FUENTE: PROCESO
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.
El caso del general Tomás Ángeles y de los otros cinco militares acusados de proteger a los Beltrán Leyva se cuarteó cuando La Barbie, el mayor Iván Reyna y el abogado Gerardo Ortega Maya denunciaron las presiones y torturas que recibieron de la PGR para que declararan falsedades contra aquéllos. En entrevista, Leticia Zepeda, esposa de Ángeles Dauahare, dice que los actuales mandos de la PGR y la Sedena están “muy interesados” en enderezar los procedimientos. “Lo que está pasando en la PGR es prueba de su inocencia”, señala. Sin embargo, dice, teme que su marido sufra represalias al ser liberado.
La madrugada del 1 de agosto de 2012, en medio de un fuerte dispositivo de vigilancia, como si fuera un criminal de alta peligrosidad, el general de división Tomás Ángeles Dauahare fue trasladado del centro de arraigo de la Procuraduría General de la República (PGR) al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, junto con otros cinco militares acusados de proteger al cártel de los Beltrán Leyva.
Su bienvenida fue infernal. El exsubsecretario de Defensa y sus coacusados fueron desnudados y rapados. Y le echaron encima una jauría como parte del ritual de bienvenida para los presos que cruzan esa puerta.
El 7 de agosto el juez tercero de distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México emitió el auto de formal prisión basándose únicamente en los dichos del testigo protegido Jennifer y del testigo colaborador Mateo. Se afirmó entonces que en el expediente de la PGR constaban “indicios suficientes” para comprobarle al general el delito de delincuencia organizada.
Ocho meses después –dos los pasó en arraigo y seis en El Altiplano–, a sus 70 años Ángeles ha bajado considerablemente de peso y se ve desmejorado.
Ya bajo la nueva administración, la PGR notificó al juzgado que lleva la causa penal que no encontró ninguna prueba que sustentara los dichos de los testigos Jennifer y Mateo, quienes acusan a los generales Ángeles Dauahare, Roberto Dawe, Ricardo Escorcia y Rubén Pérez Ramírez; al coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y al mayor Iván Reyna de haber recibido sobornos de la organización criminal de los Beltrán a cambio de información y protección.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ.
El caso del general Tomás Ángeles y de los otros cinco militares acusados de proteger a los Beltrán Leyva se cuarteó cuando La Barbie, el mayor Iván Reyna y el abogado Gerardo Ortega Maya denunciaron las presiones y torturas que recibieron de la PGR para que declararan falsedades contra aquéllos. En entrevista, Leticia Zepeda, esposa de Ángeles Dauahare, dice que los actuales mandos de la PGR y la Sedena están “muy interesados” en enderezar los procedimientos. “Lo que está pasando en la PGR es prueba de su inocencia”, señala. Sin embargo, dice, teme que su marido sufra represalias al ser liberado.
La madrugada del 1 de agosto de 2012, en medio de un fuerte dispositivo de vigilancia, como si fuera un criminal de alta peligrosidad, el general de división Tomás Ángeles Dauahare fue trasladado del centro de arraigo de la Procuraduría General de la República (PGR) al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, junto con otros cinco militares acusados de proteger al cártel de los Beltrán Leyva.
Su bienvenida fue infernal. El exsubsecretario de Defensa y sus coacusados fueron desnudados y rapados. Y le echaron encima una jauría como parte del ritual de bienvenida para los presos que cruzan esa puerta.
El 7 de agosto el juez tercero de distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México emitió el auto de formal prisión basándose únicamente en los dichos del testigo protegido Jennifer y del testigo colaborador Mateo. Se afirmó entonces que en el expediente de la PGR constaban “indicios suficientes” para comprobarle al general el delito de delincuencia organizada.
Ocho meses después –dos los pasó en arraigo y seis en El Altiplano–, a sus 70 años Ángeles ha bajado considerablemente de peso y se ve desmejorado.
Ya bajo la nueva administración, la PGR notificó al juzgado que lleva la causa penal que no encontró ninguna prueba que sustentara los dichos de los testigos Jennifer y Mateo, quienes acusan a los generales Ángeles Dauahare, Roberto Dawe, Ricardo Escorcia y Rubén Pérez Ramírez; al coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y al mayor Iván Reyna de haber recibido sobornos de la organización criminal de los Beltrán a cambio de información y protección.
