En su respuesta, Veytia exigió “pruebas rigurosas” de las acusaciones en su contra aunque admitió haber sido condenado por delitos de narcotráfico y haber cumplido una sentencia, pero negó haber orquestado actos de tortura “contra los demandantes o que haya dañado a los demandantes de alguna manera”.

Sobre las acusaciones específicas de tortura y coerción contenidas en la demanda, respondió que “son todas negadas“, y subrayó que personas que se dicen agraviadas ya han obtenido beneficios económicos mediante denuncias similares en México, pero omitió dar detalles.

“Algunos demandantes han logrado extorsionar dinero de diversas personas en México mediante el uso astuto de procesos legales”.

El exfiscal presentó varias defensas legales en su respuesta, como la prescripción de los hechos, alegando que los presuntos abusos ocurrieron hace más de 10 años, a excepción de uno de los casos.

Argumentó que las demandas de enriquecimiento ilícito carecen de fundamento y resaltó que las reparaciones solicitadas están sujetas a doctrinas como cosa juzgada, negligencia, encarcelamiento injusto, y arresto colateral.

Finalmente, Veytia solicitó a la Corte que la demanda sea desestimada y se emita un fallo a su favor.

“Por lo tanto, el acusado Edgar Veytia ruega que se desestime la demanda, se dicte sentencia a su favor y se otorgue cualquier otro alivio que la Corte considere apropiado”, dice.

El juez Timothy J. Kelly fijó la audiencia inicial para el 20 de junio a las 14:30 horas, la cual se realizará por teleconferencia.

El exfiscal, torturador confeso

En la audiencia para ese caso, el 7 de febrero de 2023, en la Corte de Brooklyn, Veytia reconoció que estuvo involucrado en al menos “10 homicidios o más”, secuestro y entre 30 y 40 casos de tortura, según respondió a la fiscal Saritha Komatireddy.

– En general, fiscal general Veytia, ¿en cuántos asesinatos ha estado involucrado? –le preguntó la fiscal Komatireddy.

–Soy responsable de 10 o más.

–¿Ha estado involucrado en la tortura de alguien?

–Sí

–¿Estuvo involucrado en el secuestro de gente?

–Sí

–¿Y esconder pruebas?

– Sí.

Bajo juramento admitió haber participado en 30 o 40 casos de tortura y que él mismo había usado pistolas de descarga eléctrica (taser) para martirizar a las personas.

Además, reveló su participación directa con los cárteles de drogas, específicamente con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación durante los años en los que fue funcionario en el gobierno de Roberto Sandoval (2011-2017) -quien permanece bajo proceso en prisión desde el 6 de junio de 2021 por cargos federales como lavado de dinero-.

La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) también lo consideró para formar parte de la acusación contra el exsecretario de Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto (2012-2018), Salvador Cienfuegos, pero fue desestimada su participación en la corte.

Investigaciones y solicitudes de extradición

El fiscal general de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, ha declarado en distintas ocasiones que mantiene vigente una orden de extradición en contra del exfiscal Veytia a partir de seis carpetas de investigación ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Algunos casos están relacionados con las víctimas que demandaron reparación de daños por la vía civil en Estados Unidos en contra del exfiscal.

Se desconoce el estatus de la solicitud de extradición en la FGR y en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), toda vez que ésta última dependencia respondió a peticiones de información sobre el caso, que “no desglosa datos por nombre, por lo que no confirmó si hubo petición por Edgar Veytia”.

En febrero pasado, Carlos Saldate, exlíder del PRI en Tepic, exdiputado local y dirigente transportista, fue sentenciado a 35 años de prisión por un caso de secuestro agravado, condena que ya fue confirmada en segunda instancia.

En otro proceso, por el mismo cargo recibió sentencia de 76 años de prisión en primera instancia. En ambos juicios, Édgar Veytia fue señalado como coautor con poder sobre las fuerzas policiales, y enfrenta en total 176 años de cárcel por hechos en los que las víctimas también denunciaron tortura.

Durante los años de Veytia al frente de la Fiscalía de Nayarit se registraron casos de desapariciones forzadas, torturas, homicidios y secuestros que afectaron gravemente a la población local.

La Comisión de la Verdad en Nayarit

Veytia respondió a la demanda civil al referirse a su enfrentamiento con Rodrigo González Barrios, quien en 2017 promovió la creación de una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes cometidos por el exfiscal y el exgobernador Roberto Sandoval.

La entonces mayoría priísta en el Congreso del Estado rechazó la creación de esta comisión, argumentando fines políticos, porque también el presidente de la XXXII Legislatura, Leopoldo Domínguez (PAN), formaba parte de la iniciativa.

A pesar de este rechazo, la Promotora de la Comisión de la Verdad continuó promoviendo investigaciones, y su vocero, Rodrigo González, anunció su salida del PRD en 2018 para, dijo entonces, dar seguimiento a los casos.

Personas que se consideran víctimas del exfiscal siguen buscando justicia, esperando que las instituciones reconozcan la magnitud de los crímenes cometidos cuando Nayarit, bajo su mando, dejó de ser un estado de leyes y se convirtió en un territorio marcado por el miedo, la violencia institucional y el silencio.

En el caso del TSJ se elegirán 9 de 13 magistrados, y los tres listados emitidos por los Poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo los encabeza la magistrada Gricelda Elizalde Castellanos.  

Las propuestas enviadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas son las mismas que presentó el Poder Judicial y en ellas aparece el actual presidente, Mery Ayup, en la posición número seis y en la siete por parte del Congreso de Coahuila. 

Para la segunda posición en las magistraturas del TSJ está Jesús Homero Flores Mier, quien fuera Fiscal Especializado en Delitos contra la Corrupción y cuyo trabajo fue fuertemente cuestionado; en tercera posición se encuentra María Eugenia Galindo Hernández, actual magistrada en la Sala Civil y Familiar. 

