La Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, exoneró de toda posible relación con un grupo criminal dedicado al narcotráfico al General Salvador Cienfuegos Zepeda, además de liberarlo del cargo de presunto enriquecimiento ilícito, lo que provocó una oleada de críticas y pronunciamientos de un supuesto “pacto de impunidad” tanto en la FGR como en el Gobierno de la Cuarta Transformación o 4T.

El 15 de octubre del año pasado, el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, a petición de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), y luego fue ligado por fiscales de ese país con un cártel del narcotráfico en México, el H-2, al que supuestamente ayudó a cambio de sobornos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo esta mañana que ese Gobierno “se reserva el derecho de reanudar el enjuiciamiento de Cienfuegos si el Gobierno de México falla“, esto después de que se conociera la determinación de la Fiscalía General de la República (FGR) de no ejercer acción penal en contra de quien fuera el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.

Nicole Navas Oxman, titular de la vocería del Departamento de Estado, confirmó esta información al periodista estadounidense Keegan Hamilton, de Vice News, en un breve posicionamiento, el cual fue compartido a través de su cuenta de Twitter.

La Fiscalía General de la República (FGR) cerró la investigación contra  el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, al señalar que “nunca” tuvo encuentro  o comunicación organizaciones delictivas, como le imputaron las autoridades de Estado Unidos.

La Fiscalía, que dijo haber realizado “todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso”, concluyó que Cienfuegos Zepeda “nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas”, y que tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos para protegerlos o ayudarlos.

El general de brigada Manuel Moreno Aviña fue condenado a 52 años de cárcel el 28 de abril de 2016 en Chihuahua. Los delitos por los que lo sentenciaron: “Homicidio calificado, violación a las leyes de inhumación en su modalidad de destrucción de cadáver y tortura”. Según la sentencia, el militar ordenó la captura de José Heriberto Juárez el 25 de julio de 2008, acusado de la muerte de un soldado. Durante horas, el hombre fue torturado hasta que falleció y militares bajo las órdenes de Moreno Aviña ocultaron el cuerpo enterrándolo en una finca. 

El general siempre aseguró ser un “chivo expiatorio”. Sin embargo, él estaba al frente del Ejército en Chihuahua, donde operaba un escuadrón que sería rebautizado como “el pelotón de la muerte”. Lo significativo del caso es que se trata de una de las pocas ocasiones en las que un militar mexicano ha sido sentenciado por el delito de tortura.

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera aseguró que México no pudo darse el lujo de endeudarse como los países desarrollados, ante el diferencial de las tasas de interés.

En un vídeo, el encargado de las finanzas públicas explicó que “la tasa de interés que nosotros enfrentamos no es cero, hoy mismo la tenemos en 4.25% si nos hubiéramos endeudado en 20 o 30%, nos hubiera costado alrededor de 400 mil millones de pesos, más de lo que cuesta la educación media superior y pública”.

A la par de instruir a la Secretaría de Relaciones Exteriores que vigile la estancia de agentes extranjeros en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó a la dependencia encabezada por Marcelo Ebrard las riendas del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, un nuevo aparato burocrático integrado por las principales instancias federales de seguridad, que supervisará la actuación de funcionarios extranjeros en el país y controlará sus encuentros con servidores públicos federales, estatales y municipales mexicanos.

Al igual que en el tema migratorio, el presidente López Obrador creó por acuerdo la nueva estructura administrativa que estará presidida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y estará integrada por representantes de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de la Marina (Semar), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el otrora Centro Nacional de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen).

La Fiscalía de Guerrero confirmó la existencia una segunda carpeta de investigación en contra del precandidato a gobernador de Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio, por el delito de violación sexual en agravio de una menor de edad.

Dicha denuncia se encuentra en fase estudio y análisis jurídico para determinar lo que en derecho proceda.

Llevar a cinco expresidentes de México –Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña– a un juicio histórico por los crímenes que cometieron durante sus mandatos y los daños a la Nación que causaron no requiere de una consulta ciudadana, como la que se espera que ocurra este 2021, considera el académico universitario Óscar Enrique Díaz Santos, doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México.

El especialista en administración pública dice a Contralínea que “lo que debió haber hecho [el presidente Andrés Manuel López Obrador] es aplicar la ley y listo. Finalmente, son expresidentes: ya no tienen la protección de la inmunidad política”, que les otorgaban los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente reformados.

La reforma energética –a la que se opuso insistentemente Andrés Manuel López Obrador cuando era opositor y que mantiene vigente como presidente– obligó a la CFE a modificar su ley y una de las disposiciones fue exentarla de la obligación de publicar sus contratos en Compranet, la plataforma pública donde el resto de la administración sí lo hace.

El gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio con instituciones privadas para que sus médicos brinden atención vía remota o a domicilio (en caso de ser necesario), a por lo menos 6 mil pacientes con COVID.

