular, ante las opiniones del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, el Estado Mexicano se compromete legal y políticamente a tomar en cuenta sus opiniones y a actuar en consecuencia. Esto se basa en la Resolución 30/30, en la que se solicita a los Estados considerar seriamente las opiniones del Grupo de Trabajo, tomar las medidas necesarias para corregir las situaciones denunciadas e informar sobre las acciones adoptadas. También se basa en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece que corresponde a la Secretaría de Gobernación — a través de sus instancias competentes — vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por organismos internacionales. Esto se demuestra argumentado en la sentencia RA (P) 298/2022 del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito del Estado de Morelos, la cual resuelve la omisión por parte de las autoridades de proveer medidas de reparación integral en favor de la quejosa.

Cabe señalar que la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y el Relator Especial de Pueblos Indígenas de la ONU emitieron una comunicación conjunta el 9 de octubre de 2024 en la que llamaron la atención del Gobierno Mexicano acerca de la presunta detención arbitraria, uso indebido del derecho penal e imposición de sentencias de forma desproporcionada contra diversas personas defensoras de derechos humanos, incluidos Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Domínguez. Recuerda al Estado Mexicano sus obligaciones internacionales y solicita información relativa a los casos objeto de la comunicación. En la respuesta del Estado a la comunicación el caso de los defensores de San Juan Cancún no ha sido abordado.

También queremos expresar nuestra preocupación por las violaciones de derechos humanos que el Movimiento Sueco por la Reconciliación SweFOR ha podido observar en su labor de acompañamiento y documentación, tanto en el marco de la detención como en las audiencias y en sus visitas a la cárcel. Dicha organización estuvo presente durante la detención de Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, pudiendo atestiguar el desproporcionado uso de la fuerza y la actitud intimidatoria de los agentes, que negaron a los detenidos y a sus abogados visionar la orden de aprehensión, conocer los motivos del arresto y conocer sus derechos como detenidos. Durante las audiencias de primera instancia observó los tratos discriminatorios por parte del tribunal hacia las personas tzeltales presentes en el juicio, así como su trato abiertamente amenazante e intimidatorio contra los abogados defensores. A su vez, ha sido sistemática la obstaculización del proceso judicial, que se ha manifestado en constantes cancelaciones de audiencias o en la negación del acceso a observadoras internacionales y prensa. También es remarcable el impacto que SweFOR ha podido contemplar en los cinco defensores a lo largo de sus visitas al penal: la situación de criminalización y las condiciones de vida de la cárcel han derivado en afectaciones médicas cuyo abordaje no ha sido en absoluto facilitado por las autoridades carcelarias, mientras que los cambios en los protocolos de visitas han restringido enormemente las posibilidades de las familias de poder acompañarlos, con el impacto impacto psicológico que ello conlleva. Algunas de estas preocupaciones han sido recogidas en varias misivas enviadas a las autoridades en ocasiones previas.

A las autoridades del Estado Mexicano y del estado de Chiapas solicitamos:

Cumplir con la opinión emitida por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, y que se traduce en la liberación inmediata de Manuel Sántiz Cruz, Juan Velasco Aguilar, Augustín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez; la investigación de las autoridades responsables de su criminalización, y la reparación integral de todos los daños causados.

Cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de protección y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas y personas defensoras de derechos humanos, así como los pactos en los que México es firmante, particularmente la Resolución 30/30 de 2016, aprobada por la Asamblea General de la ONU.

Garantizar la no repetición de la privación arbitraria de la libertad a defensoras y defensores de derechos humanos, así como de otras estrategias de criminalización.

A las representaciones diplomáticas y a la comunidad internacional, solicitamos:

Llamar al Estado mexicano a cumplir con la opinión del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y poner en libertad inmediata a Manuel Sántiz Cruz, Juan Velasco Aguilar, Augustín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez; a investigar a las autoridades responsables de su criminalización, y a la reparación integral de todos los daños causados.

Que se pronuncien públicamente sobre la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias acerca del caso de los cinco detenidos de San Juan Cancuc, e insten a las autoridades estatales y federales a ponerlos en libertad de forma inmediata, a investigar a las autoridades responsables de su criminalización, y a la reparación integral de todos los daños causados.