Le sigue la aún directora del Centro Regional de Identificación Humana, Yezka Garza Ramírez; luego Vladimir Kaiceros Barranco, también actual magistrado y presidente de la Sala Civil y Familiar. 

En el lugar siete aparece Isadora de Lourdes Rodríguez Garza, actual delegada de la Fiscalía General del Estado en Sabinas, luego Adriana del Amor Serna Calderón, quien ahora se desempeña como jueza penal y, finalmente, el consejero jurídico del gobierno de Manolo Jiménez Salinas, Valeriano Valdés Cabello, a quien también respaldó el Congreso del Estado. 

En la propuesta del Congreso aparece en la cuarta posición Tamara Garza Garza; en la seis la excomisionada de Atención a Víctimas del estado y también fuertemente cuestionada por familias de personas desaparecidas, Magdalena López Valdez; en la ocho ubicó a Gloria Sánchez Tallabas. 

En el caso de las magistraturas del Tribunal Disciplinario Judicial, el Poder Legislativo y el Judicial hicieron la misma propuesta compuesta por Dulce María Fuentes Mancilla, actual presidenta del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información; Jafia Pacheco Valtierra, exintegrante del Consejo Anticorrupción, así como el notario Rodolfo Rábago Rábago, mientras que el Ejecutivo propuso en el segundo lugar a Rebeca Villarreal Gómez. 

En los Tribunal Distritales la lista de los tres poderes es igual y la integran Francisco José Adame Acosta, María del Pilar Flores Velázquez, Ricardo López Campos y Lariza Montiel Luis, una de las panistas que ha estado colaborando con los gobiernos del PRI en el estado.  

En la lista de suplentes también aparecen varios nombres de panistas y cercanos colaboradores del gobernador. 

Por su parte la abogada Sofía Díaz Lozano opinó que el proceso puede considerarse como una elección normal en el estado, al verse perfiles que ya se han desempeñado dentro del Poder Judicial o en la administración pública y han dejado “mucho qué desear”. 

“Vemos a mucho militante del PRI, son pocos y pocas los que están en las listas que no han desempeñado cargos públicos con anterioridad. Me llama la atención que a nivel nacional se pidieron requisitos muy específicos y en Coahuila se agregó el certificado de perfil judicial idóneo, que era un tipo de curso examen que se tenía que presentar bajo lineamientos del Poder Judicial para demostrar que tienen el perfil, pero es algo que se sacaron de la manga. También es cuestionable que haya quienes quieran repetir y su trabajo como magistrados o jueces ha sido cuestionado, como Mery Ayup, con quien los juzgados fueron en decadencia y hubo hasta falta de tonner”, señaló. 

Agregó que el proceso de selección no fue transparente y muchos de los perfiles están asociados al mismo presidente del Poder Judicial y también adheridos al gobierno estatal y Partido Revolucionario Institucional. 

“Quien revisó el examen de idoneidad fue gente del mismo Poder Judicial y quienes obtuvieron las mejores calificaciones es gente con perfiles partidistas y del equipo de Mery o del gobernador. Aquí no fue tómbola, pero sí la selección desde muy arriba del gobierno”, afirmó. 

El actual presidente del Poder Judicial y quien busca mantenerse dentro del organismo, Miguel Felipe Mery Ayup, señaló que las actividades serán austeras. 

“No es necesario constitucionalmente suspender las labores, vamos a seguir trabajando como normalmente lo hacemos y emitiremos un acuerdo del Consejo de la Judicatura y del pleno para que de las 8:30 a las 16:30 horas es horario de trabajo y después hacer campaña, aunque realmente estas campañas van a ser muy diferentes, de muchos de redes y no creo que cada candidato vaya a usar más de 50 mil pesos”, señaló. 

Sostuvo que la austeridad definirá las campañas porque no harán uso de espectaculares ni contratación de publicidad en medios.

El problema se remonta al inicio de la construcción del fraccionamiento entre 2010 y 2012, desarrollado por la empresa Inmobiliaria Tango, que construyó siete secciones de viviendas unifamiliares y de edificios de departamentos. Sin embargo, únicamente entregó al ayuntamiento las etapas 1, 2 y 3.  

Para la operación del pozo de agua, la inmobiliaria realizó contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pero no pagó los recibos de energía eléctrica y acumuló una deuda mercantil millonaria. No entregó los servicios básicos al ayuntamiento de El Arenal, como el pozo de agua, que está ubicado en la cuarta etapa, ni el alumbrado público; por su parte, la autoridad no entregó el dictamen de habitabilidad. 

Además, las etapas 6, 7 y 7B de departamentos fueron construidas sin permisos, mediante amparos. La constructora es propiedad de Rodrigo Gil Ramírez, quien también fue presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Jalisco. 

La falta de entrega de estos servicios generó una deuda millonaria de la inmobiliaria con la CFE, que asciende a aproximadamente 13 o 14 millones de pesos. Se compone de 7 millones de pesos por el pozo de agua y 6 o 7 millones de pesos por el alumbrado público.  

El Ayuntamiento de El Arenal se niega a pagar, argumentando que no es responsable de una deuda mercantil. La Comisión también se ha negado a restablecer el servicio de agua, alegando que el Ayuntamiento debe pagar la deuda. 

Los colonos se han visto obligados a recurrir a diversas instancias gubernamentales para que se resuelva la situación y se les brinde una solución definitiva a la problemática que enfrentan, sin obtener respuesta favorable. 

La situación ha generado un clima de incertidumbre y desesperación entre los habitantes, quienes se ven afectados por la falta de agua potable, la falta de alumbrado público, la falta de servicios básicos y la falta de revalorización de sus viviendas.  

Además, la carencia de servicios básicos ha generado un ambiente de inseguridad y ha afectado la calidad de vida de los residentes. 

