MÉXICO, D.F. (apro).- A últimas fechas la mayor parte de los medios de comunicación y la opinión pública se han centrado en el infierno que por años han vivido los michoacanos, y pocos se han ocupado de hablar o escribir del infierno que se vive en el Estado de México desde que lo gobernaba Enrique Peña Nieto y hoy Eruviel Ávila Villegas, ambos del PRI.

La situación que se vive en esa entidad es muy similar a la que se vivía en Michoacán hace unos años. Los mismos grupos del crimen organizado que se peleaban el territorio michoacano son los mismos que se disputan la mayor parte de los municipios mexiquenses, con la consecuente violencia que esta guerra implica para la población.

Desde hace ocho años el Estado de México, que colinda con el Distrito Federal, Michoacán, Guerrero y Morelos, es disputado por varios grupos del crimen organizado. De siete que se peleaban el dominio cuando Peña Nieto gobernaba, hoy son cuatro los que tiene mayor presencia en 32 municipios mexiquenses. Se trata de Los Caballeros Templarios, La Familia Michoacana, Los Zetas y el Cartel de Jalisco Nueva Generación.

MÉXICO, D.F: En este periodo de sesiones del Congreso de la Unión, que termina el próximo 30 de abril, se esperan muchas leyes secundarias y nombramientos derivados de las reformas constitucionales.

Una de ellas, de central importancia, es la de telecomunicaciones, donde se incluirá al fin la figura de los medios públicos, los que jurídicamente nunca han existido. Los retos para esta figura no son pocos por las inercias y resistencias de muchos años. Veamos.

Primero. De manera desafortunada, desde el gobierno de Vicente Fox el acuerdo anual de publicidad que emite la Secretaría de Gobernación –la cual desarrolla el mandato del Presupuesto de Egresos de la Federación en la materia– se tuvo la ocurrencia de definir a los “medios públicos” como medios del gobierno. Craso error. Eso efectivamente es lo que ha pasado en México, pero no lo que debería ser conforme a las mejores prácticas internacionales.