Las autoridades del gobierno informaron que el programa arrancará este fin de semana o el próximo lunes, con una atención inicial a 600 pacientes hasta llegar a las 6 mil atenciones.

Entre el 30 de noviembre y el 5 de enero pasados, la dependencia a cargo del megaproyecto más emblemático del sexenio de Andrés Manuel López Obrador intentó otorgar un contrato por un servicio de “consultoría para la generación de inteligencia estratégica en la construcción del Tren Maya”.

La extradición de Tomás Zerón de Lucio, quien fue jefe de la Agencia de Investigación Criminal y uno de los principales imputados en el caso Ayotzinapa, no será sencilla: México no tiene tratado de extradición con Israel, país en el que el otrora mando policiaco ha solicitado asilo político.

Esa solicitud ha vuelto más lento el proceso de traerlo a México que, con base en acuerdos internacionales facilitan la cooperación con Israel cuando se trata de casos de tortura, explicó hoy el secretario de la Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón.

Organizaciones denunciaron en un comunicado que el proyecto de sentencia presentado por el ministro Javier Laynez Potisek entorno a la Ley Minera no se ha hecho público, “a pesar de que afecta directamente los derechos de las comunidades”. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está próxima a resolver el amparo en revisión relativo a la Ley Minera.

Además, advirtieron que el proyecto es esencialmente el mismo del año pasado, afirmaron asociaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el Consejo Maseual Altepetajpianij, y lamentaron la falta de transparencia ante un tema que resulta “de vital importancia, sobre todo para las comunidades indígenas y rurales”.  

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó de la colaboración de las fuerzas armadas en las tareas de vigilancia en la frontera sur, "para hacer cumplir con la Ley de Migración".

El organismo, dependiente de la secretaría de Gobernación, difundió imágenes de los operativos en las inmediaciones de la franja limítrofe, particularmente en Chiapas y Tabasco, donde agentes migratorios hacen valla humana con integrantes de la Guardia Nacional, entre otras corporaciones.

De enero a noviembre de 2020 fueron presentadas ante el INM 80 mil 926 personas en presunta situación irregular, 54 por ciento menos que en el mismo periodo de 2019.

A unos días de que venza el plazo para que la Fiscalía General de la República (FGR) presente ante un juez las pruebas que tiene sobre la trama de corrupción de Odebrecht y la participación del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, las autoridades mexicanas aún aguardan recibir información de siete países a los que han solicitado asistencia jurídica para integrar el caso.

Brasil, Reino Unido, Alemania, Canadá, Luxemburgo, Liechtenstein y las Islas Vírgenes Británicas recibieron peticiones por parte de México para que entreguen datos bancarios y documentación de las empresas de Lozoya y de la constructora Odebrecht, pero aún están en trámite y no han concedido todos los informes solicitados, reveló la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la FGR.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que confía en que el Senado sepa “lidiar con sus responsabilidades constitucionales” y el resto de “asuntos urgentes” del país. Lo anterior, en relación con el proceso de ‘impeachment’ contra Donald Trump aprobado por la Cámara de Representantes y que deberá ser votado en el Senado.

Mediante un comunicado difundido el miércoles por la noche, Biden señaló: “Esta nación también permanece en las garras de un virus mortal y una economía tambaleante. Espero que el liderazgo del Senado encuentre una manera de lidiar con sus responsabilidades constitucionales en el ‘impeachment’ mientras también trabaja en los otros asuntos urgentes de esta nación”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que su desacuerdo con la censura en redes sociales será llevada al G-20.

La postura surgió tras varios días de reprobar las sanciones sobre Donald Trump a su cuenta de Twitter y de que la semana pasada el Capitolio, sede del legislativo estadunidense, fuera allanada tras mensajes que ayer resultaron en el acuerdo por un juicio político debido a lo que se considera una incitación a la insurrección.

Restaurantes de la Ciudad de México podrán reabrir con medidas sanitarias específicas desde el lunes 18 de enero.

El sector restaurantero alcanzó hoy un acuerdo con el Gobierno de la capital, pero solo se permitirá que coloquen mesas y sillas en áreas abiertas, como terrazas, banquetas y espacios de estacionamiento.

Los restaurantes estarán abiertos hasta las 18:00 horas y podrán seguir operando con el servicio de comida para llevar.

La ASSA reveló que en una notificación la aerolínea le pidió a la Justicia mexicana terminar “por fuerza mayor” los contratos colectivos de pilotos y aeromozos. Los despidos se sumarían a los 616 que la compañía aérea anunció el año pasado: ya serían 990 sobrecargos despedidos de cerca de dos mil 700 tripulantes que había antes de la pandemia. Aeroméxico reconoció que “no ha sido posible” llegar a un acuerdo con pilotos y sobrecargos mientras le urge reducir costos porque la fecha límite para acreditar este recorte y seguir optando por la línea de financiación es el 27 de enero.