El presidente del Comité de Participación Ciudadana de La Cima, Ricardo Vargas, explicó que actualmente el abasto de agua es insuficiente; llega poca y, en muchas ocasiones, se detiene totalmente el servicio. 

"Entonces, es muy complicado. Hay quienes tenemos 5 años sin tomar un baño en la regadera. No podemos lavar nuestros trastes con el agua corriente; tenemos que hacerlo mediante algún bote. En el lavado de la ropa, si tenemos la disponibilidad de algo de agua, llenamos el ciclo de lavado hoy y hasta el día de mañana hacemos el ciclo de enjuague. O sea, a ese extremo hemos llegado", explicó. 

Actualmente, el pozo de agua del Fraccionamiento La Cima opera con un generador de energía prestado por la Comisión Estatal del Agua (CEA); sin embargo, de repente se lo llevan por dos días para darle mantenimiento y cada 15 días el agua falta nuevamente. 

Ricardo Vargas explicó que a las casas de La Cima les llega entre 40 y 50 minutos de agua al día. Los habitantes de los terceros pisos de los 450 departamentos reciben, si acaso, 15 minutos de agua al día, es decir, entre 50 y 100 litros de agua diarios. 

"El esfuerzo es estar almacenando agua y, también, como es en determinada hora del día, pues, obviamente, si tuviste que salir a trabajar, si tuviste algún imprevisto o algo y no estás a esa hora, ya no te tocó agua hasta el día siguiente", puntualizó. 

Los vecinos presentaron denuncias ante la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur), el Congreso del Estado, el Gobierno del Estado, la Subsecretaría de Asuntos del Interior, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero no han logrado obtener una respuesta favorable.  

Incluso se han presentado denuncias penales contra Rodrigo Gil Ramírez, pero estas no han prosperado. 

"Hemos intentado, por medio de la Comisión Federal de Electricidad, ver la forma de que nos restablecieran el servicio. Incluso se tuvo que ir a la Ciudad de México a llevar un oficio al Consejo de Administración de CFE; se llevó un oficio al gobierno federal con atención a Claudia Sheinbaum, que sí lo recibieron en Atención Ciudadana, pero realmente no prosperó ninguno de estos oficios y seguimos en las mismas. En la Prodeur, metí la queja en mi carácter legal como presidente del Consejo de Participación Ciudadana de aquí de La Cima; estuvo dándome largas, diciendo que vamos a ver y que vamos a hacer esto. Mandaron oficios a todos lados, pero con esos oficios, como si no pasara absolutamente nada", relató. 

El representante vecinal sostiene que detrás de todos estos problemas hay un tráfico de influencias “muy, muy grande”, ya que, durante la etapa de construcción, el hermano de Rodrigo Gil, Juan Cristóbal Gil Ramírez, era el subdirector general de Administración de Cartera del Infonavit. Mientras tanto, el notario que escrituró todo el fraccionamiento, Mario Enrique Cámarena Obeso, es el suegro de Rodrigo Gil. 

“Lo más curioso de todo es que para que el ayuntamiento pueda recibir el fraccionamiento, primero tiene que recibir los servicios. La constructora nunca entregó el pozo ni el alumbrado público al ayuntamiento. Y lo más grave es que el ayuntamiento nunca dio el dictamen de habitabilidad. Para poder escriturar una propiedad y poderla vender, se necesita que haya ese dictamen de habitabilidad; sin embargo, todas las propiedades están escrituradas”. 

Cuando el ayuntamiento se negó a recibir el fraccionamiento por incumplimientos de las obligaciones de los desarrolladores inmobiliarios, la compañía presentó un juicio. 

“A partir de ese momento, la constructora se desapareció y metió un juicio contra el ayuntamiento, supuestamente por no querer recibirlo. En ese juicio estaba todo amañado porque las notificaciones no se dan en persona, sino por medio de correo electrónico, y justo cuando hay un cambio de administración. Entonces, en el cambio de administración y por correo electrónico, nadie las ve, y el ayuntamiento se va en rebeldía. Eso alargó el juicio, y hasta la fecha creo que se dictó sentencia hace como un mes, que todavía está en ese proceso de sentencia, pero aún no hay una recepción como tal del fraccionamiento”. 

Ante la escasez de agua y la indefinición jurídica, los propietarios enfrentan una plusvalía que está por los suelos, aunque “ese tema lo hemos dejado a un lado porque lo principal es poder pertenecer ya como tal al ayuntamiento y poder acceder a todos los servicios”. 

La empresa inmobiliaria también prometió que en el lugar habría una iglesia, un mercado, un centro de salud y una escuela. Nada de esto se cumplió; en el caso de las escuelas de educación básica, están a una distancia de más de 30 minutos.

La noticia de la revocación de su visa estadunidense la dio a conocer la gobernadora Ávila Olmeda en sus redes sociales la madrugada de este domingo: 

“Mi esposo, Carlos, ha enfrentado una situación, y como en toda vida compartida, esa circunstancia también me ha alcanzado. Poco tiempo después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibí una notificación similar”, dijo, en referencia al retiro del documento que permite ingresar legalmente al vecino país del norte.

La exalcaldesa de Mexicali añadió que está “segura y confío plenamente que la situación se va a aclarar satisfactoriamente para ambos”. Y explicó que “esta situación se da en un contexto Binacional complejo que requiere templanza y cordura de mi persona”.

Luego, soltó “con absoluta claridad: Carlos ha actuado siempre con integridad, con entrega y con profundo compromiso por Baja California.

Mi respaldo hacia él no es solo personal, es moral y es político. Porque sé quién es y porque nunca ha dejado de dar la cara ni de asumir con responsabilidad lo que no le toca”.

