La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó recursos mal ejercidos por mil 227 millones 27 mil 600 pesos durante la revisión de la Cuenta Pública de 2016 del Gobierno de Baja California Sur, encabezado por Carlos Mendoza Davis. El impacto de estas irregularidades para los sudcalifornianos se traduce en daños en materias tan sensibles como seguridad pública, educación, obra pública y asistencia social. Dos de los rubros donde mayor cantidad de dinero no comprobado se encontró fueron el de recursos federales, que ascendió a 585 millones 522 mil 700 pesos, y el de pago a profesores de distintos niveles educativos, con montos de 215 millones de pesos. En los dictámenes de la ASF, el Gobierno de Baja California Sur contó con múltiples oportunidades para solventar las observaciones realizadas. En algunos casos, según consta en las conclusiones, la administración estatal intentó subsanar las fallas aquí expuestas, sin éxito y en otros fondos, ni siquiera aportó la documentación solicitada por la ASF.
En la revisión de diez fondos federales que recibió el Gobierno de Baja California Sur en 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó recursos por mil 227 millones 27 mil 600 pesos mal ejercidos.
De estos, mil 165 millones 195 mil 100 pesos son catalogados como “recuperaciones probables” o desvíos, dinero que no fue usado para lo que fue presupuestado ni se localizó en las cuentas bancarias del Gobierno estatal.
Los 61 millones 832 mil 500 pesos restantes conforman los subejercicios, aquellos fondos que no fueron utilizados a pesar de haber sido transferidos a la administración estatal y que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
De estos, mil 165 millones 195 mil 100 pesos son catalogados como “recuperaciones probables” o desvíos, dinero que no fue usado para lo que fue presupuestado ni se localizó en las cuentas bancarias del Gobierno estatal.
Los 61 millones 832 mil 500 pesos restantes conforman los subejercicios, aquellos fondos que no fueron utilizados a pesar de haber sido transferidos a la administración estatal y que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