Instar al Estado mexicano a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de protección y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos y garantías para el debido proceso.

Esperando que esta carta les resulte de interés y motive su actuación, les agradecemos de antemano su atención y quedamos atentas a las respuestas a la presente carta.

Amnistía Internacional | Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic | Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos | Front Line Defenders | Movimiento Sueco por la reconciliación – SweFOR – |

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos |

Servicio Internacional para la Paz, SIPAZ | The Indigenous Peoples Rights International

Durante ese mismo periodo, la RNR brindó acompañamiento integral y gratuito a más de 7,399 mujeres, niñas y niños sobrevivientes de violencias. Del total de mujeres atendidas, el 76% reportó haber sufrido violencia familiar, y en el 87% de los casos sus hijas e hijos también fueron víctimas del mismo agresor. El 29% vivió violencia psicológica, el 16% física y el 4.5% sexual.

Asimismo, la atención a niñas y niños en los Centros Externos de Refugios aumentó un 169%. Sin embargo, la violencia vicaria sigue siendo invisibilizada por el Estado: el 44.8% de las niñas y niños no pudo ingresar a los refugios con sus madres, quedando expuestos a convivir con sus agresores debido a omisiones gubernamentales que los privan de protección y perpetúan el ciclo de violencia.

Respecto a los agresores, el 66.6% eran parejas o exparejas; el 21% mantenía vínculos con instituciones militares o cargos políticos; el 40.5% utilizaba armas de fuego y el 38% tenía antecedentes penales.

Ineficiencia institucional

No solo se ha acusado al Estado mexicano de recortar y retrasar el presupuesto destinado a los refugios; también se le señala por su incapacidad para atender adecuadamente a mujeres víctimas de violencia. De acuerdo con datos de la Red Nacional de Refugios (RNR), del total de mujeres que acudieron a sus espacios, el 7% había buscado ayuda previamente en la Secretaría de las Mujeres, el 6% en fiscalías y el 73% en otras instituciones gubernamentales que no les ofrecieron atención adecuada. En muchos casos, estas instancias no solo fueron omisas, sino que incurrieron en violencia institucional y revictimización.

Clariza, de 23 años, beneficiaria, compartió con la RNR su experiencia:

Casos como el de Clariza evidencian no solo el fracaso institucional, sino también quiénes son las que buscan espacios seguros: el 65% de las mujeres que llegaron a los refugios tenía entre 21 y 35 años, lo que demuestra que las juventudes son quienes más recurren a estos lugares en busca de acompañamiento libre de juicios y violencia institucional.

Omisiones ante la CEDAW

Durante las audiencias del décimo informe periódico de México ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Estado informó que elaboró un nuevo manual de operación para refugios y albergues, con el objetivo de unificar los criterios de atención. Sin embargo, la RNR manifestó su preocupación al no haber sido convocada ni informada durante su diseño, consulta o redacción.

Esta exclusión ocurrió a pesar de los reiterados intentos de diálogo institucional con la Secretaría de las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

Recomendaciones urgentes de la RNR al Estado mexicano

Ante este panorama de omisiones, retrocesos y violencia institucional, la Red Nacional de Refugios (RNR) emitió una serie de recomendaciones que exige sean atendidas con carácter de urgencia. Entre ellas, destacó la necesidad de garantizar un presupuesto justo, suficiente y sin retrasos para los refugios y sus centros de atención externa, incluyendo el pago puntual de honorarios al personal que los conforma. A la par, solicitó la publicación inmediata de la segunda convocatoria del Programa Federal de Refugios, de manera transparente y sin exclusiones.

Asimismo, instó al Estado mexicano a cumplir cabalmente con las recomendaciones emitidas por el Comité CEDAW, en especial aquellas vinculadas con los refugios, la violencia institucional, los feminicidios y el acceso a la justicia. En ese sentido, hizo un llamado urgente a legisladoras y legisladores a comprometerse verdaderamente con una agenda legislativa construida desde la perspectiva de género.

Finalmente, exigió a la Secretaría de las Mujeres la instalación de mesas de trabajo efectivas, así como el acceso transparente a la información relacionada con el nuevo manual de estandarización de atención en refugios.