Sin acusación ni investigación en EU

El mensaje de la gobernadora de Baja California se dio poco después de que su esposo, Carlos Torres, informó de la revocación de las visas de ambos, en un mensaje en sus redes sociales ayer por la noche.

El coordinador honorario de Proyectos de Regeneración de Espacios Públicos del Ayuntamiento de Tijuana explicó que, en días recientes, fue notificado por autoridades consulares de Estados Unidos sobre la revocación de su visa de no inmigrante.

Lamentó “profundamente que esta situación haya tenido consecuencias para mi esposa, Marina del Pilar, quien —a pesar de no haber provocado nada— la ha enfrentado con serenidad, firmeza y sin perder nunca la empatía que la define”.

El expanista afirmó que la medida de la autoridad consular, “como ocurre con muchas personas en contextos similares, responde a disposiciones internas del Departamento de Estado”.

Aseguró que su conciencia “está tranquila” y que está seguro que se resolverá la situación de manera favorable. “En la actualidad, la aplicación de estos criterios administrativos se ha vuelto cada vez más común, y como tantos otros, estoy incluido en ese universo”, dijo sin especificar.

Enfatizó en que la revocación de su visa “no representa acusación, investigación ni señalamiento formal por parte de autoridad alguna, ni en México ni en Estados Unidos”.

También adelantó que contactó a un especialista en derecho migratorio internacional para presentar una moción para reabrir o reconsiderar la decisión, o bien, iniciar el proceso para una nueva solicitud de visa.

Claudia Sheinbaum tuvo para todos. Tiró dardos que dieron en el blanco. Aunque en su retórica intente ser vistos de otra forma, se confirman como lo que son: el partido de Estado que controla las cámaras legislativas, el Poder Ejecutivo y va por el control del Poder Judicial. El partido que aprueba por aplastante mayoría todo lo que la presidenta quiere, el partido que tiene 23 de 32 gubernaturas estatales y la mayoría de los municipios y, por supuesto, los congresos en los Estados.

La mandataria nacional se atrevió a decir que su partido, Morena, es el movimiento más fuerte “del planeta”, unido además sin hacer “pactos escrupulosos” como la derecha, dejando de lado los pactos que hizo con priistas y panistas como Miguel Ángel Yunes o Alejandro Murat, que ahora están en sus filas y apoyaron las reformas constitucionales por ella propuestas.

Exige a sus militantes “honestidad, humildad y sencillez”, alejarse de actos frívolos, del consumismo y el dinero cuando gobernadores, gobernadoras, alcaldes y legisladores, como Fernández Noroña, son dados a viajar en primera clase; a poseer relojes de alta gama como su secretario de Economía, Marcelo Ebrard, o su representante legislativo, Adán Augusto. Es notorio cómo la nueva clase política de Morena goza del dinero en su vestimenta y efectos personales.

Pidió una vez más que no haya en las filas gubernamentales de Morena, ni amiguismo, ni influyentismo, ni nepotismo, cuando el hijo del fundador de su partido, es el secretario general del mismo; o el padre de la gobernadora de Guerrero quiere sucederla en el cargo, cuando él fue quien le dio la nominación a ella cuando quedó impedido para ser candidato. Exige que todos los gobiernos de Morena se concreten a la “austeridad republicana”, que no se trasladen en camionetas de último modelo con decenas de escoltas, alejados de la sociedad, cuando es la nueva norma.

En Tijuana, el alcalde Ismael Burgueño -por cierto, dado a los efectos de lujo que adquiere, al igual que la síndico morenista en San Diego, California- acude a cualquier sitio, sea una colonia en la menor de las ocasiones y a restaurantes o reuniones, con cerca de 15 elementos de seguridad, que prácticamente toman las instalaciones. El derroche del erario es visible, y la protección que se autoproveen para proteger su integridad contrasta con la inseguridad que vulnera a la mayoría de la sociedad.

En ese sentido, pidió que los morenistas en los gobiernos no se coludieran con el crimen organizado o de cuello blanco, pero la manera en que entregan las obras los gobiernos es precisamente a un ya establecido grupo de empresas y empresarios dados a la comisión para la obtención de contratos y concesiones. Ahora mismo es el caso de un empresario ligado a Adán Augusto, Fernando Padilla Farfán, que con sus caravanas de salud ha ganado miles de millones de pesos en los Estados gobernados por Morena, entre ellos Baja California, donde la gobernadora le habría dado casi dos mil millones de pesos por la renta de sus caravanas de salud. Y ese tema llevó a otro relevante de manera reciente: las campañas adelantadas para las sucesiones en los estados y en el Poder Legislativo en los comicios de 2027.

Para ese proceso electoral, la Presidenta pidió a los morenistas que se establezcan reglas claras, que lo hagan en enero de 2026, para respetar los tiempos electorales legales, y los conminó a reescribir las normas: prohibir la promoción de políticos en carteleras y espectaculares, no promover campañas de odio contra la competencia interna, no utilizar más recursos económicos privados, ni públicos, ni dinero ni avaricia, campaña casa por casa, entregando propaganda de mano en mano y repartiendo el periódico del partido.

Y el tema fue relevante dado las ansias de poder de la legisladora Andrea Chávez, quien aspira a ser candidata de su partido al gobierno de Chihuahua en 2027, y para lo cual trae por lo menos tres caravanas de salud a costo -de acuerdo a lo que se invierte en el mismo servicio en Baja California- de unos 20 millones de pesos mensuales por la renta de los camiones con servicios médicos, que en aquel estado la legisladora ofrece de manera gratuita, con su imagen a tamaño espectacular en las caravanas que primero, dijo, le eran patrocinadas por la comunidad empresarial, y después que era una donación. Como sea, 20 millones de pesos al mes por caravana exceden las sugerencias de la Presidenta.

Porque justo lo que Claudia Sheinbaum sugiere hacer para no convertirse en un partido de Estado, con ansia del poder por el poder, con ambición no sólo política sino económica, es en lo que se ha transformado el movimiento de Morena: un partido hegemónico, que avasalla en la generación de políticas públicas y la creación de leyes, al son que dicte Palacio Nacional, integrado por una nueva clase política pudiente, con muchos recursos económicos a su servicio, con camionetas blindadas, escoltas para cuidarlos y acaso alejarlos de la vida cotidiana y adentrarlos en una llena de lujos, de poder, de excesos. Así es el partido de Estado en que se ha convertido Morena y, con base en el pasado, se sabe que esto no es un buen camino para México.

Horas antes se había reportado, que Patiño Moreno, de 46 años de edad, activista protectora de animales, fue privada de la libertad por un grupo armado cuando se encontraba en el interior de una vivienda en la colonia 5 de Mayo, también en la capital sinaloense.

Un día antes, Juan José Córdova Liera, de 30 años de edad, agente adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Desaparición Forzada de Personas de la Zona Sur, de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, fue asesinado a balazos, mientras llevaba a cabo una investigación en el municipio de Mazatlán.

El crimen ocurrió cerca de una gasolinera en la colonia Puesta del Sol, en Mazatlán, mientras el agente de la FGR sinaloense realizaba labores de investigación relacionadas con un presunto secuestro, según detalló la institución de procuración de justicia.

Según los reportaron medios locales, Córdova Liera se encontraba en un vehículo marca Nissan, modelo Versa, de color blanco, cuando fue atacado a balazos. El agente alcanzó a activar el botón de pánico de su radio, lo que alertó a sus compañeros.

Elementos de investigación que acudieron en su auxilio se percataron de la presencia de dos jóvenes en una motocicleta, cerca del lugar del ataque. Al revisarlos, uno estaba en posesión de un arma de fuego, por lo que ambos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, para determinar si tuvieron participación en el atentado.

Paramédicos que llegaron al sitio del ataque, ubicado cerca del Club Muralla, brindaron los primeros auxilios al agente herido y lo trasladaron de urgencia a un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Sin embargo, Córdova Liera falleció poco después, a causa de las graves lesiones sufridas por los impactos de bala.

La FGE emitió un breve comunicado lamentando la pérdida de su agente y confirmando que el crimen estaba siendo investigado en relación con las actividades oficiales que Córdova Liera realizaba en Mazatlán.

El asesinato de Córdova Liera se produjo apenas unas horas después de otro ataque ocurrido la noche del miércoles 7 de mayo de 2025, mientras agentes de la Policía Municipal cenaban en una taquería en la zona de Pradera Dorada 6, en Mazatlán. Dos oficiales murieron en el lugar y otras cuatro personas, incluyendo civiles, resultaron heridas. El mismo día, un policía municipal fue asesinado al arribar a su domicilio particular, ubicado en la colonia 10 de Mayo.

Otro cierre se registró en la carretera Los Mochis–Topolobampo, donde civiles armados despojaron a cuatro tráileres, atravesaron las unidades sobre la vía e incendiaron una de ellas junto con una vagoneta en el entronque con el ejido 9 de Diciembre.

Un tercer bloqueo tuvo lugar en la calle Matamoros y bulevar Antonio Rosales, en el fraccionamiento Paseo Las Aves, donde un vehículo de lujo fue completamente calcinado.

También se reportaron otros actos de sabotaje como la quema de neumáticos y la colocación de ponchallantas sobre la avenida Agustina Ramírez, al poniente de la ciudad.

En Angostura, habitantes de comunidades como Chinitos reportaron intensas balaceras durante la noche, lo que provocó temor entre la población. Además, en la sindicatura de Alhuey, la autopista Benito Juárez fue bloqueada con camiones, afectando seriamente la circulación en una de las principales vías del estado.

En Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, un tráiler fue utilizado para bloquear el bulevar Francisco Labastida Ochoa, en su entronque con la carretera a Angostura. En otras vialidades, se incendiaron llantas para impedir el paso vehicular, generando alarma entre automovilistas.

Durante la mañana de este sábado 10 de mayo, la situación continuaba tensa. En el poblado Dámaso Cárdenas, en Angostura, elementos del Ejército Mexicano aseguraron al menos dos camionetas, presuntamente vinculadas con los hechos violentos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó, mediante un comunicado, que los bloqueos en Ahome, Guasave y Angostura ya fueron retirados y que las autoridades continúan trabajando para restablecer el orden en la región.

El convenio implica la transferencia de recursos por el orden de los 16 millones 338 mil 215 pesos que la Federación envía al gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas; esto porque el gobierno del estado, tendría que aportar 1.6 millones de pesos por concepto de coparticipación. Dicho monto equivale al diez por ciento del monto federal autorizado.

Esto de acuerdo con el convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas a través de sus comisiones locales de búsqueda, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de mayo de este año.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Chiapas recibirá los recursos federales y estatales en dos administraciones. La primera de 70 por ciento y la segunda de 30 por ciento.

El convenio corresponde al ejercicio fiscal 2025. El Ramo 04 Gobernación del Presupuesto de Egresos de la Federación que dispondrá de 854.6 millones de pesos para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, a fin de que “realicen y ejecuten acciones de búsqueda en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y búsqueda forense con fines de identificación humana”.

De esa cantidad, 621.1 millones de pesos es el monto distribuible entre los estados de la República Mexicana, cuyos convenios de colaboración con la Secretaría de Gobernación comienzan a aparecer en el Diario Oficial de la Federación.

La crisis de las desapariciones en Chiapas

En marzo de este año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) presentó el informe: “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal (Entre el caos gubernamental, la delincuencia organizada y los caminos de la lucha y resistencia)”.

En su introducción, el informe del organismo fundado por el obispo Samuel Ruiz García indica: “La gran complejidad de la violencia en la que vive Chiapas”. Observa también que “seguimos contando historias de terror y dolor, en medio de una guerra interminable”.

El Frayba destaca que entre 2019 y 2023, la desaparición forzada aumentó en un 358 por ciento en el estado de Chiapas. El colectivo lo atribuye a la “disputa por el domino del territorio basada en la confrontación armada entre grupos criminales que cuentan con el amparo de instancias locales, nacionales y transnacionales”.

El gobierno actual de Chiapas, en un informe al mes de enero del presente año, reportó a través de la Alerta de Género 287 mujeres no localizadas desde 2011 al 31 de enero de 2025.

Para el Frayba, con las desapariciones “la intención sigue siendo el control de la vida social, económica y política de las comunidades mediante la estrategia del terror, con lo que se pretende acallar toda posibilidad de movimiento social y autogestión del territorio”. Además de que esta situación no es nueva, se ha visto en otras regiones del país y ahora en Chiapas, principalmente en las regiones Sierra y Frontera.

Sobre la “violencia machista”, en el informe se plasma que la desaparición de mujeres en el estado es mucho mayor que en los índices nacionales, ya que supera ampliamente el promedio nacional del 25 por ciento, alcanzando más del 60 por ciento, en su mayoría afectando a niñas y adolescentes.

Entre cientos de pancartas y nombres de desaparecidos, la familia de Héctor Águila pidió a grito abierto que “las autoridades federales hagan algo en materia de la desaparición forzada, porque dicen que no existe”.

“Quisiera que (las autoridades) nos acompañen un día a Jalisco (…) y vean cómo están matando a las madres buscadoras; en el mes de abril nos mataron a dos, tenemos miedo”, afirma Héctor, refiriéndose a asesinatos como el de la buscadora María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez.

El miedo de buscar y ser asesinado

Gloria Carmona, madre buscadora del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas y que no localiza a su hijo, Bernardo Iván Pérez, desde 2021, dijo a EFE que el miedo a ser asesinada es latente.

“He trabajado en campo con mis manos. Hemos tenido que sacar a muchas personas que, hasta el momento, no sé quiénes son. Tengo una frustración muy grande, porque, a pesar de todo lo que hemos sacado en dos años, no tengo una respuesta”, confirma con un nudo en la garganta al saber que ya van más de 29 personas buscadoras asesinadas en México.

Carmona, al igual que muchos familiares, es responsable del hallazgo de restos de desaparecidos en fosas clandestinas.

Sobre esta labor relata que ha encontrado “osamentas, piezas dentales y kilos de huesitos calcinados”, los cuales muchas veces le hacen “perder la fe” de ver de nuevo a su hijo con vida.

Son las madres las que están buscando “con sus manos, picos y palas”, porque en este país, explica la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México, Edith Olivares Ferreto, “el Estado no busca a las personas desaparecidas”.

Por eso, continúa, “esperaría que cuando lleguemos al Ángel de la Independencia esté la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para recibirlas y para decirles cómo les va a reparar el daño por toda la violencia”.

Búsqueda “multigeneracional”

En la marcha, había familias que llevan más de cuatro sexenios presidenciales -desde el exmandatario Felipe Calderón (2006-2012) hasta el actual- esperando una respuesta por parte del Estado mexicano, y reconocen que “el tema de los derechos humanos es muy lento”.

Ese es el caso de Dan Fernández, hijo de una madre buscadora y hermano de Dan Jeremeel, quien desapareció hace 17 años en Coahuila y, después de casi dos décadas de búsqueda, advierte que sus hijos ya se están involucrando en las pesquisas al ser un “tema multigeneracional”.

“Empezaron las madres, seguimos los hijos y ahora van los nietos. Desgraciadamente muchas madres y padres fallecieron sin saber la suerte de su hija o hijo y nos toca a nosotros tomar esa estafeta”, sostiene.

Araceli Rodríguez, quien egresó como maestra en derecho penal tras la desaparición de su hijo Luis Ángel hace 13 años en Michoacán, señala que mientras las personas que buscan siguen vivas“ jamás” dejan de buscar ni de prepararse para encontrarles.

Y es que, afirma, después de tanto tiempo “conviertes tu dolor en causa. Cuando mi hijo desapareció yo solo tenía (había estudiado) la primaria”, concluye.

El 23 de mayo de 2024, en otro mensaje con motivo de las campañas del año pasado, en las que Murguía Santiago buscaba la reelección (que finalmente obtuvo), Rodríguez Ballesteros pedía que votaran por quien ahora está acusado de participar en los hechos del Rancho Izaguirre. 

Con el nombre de Chon Murguía bordado en la camiseta, decía: “Hola, soy Jaime Alberto Rodríguez Ballesteros, soy cirujano dentista de la delegación de la Estanzuela (donde está el Rancho Izaguirre). Mi compromiso es continuar mejorando y fortaleciendo el área de Protección Civil y Bomberos Brac, con capacitaciones y equipo para mejorar el servicio. Seguir gestionando ante autoridades federales y estatales el mejoramiento de servicios de salud. Por eso, este 2 de junio te invito a que votes por esta planilla de Movimiento Ciudadano, la cual encabeza Chon Murguía ¡estamos de vuelta!”.

Previo a la Marcha de la Dignidad, que se reproduce en otras entidades del país, las madres integrantes del Colectivo Voz de los Desaparecidos, cuya dirigente María Luisa Núñez Barojas recientemente fue víctima de señalamientos públicos por parte del secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, pidieron a las autoridades que “dejen de simular”.

“Les decimos a los funcionarios de Casa Aguayo y de la Comisión Estatal de Búsqueda dejen de revictimizar a nuestros desaparecidos y dejen de querer desacreditar lo que nosotros hacemos por amor y con el corazón, dejen de ofender nuestro trabajo que es el que ustedes deberían de hacer”.

El mensaje leído por Núñez Barojas hizo un llamado al gobierno estatal a que entiendan que la emergencia de los colectivos es resultado de un sistema estructuralmente corrupto.

Además, hicieron referencia a la más reciente confrontación pública que tuvieron con Aguilar Pala, quien contradijo a las madres buscadoras en relación a que fue el Ejército y no los familiares los que encontraron una fosa clandestina en el municipio de Palmar de Bravo.

“No señor Pala”, reclamaron en su mensaje, “no es un trofeo, la existencia de fosas clandestinas debería darles vergüenza y es algo que la sociedad no deberíamos seguir tolerando.”

En tanto que otros colectivos siguieron dando su respaldo a Núñez Barojas y a las madres buscadoras, como la Coordinación de Organizaciones Tejiendo Territorio, que manifestó su rechazo a “la narrativa de intimidación y descalificación” proveniente del gobierno de Puebla, lo cual ocurre en un contexto de violencia contra las personas defensoras e incrementa su vulnerabilidad.

Al llegar al zócalo la manifestación del Colectivo @VozdelosDesapa, su representante María Luisa Nuñez recordó el asesinato de la madre buscadoras Esmeralda Gallardo, también de Rosario, quien falleció sin haber localizado a su hijo. pic.twitter.com/OVFdJjRmIf

— E Línea Noticias (@elineanoticias) May 10, 2025

La carretera Internacional México 15 también tuvo bloqueos a la altura de Las Brisas, zona al norte de Guasave, con choques armados hasta Batamote. En esa zona se reportaron además vehículos despojados y ponchallantas.

Los bloqueos se reportaron en desde la medianoche y lograron ser removidos hasta entrada la mañana, según informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

En Angostura se reportó otro enfrentamiento en donde un militar resultó herido y siete presuntos gatilleros detenidos, luego de la refriega reportada en la comunidad de Rafael Buelna. Tras el choque armado, el Ejército aseguró también cuatro pick ups todas con blindaje artesanal.

Estos hechos violentos se dan recién cumplidos ocho meses de violencia ininterrumpida por la disputa interna del cártel, que ha cobrado la vida de casi mil 200 personas y desaparecido a alrededor de mil 400.

La batalla se había concentrado en Culiacán, Eldorado y la zona rural, y se extendió poco a poco hacia el sur en los municipios de Elota, Cosalá y San Ignacio hasta llegar al sur en Concordia, Mazatlán, Rosario y Escuinapa.

En la región centro norte recientemente se han reportado choques armados en Mocorito, Badiraguato, Angostura y Salvador Alvarado, y desde hace poco más de un mes en la zona serrana de Choix y El Fuerte, quedando prácticamente “en paz” Guasave y Ahome.

Estos municipios son zonas de influencia de Fausto Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro, de quien no se habían tenido reportes de que participara en la batalla entre Chapitos y Mayos.

La audiencia efectuada en la sala 2 del Centro de Justicia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, encabezada por la jueza Juana Beatriz Jiménez, inició a las 13:24 y concluyó a las 23:45, con una duración de diez horas y 21 minutos. 

Por la parte acusatoria se presentaron seis fiscales de la Fiscalía General de la República (FGR), así como el titular de esa dependencia federal en Jalisco, Juan Manuel Guajardo Sosa. 

Por la defensa fueron cuatro abogados y el funcionario municipal acusado, quien vestía una camisa tipo polo y un pantalón beige, color de uso obligado en el reclusorio y que, en momentos cruciales de la audiencia, se rascaba la cabeza calva, se ponía la mano en el hombro derecho y se cruzaba de brazos. 

Testigos de la defensa son funcionarios del Ayuntamiento

La defensa de José Ascensión presentó cuatro testigos, uno presencial y los otros por escrito.  

En la sala testificó la asistente particular del alcalde y quien también es la responsable del área de Ecología municipal, quien aseguró que siempre acompañaba el acusado y nunca atestiguó que hiciera algo ilegal o irregular. De hecho, comentó que “pasaba todo el día con él”, por lo que dijo le parecía “imposible creer” que los hechos de que lo acusan hayan pasado porque el alcalde “es muy miedoso” y es una persona sensible, ya que en una ocasión busco la forma de que no se sacrificara a “un perro atropellado”.  

Después, ante preguntas de la Fiscalía, la secretaria particular reconoció que su horario laboral concluye a las 15:00 horas y solo en algunas ocasiones lo acompañaba en la tarde, cuando tenía actividades en la agenda pública o en ocasiones en el gimnasio, al que iba el funcionario entre las 20:00 y las 23:00 horas. 

También se presentó el testimonio escrito del oficial mayor administrativo del Ayuntamiento, quien indicó que nunca se enteró de que el primer edil hiciera algo ilegal; añadió que “no conoce que el presidente formará parte de la delincuencia organizada” y “que eso es improbable”, ya que Teuchitlán es un “pueblo pequeño y todo se sabe”, además dijo que si eso fuera así, “yo no hubiera trabajado con él”. 

Otro testimonio por escrito fue el del chofer y guardia del alcalde, quien está en la nómina municipal como bombero, y quien dijo que nunca vio al alcalde en una acción ilegal o sospechosa. 

Señaló que, incluso, después de que se publicó la existencia del rancho, el alcalde acudió el 11 de marzo de 2025 para llevar agua y toldos a quienes efectuaban las labores periciales y “se perdió porque no sabía llegar al lugar” y tuvo que pedir la ubicación a policías municipales.  

El chofer y guardaespaldas del alcalde dijo que “nunca le ha visto ni armas ni lujos”, y que “ni conoce que tenga nexos con grupos delictivos”.  

Además, se presentó como testigo al dueño y administrador del bar “44”, quien dijo que en ese negocio “nunca vio” a José Ascensión, como aseguró un testigo, quien dijo que ahí se reunía el alcalde con integrantes del crimen organizado. Aseguró que al lugar sólo acuden personas “jóvenes de entre 17 a 25 años”. 

Los abogados de la defensa también reclamaron que la FGR hubiera usado los testimonios que el alcalde efectuó en calidad de testigo el 14 y 21 de marzo pasados, lo cual viola su derecho a la no autoincriminación; al finalizar, la jueza determinó que estos no los tomaría en cuenta. 

Los abogados de la defensa también alegaron que no eran ciertos los dichos de algunos testigos que aseguraron que el “presidente municipal” había cometido ciertos delitos entre abril y junio de 2024, y que esto no era cierto porque José Ascensión estuvo de licencia del 1 de marzo hasta finales de junio de 2024, por la campaña electoral. Además, argumentaron que las acciones de las que se acusaba al presidente municipal no encuadran dentro del delito que se invoca. 

La FGR lleva testigos protegidos, sobrevivientes del rancho Izaguirre

Por su parte, los fiscales efectuaron la exposición de una parte de los 100 datos de pruebas que están asentados en 23 tomos de la documentación acusatoria, con las cuales la Fiscalía sustenta sus acusaciones. 

Entre los datos están las declaraciones de varios testigos con identidad protegida y las de cuatro víctimas “que pasaron por el rancho Izaguirre” y que son “sobrevivientes de delitos como secuestro y trata, y que fueron “sobajándolos y deshumanizados” y quienes “sufrieron vejaciones humillaciones”, “para obligarlos a que pertenecieran al grupo delictivo” y quienes fueron “obligados con violencia extrema” a fabricar drogas en el rancho de La Vega.  

Los fiscales aseguraron que Murguía Santiago “colaboró dolosa, voluntariamente, con plena conciencia” y que “colaboró de lo ocurrido” en el rancho Izaguirre. Aseveran que participó activamente aportando patrullas, armas e incluso una retroexcavadora del municipio y permitiendo que “personas armadas transcurrieron por el pueblo y no hacía nada”.  

La parte acusatoria reclamó que el alcalde dijera que aquí “no se escuchaba” y “no se sabía” que el rancho Izaguirre era operado y controlado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuando eso es un “hecho notorio” e incluso manifestaron que era “irrisorio” y “vergonzoso” para los habitantes del municipio que el alcalde indicara esto. 

Los fiscales manifestaron que los testigos dieron elementos para efectuar cateos donde se incautó droga con sellos de un sapo con trenzas y un corazón, además de armas y chalecos tácticos con las letras CJNG, lo cual, dijeron, le da credibilidad a los  testimonios. “Aquí no hay un testigo único, hay varios que advirtieron que el señor alcalde pertenecía a ese grupo”. 

Durante su argumentación, la Fiscalía aseguró que el alcalde “decidió apoyar y pertenecer" y “estaba en la nómina” de esa empresa criminal y aportaba recursos materiales y humanos, brindando “seguridad”. Aseguraron que los delitos de lo que lo acusan son de “realización oculta" y que por eso los testigos dicen desconocer estos hechos. Refirieron que un testigo declaró: “Cómo es posible que quien tenga que cuidarnos forme parte del grupo criminal y ayude a los malos” 

La parte acusatoria preguntó “¿por qué el alcalde no denunció y no hizo de conocimiento de la autoridad superior? Recordaron que la obligación del alcalde era brindar orden y seguridad al municipio de Teuchitlán, pero en su lugar “dio seguridad, consintió y permitió que el grupo criminal siguiera desarrollándose y se asentará en Teuchitlán.  

Afirmaron que José Ascensión “pertenecía” al Cártel Jalisco Nueva Generación y que participó de manera plena y con conocimiento como autor material y directo de los hechos denunciados.  

Para cerrar su discurso, uno de los fiscales citó la frase de Benito Juárez: "Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan".  

El alcalde hoy vinculado a proceso declinó hacer algún comentario durante la audiencia. 

La jueza consideró que los testimonios acusatorios son consistentes

La jueza Juana Beatriz Jiménez consideró que los alegatos de la defensa solo eran opiniones. Hizo un recuento de todo lo denunciado por las víctimas y los testigos, y en esa parte manifestó que eran reclutados con engaños de falsas promesas de trabajo, llevados a los ranchos Izaguirre y La Vega, obligados a desnudarse y a entregar todas sus pertenencias, los entrenaban a disparar con pistolas tipo gotcha, los obligaban a levantarse temprano para entrenar, y los adiestraron en “La Escuelita”, y en un cerro cercano con la protección de la policía, algunos refirieron que los “obligaron a desmembrar cuerpos y a quemarlos”. La jueza agregó que se localizaron restos humanos de dos personas cuyo sexo no ha podido ser identificado. 

Los testigos también indicaron que los obligaron con violencia extrema a fabricar drogas con precursores químicos. Un testigo aseguró que la protección al grupo criminal la efectuaban patrullas de “Tala, San Felipe, Etzatlán y San Sebastián”. 

La jueza indicó que los testimonios son consistentes y están concatenados entre sí, añadió que los datos de prueba son razonables y suficientes. La juzgadora determinó que las acusaciones de la Fiscalía tenían mayor peso probatorio. 

Cabe destacar que, antes de arrancar la audiencia, llegaron dos camiones foráneos con personas que dijeron ser el “pueblo de Teuchitlán”, que no incluyó a ningún familiar directo, estuvieron unos minutos protestando y demandando la liberación del alcalde, luego se fueron. 

Al cierre de la jornada, el equipo de abogados encabezado por Carlos Santos se negó a dar declaraciones, solamente dijo que posteriormente “mandaría un comunicado” y literal huyó hacia su camioneta para evitar a los representantes de los medios de comunicación presentes.